Bolivia: La política neoliberal del nuevo presidente comienza a desilusionar al MAS

["nello margiotta" <nellomargiotta55 at virgilio.it>]

 25 de octubre del 2003


econoticiasbolivia.com
Replegadas las masas insurrectas, amainada la tormenta social, el presidente
Carlos Mesa ha dejado en claro en su primera semana de gobierno que el
neoliberalismo continúa plenamente vigente en Bolivia y que hay continuidad
en las políticas emprendidas por el depuesto Gonzalo Sánchez de Lozada. Todo
un revés para las organizaciones sociales y populares que confiaban en él.
En el MAS, de Evo Morales, hay desilusión y malestar.

Desde su posesión, el pasado viernes 17 de octubre, Mesa ha hecho muchos
gestos de conciliación con los sectores sociales opuestos al modelo de libre
mercado, pero ha desarrollado, en los hechos, una política que no tiene, en
lo sustancial, diferencias marcadas con su antecesor, considerado como uno
de las mayores impulsores del neoliberalismo en Bolivia.

Así, tras posesionar a un gabinete de "tecnócratas neoliberales", el
gobierno de Mesa se ha comprometido públicamente a cumplir estrictamente los
acuerdos establecidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), a
suscribir hasta fin de año un Tratado de libre comercio con Chile, a
impulsar la exportación de gas a Estados Unidos, a revisar la Ley de
Hidrocarburos en acuerdo con las transnacionales que operan en el país y a
no interrumpir la política de erradicación forzosa de coca en el Chapare.

DESILUSIÓN DEL MAS

Estas políticas de libre mercado no se parecen en nada al "principio del fin
del neoliberalismo", como esperaba el Movimiento al Socialismo (MAS), de Evo
Morales, que había confiado en que Mesa rompa con el neoliberalismo y
modifique varias leyes que sustentan el modelo.

"Empezando a cambiar estas normas, uno (Mesa) desde el Palacio, otro (el
MAS) desde el Congreso, poco a poco tiene que cambiarse el modelo económico
orientado a que nuestras empresas y recursos naturales tienen que ser de los
bolivianos", había dicho Morales a poco de ser posesionado en el Congreso el
presidente Mesa.

En esa ocasión, el discurso de Mesa y sus promesas para realizar un
referéndum sobre la exportación de gas a Estados Unidos y convocar a una
Asamblea Constituyente habían sido consideradas por Morales, en un 80 por
ciento, como un mensaje del propio MAS.

Pero ahora el lenguaje es distinto. "El presidente Mesa no puede dar
continuidad a la política de Sánchez de Lozada", reclamó el jefe del MAS,
partido que tuvo gran influencia en los medios sindicales a la hora de
viabilizar la sucesión presidencial a favor de Mesa.

Mucho más crítico, el "Mallku" Felipe Quispe, líder de la Confederación
Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, dijo que vencida la
tregua de tres meses irían tras la cabeza del nuevo Presidente.

"Sabemos que Mesa es la ficha alterna de los Estados Unidos, pero le estamos
dando una oportunidad para dar respuesta a las demandas de nuestra gente,
sin transar con estas demandas, como ya lo ha hecho el traidor de Evo
Morales", dijo al recordar que el jefe del MAS participó muy poco de la
sublevación popular pero que influyó mucho para llevar a la presidencia a
Mesa.

EL PESO DEL FMI

La orientación neoliberal del régimen se puso oficialmente de manifiesto
cuando el ministro de Hacienda, Javier Cuevas, aseguró que se daría estricto
cumplimiento a los programas suscritos con el organismo internacional, a
pesar que éstos habían sido severamente cuestionados por las organizaciones
sociales y laborales al considerarlos como causantes del mayor agravamiento
de la crisis económica, el aumento del desempleo y el crecimiento de la
pobreza, factores que impulsaron la reciente rebelión popular en Bolivia.

Es más, Cuevas, asesor económico por muchos años de la Confederación de
Empresarios Privados de Bolivia, defendió los programas del FMI como si
fueran propios.

"Los programas son del gobierno de Bolivia, no son programas que imponen los
organismos. Lo que si, cuando uno va a pedir plata tiene que cumplir ciertas
condiciones", advirtió al anunciar que se proseguiría con la implementación
del nuevo Código Tributario y la adopción de medidas restrictivas del gasto
público para alcanzar las metas comprometidas del déficit fiscal.

Esta política también ha sido respaldada por el embajador de Estados Unidos,
David Greenlee, quien donó ocho millones de dólares para ayudar a cerrar la
brecha fiscal.

ERRADICACIÓN DE COCALES

Otro elemento fundamental de la política gubernamental es la continuidad de
la erradicación forzosa de coca en el Chapare, donde no hay tregua ni pausa,
pese a los devaneos de Evo Morales con el nuevo régimen.

Esta política, sostenida también con firmeza desde la Embajada de Estados
Unidos, provocó este jueves en el Chapare la muerte de un soldado de la
Fuerza de Tarea Conjunta de erradicación y heridas en otros seis, cuando
estalló un "cazabobos" (explosivo casero), muy cerca del Parque Nacional
Isiboro Sécure.

La labor de erradicación de los cultivos de coca es permanente, así como los
conflictos entre los productores de la hoja y efectivos de la fuerza
antidroga.

CONSULTAS CON LAS TRANSNACIONALES

Un tercer elemento que retrata a la actual administración es la prometida
revisión de la Ley de Hidrocarburos, en acuerdo con las empresas
transnacionales que actualmente son las propietarias del gas y el petróleo
que se extrae de Bolivia.

Inicialmente, el presidente Mesa había anunciado que se intentaría lograr
que la explotación de estos recursos beneficie en partes iguales a las
compañías petroleras y al Estado, revirtiendo la desigual distribución de
ahora (82% para las petroleras y 18% para el Estado).

Sin embargo, días después, el ministro de Hidrocarburos, Alvaro Ríos,
anunció oficialmente que no había un parámetro definido sobre una nueva
distribución de beneficios y, por el contrario, adelantó que cualquier
posible modificación en la Ley no debería ahuyentar a la inversión
extranjera. En este tema, otra vez la Embajada de Estados Unidos y la de
España demandaron no afectar los intereses de las empresas de esa
nacionalidad que trabajan en el país.

EXPORTACIÓN DE GAS

Pero lo que más molestó a los dirigentes de las organizaciones sindicales y
populares que le dieron tregua a Mesa, fue el anuncio oficial de que el
nuevo gobierno continuaba con la idea de exportar gas a los Estados Unidos
por un puerto del Pacífico, proyecto que desató la sublevación civil de
septiembre y octubre.

En la misma línea del depuesto Sánchez de Lozada, el ministro de
Hidrocarburos de Mesa había señalado que este proyecto era vital para
Bolivia y que el referéndum, que aún no tiene fecha, versaría sobre las
características del proyecto de exportación. Todo esto está muy lejos de la
promesa inicial de Mesa para poner en consideración de la población si se
ejecutaba o no el proyecto.

Este retroceso molestó mucho a los dirigentes como Evo Morales y Jaime
Solares de la Central Obrera Boliviana (COB), que hasta ahora habían dado
muestras de entendimiento con el nuevo régimen.

"La posición del ministro Ríos al parecer responde al interés de las
transnacionales. Las organizaciones cívicas y sociales ratifican su
determinación de no vender ese recurso energético, cuya comercialización
debe ser en beneficio de los bolivianos", dijo Solares.

Oscar Olivera, de la Coordinadora de Defensa del Gas, advirtió por su parte
que "el Presidente está dando una mala señal al no escuchar lo que el pueblo
quiere, que es no vender gas en las condiciones que pretendía imponer
Gonzalo Sánchez de Lozada y las transnacionales".

Otros, más desconfiados, señalaron que las medidas anunciadas por Mesa ya se
venían venir y que no cumpliría con las demandas sociales, económicas y
políticas planteadas por los sectores sociales y populares movilizados hasta
el 17 de octubre.

"Sabemos que el actual Presidente, Carlos Mesa, no nos va responder, sabemos
que está rodeado por una logia chilenófila, sabemos que está rodeado por
intereses de la oligarquía, de las transnacionales y de los Estados Unidos",
dijo Roberto de La Cruz, el principal dirigente de la Central Obrera
regional (COR) de El Alto.

LIBRE COMERCIO CON CHILE

Entre los campesinos, la protesta también se hizo sentir cuando el Canciller
de la República, Juan Ignacio Siles, informó oficialmente que antes de fin
de año Bolivia firmaría un tratado de libre comercio con Chile, que, según
los dirigentes campesinos, sería letal para la agricultura campesina del
occidente del país y muy favorable para los agroexportadores.

Desde la óptica campesina, este Tratado ahondaría la crisis productiva del
agro boliviano y afectaría negativamente a los pequeños productores por la
pérdida de mercados e ingresos, a partir de su aplicación en el próximo
quinquenio. La eliminación de aranceles, prevista en el Tratado, acrecentará
y masificará el ingreso de productos chilenos más baratos como cebolla,
trigo, papa, tomate, frutas, lácteos, carnes, hortalizas y otros, lo que
ocasionará que los campesinos bolivianos abandonen su producción.

"Sabemos que Mesa no es lo mejor para Bolivia. Estamos en vigilia en
nuestras comunidades. No hemos bajado la guardia, la lucha continúa. Y si no
cumple con nuestras demandas en 90 días, lo vamos a sacar", ratificó el
"Mallku", diputado y jefe del Movimiento Indígena Pachacuti (MIP), donde
también hay fisuras y criterios encontrados.

"No es momento de amenazas ni de dar plazos al presidente Carlos Mesa,
porque el país necesita un respiro, necesita un tiempo (...) Dejémoslo
trabajar, yo diría que todos los parlamentarios, todos los dirigentes
estamos en la obligación de dar un hombro, una manito", replicó Juan Gabriel
Bautista, diputado del MIP.