Adelfo Regino sulla tragedia triqui

["Aldo Zanchetta" <aldozan at tele2.it>]

Genocidio en la región triqui
Adelfo Regino Montes
Con profunda indignación y preocupación, una vez más hemos vuelto a recibir 
la noticia de la muerte de nuestros hermanos triquis que en vida 
respondieron a los nombres de Rigoberto González, Antonio Cruz García y 
Antonio Ramírez López, así como las lesiones sufridas por Víctor de Jesús 
González y Alfredo Martínez González, pertenecientes a las comunidades de 
Santa Cruz Tilapa y Agua Fría, del municipio autónomo de San Juan Copala. 
Todo ello como consecuencia de una emboscada, armada y perpetrada 
presuntamente por miembros de la Ubisort y sus aliados, en el paraje 
denominado Hierba Santa, con la finalidad de impedir la salida de la 
caravana de mujeres triquis para denunciar ante la opinión pública la 
situación de violencia y agresión que sufren sistemáticamente por parte de 
los grupos paramilitares.
La larga cadena de violencia y muerte que se ha desatado en el último año en 
la región triqui tiene un calificativo concreto en el derecho nacional e 
internacional, por mucho que nos duela reconocerlo y aunque las autoridades, 
estatales y federales, traten seguramente de minimizar y caracterizarlo como 
un problema interno y cultural: se trata de un lamentable acto de genocidio 
perpetrado por personas que tienen el respaldo de los gobiernos estatal y 
federal, ya sea por acción u omisión, con la intención de destruir la 
integridad material y espiritual del pueblo triqui.

De los cinco supuestos establecidos por los artículos segundo de la 
Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio de la 
Organización de las Naciones Unidas, y sexto del Estatuto de Roma de la 
Corte Penal Internacional, en el caso triqui, por lo menos -lamentablemente- 
se cumplen tres de ellos.

Matanza de miembros del grupo. Respecto de este supuesto normativo, tan sólo 
en lo que va del presente año, es del conocimiento de la opinión pública los 
homicidios perpetrados en contra de Beatriz Cariño Trujillo y Jyri Antero 
Jaakkola el 27 de abril; Timoteo Alejandro Ramírez y su esposa Cliriberta 
Castro, el 21 de mayo; Anastacio Juárez, el 31 de julio, y las recientes 
muertes de Rigoberto González, Antonio Cruz García y Antonio Ramírez López, 
entre otros. Salvo los dos primeros, todas las personas antes referidas 
pertenecen al pueblo triqui, que para los efectos de la convención de 
referencia son miembros del grupo señalado. Actualmente, pese a las 
exigencias y reclamos de la sociedad, estos delitos permanecen en la 
impunidad, incluso en la absoluta indiferencia de quienes están obligados a 
procurar y administrar la justicia.

Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo. 
Aunado a lo anterior, hay una larga lista de lesionados, misma que incluye a 
niños, mujeres, ancianos, tanto en el ámbito de su integridad física, como 
en el campo de su salud mental, en virtud del acoso y la violencia al que se 
han visto sometidos, particularmente por aquellas personas vinculadas a la 
Ubisort y sus aliados, que mantienen sitiado el municipio autónomo de San 
Juan Copala. Recientemente, y a manera de ejemplo, es importante mencionar 
que a raíz de la entrada de la Ubisort y de la policía estatal al municipio 
autónomo de referencia, resultaron heridas dos jóvenes, Adela y Selena 
Ramírez López, de 14 y 17 años respectivamente, y que, por los impactos de 
bala recibidos, la primera de ellas tiene pocas esperanzas de volver a 
caminar.

Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de 
acarrear su destrucción física, total o parcial. El cerco y el acoso 
impuestos al municipio autónomo de San Juan Copala han privado a sus 
habitantes del ejercicio de sus derechos humanos fundamentales. En primer 
lugar, no existen las mínimas garantías de seguridad, lo que no permite a 
las personas hacer su vida en condiciones de normalidad, en particular 
impidiendo que salgan a trabajar para obtener el sustento diario; asimismo, 
el derecho a la alimentación ha sido violentado en la medida en que se ha 
imposibilitado la entrada a la comunidad de los víveres básicos. Lo poco que 
han tenido para sobrevivir ha sido gracias a la audacia de las mujeres 
quienes de noche arriesgan sus vidas para conseguir algún alimento en las 
localidades vecinas. De igual modo, los servicios de salud y educación están 
cancelados en virtud de que las personas que prestan dichos servicios se 
retiraron por no existir las condiciones mínimas de seguridad y se les ha 
impedido regresar por el cerco establecido, dejando en el desamparo a los 
habitantes del municipio autónomo, en especial a los sectores más 
vulnerables, como son las mujeres, los niños y los ancianos. Todos estos 
factores constituyen un sometimiento intencional del grupo perteneciente al 
municipio autónomo con el objeto de acarrear su destrucción física.

Además de lo previsto por la legislación internacional, en el Código Penal 
Federal, en su artículo 149 bis, aparece previsto este delito de lesa 
humanidad, por lo que la Procuraduría General de la República no debe ni 
puede permanecer indiferente ante los lamentables hechos en San Juan Copala, 
sino que está obligada, por mandato de ley, a tomar en el ámbito de su 
competencia las investigaciones correspondientes que permitan el 
esclarecimiento de los hechos y la consignación de los responsables de esta 
tragedia ante las instancias de justicia a efecto de que sean sancionados 
debidamente. No actuar la haría cómplice de los sucesos que hemos venido 
describiendo.

Lamentablemente, en el ánimo de las instancias encargadas de procurar y 
administrar justicia no parece existir la voluntad necesaria para hacer 
justicia en la región triqui. Y quizás por eso habría que ir pensando en 
aplicar el principio de la complementariedad que establece el Estatuto de 
Roma de la Corte Penal Internacional y que se aplica cuando un país no juzga 
o no puede juzgar los hechos de competencia del tribunal, tal como está 
sucediendo en el caso que nos ocupa.

Más allá de las formalidades antes descritas, y mientras la indiferencia 
permea diversas capas sociales, el pueblo triqui tiene que pagar un precio 
muy alto por el simple hecho de haberse organizado para constituir un 
municipio libre y autónomo, y que como he expresado en otra parte, por 
razones profundas constituye parte fundamental de la recuperación de su 
memoria histórica y es además un legítimo derecho consagrado en la 
legislación nacional e internacional. Pero en este vejado país, ni la 
memoria histórica, ni la razón, ni el derecho, son motivo suficiente para 
garantizar el respeto, la paz, y la integridad física y espiritual de las 
personas y los pueblos, que han sido y son simple y sencillamente los 
ideales de la Independencia y la Revolución que el gobierno nos convoca a 
celebrar y conmemorar.