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----- Original Message -----
Sent: Wednesday, August 22, 2007 9:32 PM
Subject: Inoltra: APOYO URGENTE
Compañeros
y compañeras: Si logramos detener la construcción de la enorme
Presa La
Parota en México sería un antecedente importante del movimiento
social,
por la defensa del derecho de los pueblos, por la defensa del agua
y los
ríos, del territorio y del medio ambiente. Pese a la voluntad popular
expresada en asamblea de campesinos, el gobierno pretende seguir con la
construcción de un proyecto que ya ha costado vidas y represión. Por
favor,
expresen su adhesion a este manifiesto de sus redes y
organizaciones en lo
individual. Se está a un paso de ganar
definitivamente....
Gracias
Gustavo
Castro
Mapder/México
MANIFIESTO INTERNACIONAL
Exigimos el
respeto a la voluntad de los pueblos y condenamos la imposición
del
Proyecto Hidroeléctrico La Parota.
El gobierno de México y el gobierno del
Estado de Guerrero pretenden
desconocer la voluntad del núcleo agrario
indígena de Cacahuatepec, quien
el pasado 12 de agosto durante una
asamblea legal regida por usos y
costumbres atendiendo el derecho a la
libre consulta de los pueblos-,
manifestó su rechazó a la construcción del
proyecto hidroeléctrico La
Parota dentro de su territorio. Los asistentes
votaron contra el
megaproyecto después de que la Comisión Federal de
Electricidad (CFE)
expuso los “beneficios” que traería, y cuatro
especialistas independientes
informaron acerca de los perjuicios de la
obra.
Es importante destacar que el antecedente de la mencionada asamblea
del 12
de agosto del 2007, ha sido una estrategia de imposición a toda
costa del
proyecto hidroeléctrico La Parota instaurada desde la CFE y el
gobierno de
Zeferino Torreblanca Galindo. Esta estrategia de imposición se
ha
caracterizado por la invasión de territorios comunales sin autorización
de
los dueños de la tierra, la criminalización de los campesinos
opositores,
el uso de las fuerzas públicas como método represivo, la
realización de
obras públicas y el reparto de sumas económicas de dinero
para manipular el
convencimiento de la gente y la simulación de asambleas
agrarias a través
de las cuales el gobierno ha pretendido justificar la
voluntad de los
campesinos para despojarlos de sus tierras, mismas que al
día de hoy ya
fueron declaradas ilegales por el Tribunal Unitario Agrario
de Acapulco,
Guerrero.
En este sentido la asamblea llevada a cabo el 12
de agosto, es destacable
pues significó la participación activa de más de
3 mil campesinos y
campesinas que escucharon la información vertida por el
gobierno a través
de la CFE, además de la opinión de expertos
independientes de las materias
ambiental, energética y económica, quienes
reseñaron la debilidades y los
efectos negativos de la presa
hidroeléctrica La Parota. Esta circunstancia
permitió a los comuneros,
avecindados y posesionarios contar con la
información requerida para
formarse un juicio objetivo libre de influencias
políticas o de cualquier
otra índole, y fue justamente en este contexto en
el que de forma libre,
unánime y contundente manifestaron su rechazo al
proyecto
hidroeléctrico.
Resultado de la voluntad de la mayoría, el Consejo de
Ejidos y Comunidades
Opositores a La Parota (CECOP) y la autoridad comunal
de Cacahuatepec (que
es reconocida solamente por el gobierno), firmaron un
“convenio
conciliatorio” en el que establecen que el Comisariado de los
Bienes
Comunales no convocará a ninguna asamblea más relacionada con la
expropiación de la tierras para poder construir la presa La Parota. Ahora,
las autoridades estatales y la propia CFE, con el respaldo del gobierno
federal, ante la evidente manifestación de los campesinos en contra del
proyecto, esgrimen argucias como que “la asamblea era informativa no
resolutoria” y que por lo tanto no es válida la negativa frente a la
hidroeléctrica, ni el convenio firmado.
Las organizaciones que aquí
firmamos queremos recordarle a las autoridades
que la consulta es un
derecho fundamental de los campesinos e indígenas de
los Bienes Comunales
de Cacahuatepec, que en su contenido no sólo implica
el que tengan la
información suficiente para formarse una opinión, sino que
también lleva
implícito la garantía de que una vez obtenida la información
real y veraz
en torno al proyecto, cuentan con la potestad de emitir su
opinión al
respecto y fue justamente lo sucedido el 12 de agosto del 2007.
Más aún:
además del derecho a la consulta reconocido en el Artículo 2º
Constitucional e incluso en el Numeral 6º del Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), el derecho interno mexicano
establece prerrogativas que protegen la propiedad social de los
campesinos.
De esta forma, el Artículo 23 de la Ley Agraria establece que
el órgano
supremo de toma de decisiones es la asamblea general, lo cual es
fortalecido por el propio Artículo 95 de la misma Ley, que establece:
“Queda prohibido autorizar la ocupación previa de tierras aduciendo que,
respecto a las mismas, se tramite expediente de expropiación, a menos que
los ejidatarios afectados o la asamblea, si se trata de tierras comunes,
aprueben dicha ocupación”. Es decir, en resumidas cuentas, la ley agraria
vigente en México brinda de manera manifiesta a favor de los campesinos su
derecho a la consulta, incluida la decisión sobre el destino de sus
tierras, tal como sucedió el 12 de agosto, cuando la asamblea al ser
informada hizo válido su derecho a la consulta tomando su decisión de
rechazar la presa hidroeléctrica.
Aunado a lo anterior, en septiembre
del año pasado la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN), al
resolver cinco casos de expropiación de
ingenios azucareros emitió una
Jurisprudencia contundente en el sentido de
que no se puede expropiar sin
respetar el derecho de audiencia de los
dueños de la tierra antes de la
emisión de cualquier decreto expropiatorio,
y que en materia agraria, es
la asamblea general de comuneros la que tiene
que dar su anuencia o su
rechazo a la expropiación.
Por ello es que hoy demandamos al Gobierno
Federal, al Gobierno de Guerrero
y a la Comisión Federal de Electricidad,
el respeto a la decisión de los
pueblos campesinos e indígenas que serían
afectados por el proyecto
hidroeléctrico La Parota, pues el 12 de agosto
del presente año, haciendo
uso de su derecho humano fundamental de ser
tomados en cuenta en las
decisiones públicas que los afectan directamente,
y de las propias
garantías que otorga el marco legal mexicano, en asamblea
general
manifestaron de forma abierta, expresa y contundente su rechazo al
proyecto
hidroeléctrico La Parota.
Si el presidente de México, Felipe
Calderón Hinojosa; el gobernador de
Guerrero, Zeferino Torreblanca
Galindo; y la Comisión Federal de
Electricidad no acatan la decisión de
los pueblos, estarán dando muestras
evidentes de que su objetivo último es
imponer a toda costa la presa
hidroeléctrica La Parota, y con ello generan
el riesgo real y fundado de
que se orille a las comunidades a defender su
patrimonio por la vía de los
hechos.
(Las organizaciones
firmantes:)
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