Inoltra: HONDURAS

[Luca Pulitini <lpulitini at yahoo.it>]

de "ElTiempo"



Denuncia/ Organizaciones

El gobierno de Maduro revive doctrina de seguridad nacional

En un "terrorismo de Estado" trata de vincular dirigentes populares con
Cuba y Venezuela y las FARC, sostienen

TEGUCIGALPA. El gobierno del presidente Ricardo Maduro implanta de nuevo la
doctrina de seguridad nacional que incluye penetración e infiltración de
organizaciones sociales, vigilancia física, vigilancia electrónica de
dirigentes populares, allanamientos ilegales de sedes, robo de bases de
información y otros actos, denunciaron ayer dirigentes populares.

La denuncia fue formulada por la coordinadora del Comité de Familiares de
Detenidos y Desaparecidos de Honduras (COFADEH), Bertha Oliva; el
presidente de la Federación Unitaria de Trabajadores de Honduras (FUTH),
Juan Barahona Mejía; la representante del Centro de Prevención contra la
Tortura, Alba Mejía; y la diputada de Unificación Democrática, Doris
Gutiérrez.

Un comunicado oficial de COFADEH establece que esta doctrina de seguridad
nacional también busca supuestas vinculaciones de las organizaciones
populares con el tráfico de armas para las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia (FARC), vinculación política y logística a gobiernos de Cuba y
Venezuela, así como detenciones ilegales y asesinatos políticos y "en una
suma, terrorismo de Estado".

Como ejemplo pone el allanamiento ilegal contra la residencia de la
profesora Elsa Marina González, ex esposa del dirigente del Colegio de
Profesores de Educación Media de Honduras (COPEMH), Sergio Rivera. También
menciona que hubo difusión en el 2002 y 2003 de una lista de nombres de
dirigentes sociales que investiga el Ministerio de Seguridad por supuestas
vinculaciones con las FARC y con el gobierno del presidente venezolano Hugo
Chávez.

Establecen que entre los nombres que figuraban en esa lista que llegó a
manos del comisionado de Derechos Humanos, Ramón Custodio López, está
Carlos H. Reyes y Juan Barahona.  El informe destaca que en mayo del 2002,
el agente Walter Jairo Zúniga, por instrucciones del jefe de la Dirección
General de Investigación Criminal (DGIC), Napoleón Nazar Herrera,
entrevistó a Juan Barahona en un intento por relacionarlo con enemistades
personales para justificar su desaparición y muerte.

Manifiesta que este agente apareció asesinado en julio del 2002 dos meses
después de haberse negado a participar en el plan de Nazar Herrera en
contra de dirigentes sociales.  El boletín señala que en septiembre de
2003, los hijos de Bertha Oliva fueron objeto de amenazas a muerte y ella
fue perseguida por individuos que se conducían en carros con placas falsas
y vidrios polarizados.  Detalla que el 10 del presente mes fue allanada la
sede de la organización internacional Vía Campesina, localizada en la
colonia Alameda de Tegucigalpa, por hombres encapuchados que se robaron
tres discos duros de computadoras, el módem para conexión a internet y un
VHS.

"El 14 de julio a las 4:00 de la tarde fue rota a patadas por hombres
desconocidos la puerta de la casa del dirigente campesino Daniel Yánez en
El Progreso, Yoro", agregó.  Recalca que el 15 del presente mes fue
allanada la residencia de Juan Barahona Mejía, ubicada en la colonia Cerro
Grande, donde los agentes destruyeron el techo, enseres domésticos y
mobiliario en busca de armas.

El COFADEH solicitó al comisionado de Derechos Humanos, Ramón Custodio
López, una investigación que incluya la suspensión previa del director de
la DGIC, Nazar Herrera, y del ministro de Seguridad, Oscar Alvarez, por su
implicación indiscutible en los hechos reseñados.

"A la cooperación internacional solicitamos mayor prudencia al respaldar a
un gobierno violador de los derechos humanos que carga como un expediente
mortal un promedio mensual de 40 personas asesinadas con impunidad, y que
persigue a la oposición social y política con las mismas técnicas de la
doctrina de seguridad nacional ejecutada por Gustavo Alvarez entre 1980 y
1984", señaló.

"Pedimos a nuestros vecinos incluidos el cardenal Oscar Andrés Rodríguez y
el nuevo obispo auxiliar, monseñor Juan José Pineda, que mantengamos los
ojos bien abiertos porque quizás estemos incluidos dentro de las nuevas
víctimas", añade el COFADEH.

AGENTES

* Los agentes que allanaron la residencia del dirigente popular Juan
Barahona Mejía destruyeron el techo, enseres domésticos y provocaron pánico
a los menores de edad que en la casa se encontraban.

* La Fiscalía de Derechos Humanos, a cargo de Aída Romero, realizó una
inspección en la residencia en el marco de las investigaciones que llevan a
cabo en el caso.






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