COLOMBIA:Paramilitares buscan impunidad internacional

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Constanza Vieira

BOGOTA, nov (IPS) - El paramilitar derechista Carlos Castaño, líder de las
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), busca un acuerdo de paz a su medida
con el gobierno, que incluya garantías internacionales contra eventuales
pedidos de extradición.
Colombia acaba de firmar un acuerdo con Estados Unidos que protege a los
ciudadanos estadounidenses de la jurisdicción de la Corte Penal
Internacional sobre delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y
crímenes de guerra, y "algo del mismo estilo" podría pactar con los
paramilitares el gobierno del presidente Alvaro Uribe, sostuvo Castaño en el
sitio de Internet de las AUC.

Al comenzar octubre, Washington descongeló cinco millones de dólares en
ayuda militar a Colombia, tras obtener de Bogotá el compromiso de pedir
permiso a la Casa Blanca antes de poner a un nacional estadounidense bajo la
jurisdicción de ese tribunal.

Castaño pidió a mediados de este mes garantías judiciales "nacionales e
internacionales" para los paramilitares que se desmovilicen en el marco de
una negociación en curso con el gobierno.

"No creemos que sea justo que se nos lleve a la cárcel", y "se requiere
tener la certeza" de que los acuerdos tienen "consentimiento nacional e
internacional", arguyó.

Las AUC figuran en las listas de grupos terroristas de Estados Unidos y la
Unión Europea, y la justicia estadounidense ha pedido la extradición de
Castaño y de Salvatore Mancuso, otro líder paramilitar, por cargos de
narcotráfico.

Castaño ha sido señalado como responsable de varios de los crímenes más
estremecedores de la historia reciente de Colombia. En enero, estaban
abiertas por lo menos 35 causas penales en su contra, y sobre él pesaban 27
órdenes de captura.

Entre esos crímenes está la matanza de la septentrional localidad de Chenge,
en enero de 1997, cuando 27 personas fueron reunidas a la fuerza en la plaza
y asesinadas una por una, aplastándoles las cabezas con grandes piedras.

El 19 de mayo de ese año, bajo las órdenes de Castaño, un grupo de personas
vestidas de negro penetró violentamente en un apartamento de clase media en
un barrio residencial de Bogotá para asesinar a los esposos Mario Calderón y
Elsa Alvarado, defensores de los derechos humanos.

En ese ataque murió también Carlos Alvarado, el padre de Elsa. En los
cadáveres fueron halladas 64 balas.

El hijo de la pareja salió ileso porque su madre alcanzó a esconderlo en un
armario cuando se iniciaba el ataque.

En 1998, según investigaciones oficiales, Castaño ordenó a 200 de sus
hombres la toma de la centrooriental ciudad de Puerto Alvira, donde
asesinaron a más de 20 civiles que consideraban colaboradores de
guerrilleros izquierdistas.

En 18 de febrero de 2000, unos 300 hombres bajo el mando de Castaño entraron
al septentrional poblado de El Salado, montaron en la plaza lo que llamaron
un "tribunal" y durante dos días se dedicaron a apresar, torturar y matar a
cuchilladas y balazos.

A una maestra le dieron el tiro de gracia cuando estaba tumbada boca abajo
frente a sus dos hijos.

A una niña de seis años la ataron a un poste y la ahogaron con una bolsa de
plástico.

"Para ellos era como una fiesta. Bebían, bailaban y celebraban mientras nos
mataban como perros", dijo meses después a periodistas un sobreviviente.

Los muertos en El Salado fueron 36.

El 21 de agosto, el gobierno presentó al Senado un proyecto de ley para
dejar en suspenso las condenas por delitos atroces a los miembros de grupos
armados que se desmovilicen, quienes sólo recibirían castigos menores.

Esas penas serían prohibiciones de ocupar cargos públicos, incluso
electivos, portar armas, o radicarse en cercanías de quienes fueron sus
víctimas o de sus familiares.

Los beneficios serían aplicados en lo inmediato a Castaño y otros miembros
de grupos paramilitares, con el argumento de que es preciso aplicar
"fórmulas que permitan superar un concepto estrecho de justicia que se
centra en el castigo al culpable".

Pero ante la oleada de protestas nacionales e internacionales, el nuevo
ministro del Interior, Sabas Pretelt, anunció esta semana que el gobierno se
dará un margen para retomar una propuesta eventualmente modificada.

Para la Organización de las Naciones Unidas, las penas previstas "no guardan
proporción con la gravedad de los crímenes" cometidos, y su aplicación
podría dar pie a que la justicia internacional se considere competente,
según un funcionario del foro mundial que habló en condiciones de anonimato.

Por su parte, Estados Unidos advirtió que no sólo mantendrá sus pedidos de
extradición contra Castaño y Mancuso, sino que añadirá otros contra
comandantes paramilitares vinculados con el narcotráfico.

Tras siete meses de conversaciones exploratorias confidenciales entre el
gobierno y las AUC, en el marco de una tregua primero y de una declaración
de cese al fuego unilateral por parte de las AUC después, en julio se firmó
el Acuerdo de Santafé de Ralito, que marcó el inicio del diálogo formal.

Si algo quedó claro durante tres años de intentos de diálogo de paz con las
izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, es que para esa
guerrilla de origen comunista, en armas hace 40 años, la condición
fundamental para seguir adelante en los acercamientos es la desmovilización
de los grupos paramilitares, cuya creación impulsó el Estado para
combatirla.

La organización humanitaria internacional Human Rights Watch, con sede en
Nueva York, había advertido en septiembre que entre los beneficiados por el
acuerdo "hay hombres que han ordenado y llevado a cabo asesinatos de miles
de civiles colombianos".

Según el Banco de Datos de Derechos Humanos del jesuita Centro de
Investigación y Educación Popular, los paramilitares "sólo de enero de 1998
a junio de 2003 tuvieron 11.388 víctimas, de las cuales 7.096 fueron
ejecutadas, 1.180 desaparecidas forzadas y 753 torturadas".

El grupo humanitario Amnistía Internacional, con sede en Londres, señaló que
incluso en los meses de tregua las AUC cometieron fueron responsables de más
de 600 asesinatos y desapariciones forzadas.

Los paramilitares esperan negociar "contratos de impunidad", dijo la semana
pasada Peter Drury, de esa organización.

Pero parece un hecho que el 25 de este mes se desmovilizarán en la
centrooccidental ciudad de Medellín, que es la segunda del país, 800
integrantes del grupo paramilitar Cacique Nutibara.

Ese grupo o "bloque", según la jerga de los paramilitares, actúa bajo el
mando de "Adolfo Paz", como se hace llamar hoy Diego Murillo, uno de los
firmantes del Acuerdo de Santafé de Ralito, que hace unos 12 años era jefe
de seguridad de una familia de capos del narcotráfico del Cartel de
Medellín, que fue inicialmente socia y luego rival de Pablo Escobar.

Ese jefe paramilitar tuvo vínculos con la mayor banda de sicarios del país,
conocida como La Terraza, y un informe confidencial citado por Human Rights
Watch menciona que "en 2003, los asesores del presidente Uribe identificaron
a Murillo como un importante narcotraficante".

"Yo sí soy capaz de perdonar. Pero no va a ser de un día para otro. El alma
del país está desgarrada. Ese sufrimiento tiene que ser reparado y, para
repararlo, tenemos que hablar de todo", dijo a IPS Luz Helena Sánchez,
médica y líder feminista.

"Que digan todas las verdades: quién los ha organizado y financiado. Que con
pelos y señales reconozcan sus crímenes en los lugares donde los cometieron.
El proceso no se debe seguir haciendo a puerta cerrada, entre patriarcas, a
punta de finos comunicados", enfatizó.