COLOMBIA:Plan antidrogas camino al olvido

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Constanza Vieira

BOGOTA, 14 nov (IPS) - El Plan Colombia de lucha antidrogas es puesto en
tela de juicio, ante la ineficacia para reducir los cultivos ilegales y
atacar lo que se considera es la principal fuente de financiamiento de la
guerrilla y paramilitares.
El programa, iniciado hace cuatro años por el entonces presidente Andrés
Pastrana (1998-2002) pero esbozado inicialmente en inglés en la Casa Blanca,
buscaba bajar el consumo de drogas en Estados Unidos y fortalecer las
fuerzas armadas de Colombia en su lucha contra los guerrilleros
izquierdistas.

En ese marco, se proponía fumigar cultivos ilegales y atacar el narcotráfico
para así debilitar las finanzas de los insurgentes y obligarlos de ese modo
a negociar en condiciones más propicias para el gobierno, además de destruir
el tejido social que apoya a la guerrilla en las zonas rurales.

Pero a cuatro años de implementado, el Plan Colombia no pudo reducir el área
sembrada de coca ni de adormideras, materias primas de varias drogas, pese a
que la ayuda militar y policial estadounidense en este lapso llegó a casi
1,4 millones de dólares darios, según Adam Isaacson, del Center for
International Policy, de Washington.

Isaacson, especialista en política de seguridad de la estadounidense
Universidad de Yale y que lleva seis años estudiando las relaciones entre
ambos países, es uno de los exponentes en el seminario "Plan Colombia no:
impactos de la fumigación", que finaliza este viernes en Bogotá.

En tiempos de la "cortina de hierro", la guerrilla colombiana se sostenía
con el "oro de Moscú", cuando la Casa Blanca inició su "guerra contra las
drogas" la insurgencia recibió de los estadounidenses el mote de "
narcoguerrilla", y ahora, es un grupo terrorista que además se financia con
ingresos de droga, apuntó Isaacson.

"Es el único caso en el mundo en que una guerrilla se mantiene vigente a lo
largo de décadas: comunista, narcotraficante o terrorista, está siempre a la
moda", comentó.

Las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), de
origen campesino, y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) llevan
adelante una lucha armada contra el Estado colombiano desde 1964.

Ambos grupos, que según fuentes militares suman unos 25.000 combatientes,
anunciaron en julio que actuarán unidos contra el gobierno del derechista
Alvaro Uribe, uno de los principales aliados de Estados Unidos en América
Latina.

Mientras, lo que se entiende es su principal financiación, el comercio de
las drogas, sigue fuerte al margen de los partes de victoria de la policía
colombiana, del Departamento de Estado de Estados Unidos y hasta de la
oficina de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la erradicación
de las drogas sobre la reducción de plantaciones ilegales.

Un hecho que desmiente esos informes es que el precio para el consumidor no
aumenta.

"Sabemos que fumigar en una zona sólo hace que los cultivos aparezcan en
otra", explicó Isaacson, quien recordó "una ley básica del capitalismo
salvaje: "cuando hay una demanda enorme, se hará todo lo posible por
satisfacerla".

"Si la oferta hubiera caído, hubiéramos visto un aumento del precio de la
droga y también un auge del valor de la pasta básica de coca en el sur de
Colombia", sostuvo.

Pero las cifras del propio gobierno estadounidense "indican que no ha
aumentado el precio de venta de la cocaína y de la heroína en las calles de
nuestras ciudades. Un gramo de cocaína sigue valiendo entre 50 y 150
 dólares", agregó.

En Colombia se aplica desde 1986 la fumigación aérea para eliminar los
cultivos ilegales, pero a partir del plan antidrogas se intensificó la
campaña con la utilzación del herbicida glifosato en 400.000 hectáreas, en
operaciones dirigidas por asesores contratados por el Pentágono
(Departamento de Defensa de Estados Unidos).

Expertos de distintas nacionalidades han demostrado que la producción de
drogas emigra, no ya de una zona a otra sino de un país a otro, cuando la
persecución a los cultivos se intensifica en un lugar.

Isaacson recordó que, actualmente, no sólo hay cultivos en nuevas regiones
de Colombia sino que ha aumentado otra vez en Bolivia y Perú.

Tampoco se ha logrado otro objetivo del Plan Colombia, como era recuperar el
control gubernamental de las regiones productoras de coca y adormidera.

Por el contrario, la acción militar del Plan "ha generado una expansión de
la presencia y las acciones violentas" de la guerrilla y de los derechistas
grupos paramilitares, dijo en el mismo seminario Marcela Ceballos, de la
Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes).

Son esas fuerzas irregulares las que han logrado un monopolio de la fuerza
sobre grandes extensiones de territorio, agregó.

Mientras el consumo sigue incólume, en Colombia las fumigaciones significan
hambre para unas 200.000 familias que viven directamente del cultivo y que
no tienen ninguna otra opción económica.

"El Plan Colombia está centrado en la disminución de las áreas de cultivo
pero desconoce la dimensión social y económica", puntualizó, a su vez, el
experto Ricardo Vargas, de la no gubernamental Acción Andina.

"Las soluciones adicionales propuestas por el gobierno de Uribe tienen
apenas un impacto marginal", agregó.

Vargas explicó que "la sustitución del cultivo (uno de los planteos del
Plan) se toma años en producir, mientras el impacto de la fumigación es
inmediato".

El epicentro del programa iniciado por Pastrana y continuado por Uribe,
desde su asunción en agosto de 2002, es el meridional departamento de
Putumayo, limítrofe de Ecuador, donde la pobreza alcanza a 79 por ciento de
sus habitantes, mientras el promedio en el pais es de 37,6 por ciento.

Las fumigaciones en Putumayo comenzaron en 2000, pero se calcula que desde
enero del año siguiente cayó una "lluvia" de 678.600 litros de glifosato
sobre 29.000 hectáreas de cultivos ilegales, en una concentración superior a
la utilizada comercialmente.

En total en Colombia se fumigaron el año pasado 150.000 hectáreas, con unos
3,5 millones de litros del herbicida. Para la meta de 200.000 hectáreas
fumigadas en 2003, se prevé la utilización de 4,6 millones de litros.

En días previos al foro de Bogotá, el laboratorio de Genética de la
Universidad Católica de Ecuador publicó un estudio respaldado por la
Defensoría del Pueblo (ombudsman) sobre muestras sanguíneas de 22 mujeres,
10 ecuatorianas y 12 colombianas, todas residentes en la frontera común.

Esa investigación reveló que esas mujeres, expuestas a las fumigaciones
desde 2001, presentan daño entre 20 y 70 por ciento en su material genético.

El daño es irreversible en 10 por ciento de los casos, mientras que en los
restantes aumenta el riesgo de aborto, malformaciones, infertilidad y
contracción de enfermedades crónicas o cáncer durante los siguientes seis
meses a un año de la exposición al glifosato.

Ecuador ha solicitado a Colombia que suspenda las fumigaciones en la zona
fronteriza. Movimientos indígenas y sociales de ese país pidieron la semana
pasada al secretario general de la ONU, Kofi Annan, que incluya en la agenda
de la Asamblea General del foro mundial un pedido a Colombia en el mismo
sentido.

"En este momento, nadie en Washington habla del Plan Colombia", dijo
Isaacson.

De hecho, parece que tampoco en el gobierno de Uribe. Esta semana, la
directora del Plan Colombia, Sandra Suárez, fue nombrada ministra de Medio
Ambiente.

También la oficina del programa fue fusionada con otras dos y el nombre
institucional "Plan Colombia" desaparece, como señal de su fracaso