COLOMBIA: Amnesty denuncia "Un laboratorio di guerra"

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AI INDEX: AMR 23/019/2004     20 Abril 2004 AMNISTÍA INTERNACIONAL 

COMUNICADO DE PRENSA


Índice AI: AMR 23/'019/2004 (Público)
Servicio de Noticias 090/04 
http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAMR230192004


Colombia: Un laboratorio de guerra: La violencia aumenta en Arauca

Madrid.- La crisis de derechos humanos en la región fronteriza rica en
petróleo de Arauca se agrava a medida que las partes enfrentadas
intensifican sus esfuerzos para controlar por la fuerza los recursos
naturales del departamento, ha advertido hoy Amnistía Internacional.

La crisis de Arauca, departamento que se extiende a lo largo de la frontera
septentrional de Colombia con Venezuela, está alimentada por la ofensiva
militar y de seguridad que lleva a cabo el gobierno en la zona desde hace
dos años, con el apoyo de grupos paramilitares y de poderosos intereses
militares y económicos internacionales, principalmente estadounidenses.

Los grupos guerrilleros, que desde hace tiempo tienen presencia en Arauca,
vienen respondiendo con vulneraciones reiteradas y crecientes del derecho
internacional humanitario, en un intento de rechazar el avance del ejército
y los paramilitares.

En un nuevo informe publicado hoy, Amnistía Internacional condena la
estrategia contrainsurgente del gobierno en Arauca, que ha convertido el
departamento en un violento laboratorio de pruebas de muchas de sus nuevas
políticas de seguridad, que forman parte de lo que se conoce como estrategia
de «seguridad democrática».

«Las políticas del gobierno colombiano han ocasionado el aumento de las
violaciones de derechos humanos y de la impunidad. Como es habitual en
Colombia, es la población civil la que más sufre», ha declarado Amnistía
Internacional.

Las fuerzas armadas colombianas, los grupos paramilitares y los grupos
guerrilleros han potenciado de forma significativa su presencia en el
departamento, convirtiéndolo así en una de las regiones más militarizadas y
violentas del país.

Los grupos guerrilleros están atacando a civiles, en especial a los
funcionarios gubernamentales locales, y vulneran el derecho internacional
humanitario cometiendo reiterados ataques desproporcionados contra objetivos
militares en los que suelen utilizar bombas y morteros de baja precisión. Es
habitual que estos ataques se salden con víctimas civiles.

Las fuerzas armadas, en colaboración con grupos paramilitares, participan
directamente en homicidios, torturas y «desapariciones» y han aumentado sus
esfuerzos para intimidar a los defensores de derechos humanos, líderes
campesinos y activistas sociales, poniéndolos a menudo en peligro al
calificarlos de guerrilleros o simpatizantes de la guerrilla.

Silenciando a estos grupos ­en la vanguardia de las denuncias de las
violaciones de derechos humanos que cometen el ejército, sus aliados
paramilitares y los grupos guerrilleros­ las autoridades pueden mantener la
ficción de que mejora la situación de los derechos humanos.

Los paramilitares, que han afianzado su presencia en Arauca tras las
operaciones en gran escala realizadas por las fuerzas de seguridad
colombianas en la zona en los últimos años, siguen matando y amenazando a
los civiles a pesar del alto el fuego que ellos mismos declararon hace un
año.

«Arauca está en la primera línea de la crisis de derechos humanos de
Colombia. Lejos de restablecer el orden, la estrategia de seguridad del
gobierno ha convertido al departamento en un lugar aún más peligroso para
vivir», afirma Amnistía Internacional.

«El apoyo de Estados Unidos a unidades militares que actúan en Arauca
ilustra cómo la comunidad internacional cierra los ojos ante los abusos
contra los derechos humanos en Colombia. La protección de los civiles debe
tener más prioridad que los intereses económicos y estratégicos, y es la vía
más efectiva hacia la seguridad en la región».

Las medidas de seguridad del gobierno colombiano incluyen la reciente
introducción de una ley antiterrorista y las zonas de rehabilitación y
consolidación, áreas geográficas especiales de seguridad creadas en el 2002,
que ya no existen legalmente, a pesar de lo cual las fuerzas de seguridad
continúan utilizándolas para atacar a poblaciones civiles.