Bolivia de Ignacio Ramonet

["nello margiotta" <nellomargiotta55 at virgilio.it>]

 2 de noviembre del 2003



Le Monde Diplomatique
Traducido para Rebelión por Manuel Talens
Era una democracia perfecta. ¿Acaso no respetaba los dos derechos humanos
fundamentales, la libertad de prensa y las libertades políticas? Que el
derecho al trabajo, a la vivienda, a la salud, a la educación, a la
alimentación y tantos otros derechos también fundamentales se pisotearan
allí de forma sistemática no disminuía en nada, según parece, la «perfección
democrática» de dicho Estado.

En Bolivia, país de apenas 8,5 millones de habitantes, que disponen de uno
de los subsuelos más generosos del planeta, un puñado de ricachones acaparan
las riquezas y el poder político desde hace doscientos años, mientras que el
60% de los habitantes viven bajo el umbral de la pobreza. Los indios, que
son la mayoría, siguen discriminados, la mortalidad infantil alcanza tasas
indecentes, el paro es endémico, el analfabetismo prevalece y el 51% de la
población todavía no dispone de electricidad. Pero esto no modifica lo
esencial: se trata de una «democracia».

Asimismo, cuando los días 11 y 12 de octubre, el ejército disparó con
ametralladoras contra los manifestantes siguiendo órdenes del presidente
Gonzalo Sánchez de Lozada y hubo unos sesenta muertos y centenares de
heridos,1 Condoleezza Rice, la consejera del presidente de los Estados
Unidos, hablando sobre esta rebelión y dirigiéndose en Chicago a los
miembros de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), declaró que
Washington advertía a los manifestantes (!) contra «cualquier tentativa de
derribar por la fuerza un gobierno elegido democráticamente».2 Preciso es
recordar que el 11 de abril de 2002, cuando los militares apoyados por la
clase empresarial y los grandes medios de comunicación depusieron en un
principio a Hugo Chávez, presidente de Venezuela también elegido por vía
democrática, Washington se apresuró a reconocer a los golpistas, bajo el
pretexto falaz de que Chávez «había ordenado que disparasen contra su
pueblo»...

Naturalmente, el 17 de octubre «El Carnicero» -apodo que los bolivianos dan
a Sánchez de Lozada- buscó refugio en Miami sin que los Estados Unidos
pretendan que comparezca ante un tribunal por crímenes contra la humanidad.

¿Por qué lo harían? Sánchez de Lozada, ministro de la planificación desde
1986 a 1989, aconsejado por el economista Jeffrey Sachs sometió su país a
una «terapia de choque» como deseaba Washington, terapia que provocó el
despido de decenas de miles de asalariados del sector estatal. Durante su
primer mandato (1993-1997), este presidente ultraliberal y uno de los
hombres más ricos de su país, siempre bajo la presión de los Estados Unidos
aceptó aplicar un programa de erradicación de la coca, responsable de la
ruina de centenares de miles de cultivadores que, sin otra posibilidad de
supervivencia, están desde entonces en estado permanente de rebelión.
También se propuso privatizar todo el patrimonio del Estado a favor de
empresas esencialmente estadounidenses: ferrocarriles, minas, petróleo,
electricidad, teléfonos, compañías aéreas, agua.

La privatización de la distribución del agua en la ciudad de Cochabamba,
atribuida a la empresa estadounidense Bechtel (una de las grandes
beneficiarias del programa íntegro de privatización de Iraq que dirigen en
la actualidad las autoridades de ocupación) provocó una insurrección en
abril de 2000 y la salida de Bechtel, la marcha atrás del gobierno y la
renacionalización del agua.

Estos dos conflictos, el de los cultivadores de coca y el de Cochabamba,
dieron lugar a la emergencia de un dirigente popular fuera de lo común: Evo
Morales, un indio aymara autodidacta y sindicalista de cuarenta y dos años,
que dirige desde hace casi veinte el sector más reivindicativo del país, el
de los campesinos arruinados por la erradicación de la coca.

Evo Morales -figura de proa de un movimiento indigenista que se manifiesta
con una enorme fuerza en Ecuador, Perú, Chile y Paraguay- se ha convertido
en una personalidad muy popular tanto en América latina como entre los
militantes contra la globalización neoliberal. Con Felipe Quispe, otro
dirigente indio del Movimiento Indígena Pachakuti (MIP), él y su
organización, el Movimiento al Socialismo (MASÍA), dirigieron la ofensiva
contra la política neoliberal de Sánchez de Lozada y de su aliado
socialdemócrata, Jaime Paz Zamora, política que, a través de un grupo de
multinacionales, pretendía desposeer al país de sus reservas de gas para
entregárselas a los Estados Unidos y que, en última instancia, provocó la
explosión.

El hartazgo de los indios bolivianos hunde sus raíces en siglos de
experiencia histórica. La exportación de las riquezas naturales (plata,
estaño, petróleo) nunca mejoró la situación de los pobres y nunca permitió
la modernización del país. Al igual que sucedió en Ecuador en enero de 2000
contra el presidente Jamil Mahuad, en Perú en noviembre de 2000 contra el
presidente Alberto Fujimori y en Argentina en diciembre de 2001 contra el
presidente Fernando de La Rua, la población boliviana, al derrocar a Sánchez
de Lozada, rechaza un modelo económico que, por todas partes en América
latina, ha agravado la corrupción, arruinado las poblaciones y aumentado la
exclusión social.

Notas

1. International Herald Tribune , París, 15 de octubre de 2003. En total, el
número de víctimas de la represión se elevaría a unos 78 muertos y varios
centenares de heridos. Conviene añadir los 34 muertos y 205 heridos de
febrero, con ocasión de un levantamiento de los trabajadores... y de la
policía contra la aplicación de un impuesto a los salarios bajos. Ningún
periódico de Francia se dignó publicar estas informaciones.

2. Comunicados de AP y EFE, 13 de octubre de 2003.