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Debe ampliarse la movilización por el Acuerdo del Intercambio Humanitario

Debe ampliarse la movilización por
el  Acuerdo del Intercambio Humanitario
Luis Jairo Ramirez H.
Comité por los Derechos Humanos
 
Desde los años 40 del siglo pasado Colombia vive una larga y dolorosa confrontación entre colombianos, generada por una sistemática violencia  desde el propio Estado, que derivó luego en resistencia campesina y termino después en una cruenta confrontación armada. La violencia generalizada ha dejado miles de victimas de todo tipo (Asesinatos políticos, masacres, desapariciones, desplazamiento forzado, Genocidios, detenciones arbitrarias, torturas, secuestro, etc.).  Diversos informes y fallos judiciales de Instituciones internacionales han coincidido en señalar al Estado y sus grupos paramilitares como los principales responsables de estos crímenes.
 
Sin embargo el conflicto, que se ha prolongado hasta nuestros días, ha demostrado la imposibilidad de un triunfo militar de alguna de las partes. La población Colombiana se encuentra agobiada con los efectos de la guerra, por lo cual diversas organizaciones de la Sociedad venimos impulsando la propuesta de una solución política negociada al mismo, objetivo que no excluye la posibilidad de implementar acuerdos humanitarios, entre ellos un acuerdo para la liberación de los secuestrados en poder de las guerrillas y de los prisioneros insurgentes en poder del Estado.
 
Desaparición forzada y Secuestro
 
Desgraciadamente el secuestro de civiles es un fenómeno que se ha extendido en el país y que es usado unas veces como instrumento político y otras como mecanismo para obtener recursos económicos para  los propósitos de la guerra. También tenemos el caso de la retención de combatientes que se da en medio de la confrontación militar.
 
Diversos estudios plantean que el secuestro no es el único método utilizado en Colombia para privar a las personas de la libertad; particularmente desde la década de los 80 se ha venido practicando en Colombia el terrible crimen de la detención-desaparició n (que es otra expresión del secuestro, en el cual han resultado responsabilizados muchos funcionarios del Estado, como es el caso del Coronel Plazas Vega en el caso del palacio de Justicia) con el agravante de que las víctimas de este flagelo nunca regresan al seno de sus familias y ni siquiera es posible que ellas logren obtener los cuerpos de sus seres queridos para su sepultura y el duelo familiar. En los últimos 20 años han sido desaparecidos mas de 10 mil ciudadanos colombianos sin que hasta ahora el Estado haya devuelto sus restos..
 
Indudablemente el secuestro, la retención de combatientes, la detención-desaparició n, la toma de rehenes, las masacres, los homicidios políticos, el desplazamiento, la tortura y muchas otras atrocidades cometidas contra los seres humanos, son indicativos de la gravedad y deterioro del conflicto interno. Lamentablemente para muchos colombianos y colombianas esta terrible realidad pasa a diario inadvertida e indolente hasta el día en que cualquiera de estos flagelos toca a su puerta.
 
Los familiares de las víctimas -con sobrada justificación- abogan por la vida y la libertad de sus seres queridos por encima de consideraciones jurídicas o de “razones de Estado”, invocando consideraciones humanitarias: algunos de los suboficiales del Ejército y la Policía , por ejemplo, llevan más de nueve (9) años en cautiverio y varios parlamentarios y políticos llevan alrededor de cinco años, a pesar de los problemas de salud que muchos de ellos presentan.
 
El Estado tiene la obligación de facilitar el Intercambio Humanitario
 
A pesar de los reiterados pronunciamientos y movilizaciones de los familiares, organizaciones de derechos humanos, expresidentes, personalidades nacionales e internacionales, la Iglesia y la comunidad Internacional, pidiendo a  la insurgencia y el Gobierno nacional un entendimiento mutuo para la liberación de los retenidos, muchos de ellos han muerto en medio de los operativos de guerra.
 
El Estado, que tiene la obligación constitucional de velar por la vida y la libertad de  los secuestrados, niega la existencia del conflicto armado interno, involucra cada vez mas a civiles en el conflicto, ha mantenido una actitud dilatoria, reticente al dialogo, de continuos engaños a los familiares, haciendo prevalecer la orden del rescate a sangre y fuego. El Presidente Uribe ha puesto por encima de las consideraciones humanitarias y el clamor nacional por una salida dialogada  del problema su revancha personal y política contra las guerrillas.
 
Este tipo de situaciones no es nuevo en el país. En el pasado los secuestros de los diplomáticos de la Embajada de la Republica Dominicana por parte del M.19; de Juan Carlos Gaviria (hermano del expresidente liberal Cesar Gaviria);  de los prisioneros de guerra del Putumayo y el Caquetá en poder de las FARC y otros casos mas, fueron resueltos positivamente a través de un espíritu de dialogo, sin traumatismos ni condiciones previas y con el acompañamiento de entidades internacionales. Luego, nadie entiende porque el actual gobierno se niega a generar condiciones para una solución constructiva de los secuestrados y detenidos.
 
Las gestiones del Presidente Chávez y la Senadora  Piedad Córdoba
 
La decisión del presidente Álvaro Uribe de dar por terminadas las gestiones del presidente Venezolano Hugo Chávez y la Senadora Piedad Córdoba en busca de un Intercambio Humanitario de guerrilleros por secuestrados ha estremecido el ánimo de los familiares, la opinión pública nacional y la Comunidad Internacional.
 
Durante los cinco años de gobierno del presidente Uribe solo se han ensayado rescates militares con un saldo trágico de 25 secuestrados muertos. El propio gobierno, a través de su “Comisionado de paz” Luis Carlos Restrepo, obstruyó reiteradamente las gestiones de mediación que intentaron hacer diversos facilitadores en busca de una salida incruenta a esta tragedia humana.
 
A pesar de los incesantes inamovibles del presidente Uribe, los esfuerzos del Presidente Chávez y la Senadora Piedad Córdoba han sido quizá los que han logrado estar más cerca de un resultado positivo que fue frustrado por la intempestiva decisión del gobierno de interrumpir esta mediación; decisión que no consultó la opinión de los familiares, que además está generando una grave crisis en las relaciones de los dos países y que sin dudarlo afectará sus relaciones comerciales que asciende a unos 6 mil millones de dólares.
 
¿Qué va a pasar con las personas privadas de la libertad?
 
La opinión pública a conocido pruebas de vida de militares y políticos en poder  de las FARC. Sin duda, estos testimonios interceptados por la inteligencia militar, demuestran dos cosas: 1) que evidentemente habían fuertes operativos militares para entorpecer que estas pruebas pudieran llegar oportunamente a su destino 2) Las pruebas de supervivencia son el fruto de la gestión de la Senadora PIEDAD CÓRDOBA y el Presidente HUGO CHÁVEZ.
 
 Después de la lamentable decisión del Presidente Uribe quedan enormes dudas por resolver: ¿Qué va a pasar con las personas privadas de la libertad?, ¿es realista designar de nuevo al Comisionado de Paz quien solo ha logrado entendimientos con los paramilitares pero no ha obtenido avances en la negociación con el ELN y mucho menos resultados en las gestiones con las FARC?, ¿pasarán los dos periodos de gobierno del Presidente Uribe sin un acuerdo humanitario?
  
Como lo ha señalado Monseñor Castro: “No es posible estar pensando en una nueva reelección presidencial cuando ni siquiera se ha logrado la libertad de los retenidos”.
 
El amplio espectro democrático del país considera que debe retomarse la dinámica generada en Venezuela. Es importante seguir aprovechando la experiencia que ha acumulado la Senadora Piedad Córdoba  e impulsar las iniciativas de movilización  que sean necesarias hasta que los retenidos y los presos políticos logren su libertad.
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