Otra vez, esterilizadas forzadas intentan justicia en Perú
Por Ángel PáezLIMA,
oct (IPS) - Mujeres campesinas, pobres y quechua hablantes de la
provincia peruana de Anta, víctimas del programa de esterilización
compulsiva de Alberto Fujimori entre 1996 y 2000, vuelven a buscar la
esquiva justicia con una nueva demanda contra los responsables del plan.El
26 de mayo de 2009, el fiscal a cargo de Derechos Humanos, Jaime
Schwartz, archivó un caso contra cuatro ex ministros de Salud del
régimen de Fujimori (1990-2000) con el alegato de que las imputaciones
habían prescrito, al considerar que los posibles delitos eran contra la
vida, el cuerpo y la salud, y de homicidio culposo.
La parte acusadora, en cambio, había pedido juzgar a los
acusados por un delito de genocidio y tortura. El Ministerio Público
(fiscalía) ratificó le decisión de Schwartz, pese a la queja
interpuesta por las víctimas y las organizaciones humanitarias que las
asesoran legalmente.
Ahora, la Asociación de Mujeres Afectadas por las
Esterilizaciones Forzadas de Anta, una provincia andina del sureño
departamento de Cusco, decidió poner nuevo cerco a la impunidad y
presentar una nueva demanda, con una estrategia diferente, contra los
responsables de la política de planificación familiar del último
cuatrienio de Fujimori.
La asociación congrega a un centenar de campesinas que
documentaron con sus testimonios lo que se escondió tras el Programa
Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, que impuso a
la fuerza y con engaños el ex mandatario mientras lo presentaba como un
plan contra la pobreza.
"Recuerdo perfectamente el día que me esterilizaron contra mi
voluntad porque lo que me hicieron me hace sufrir hasta el día de hoy",
contó a IPS Sabina Huilca. "Ese día fue el 24 de agosto de 1996", dijo
intentando parecer neutra.
Ella va a ser una de las víctimas que testificará ante las
autoridades para que los autores y ejecutores del programa sean
sancionados.
"Después de haber dado a luz a mi cuarta hija, me fui al
centro de salud de Izcuchaca donde, luego de recibir la atención del
médico, me dijo que ya no tuviera más hijos y que me hiciera el AQV
(anticoncepción quirúrgica voluntaria)", detalló.
"Le dije que no. Tonta, me decía, vas a tener más hijos y no
podrías criarlos", le insistió, y mientras reposaba en una cama, una
enfermera le aplicó una inyección "que no sabía ni me dijeron que era
anestesia".
"Cuando desperté tenía los pies y las manos atadas con vendas en la cama. Estaba
inmovilizada. Pude ver que me estaban cosiendo los últimos puntos. ¡Qué me han hecho!", grité.
"Ya vamos a terminar, me dijo el médico. Y me puse a llorar.
¡Yo no quiero, yo no quiero!, grité desesperada. Pero el daño ya estaba
hecho", narró Huillca, que entonces tenía 28 años y ahora 41.
"Nada personal", un reporte realizado por la abogada Giulia
Tamayo, por encargo de la sección peruana del Comité de América Latina
y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem),
desveló en 1998 lo compulsivo del plan.
La investigación documentó por primera vez la sistemática y
progresiva práctica de esterilización que afectaba especialmente a
mujeres pobres, indígenas y campesinas.
Las revelaciones provocaron amenazas del gobierno contra
Tamayo, que debió abandonar el país y residenciarse en España, de donde
ha llegado ahora para asesorar a la asociación de Anta en la nueva
demanda.
El propio Estado reconoció que bajo el plan se realizaron
300.000 esterilizaciones, de las cuales la Defensoría del Pueblo
documentó con base en denuncias 2.074 casos forzados.
"Las estructuras de poder que protegieron a los autores de
los hechos criminales siguen vigentes y en consecuencia eso les
garantiza impunidad hasta el día de hoy, lo que implica una continuidad
de la vulneración de los derechos de las mujeres afectadas por las
esterilizaciones masivas y compulsivas", explicó Tamayo a IPS.
En 2003, el Estado peruano y la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) suscribieron un acuerdo amistoso sobre el caso
de la campesina Mamérita Mestanza, fallecida en 1998 tras practicarle
una esterilización no consentida.
El Estado aceptó su responsabilidad, reconoció los abusos
perpetrados en la ejecución del programa de planificación familiar y se
comprometió a investigar y sancionar a los responsables, además de de
medidas de reparación para la familia de Mestanza.
Pero el Ministerio Público dio largas a la investigación
hasta su archivo definitivo en 2009. Eso permitió, por ejemplo, que uno
de los acusados, Alejandro Aguinaga, ex ministro de Salud y médico
personal de Fujimori, fuese electo como legislador del unicameral
Congreso nacional en 2006, y desde julio sea su vicepresidente.
Fujimori cumple actualmente penas de hasta 25 años, por
varias condenas por delitos de corrupción y de violaciones a los
derechos humanos.
El incumplimiento de la solución amistosa por el Estado
"prolonga el dolor de miles de mujeres afectadas, porque los acusados
continúan con sus actividades como personas respetables cuando en
realidad deben responder ante la justicia", dijo Tamayo, que es también
investigadora de la sección española de Amnistía Internacional.
"Esta vez se demandará individualmente a los autores de los hechos por delitos de lesa
humanidad y tortura", explicó.
La demanda a cada presunto responsable del plan también será
"por crímenes de guerra porque la esterilización compulsiva se impuso
en el contexto de la guerra interna (1980-2000), recurriendo a las
Fuerzas Armadas para imponer la amenaza y el miedo", dijo la abogada.
La tipificación de crímenes internacionales permitirá que
"otro país pueda aplicar justicia, en el caso de que los acusados sigan
recibiendo la protección del Estado", dijo la activista humanitaria.
"La CIDH ya ha señalado la responsabilidad internacional por la esterilización forzada", puntualizó Tamayo.
Explicó que la demanda la presentan las víctimas de Anta,
porque allí "la esterilización se produjo casa por casa, las
autoridades de Salud de la zona fueron obligadas a cumplir con ‘cuotas’
de mujeres intervenidas y las afectadas pertenecían a una misma
comunidad indígena".
Eso significa, dijo Tamayo, "que quienes diseñaron este programa definieron su objetivo con abominable precisión".
Una de las primeras en abanderar la lucha contra las
esterilizaciones forzadas y por justicia fue la ahora famosa
legisladora quechua hablante Hilaria Supa, originaria de Anta y una de
cuyas hijas es víctima del programa.
"Desde que me operaron hasta el día de hoy sigo sufriendo por
lo que me hicieron a la fuerza", relató Huillca, residente de la
comunidad campesina de Huayllaccocha, donde se registraron varios casos
similares.
"Dañaron mi condición de mujer. Desde entonces no pude cargar
a mis hijos que eran pequeños, tampoco puedo realizar labores de campo,
que es de lo que vivimos, y mucho menos estoy en condiciones de cocinar
porque me vienen dolores horribles", detalló al contar consecuencias
poco conocidas de lo que soportan las víctimas.
"Tengo dificultades para caminar, mi vida es un sufrimiento.
Además, en la comunidad me tratan como una disminuida, porque en el
pueblo una mujer que no trabaja se ve muy mal", siguió su recuento, ya
sin poder ocultar la tristeza en que vive.
"Lo peor de todo que uno de los médicos que me hizo daño
para toda la vida sigue trabajando en la misma posta médica
(ambulatorio) de Izcuchaca", continuó. "Cada vez que lo veo, me lleno
de cólera porque a él no le sucede nada", reconoció. |