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de la defensa integral de los DDHH
obliga a otorgar una alta prioridad a la lucha a través de la Justicia contra la
impunidad de los responsables de crímenes de lesa humanidad, perpetrados bajo
diversas formas de terrorismo de estado. Memoria, Verdad y Justicia han sido las
tres nociones fundamentales que han guiado el quehacer de todos los organismos
de DDHH de la Argentina a lo largo de más de tres décadas.
Esta
obligación ética ha llevado a los organismos de derechos humanos a realizar un
esfuerzo permanente en la sanción de la legislación pertinente y también en la
transformación del Poder Judicial, para que éste cumpla el papel que le
corresponde en la defensa de los derechos fundamentales de todos los habitantes
del territorio nacional, contribuyendo así a la tarea de afianzar la democracia
en nuestro país.
No cabe duda que si se mantiene la impunidad en relación
a los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el marco del Terrorismo de
Estado, poco pueden esperar de la justicia quienes integran nuestra
sociedad.
La urgencia de hacer Justicia es mayor cuanto más prolongada
haya sido la impunidad.
Es hora de llevar a la Justicia a los
responsables de los crímenes de Estado de lesa humanidad, cometidos por la
TRIPLE A y por organizaciones de similares características que existieron en
varias provincias argentinas.
La conducción de este brazo criminal
paraestatal estuvo en manos de José López Rega quien era miembro del gabinete de
gobierno. Las amenazas y crímenes de esta organización fueron realizados de
manera no encubierta, firmados al estilo mafioso, para instalar el terror en la
sociedad argentina. Sus recursos empleados en el funcionamiento eran del Estado,
que aseguró la impunidad de sus miembros durante largos años.
Los
asesinatos, torturas, privaciones ilegítimas de la libertad, la desaparición
forzada de personas, el exilio y la persecución sistemática de los asilados
violando las convenciones de Naciones Unidas adoptadas por la Argentina,
constituyen Crímenes de Estado aberrantes que claman por Justicia.
La
APDH apoya la prosecución y profundización de los juicios a los responsables de
estos hechos aberrantes y reitera que la Justicia es la institución pública que
debe poner fin a la impunidad.
No cabe ninguna duda que los horrores
vividos por nuestra sociedad durante un largo período de esta historia han sido
posibles por la profunda crisis político, institucional y económica.
Es
fundamental que la justicia pueda actuar sin interferencias de actores
políticos, económicos y formadores de opinión que apoyaron las dictaduras y el
modelo neoliberal quienes pretenden impedir que se de un paso importante para
contribuir a la construcción de una sociedad más justa, igualitaria y
participativa.
La APDH es conciente de la larga historia de persecución
política-ideológica creciente en Argentina. Sabemos que este es un capítulo de
la historia de nuestro país que aún debe ser investigado y escrito por nuestros
historiadores presentes y futuros.
Lo que es imprescindible ahora es
hacer justicia en el tramo de nuestra historia más reciente, período en el que
todavía hay muchos protagonistas de los Crímenes de Estado, víctimas que
sobrevivieron y testigos de los hechos. |