Perú: Huanca Sancos y Pampas Verdes

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9 de noviembre del 2003

Gorge Farfán Martínez
IDL. Perú, noviembre del 2003.


¿Dónde queda Huanca Sancos? La mayoría de peruanos no lo sabe, pero se trata
de una de las provincias de Ayacucho más castigadas por el terrorismo.
Quizás sí se recuerde, mas bien, los crímenes de Lucanamarca o Sacsamarca,
es decir, masacres cometidas tanto por los senderistas como por los
militares durante los años 80 y 90.
La provincia de Huanca Sancos (también denominada Huancasancos) fue creada
en 1984, en plena época de violencia y actualmente, la mayoría de
sobrevivientes tiene familiares desaparecidos, que probablemente fueron
ejecutados extrajudicialmente.
Han pasado ya varios años desde que cesó la violencia en la zona, pero la
pobreza y el abandono en que vive esta provincia continúan. Es más, a veces
pareciera que las autoridades se empecinan en agravarla.
En la actualidad se está planificando el proyecto Pampas Verdes, que implica
la construcción de dos represas de los ríos Caracha y Urubamba. Este
proyecto permitiría irrigar las áridas pampas de Nazca y Caravelí, es decir
hasta 218 mil hectáreas en la costa árida del Pacífico. Al mismo tiempo, en
su recorrido estas aguas generarían 1660 MW de corriente eléctrica mediante
la instalación de tres centrales hidroeléctricas, todo lo que supone una
inversión de 1.800 millones de dólares. Hasta allí, todo está bien para
Nazca y Caravelí, pero, ¿cómo afectará este proyecto a los campesinos
ayacuchanos? ¿Se están respetando los derechos de las comunidades campesinas
involucradas?
Las ocho comunidades campesinas de Huanca Sancos (Caparo, Manchiri, Porta
Cruz, San Jerónimo de Taulli, Huanca Sancos, Lucanamarca y San José
Huarcaya) están preocupadas por los efectos que para sus derechos y futuro
puede significar la ejecución de este proyecto.
Dado la envergadura de este proyecto, es importante que el Estado no omita
tomar en cuenta los derechos de las comunidades involucradas, pues no sólo
estaría quebrantando las normas que protegen a aquellas comunidades sino que
estaría poniendo en riesgo la viabilidad social de su ejecución. Es tiempo
que las lecciones aprendidas en otras latitudes del país, como Tambogrande y
Arequipa, se tomen en cuenta antes de empezar proyectos nuevos.
El área de inundación a ser usada por ambas represas podría significar el
desplazamiento de los pueblos que habitan en la zona. ¿Se ha planificado
adónde deberán instalarse? ¿Se les está compensando por lo que signifique
alejarse de sus tierras ancestrales? Al parecer, los directivos de la
empresa Electro Pampas, de capitales suizos y finlandeses, y los presidentes
de los gobiernos regionales involucrados, no han tomado en cuenta que los
campesinos que habitan en esta zona son los propietarios legítimos de dichas
tierras.
En segundo lugar, los dos ríos mencionados son los principales afluentes del
río Pampas, que actualmente garantiza la actividad agrícola y ganadera en
las provincias de Huanca Sancos, Víctor Fajardo, Cangallo, entre otras.
En estas circunstancias el Estado Peruano, deberá cumplir con auscultar la
licencia social de este importante proyecto, máxime si hay comunidades
campesinas involucradas, que son las propietarias legales de las tierras que
se afectarían.
De tal manera, el gobierno debe buscar establecer mecanismos para garantizar
que los bienes y medio ambiente de estas comunidades sean protegidos, pero
antes de seguir adelante con el proyecto deberá informar el Estado, al menos
a las ocho comunidades campesinas, lo que se pretende desarrollar en aquella
zona.
Tratándose de un proyecto que afecta el modelo de desarrollo de estos
pueblos, el gobierno deberá permitir que las comunidades tengan la libertad
de decidir cuáles son sus propias prioridades y en forma específica evalúen
libremente el impacto que este proyecto tendrá sobre sus vidas, medio
ambiente, territorio o cultura.
En el diseño y ejecución de éste proyecto tres derechos fundamentales de las
comunidades campesinas involucradas deben tomarse en cuenta. En primer
lugar, el derecho a no ser trasladados de sus tierras, salvo que hayan dado
su consentimiento de manera libre y con pleno conocimiento, en cuya
circunstancia deberán recibir las garantías necesarias para continuar con
sus actividades económicas y culturales que les permita garantizar su
desarrollo futuro, siendo reparados en los daños que el traslado les genere.
En segundo lugar, el derecho a los recursos naturales existentes en sus
tierras, siendo de su propiedad las tierras y sus componentes auxiliares
(agua), es decir que estas comunidades deberán ser consultadas para saber si
autorizan el uso de sus tierras.
En tercer lugar, en caso de que las comunidades acepten la afectación de sus
recursos, podrá exigir la participación en los beneficios que reporte el
proyecto en calidad de socio: su aporte es la tierra y sus recursos, sin
perjuicio de percibir, además, una indemnización por el menoscabo en sus
intereses como consecuencia de la realización del proyecto (la empresa
Electro Pampas que pretende llevar adelante este Proyecto tiene un capital
de diez mil nuevos soles).
Estas comunidades han convocado a un paro provincial el siete de noviembre y
han solicitado a Electro Pampas y al Ministerio de Energía y Minas ser
formalmente informados de las implicancias del proyecto. Lo que le toca a la
empresa y el Estado es actuar con transparencia. Este último deberá asegurar
aquellos derechos de las comunidades campesinas.
Finalmente queda a estas comunidades sopesar las implicancias que trae el
proyecto y decidir con sabiduría y libertad su futuro.