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 Sent: Tuesday, September 22, 2009 3:12 PM Subject: [ATTAC] INFORMATIVO 518 - ¿UNA CORTE MUNDIAL PARA LAS 
TRANSNACIONALES?
 
 
 Latinoamérica
 PERU - CAJAMARCA: EXIGEN FIN DE CONCESIONES MINERAS 
EN ZONAS ALTOANDINAS 
Rondas exigen cierre y retiro de 
empresas mineras de cabeceras de cuenca y zonas altoandinas. Anuncian jornada de 
lucha y exigen libertad de Alejandro Izquierdo y cese de persecución de 
Estinaldo Cruz y dirigentes ronderos.
 
 PARAGUAY: LOS DILEMAS DE LUGO A un año de su asunción, Fernando Lugo debe administrar 
al mismo tiempo varias crisis. Por su extensión este artículo se publicará en 
tres partes
 BOLIVIA: 
DES-CERTIFICACIÓN Y AMENAZAS. Las 
tendencias dictatoriales no van a cambiar porque Barack Obama haya sustituido a 
George W. Bush y anunciado un nuevo trato en sus relaciones con nuestra América. 
Una vez más, arrogándose atribuciones que nadie le otorgó, el gobierno de 
Washington “descertifica” a Bolivia en la política contra el narcotráfico; es 
decir, no le otorga su visto bueno, aduciendo la expulsión de la Drug 
 Enforcement Administration (DEA).
 
 Latinoamérica
 
 
 CAJAMARCA-PERU: EXIGEN FIN DE CONCESIONES MINERAS EN 
ZONAS ALTOANDINAS
 
 
 
 PRONUNCIAMIENTO
 
 
 
 Mediante el presente pronunciamiento damos a conocer los 
acuerdos tomados el día 05 de septiembre en el caserío de Ichuquinua, distrito 
de Llapa, provincia de San Miguel, regiòn Cajamarca estando presentes los 
dirigentes de la junta directiva de la Federación Regional de R. C. de Cajamarca 
y de las federaciones provinciales, distritales, comités zonales, centrales y 
bases ronderas, frentes de defensa de las provincias de San Miguel, Santa Cruz, 
y del distrito de Chugur de la Provincia de Hualgayoc-Bambamarca y la Junta de 
Usuarios Chancay Lambayeque, por lo concerniente ante la opinión pùblica hacemos 
de conocimiento lo siguiente.
 
 
 
 PRIMERO: Ratificar la autonomía e independencia y unidad 
de nuestra organización ronderil, defensa  de la vida, cuidado y protección 
de las aguas, Recursos Naturales, medio ambiente y la apuesta por un desarrollo 
agropecuario sostenible.
 
 
 
 SEGUNDO: No permitir más expansión minera en cabeceras 
de cuenca de las zonas alto andinas de las provincias de San Miguel, San Pablo, 
Santa Cruz y Hualgayoc-Bambamarca y en toda la región Cajamarca, por poner en 
riesgo la vida humana, la flora, la fauna, así como  la desaparición y 
disminución de aguas de cuencas y micro cuencas afectando la producción 
agropecuaria  de los valles alto andinos de Cajamarca y los hermosos valles 
agrícolas de la región Lambayeque y contaminación del medio ambiente en general.
 
 
 
 TERCERO: Cese y retiro inmediato de la empresa minera 
Buenaventura (proyecto la Zanja) y de otras transnacionales mineras que hasta la 
fecha están ilegalmente, en estas zonas alto andinas,  provocando 
inseguridad e inestabilidad social, hostigamiento, y hasta apropiaciones 
ilícitas de terrenos privados, violando los derechos individuales y colectivos 
 en las comunidades.
 
 
 
 CUARTO: Que, el gobierno regional de Cajamarca, los 
gobiernos provinciales, distritales y de centro poblado de las provincias en 
mención, saquen ordenanzas municipales declarando los territorios en zonas 
intangibles y a su vez impulsen los ordenamientos territoriales de zonificacion 
ecológica y económica tal como ofreció don Jesús Coronel, actual Presidente 
Regional,  con el fin de garantizar un desarrollo sostenible y sustentable 
en la región Cajamarca y promuevan y cumplan el convenio 169 de la OIT (el 
derecho de consulta a los pueblos y comunidades).
 
 
 
 QUINTO: A través de memoriales reiterativos que se hará 
llegar al gobierno regional, gobierno central, poder Ejecutivo, Legislativo, 
Ministerio de Energía y Minas, Defensorìa del Pueblo, pidiendo que ordenen el 
inmediato retiro de la empresa minera Buenaventura de la zona la Zanja y de 
otras transnacionales; pero a su vez para que ya no se otorgue mas permisos ni 
mas expansión territorial a las mineras en exploración y explotación tal es el 
caso de Yanacocha y Gold Fíes, mientras no se haga efectivo el ordenamiento 
territorial de Zonificacion ecológica y económica y lo estipulado en el convenio 
169 de la OIT y demás normas legales. De no ser atendidos ni escuchados en los 
próximos días estaremos emprendiendo medidas de lucha y de lo que pueda suceder 
en adelante será de su única responsabilidad de las autoridades en mención.
 
 
 
 SEXTO: Con el fin de dar seguimiento a la lucha legal 
frente estos  problemas ambientales y conflictos sociales promovidos y 
provocados por el gobierno central y la transnacionales mineras en la región 
Cajamarca; las rondas campesinas en coordinación con los  frentes de 
defensa, y algunos alcaldes patriotas de las provincias y distritales de San 
Miguel, Santa Cruz Hualgayoc-Bambamarca, San Pablo, Chota y la Junta de Regantes 
Chancay Lambayeque, realizaremos asambleas provinciales, interprovinciales; por 
 ello nos estaremos reuniendo el día 25 de septiembre en el distrito de 
Chancay Baños de la Provincia de Santa Cruz, en donde estaremos tomando otros 
acuerdos con respecto a estos temas.
 
 
 
 SEPTIMO: Exigimos la inmediata libertad del compañero 
Alejandro Izquierdo Torres dirigente de la federación regional de rondas 
campesinas recluido en el penal de Santa Cruz, desde el mes de diciembre del año 
2008 y el cese de procesos judiciales, persecución y hostigamiento al presidente 
provincial de rondas campesinas de Santa Cruz Estinaldo Quispe Mego y de otros 
dirigentes ronderos y ronderas en la región
 
 
 
 FEDERACION REGIONAL DE RONDAS CAMPESINAS Y URBANAS DE 
CAJAMARCA BASE DE LA CENTRAL UNICA NACIONAL DE RONDAS CAMPESINAS 
(CUNARC - PERU)
 
 Mauricio Quiroz Torres
 
 limaprovincias at hotmail.com <mailto:limaprovincias at hotmail.com>
 
 PARAGUAY: LOS DILEMAS DE 
LUGO
 Primera parte
 Diego González 
 A un año de 
su asunción, Fernando Lugo debe administrar al mismo tiempo varias crisis. Por 
un lado, su flamante paternidad que manchó su imagen pública tanto dentro como 
fuera del Paraguay. Pero al día de hoy ese escándalo no es lo que desvela al 
presidente paraguayo. Sucede que su estrategia de navegar sin barco propio sobre 
un conglomerado de fuerzas casi antagónicas está rozando el 
abismo.
 
 Así, los viejos liberales pelean espacio por espacio, 
tribuna por tribuna con la izquierda, que avanza en un proceso de unidad 
sectorial. A su vez, los liberales se desangran en eternas internas, pujando por 
una sucesión que deje a su línea interna lo mejor parada posible de cara a las 
presidenciales de 2013. La circunstancia es de tal tensión que hasta el 
mismísimo vicepresidente ya impulsó el juicio político para el presidente para 
luego romper la alianza gubernamental, que unía derecha e izquierda. Ahora, 
desde una posición ambigua, los liberales no terminan de ser gobierno ni 
oposición. Lo que ahora exigen, en boca del senador Blas Llano, es 
"cogobernar".
 
 El 2 de abril de 2008 la "Alianza Patriótica para el 
Cambio" encabezada por Lugo sacó 40,83% de los votos que lo catapultaron a la 
presidencia. El debate ineludible giraba en torno a la conformación del frente 
gubernamental. Sucede que ya desde que su figura ganaba adeptos en oposición al 
tradicional Partido Colorado del por entonces presidente Nicanor Duarte Frutos, 
había un dilema. La izquierda, pequeña y dispersa, por sí sola no acumulaba lo 
suficiente como para quebrar la hegemonía de 61 años de los colorados. El 
Partido Liberal Radical Autentico (PLRA), los azules, sólo podían tener 
expectativas si se colaban detrás del fenómeno del outsider Lugo, quien prometía 
reforma agraria y renegociación con Brasil por el Tratado de la represa de 
Itaipú. Así fue como se conformó este nuevo frente, gelatinoso, inestable, en el 
que conviven derecha e izquierda.
 
 Hoy, los liberales representan el 
82% de la Alianza en las cámaras de senadores y de diputados. El 17% restante 
pertenece a representantes de izquierda. Es por esto que Lugo los necesita para 
la gestión, para el día a día. Y esto los liberales lo saben. Es por eso que lo 
utilizan como moneda de cambio negociando apoyos y presiones con su supuesto 
propio gobierno.
 
 Sin ir más lejos, a menos de un año de haber 
asumido, el vicepresidente Federico Franco, del PLRA, ha impulsado sin éxito el 
juicio político en contra del presidente, amparado en la crisis por la 
paternidad del ex obispo. Ya en aquel entonces anunciaba sin eufemismos que 
estaba "listo para gobernar".
 
 La novedad de los últimos días está 
dada en que el otrora aliado fiel a Lugo, el ahora senador y antes ministro de 
justicia y trabajo Blas Llano, se plantó y exigió cogobernar mientras anunciaba 
el retiro del partido de la alianza pero no del gobierno. Como explicó el 
titular del PLRA, Gustavo Cardozo, su partido no devolverá los tres ministerios 
que les dio Lugo: "Esos cargos nos pertenecen como mayoría absoluta, por ser 
nuestros electores los que votaron mayoritariamente por el presidente Lugo en 
las elecciones de 2008".
 
 Los liberales hoy se debaten internamente 
sobre las medidas a tomar. Tres son las tendencias: una, encabezada por Efraín 
Alegre, Ministro de Obras Públicas, que por la envergadura del Ministerio que 
maneja ha ido convirtiéndose en un actor de peso. Su estrategia es acercarse a 
Lugo y esperar desde allí a las presidenciales del 2013. Otra ala, liderada por 
el senador Blas Llano, con un pie dentro y otro fuera, busca la mejor 
correlación de fuerzas posible para su sector, negociando y retaceando apoyos de 
acuerdo a la estricta coyuntura. Pero también existe una tercera línea, 
encabezada por el vicepresidente, abiertamente rupturista. Las dos últimas son 
las principales y antagónicas.
 
 
 BOLIVIA: DES-CERTIFICACIÓN Y 
AMENAZAS
 
 Antonio 
Peredo Leigue*
 
 Las tendencias dictatoriales no van a cambiar porque 
Barack Obama haya sustituido a George W. Bush y anunciado un nuevo trato en sus 
relaciones con nuestra América. Una vez más, arrogándose atribuciones que nadie 
le otorgó, el gobierno de Washington “descertifica” a Bolivia en la política 
contra el narcotráfico; es decir, no le otorga su visto bueno, aduciendo la 
expulsión de la Drug  Enforcement Administration 
(DEA).
 
 Agregando más leña al fuego, un señor anunció, por un canal 
de televisión local, que su organización había establecido que los cultivos 
 de coca en Bolivia se estimaban en 54 mil hectáreas. Dijo algo más: para 
el consumo tradicional, y entrecomilló esta palabra, se requería 7 mil hectáreas 
de cultivo. Ni el nombre y cargo que ocupa esta persona ni el nombre de la 
institución que representa, aparecieron en ningún momento
 en la entrevista 
televisada.
 
 Pero el tema es la certificación o el retiro de ésta. 
El más grande consumidor de drogas (cocaína, opio, morfina, ‘crack’, anfetaminas 
y un largo etcétera) se da el rango de fiscal y envía agentes de la DEA a otros 
países, mientras las mafias que operan en Estados Unidos hacen negocios 
multimillonarios con las drogas. Es más: ese organismo, hace más de 20 años y en 
un escándalo que se ventiló en tribunales norteamericanos, fue acusado de 
controlar la elaboración de cocaína en la más grande fábrica que había entonces 
en Bolivia, venderla en Estados Unidos y entregar las ganancias al Cnel. Oliver 
North, jefe de seguridad de la Casa Blanca para la compra de armas que la CIA 
entregaba a la llamada ‘contra’ de Nicaragua y los grupos subversivos iraníes. 
El caso “Irán-contras” fue absolutamente documentado, pero los acusados quedaron 
en libertad y North aclamado como héroe por haber hecho ese trabajo sucio. Claro 
que igual reacción motivó la oficial del ejército norteamericano que administró 
la prisión Abu Ghraib, en Irak, donde se cometieron abusos humillantes y 
torturas impactantes contra los presos iraquíes.
 
 Ese es el gobierno 
que da o quita certificados. Por supuesto, “certificó” al gobierno de Colombia, 
primer productor de coca destinada al narcotráfico, el cual recibe la mayor 
ayuda de Washington para éste y otros rubros, pues permite que se rocíe 
desfoliadores en amplias regiones con efectos nocivos que rebasan sus fronteras 
y firma acuerdos secretos para la instalación de bases militares estadounidenses 
en su territorio, amenazando a la democracia en la región.
 
 La 
presencia de la DEA en Bolivia, a partir de la ley 1008 aprobada en mayo de 
1988, de control del cultivo de coca, permitió la presencia en nuestro país de 
un número indeterminado de agentes de ese organismo que gozaban de privilegios 
diplomáticos y actuaban directamente en la erradicación de los cultivos. Su base 
en Chimoré, al centro del Chapare, no podía ser fiscalizada por ninguna 
autoridad boliviana y, al revés, mantenía un control directo sobre la Fuerza 
Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN), que actuaba según sus 
instrucciones. Esta fuerza estaba entrenada para erradicar los cultivos y sólo 
de modo secundario en la detección del narcotráfico. La prueba de la distorsión 
de la labor de la DEA en Bolivia es su actividad en la fábrica de drogas en 
Huanchaca, donde los narcotraficantes asesinaron al científico Noel Kempff 
Mercado y sus acompañantes; de allí la droga para la operación “Irán-contras”. 
Pero es también el hecho de que, desde la expulsión de ese organismo, se ha 
descubierto una cantidad mayor de fábricas de droga y se ha confiscado 
cantidades muy superiores a las que registraba la DEA.
 
 Decir que, 
el gobierno de Washington está interesado en restablecer relaciones plenas con 
Bolivia, es contradictorio con las restricciones que se trata de imponer a 
nuestro país. El tema de las drogas no puede determinar el carácter de esa 
relación. Pero, aun suponiendo que así fuese, se hace necesaria una revisión de 
los términos en que está planteada. Habrá que revisar y modificar la Ley 1008, 
debe estudiarse un acuerdo distinto al que se firmó en Bogotá durante el 
gobierno de Jaime Paz y, sobre todo, establecer programas de lucha contra el 
narcotráfico en condiciones de respeto mutuo. Esto comienza por reconocer que 
las relaciones deben ser respetuosas de las políticas que se desarrollen en 
ambos países, de coordinación en los temas sociales y de equilibrio en la 
cuestión económica. De otra manera, las relaciones diplomáticas seguirán 
complicándose.
 
 *Antonio Peredo Leigue es periodista, senador del 
Movimiento al Socialismo (MAS) de Bolivia.Agencia Latinoamericana de Informacion
 
 
 Advertencia: Los 
documentos publicados no comprometen a la asociación ATTAC salvo mención en 
 contrario. Pueden ser la opinión de grupos temáticos, personas u otras 
organizaciones. Se trata solamente de aprovechar las experiencias y las ideas 
disponibles para poder construir  juntos ese otro mundo posible, para 
reapropiarnos de nuestro porvenir
 
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 Gracias 
por hacer circular y difundir esta información.
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