Documentazione Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas

["info.selvas.org" <info at selvas.org>]

Cara Lista Latina,

Selvas.org ha ricevuto dal Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas del Mexico una discreta quantità di materiale inerente aala situazione dei Diritti Umani in Chiapas e in particolare sul processo relativo al caso del "Masacro de Acteal" del 22 di dicembre del 1997.

Per non mandare questi allegati in lista, che la intaserebbero

CHIEDO A CHI FOSSE INTERESSATO ALLA DIFFUSIONE DI QUESTI DOCUMENTI

di riscrivere a info at selvas.org chiedendo degli stessi e rimanderò via email i documenti.

Approfitto di questa comunicazione per inviarVi la lettera di accompagnamento ai documenti sopraccitati.

Un saluto solidario e grazie del lavoro!


Martin Iglesias
Presidente e coordinatore volontario
Associazione Culturale SELVAS.ORG

http://www.selvas.org
Osservatorio Indipendente sulla Regione Andina
mail to: info at selvas.org

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Oggetto: Campaña "Acteal, no a la impunidad"

Estamos enviando información referente  a la situación de derechos humanos en
el estado de Chiapas, México.  Concretamente, sobre el caso de la Masacre de
Acteal.  Incluimos los informes actualizados de la situación jurídica del caso
y el texto de la carta abierta, la cual le proponemos firme usted y/o su
organización para presionar así, a las autoridades encargadas de la
administración e impartición de justicia, y contemplen los principios básicos
de la justicia en sus sentencias.


El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas manifiesta su
preocupación ante la persistente dilación en la impartición de justicia del
gobierno mexicano ante la Masacre de Acteal, perpetrada el 22 de diciembre de
1997, en donde 45 tsotsiles: 15 niños, 21 mujeres, cuatro de ellas embarazadas
entre diez semanas a cinco meses, y 9 hombres, fueron masacrados, además de 25
heridos, sin que los Policías de Seguridad Pública acuartelados a escasos 200
mts, intervinieran en su ayuda.

Los gobiernos estatales y federales se han negado a reconocer las evidencias
que señalan el origen de la masacre en acciones que se generan en un contexto
de guerra, esto ha permitido que la defensa de los inculpados quiera confundir
a la opinión pública sobre los verdaderos motivos de la masacre, señalando que
se trata de un problema religioso, recurriendo para ello a lagunas legales como
parte de su estrategia de protección a los culpables, ya que mientras no
existan reformas que integren un tipo penal especifico sobre grupos
paramilitares, se seguirá utilizando términos como el de grupos civiles
armados, consiguiendo con ello minimizar el carácter contrainsurgente de éstas
organizaciones.

Asimismo consideramos que la consignación por separado de los acusados debilita
la concatenación de hechos como son los crímenes anteriores a la Masacre, las
diversas reuniones que los agresores tenían para presionar a la gente con el
objeto de exigirles aportaciones para adquirir armas, la protección a civiles
por parte de agentes de la policía, como consta en declaraciones ministeriales,
donde el suboficial Felipe Vázquez Espinosa implica a su jefe el primer oficial
Absalón Gordillo diciendo que él les ordenaba proteger a los paramilitares.

El órgano judicial se ha negado a cumplir los principios básicos de justicia:
derecho a la verdad, juicio justo, reparación del daño (ninguna de las
sentencias que han quedado firmes, condenan al pago de reparación del daño), y
tampoco se han dado garantías de no repetición del acto.

En su momento se iniciaron 13 averiguaciones previas que dieron lugar a sus
respectivas causas penales, únicamente algunas se acumularon para quedar tan
sólo 11 causas, cuando el deber del órgano judicial era integrar todas aquellas
que están directamente relacionadas con la Masacre en una sola, puesto que
todas las acciones delictivas se llevaron a cabo en un sólo acto.

A todo esto debemos agregar que al revocarse los autos de formal prisión por el
probable delito de asociación delictuosa, se logra la fragmentación de los
hechos y circunstancias.

Solamente se han procesado 15 funcionarios de bajo nivel, dejando en la más
completa impunidad la coparticipación y responsabilidad de Ernesto Zedillo
Ponce de León quien fungía como Presidente de la República, Emilio Chuayffet
como secretario de gobernación, Julio César Ruiz Ferro gobernador del Estado
(que fue informado oportunamente de la situación y no actuó para evitar la
Masacre), entre otros; a pesar que los delitos de coalición de funcionarios,
ejercicio indebido de servicio público y delitos cometidos en la administración
de justicia están claramente relacionados con las obligaciones que a sus cargos
competen.

Así mismo los testimonios acreditan que funcionarios estatales consentían que
civiles portaran armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas, además de
utilizar vehículos y bienes públicos para transportar a civiles armados.

El Estado propició la disolución de la Fiscalía Especial creada el 1º de abril
de 1998, minimizando y dilatando el proceso de administración de justicia,
reduciendo dicha instancia en una simple área que depende de la Subdelegación
de Procedimientos Penales “A”,  de la Delegación de la Procuraduría General de
la República en Chiapas, quedando como responsable del área el MP adscrito al
Juzgado Segundo de Distrito, donde actualmente se encuentran abiertas 2 Causas
Penales Segundas contra civiles.

Este Centro hace un llamado urgente a las autoridades federales y estatales
para que todas estas irregularidades que ha entorpecido el proceso judicial,
sean atendidas con prontitud, apego a la verdad y a la justicia, ya que de lo
contrario el argumento de la defensa de los inculpados, con respecto a la
filiación religiosa como motivo de la Masacre, seguirá confundiendo a la
opinión pública y en el peor de los casos se convertirá en una presión política
que desvirtúe aún más el proceso judicial.

También le convocamos para que se manifieste en contra de la impunidad y la
denegación de justicia que  convierte a la sociedad mexicana en otra víctima de
la Masacre de Acteal enviando cartas que exijan a las autoridades federales y
estatales para que se apeguen a los principios fundamentales de la justicia:
derecho de las víctimas y la sociedad  a conocer la verdad, reparación integral
de los derechos vulnerados y garantías de que no se repitan jamás hechos como
la masacre de Acteal.

Si usted o su organización tienen interés en recibir más información sobre la
evolución del Caso Acteal y sobre la situación de derechos humanos escribanos
para incluirlo en nuestra lista de envíos electrónicos de información.



Unidad de Comunicación
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C.
Teléfonos (967) 6787395 - 6787396 - 6783548
Brasil 14 Barrio de Mexicanos, CP 29240
San Cristóbal de las Casas, Chiapas. México
http://www.frayba.org.mx

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C (FrayBa) es una
organización de promoción y defensa de los derechos humanos en el estado de
Chiapas, México. Las premisas orientadoras de su labor son: La integralidad y
la indivisibilidad de los Derechos Humanos, el respeto a la diversidad cultural
y al derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas. La justicia
integral como requisito para la paz. El desarrollo de una cultura de diálogo,
tolerancia y reconciliación con respeto a la pluralidad cultural y religiosa.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C es una
organización no gubernamental sin fines de lucro.