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Sent: Wednesday, August 26, 2009 2:58 PM
Subject: [ATTAC] INFORMATIVO 514 - Trece años de soja en
Argentina
INFO 514
24 de agosto de 2009
informativo at attac.org
http://attac-info.blogspot.com
Latinoamérica
HONDURAS Y LA OCUPACIÓN DEL
CONTINENTE El ataque a Sucumbíos en marzo 2008 marcó el inicio de un nuevo
ciclo dentro de la estrategia estadounidense de control de su espacio vital: el
Continente americano
BRASIL: MOVILIZACIONES POPULARES. Desde el 10 de
agosto, más de 3 mil trabajadores sin tierra acamparon de nuevo en Brasilia para
alertar al gobierno federal sobre una cuestión que, otrora, fue considerada
prioritaria por el Partido de los Trabajadores (PT): la reforma
agraria.
TRECE AÑOS DE SOJA EN ARGENTINA: LAS CONSECUENCIAS INEVITABLES DE
UN MODELO GENOCIDA Y ECOCIDA. La amplia experiencia adquirida en Argentina
después de trece años de imposición del cultivo de soja transgénica resistente
al glifosato dan la oportunidad al resto del mundo de aprender la lección y no
repetir los errores ni permitir las imposiciones que hicieron posible que
Argentina se convirtiera en apenas una década en una “republiqueta
sojera”.
MILES DE PERSONAS MÁS SE VEN OBLIGADAS EN COLOMBIA A HUIR DEL
CONFLICTO ARMADO. Entre 3 y 4 millones de personas se han visto obligadas en
Colombia a abandonar sus hogares debido al prolongado conflicto armado. Se cree
que al menos 500.000 personas más han huido a países
vecinos.
HONDURAS Y LA OCUPACIÓN DEL CONTINENTE
Ana
Esther Ceceña
El ataque a Sucumbíos en marzo 2008 marcó el inicio
de un nuevo ciclo dentro de la estrategia estadounidense de control de su
espacio vital: el Continente americano.
Era el momento de creación
de plataformas regionales de ataque bajo el velo de la guerra preventiva contra
el terrorismo. Pero si en Palestina y el Medio Oriente había ya costumbre de
recibir las ofensivas del Pentágono aderezadas con los propósitos particulares
de Israel, en América no había ocurrido un ataque unilateral de un Estado a otro
“en defensa de su seguridad nacional”.
El ataque perfiló las
primeras líneas de una política de Estado que no se modificó con el cambio de
gobierno (de Bush a Obama) sino que se adecuó a los tiempos de la política
continental que, en esa ocasión, dio lugar a un airoso reclamo de Ecuador,
secundado por la mayoría de los Presidentes de la región en la reunión de Santo
Domingo.
Prudentemente se detuvo esta escalada militar para bajar
las tensiones y dar paso al cambio de gobierno en Estados Unidos pero la
necesidad de detener el crecimiento del Alternativa Bolivariana para las
Américas (ALBA) y la búsqueda de caminos seguros para intervenir en la región,
sobre todo frente a Venezuela, Ecuador y Bolivia, llevó nuevamente a Estados
Unidos a involucrarse en proyectos desestabilizadores o directamente
militaristas.
El golpe de Estado en Honduras, uno de los eslabones
más frágiles de ALBA, conducido por un militar hondureño formado en la Escuela
de las Américas, tramado en vinculación con la base de Palmerola, consultado con
el personal de la Embajada norteamericana y asumido por la oligarquía hondureña
-que si existe es por el auspicio de los intereses norteamericanos que requieren
parapetarse en socios locales-, es el primer operativo de relanzamiento de esa
escalada.
Mal precedente el de un gobernante legítimo, derrocado
por un golpe espurio, que termina siendo acusado de violar la Constitución y por
ese subterfugio es equiparado con el gobierno de los golpistas. Tan defensor
como violador de la Constitución es uno como el otro en el esquema de diálogo
que se impuso después del golpe.
Buen precedente el de un pueblo
que se moviliza por el restablecimiento de la constitucionalidad y en contra de
un golpe de Estado y de la militarización renovada que recuerda situaciones de
un pasado cercano.
No obstante, el golpe en Honduras sólo anuncia
lo que se vislumbra para esos gobiernos que han osado desafiar al imperio y que
no cesan de ser acosados. Honduras resultó atropellado en una búsqueda por
alcanzar objetivos de mayor importancia geoestratégica: Venezuela, Ecuador y
Bolivia.
Mientras la nebulosa levantada por Honduras desvió la
mirada, se volvieron a desatar los montajes para acusar de cómplices de las
FARC-catalogadas como grupo terrorista en las listas del Pentágono-, a los
Presidentes de Venezuela y Ecuador; y se revive un viejo acuerdo entre Colombia
y Estados Unidos que otorga inmunidad a las tropas estadounidenses en suelo
colombiano y permite la instalación de 7 bases militares norteamericanas que se
suman a las seis ya reconocidas por el Pentágono en su Base “structure report”,
sancionado por el Congreso.
Honduras constituyó el elemento
desencadenador o, mejor, con todo y su gravedad, la cortina de humo que dio paso
a la reactivación del proyecto interrumpido después del ataque a Sucumbíos: el
establecimiento de una sede regional de la llamada guerra preventiva en América,
justo al lado del Canal de Panamá y en la entrada misma de la cuenca amazónica
pero, lo más importante en términos estratégicos coyunturales, en las fronteras
de los procesos incómodos para los grandes poderes mundiales liderados por
Estados Unidos.
Parar la militarización
Está en curso
un proyecto de recolonización y disciplinamiento del Continente completo. Con la
anuencia y hasta entusiasmo de las oligarquías locales, con la coparticipación
de los grupos de ultraderecha instalados en algunos gobiernos de la región, se
construye en América Latina mucho más que un nuevo Israel, desde donde el radio
de acción se debe medir con las distancias que los aviones de guerra y monitoreo
alcanzan en un solo vuelo, sin necesidad de cargar combustible; o con los
tiempos de llegada a los objetivos circunstanciales, que son muy reducidos desde
las posiciones colombianas; o con la capacidad de respuesta rápida ante
contingencias en las principales ciudades de los alrededores: Quito, Caracas y
La Paz; o con la seguridad económica que les da establecerse al lado de la
franja petrolera del Orinoco, equivalente a los yacimientos de Arabia Saudí, al
lado del río Amazonas, principal caudal superficial de agua dulce del
Continente, al lado de los mayores yacimientos de biodiversidad del planeta,
frente a Brasil y con posibilidades de aplicar la técnica del yunque y el
martillo, contando con la cooperación de Perú, a cualquiera de los tres países
que en Suramérica han osado desafiar al hegemón.
Si bien Honduras
muestra claramente los límites de la democracia dentro del capitalismo, el
trasfondo de Honduras, con el proyecto de instalación de nuevas bases en
Colombia y la inmunidad de las tropas estadounidenses en suelo colombiano,
convertiría a ese país en su totalidad en una locación del ejército de Estados
Unidos que pone en riesgo la capacidad soberana de autodeterminación de los
pueblos y los países de la región.
Las acciones de este enclave
militar en América del Sur se dirigirán a los Estados enemigos o a los Estados
fallidos, que, de acuerdo con las nuevas normas impulsadas por Estados Unidos,
pueden ser históricamente fallidos o devenir, casi instantáneamente, Estados
fallidos “por colapso”. Cualquier contingencia puede convertir a un país en un
Estado fallido y, por ello, susceptible de ser intervenido. Y entre las
contingencias están las relaciones de sus gobernantes con algún grupo calificado
como terrorista. Es ahí que se explica la insistencia por acusar a los
presidentes Chávez y Correa de mantener vínculos de colaboración con las
FARC.
Una vez decretado el Estado fallido la intervención puede
realizarse desde Colombia, que ya estará equipada para avanzar sobre sus
vecinos.
500 años después, los habitantes de América Latina tenemos
que seguir deteniendo el saqueo, la colonización y las imposiciones de todo
tipo, pero si no paramos la militarización y el asentamiento de las tropas de
Estados Unidos en Colombia las luchas de los últimos 500 años habrían sido en
vano.
Nuevamente, como en los viejos tiempos, cobra un sentido
profundo la consigna: ¡Yankies, go home!
BRASIL: MOVILIZACIONES POPULARES
Frei Betto
Desde el 10 de agosto, más de 3 mil trabajadores sin
tierra se encuentran acampados en Brasilia para, de nuevo, alertar al gobierno
federal sobre una cuestión que, otrora, fue considerada prioritaria por el
Partido de los Trabajadores (PT): la reforma agraria.
El mundo gira, y hoy
muchas cosas parecen estar patas arriba: quien hacía oposición a Sarney lo
defiende; quien gritaba “fuera Collor” lo elogia; quien exigía reforma agraria
exalta el agronegocio. Y, a pesar de las políticas sociales, 31 millones de
brasileños(as) continúan sobreviviendo en la miseria. Y la violencia disemina el
miedo por nuestras ciudades.
La manifestación de los sin-tierra demanda del
gobierno muy poco, sobre todo si se compara con los incentivos oficiales
concedidos a las empresas que degradan la Amazonia y a los usineros que, en
latifundios, mantienen trabajadores en régimen de semiesclavitud.
Es urgente
asentar más de 100 mil familias sin-tierra acampadas por el país en la
intemperie, sobreviviendo en barracas de plástico negro al borde de las
carreteras. Y cuidar de las 40 mil familias asentadas virtualmente, sólo en el
papel, pues aguardan, hace tiempo, recursos para vivienda, infraestructura y
producción. En los últimos seis años se financiaron sólo 40 mil casas en el área
rural. También las escuelas rurales necesitan, urgentemente, de
recursos.
Brasil no tiene futuro si no cambia su estructura agraria. En las
tres Américas, sólo Brasil y Argentina jamás hicieron reforma agraria. El
detalle es que somos un país de dimensiones continentales, con 600 millones de
hectáreas cultivables.
Dos problemas crónicos encontrarían solución si
nuestro país no tuviese tanta tierra ociosa, como se constata al viajar por
nuestras carreteras o sobrevolar nuestro territorio: el desempleo y la violencia
urbana. Los países desarrollados, como EE UU y los de Europa Occidental, con
territorios mucho menores que el nuestro, obtiene una alta productividad en el
campo, sin que haya latifundio. Hay, sí, un gran incentivo a la agricultura
familiar.
El gobierno federal debe a la nación la actualización de los
índices de productividad de las propiedades rurales intocadas desde 1975. Por
exigencia constitucional tales índices deberían ser revisados cada diez años.
Estos son utilizados para clasificar como productivo o improductivo un inmueble
rural y agilizar, con transparencia, la expropiación de las tierras para efectos
de reforma agraria.
El Ministerio de la Planificación debe a las familias sin
tierra la entrega de R$ 800 millones del presupuesto del Incra previsto en el
presupuesto de 2009. Ese recurso permitirá la obtención de tierras y la
ejecución en el pasivo de los asentamientos.
Durante el período de
permanencia del MST en Brasilia, que concluye el próximo día 21, están previstos
también debates sobre la coyuntura agraria, clima y medio ambiente, energía,
Seguridad Social, juventud, comunicación, género y raza, además de actividades
culturales y un acto en celebración por los 25 años del MST.
Está prevista
para este sábado (15/08) la jornada nacional de luchas contra la crisis, una
movilización de trabajadores y desempleados, en todo el país, para asegurar
estabilidad en el empleo, mejores sueldos, ampliación de los derechos, reducción
de las tasas de interés e inversiones en políticas sociales.
El 19 de agosto,
movimientos sociales, estudiantiles y sindicales se reunirán, en Brasilia, en
defensa del petróleo, para reivindicar un nuevo marco regulatorio para la
producción energética del país.
Y el día 7 de septiembre, en todo Brasil, se
llevará a cabo el 15º Grito de los Excluidos, promovido por varias entidades,
incluida la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB, por sus siglas en
portugués) que tendrá como lema “Vida en primer lugar – la fuerza de la
transformación está en la organización popular”.
La manifestación, que
imprime un carácter cívico a la fecha de la independencia de Brasil, tiene por
objetivo sacar a la población del inmovilismo y resaltar la importancia de
fortalecer los movimientos sociales para consolidar nuestra democracia y
conquistar soberanía.
La democracia no puede restringirse a las elecciones
periódicas que, de momento, permiten inclusive la postulación de corruptos y
reos de la justicia común. A la democracia política hay que ligar la económica,
de modo de reducir la desigualdad social que avergüenza a Brasil. Sólo así
conquistaremos el derecho de ser un pueblo feliz. (Traducción
ALAI).
TRECE AÑOS DE SOJA EN ARGENTINA: LAS CONSECUENCIAS INEVITABLES
DE UN MODELO GENOCIDA Y ECOCIDA
La amplia experiencia adquirida en
Argentina después de trece años de imposición del cultivo de soja transgénica
resistente al glifosato dan la oportunidad al resto del mundo de aprender la
lección y no repetir los errores ni permitir las imposiciones que hicieron
posible que Argentina se convirtiera en apenas una década en una “republiqueta
sojera”.
En 1996 y de manera absolutamente solapada y
antidemocrática se permitió la introducción de la soja transgénica de Monsanto
en nuestros campos. Sin estudios de impacto ambiental independientes, sin ningún
tipo de consulta pública, sin ninguna discusión parlamentaria ni legislación que
la avale. Una simple disposición de la Secretaría de Agricultura creó en 1991 la
Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (Conabia) que a partir
de allí y con amplia participación de las corporaciones “asesoró” a la
secretaría sobre la aprobación de OGM.
Ahora, mes con mes, vivimos
en Argentina la emergencia de un nuevo problema socioambiental debido a la
invasión territorial producida por la imposición del monocultivo de soja
transgénica de mano de Monsanto y de un puñado de terratenientes y asociaciones
empresariales de siembra.
Los impactos de las fumigaciones, el
desmonte, el desplazamiento de campesinos, la falta de alimentos, las
inundaciones y sequías, las nuevas enfermedades, son moneda corriente en las
noticias pero solamente desde algunos medios alternativos aparece relacionada
con la “sojización”.
Todo esto viene de la mano de la instalación
de una visión fragmentada de los problemas en que se ocultan las causas
profundas de los mismos para analizarlos o mostrarlos, muchas veces de manera
sensacionalista, pero siempre aislados y producidos casi como “fenómenos
naturales”.
Por eso lo primero y fundamental es recuperar la mirada
integral de la problemática. Únicamente mirando y analizando la totalidad y la
complejidad de la situación se podrá llegar a alguna conclusión útil para
avanzar en alguna dirección y salir de la rueda destructiva en la que el modelo
de agronegocio-soja-transgénicos nos ha metido.
Después de trece
años de expansión del cultivo de la soja transgénica en Argentina las
consecuencias socioambientales son una verdadera catástrofe. Presentamos un
breve repaso por los datos concretos que hablan de la tragedia de la soja en el
Cono Sur.
En Argentina se sembrarán en la próxima temporada 18
millones de hectáreas de soja transgénica bajo la técnica de siembra
directa.
Esta superficie representa más del 50% de la superficie
agrícola del país.
Prácticamente 100% de la soja que se cultivará
es soja transgénica resistente al herbicida glifosato (SOJA RR).
La
SOJA RR es propiedad de Monsanto, la mayor empresa semillera del mundo y también
creadora del glifosato, el herbicida que se debe utilizar para sembrar la SOJA
RR. Monsanto controla 90% de las semillas transgénicas que se comercializan a
nivel mundial.
Monsanto declaró que las ganancias generales
aumentaron un 44% en 2007 con respecto al año anterior y un 120% en el 2008 en
relación con el 2007.
Este año se aplicarán más de 200 millones de
litros de glifosato sobre toda la superficie cultivada con soja en Argentina
mientras en el año 1996 se utilizaban 13 millones 900 mil
litros.
El producto comercial cuyo principio activo es el glifosato
(Roundup) contiene además una serie de coadyuvantes que aumentan notablemente su
toxicidad, fundamentalmente el surfactante poea (polioxietil amina) cuya
toxicidad aguda es 3 a 5 veces mayor que la del glifosato.
Por
supuesto que este uso intensivo de glifosato ya ha provocado el surgimiento de
muchísimas malezas resistentes al glifosato. Algunas de las ya informadas son:
Hybanthus parviflorus (Violetilla), Parietaria debilis (Yerba Fresca), Viola
arvensis (Violeta Silvestre), Petunia axillaris (Petunia), Verbena litoralis
(Verbena), Commelina erecta (Flor de Santa Lucía), Convulvulus arvensis
(Correhuela), Ipomoea purpurea (Bejuco), Iresine difusa (Iresine) y
recientemente el Sorghum halepense (Sorgo de alepo) que por ser una maleza muy
difícil de controlar ha despertado gran alarma.
Luego de pasar más
de una década negando el surgimiento de malezas resistentes, Monsanto a través
de su vicepresidente admitió este hecho y propuso una solución: reemplazar a
toda la soja resistente al glifosato por una nueva soja resistente a un nuevo
herbicida: el dicamba —de hecho aún más tóxico que el
glifosato.
Además se utilizarán otros herbicidas y agrotóxicos para
controlar malezas y plagas del monocultivo de soja ya que la siembra directa
requiere de la aplicación de otros herbicidas antes de la siembra de la soja:
entre 20 y 25 millones de litros de 2-4-D, otros seis millones de litros de
atrazina y unos seis millones de litros de endosulfán.
Esta lluvia
de agrotóxicos produce tremendos impactos sobre la salud de la población,
animales domésticos, cultivos alimenticios y contamina suelos, cursos de agua y
el aire en toda la extensión del cultivo de soja. Suman cientos los casos
denunciados por distintas organizaciones e investigadores en los cuales está
perfectamente documentado el impacto de los agrotóxicos en las comunidades y sus
producciones.
La difusión pública de estas denuncias ha llevado a
que recientemente la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas solicitara
a la Corte Suprema de Justicia de la Nación la prohibición de la fumigación con
glifosato.
Este avance desenfrenado de la soja se ha producido a
pesar de que según recientes investigaciones de la Universidad de Kansas la soja
rr produce entre un 6 y un 10% menos que la soja convencional.
El
monocultivo de soja repetido año tras años en los campos produce una intensa
degradación de los suelos con una pérdida de entre 19 y 30 toneladas de suelo en
función del manejo, la pendiente del suelo o el clima.
Cada cosecha
de soja extrae año a año miles de toneladas de nutrientes de nuestro suelo que
se exportan. Sólo como ejemplo podemos citar que cada año se van con la soja un
millón de toneladas de nitrógeno y 160 mil toneladas de
fósforo.
También cada cosecha de soja que se exporta se lleva unos
42500 millones de metros cúbicos de agua cada año (datos de la temporada
2004/2005) correspondiendo 28190 millones a la pampa húmeda.
Cada
año se deforestan en Argentina más de 200 mil hectáreas de monte nativo por el
avance de la frontera agrícola debido fundamentalmente a la expansión del
monocultivo de soja.
Considerando que cada 500 hectáreas de soja
requieren de un trabajador rural es evidente la expulsión de trabajadores
rurales y campesinos de los territorios donde se cultiva.
Los
grandes productores sojeros están obteniendo ganancias extraordinarias. El Grupo
Los Grobo que declara cultivar 150 mil hectáreas en Argentina y en todo el Cono
Sur (Paraguay, Brasil y Uruguay) apuesta a controlar 750 mil
hectáreas.
El modelo sojero produce una enorme concentración de la
tierra en pocas manos ya sea por la adquisición de la tierra por grandes
productores o por su arrendamiento por los “Pooles de Siembra”. Como
consecuencia en los últimos 10 años se han perdido más del 20% de los
establecimientos productivos.
La obvia consecuencia de esta
concentración es que ha disminuido de manera dramática la producción de
alimentos básicos para nuestro pueblo. Por citar sólo un ejemplo: el número de
explotaciones lácteas disminuyó 50 por ciento entre 1988 y 2003, pasando de 30
mil a 15 mil.
En el caso del algodón su producción disminuyó en un
40% en la provincia de Chaco y un 78% en la provincia de Formosa como
consecuencia del avance de la soja.
Miles de campesinos son
expulsados violentamente de sus tierras para imponer este modelo y son
criminalizados por resistir los desalojos y el avance de la soja. El Mocase-vc y
el Movimiento Nacional Campesino Indígena permanentemente denuncian la
persecución de campesinos del movimiento a causa de resistir la expulsión de sus
tierras en forma violenta para imponer el cultivo de
soja.
Finalmente es fundamental tener presente que la introducción
de la soja transgénica en Argentina fue el mecanismo elegido por Monsanto para
inundar de transgénicos el Cono Sur ya que fue desde Argentina desde donde se
comercializó de manera ilegal la soja transgénica a Brasil, Paraguay y Bolivia
(países en los que el cultivo de los transgénicos estaba prohibido), inundando
estos países de transgénicos e imponiendo así, a partir de la contaminación, la
República Unida de la Soja que poco tiempo después publicitaba
Syngenta.
¿Quién gobierna la República Unida de la
Soja?
Los tibios intentos de las frágiles democracias
latinoamericanas por poner algún límite al poder económico dominante generado
por dos décadas de globalización y neoliberalización económica han encontrado en
los últimos meses un topetazo contundente en la perversa alianza de grandes
terratenientes con las corporaciones del agronegocio que están actuando de
manera brutal en todos los países del Cono Sur.
No se trata aquí de
hacer un juicio sobre los gobiernos democráticos de la región, ni de evaluar su
capacidad de transformación de la realidad o su compromiso con los pueblos
latinoamericanos. Dejamos esto para los pueblos que desde sus propios procesos
van respondiendo y creando espacios para responder y construir nuevas
realidades.
Sin embargo creemos que no es posible pasar por alto
algunos hechos, unos notoriamente públicos y otros que apenas ocupan algunas
columnas en los medios; todos aparentemente desconectados entre sí pero
profundamente ligados en una raíz común que es la de someter a los pueblos,
controlar su agricultura y su alimentación ocupando y destruyendo sus
territorios.
Un hilo común atraviesa todas estas noticias y se
fortalece como metáfora aleccionadora de las pretensiones de estos sectores: la
soja [soya] transgénica y su invasión de territorios en el Cono Sur intenta ser,
de hecho, la “República Unida de la Soja”.
Así, el lock-out
patronal de los terratenientes sojeros de la Argentina que ocurrió en 2008
mostró la senda de lo que luego en Bolivia se convirtió en una feroz agresión
cargada de odio, desprecio por la vida humana y racismo contra los pueblos
originarios.
Allí aparece en escena como uno de los principales
dirigentes de la “Media Luna” el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz,
Branco Marinkovic, que “casualmente” resulta ser uno de los grandes productores
de soja de la región.
En los días de pleno recambio democrático que
llenó de esperanzas al pueblo paraguayo, el país se vio también brutalmente
conmocionado por la represión contra campesinos que incluso llevó a la muerte al
campesino Bienvenido Melgarejo y con los grandes terratenientes anunciando que
van a recurrir a las armas para defender sus latifundios.
En
Uruguay y en medio de suaves presiones gubernamentales para establecer
restricciones sobre el incremento de las áreas para el cultivo de soja con la
creación de un Plan de Producción Agrícola también los grandes sojeros hicieron
oír su voz y sembraron de amenazas los grandes medios.
Desde sus
autoridades, Brasil ya se rindió a los transgénicos y ha convertido a la ctnBio
en una puerta de aprobación automática de todo los que las corporaciones
desean.
Uruguay levantó la moratoria a la aprobación de nuevos
transgénicos y abrió así las puertas para el ingreso de las “nuevas” mercancías
transgénicas de Monsanto. No es casual que la soja transgénica aparezca en
muchas noticias: es simplemente un instrumento del control corporativo de la
agricultura y el control territorial que llega de la mano de las agroempresas y
sus patrones, los grandes productores y las corporaciones
transnacionales.
Por supuesto que cada uno de estos actores tiene
mecanismos de acción diferenciados: las corporaciones permanecen silenciosas y
hacen sus negocios mientras invierten enormes sumas en publicidad en los medios
masivos de comunicación de manera de tenerlos siempre a su favor y que nunca se
publiquen en ellos los cuestionamientos públicos que reciben. También son
quienes logran los apoyos de Estados Unidos en aquellos casos en que se necesita
la intervención política directa o bajo las sombras.
En cambio, los
grandes productores sojeros son los que hacen el trabajo sucio con distinto
grado de brutalidad, pero siempre brutalmente demuestran su desprecio por la
vida y la dignidad humana para consagrarse al único dios que conocen: el Dios
Dinero. Entonces ellos sí pueden cortar rutas, desabastecer ciudades, asesinar
campesinos o dividir un país.
La República Unida de la Soja
permanece con sus murallas altas y su reino de especulación y muerte en el
poder. Puede ser que detrás de la caída del muro financiero del capitalismo
global también empiecen a caer las murallas de esta República. Los pueblos están
listos para seguir haciéndose cargo de sus vidas y su alimentación.
argenpress
MILES
DE PERSONAS MÁS SE VEN OBLIGADAS EN COLOMBIA A HUIR DEL CONFLICTO
ARMADO.
Entre 3 y 4 millones de personas se han visto obligadas en
Colombia a abandonar sus hogares debido al prolongado conflicto armado. Se cree
que al menos 500.000 personas más han huido a países
vecinos.
Colombia es uno de los países con mayor población
desplazada internamente del mundo. El número de desplazados sigue aumentando,
según un nuevo documento de Amnistía Internacional, publicado el mes
pasado.
El informe titulado Todo queda atrás : desplazamiento
interno en Colombia cuenta que unas 380.000 personas tuvieron que huir de sus
hogares en 2008, lo que supuso un aumento de más del 24 por ciento con respecto
a 2007, según las cifras proporcionadas por la organización de derechos humanos
CODHES (Consultoría para los Derechos Humanos y el
Desplazamiento).
"La difícil situación humanitaria imperante en
Colombia es una de las mayores tragedias ocultas de hoy día y desmiente la
afirmación del gobierno colombiano de que el país ha superado su turbulento
pasado", ha manifestado Marcelo Pollack, director adjunto del Programa para
América de Amnistía Internacional.
La mayoría de las personas
desplazadas huyen de la violencia derivada de los 40 años de conflicto armado
interno : muchas han sido sometidas deliberadamente a hostigamiento por la
guerrilla, los paramilitares y las fuerzas de seguridad en el marco de
estrategias que tienen por objeto expulsar a comunidades enteras de zonas de
importancia militar, estratégica o económica.
La gran mayoría de
las personas afectadas son miembros de comunidades indígenas, afrodescendientes
y campesinas, que en muchos casos viven en zonas en las que las partes en el
conflicto están interesadas.
Gran parte de la riqueza acumulada por
los paramilitares y por quienes les respaldan dentro de la política y el sector
empresarial está basada en la apropiación indebida de tierras por medio de
violencia o amenazas de violencia. Se calcula que se han robado de este modo
entre cuatro y seis millones de hectáreas de tierras que pertenecían a millares
de campesinos, comunidades indígenas y afrodescendientes.
La
mayoría de las personas desplazadas huyen de sus casas precipitadamente, en
situaciones de amenaza inminente para su vida. Algunas se ven separadas de sus
familias o sus comunidades y tienen que huir llevando consigo únicamente lo que
puedan transportar. La mayoría sufren luego discriminación en cualquier sitio al
que vayan, y no tienen perspectivas de regresar alguna vez a su
hogar
Una persona desplazada dijo a una delegación de Amnistía
Internacional enviada a Colombia : "Me tocó salir de la vereda. La violencia me
ha azotado. Hay presencia de PM [paramilitares] y ejército y de la guerrilla. Me
mandaron papelito diciendo que me iban a matar. El papelito me llegó una noche
[...] Una noche llegó un tipo con un arma a mi casa. Nos dio susto. Eran las 8
de la noche. No era para bueno. Estaba rodeando la casa con arma, nadie de la
familia lo ha visto, pero un vecino sí lo vio. Me dijeron, mejor que se vaya. Yo
salí con la familia, mi hija mayor y su niño incluida. Somos siete en
total".
Amnistía Internacional ha pedido a todas las partes en el
conflicto que respeten el derecho de la población civil a no verse involucrada
en el conflicto.
Asimismo, la organización ha instado a las
autoridades colombianas a que tomen medidas efectivas para impedir el
desplazamiento forzado, mejorar la protección de la población civil e
identificar y devolver a sus legítimos propietarios o a sus familias todas las
tierras y demás bienes robados.
"Hasta que las autoridades
colombianas no reconozcan las verdaderas consecuencias del conflicto la
posibilidad de que los derechos humanos de los millones de personas afectadas
estén protegidos serán mínimas", ha añadido Marcelo
Pollack
©
Amnistía Internacional
ì
RTF: http://archive.attac.org/attacinfoes/attacinfo514.zip
PDF:
http://archive.attac.org/attacinfoes/attacinfo514.pdf
Gracias por hacer circular y difundir esta
información.
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