¿Ecuador de Lucio, tierra de Uribe?

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http://www.adital.org.br/asp2/noticia.asp?idioma=ES&noticia=10512
8.enero/2004 - Quito, Ecuador - Marcelo Larrea* para Adital - La detención
en Quito y la deportación inmediata de Ecuador del guerrillero Ricardo
Palmera, Simón Trinidad, conocido internacionalmente por su actuación como
vocero de las Farc, en las negociaciones de paz con el gobierno del ex
Presidente Pastrana, ha puesto en evidencia la extensión de las actividades
del gobierno del Presidente Colombiano, Alvaro Uribe, en territorio
ecuatoriano.

La operación realizada por el ejército de Colombia con un equipo de 8
militares de inteligencia, la participación confesa de la Embajada de EEUU
en Ecuador y de la CIA, fue el resultado de un sigiloso trabajo de 6 meses,
pero, según la información oficial del gobierno ecuatoriano, logró su
objetivo al estilo de Macondo, en una fortuita intervención de la policía
que se acercó a pedirle por accidente sus documentos, detectó
misteriosamente que sus nombres no correspondían a su identidad verdadera,
¿la conocían? Y lo detuvo, calificándolo de indocumentado.

Desafiando a la ficción, el mayor éxito del operativo es que el detenido sea
la misma persona sobre la cual medios colombianos afirman que hubo una
delación que le habría vendido por 800.000 dólares. El parte policial
informa que el suceso tuvo lugar el 2 de enero en la Avenida Amazonas a las
16:00h., y según las declaraciones de Trinidad al Intendente, ocurrió por
coincidencia ese mismo día pero en otro lugar y a otra hora, en la Avenida
Real Audiencia y a las 18.15h.

En tanto el Ministro de Defensa de Colombia, Jorge Alberto Uribe, celebró el
hecho como una acción ejemplar de la policía y el ejército de su país, de la
destacada ayuda estadounidense y del apoyo del gobierno y la policía de
Ecuador, curiosamente, en tercer y último término; el Ministro de Gobierno
ecuatoriano, Raúl Baca, no sabía nada y para el Comandante de la Policía,
Jorge Poveda, la detención se produjo en un operativo de rutina, cuyos datos
contradictorios son más incriminatorios que convincentes.

¿Quiénes detuvieron a Trinidad?

La verdad permanece oculta y con ella las respuestas a simples preguntas:
¿Cómo, cuándo y quiénes realmente detuvieron a Palmera-Trinidad? Los videos,
las declaraciones, las noticias que ha presentado la prensa, en Colombia y
EEUU, establecen en forma incontrovertible que fue el resultado de un
sofisticado operativo conjunto de la inteligencia de los dos países y
favorecen la versión de que fue detenido por agentes de EEUU y Colombia en
territorio ecuatoriano, manipulando a la policía local, lo que configura una
violación flagrante de la soberanía del país. Al respecto hubo un entente
entre Uribe y Lucio, o el primero actuó por cuenta propia y obtuvo luego el
encubrimiento del segundo. Cualquiera sea la respuesta, acusa a Lucio.

El guerrillero que se encuentra en un delicado estado de salud, afirmó que
pidió asilo político a las autoridades ecuatorianas, en su condición de
miembro de una organización político-militar, en defensa de su vida, de sus
ideas políticas y filosóficas.

Pero, sin tramitar su petición ni observar el debido proceso garantizados
por la Constitución y las leyes ecuatorianas y el derecho internacional, fue
deportado y entregado a manos de las fuerzas militares y policiales, en
oposición a las cuales ha combatido. La justicia de Ecuador y la de Colombia
por arte de magia desaparecieron, como si nada tuvieran que ver en un tema,
a todas luces, jurídico.

Pablo de la Vega, Coordinador del Centro de Documentación en Derechos
Humanos, denunció en Nueva York, que la detención y deportación del
insurgente viola las normas internacionales de derechos humanos que gozan de
mayor jerarquía que los acuerdos policiales bilaterales o multilaterales que
han invocado las autoridades para justificar sus actuaciones. Exigió, que si
él cometió algún delito en territorio ecuatoriano, la Ministra Fiscal
proceda a difundirlo públicamente y que, si se cumplieron los procedimientos
de migración para su deportación, se presenten las actas de las audiencias
previstas en la Ley para su juzgamiento y sanción. En éstos aspectos las
evidencias públicas, conocidas hasta hoy, indican que el operativo estelar
se cumplió al margen del derecho.

Soberanía escamoteada

El gobierno de Lucio intervino así, abiertamente, en un conflicto político
militar de un país vecino tomando partido, a lo que no le faculta el derecho
internacional ni la Constitución ecuatoriana que le obliga a respetar la
autodeterminación de las naciones y a contribuir a la solución pacífica de
las diferencias. Y en oposición incluso a sus declaraciones de promover una
solución negociada a la guerra y a sus intenciones de intervenir como
mediador en el caso, en las que a su tiempo incluyó su oferta de asilo a los
guerrilleros colombianos. Violó a más de la Constitución y las leyes de la
República, los principios del derecho internacional humanitario, como
aquellos que descansan en el secular principio católico, que ordena por
voluntad de Dios, proteger al indefenso de la ira o venganza de sus
adversarios, quién quiera que sea, e independientemente del crimen que se le
impute. Y ha permitido en forma flagrante que la soberanía, la autoridad
suprema de los poderes públicos de Ecuador en su territorio, sea escamoteada
por el ejército colombiano, la CIA y los demás no identificados
colaboradores estadounidenses que efectivamente intervinieron en el caso,
como lo ha afirmado el New York Times.

Como en un show preparado cuidadosamente con antelación, Simón Trinidad, fue
presentado en calidad de cuarto líder jerárquico de las Farc, con 155
órdenes de detención por homicidio y terrorismo. El instrumental mediático,
del gobierno del Presidente Uribe, desplegó una amplia campaña para
presentar el suceso como una victoria estratégica, dirigida a ratificar su
política de solución violenta de la amarga guerra que desangra su país desde
el asesinato de Gaitán en 1948 y que, ha tendido a generalizarse a partir de
la década de los sesenta, cuando 16.000 soldados fueron lanzados
criminalmente contra indefensas y humildes familias campesinas en
Marquetalia, dando origen a su lucha por defender su vida y con ella al
movimiento guerrillero armado conocido como las Farc.

A renglón seguido, se anunció el linchamiento del insurgente, acusándolo de
ser el autor de los crímenes más mediatizados en Colombia en lo que va del
nuevo milenio, la tragedia de Bojayá y la muerte de la ex Ministra de
Cultura, Consuelo Araujo, cuya responsabilidad Uribe atribuye a las Farc y
éstas a las Autodefensas Unidas de Colombia y a su gobierno. Y hay quienes
han promovido que sea extraditado a Estados Unidos, donde sería considerado
terrorista en los parámetros de moda del régimen Bush, en la perspectiva de
incluir el Plan Colombia abiertamente en la guerra antiterrorista del
Pentágono que ha protagonizado las invasiones de Afganistán e Irak.

El Comandante Raúl Reyes, uno de los principales líderes de las Farc,
reconoció el valor de Trinidad en su organización político militar, pero
aclaró que no es miembro de su Estado Mayor, ni de su Secretariado, ni
Comandante del Bloque del Caribe ni Jefe de Finanzas de las Farc, como lo ha
designado el gobierno de Uribe. Además ha aclarado que cuando ocurrieron los
dos crímenes que le imputan, él se encontraba en el Caguán muy distante de
los lugares de los hechos, como vocero de la guerrilla en las negociaciones
de paz con el gobierno de Pastrana, pudiendo esto ser verificado por la
prensa mundial.

El uso del gobierno de Alvaro Uribe, a la detención del rebelde, expone la
pretensión de usar a Trinidad como un chivo expiatorio, que le permita
presentar "éxitos", para alimentar su perspectiva belicista, en la que
detrás de sucesivos shocks mediáticos, no ha obtenido nada concreto, más que
la derrota en el plebiscito promovido por él mismo, en el cual, el pueblo
colombiano le negó los poderes que él le requería, para desencadenar una
guerra (¿infinita?) y un reiterado y visible fracaso en su pretensión de
derrotar a las Farc.

La gravedad del caso trasciende los límites coyunturales. Revela los
alcances del Plan Colombia y la nueva legislación represiva hace poco
aprobada por el Senado en Bogotá. Advierte los peligros de una intervención
más amplia de EEUU en la región y el establecimiento de operaciones
policíaco militares supranacionales, que actúan al margen del poder
judicial, de las Constituciones y leyes, del derecho internacional, de la
soberanía de los pueblos y las Repúblicas de Colombia y Ecuador, amenazando
los derechos inalienables de todos los ciudadanos.

* Marcelo Larrea es corresponsal de Adital en Ecuador y director de la
revista "el Sucre".


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