ARGENTINA:DERECHOS HUMANOS-Sale a luz archivo de terror

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Marcela Valente

BUENOS AIRES, 2 oct (IPS) - Una repartición policial de Argentina persiguió
y registró la actividad de personas y de una amplia gama de organizaciones
sociales por 40 años, logrando sobrevivir a gobiernos democráticos que se
intercalaron a las dictaduras.
La Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires
(Dippba), el oriental distrito más habitado del país, llevaba un seguimiento
meticuloso de asuntos, personas y organizaciones en unas 300.000 fichas que
salieron parcialmente a la luz este jueves en un acto especial.

La presentación fue hecha por la Comisión Provincial por la Memoria, creada
precisamente para custodiar y clasificar ese archivo en 1998, luego que una
intervención gubernamental de la policía provincial disolvió esa repartición
de inteligencia fundada en 1957.

La Comisión es dirigida por Adolfo Pérez Esquivel, galardonado con el premio
Nobel de la Paz por denunciar las violaciones de los derechos humanos
cometidas por la última dictadura militar (1976-1983), y por Estela
Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, el grupo fundado para
buscar a los niños desaparecidos por ese régimen.

La cantidad de material confidencial recogido por la hoy desaparecida
oficina suman más de 3,5 millones de folios y, si bien la tarea de
digitalización y clasificación no está completa como para la apertura total,
alcanzó para divulgar un anticipo de los contenidos.

Este "es el más importante archivo que se encontró hasta ahora" sobre la
última dictadura, aunque advirtió que no hay que generar falsas expectativas
porque durante ese régimen los más activos organismos de inteligencia eran
de las Fuerzas Armadas, dijo a IPS la historiadora Patricia Funes, del
equipo de la Comisión.

Por su parte, la abogada de la Coordinadora contra la Represión Policial
(Correpi), María del Carmen Verdú, señaló a IPS que este hallazgo es una
nueva y más contundente prueba de "la continuidad de mecanismos del aparato
represivo que vienen de los años 30 y siguen vigentes con mayor o menor
visibilidad a nivel nacional o en determinadas provincias".

Verdú reveló que en allanamientos judiciales, en causas donde se investiga
la vinculación de policías con la prostitución o el juego clandestino, se
encontraron "carpetas con información de inteligencia" de HIJOS, la
agrupación que reúne a hijos de desaparecidos, creada en 1995, y de Correpi,
de 1991.

Las persecuciones de la Dippba comenzaron en 1957, dos años después del
golpe de Estado que terminó con el segundo gobierno de Juan Domingo Perón, y
se extendió luego en los sucesivos gobiernos y regímenes militares.

Entre los datos clasificados se cuentan informes sobre "el comunismo en
Argentina", escritos de protestas, reconocimiento de infiltración en
asambleas o actos políticos, seguimiento de personas vinculadas a
organizaciones sociales y hasta un curioso informe denominado "Infiltración
marxista en la administración pública provincial", datado en 1974.

En el último periodo las pesquisas y documentos fueron reemplazados por
recortes periodísticos, incluyendo episodios como el atentado contra la
Asociación Mutual Israelita Argentina (1994), en el que murieron 85 personas
y por el cual están procesados policías de la provincia de Buenos Aires.

El registro también contiene un área específica de información del periodo
dictatorial, pero ese segmento aún está bajo custodia de la Cámara Federal
de La Plata, la capital de la provincia de Buenos Aires, que investiga la
verdad sobre el destino final de las personas desaparecidas durante la
dictadura en ese distrito.

Uno de los peritos que trabaja en esa sección, Graciela Ojeda, reveló que,
de la lectura de los expedientes, se pone de manifiesto que "todos los
sectores de la comunidad fueron espiados y perseguidos durante casi medio
siglo por el Estado".

Para Funes, quien también trabaja en la clasificación del material de
inteligencia, el antecedente más próximo a este tipo de registro policial
argentino es el que se encontró en Brasil en poder del departamento de Orden
Político y Social (DOPS), sobre seguimientos realizados durante la dictadura
en ese país (1964-1985).

La Delegacía (Comisaría) del Orden Político y Social es una sección
especializada de la policía civil de los estados, encargada de la seguridad
ciudadana.

Las DOPS, a veces con otro nombre, siguen existiendo de forma irregular en
casi todo Brasil, siendo las más activas en Sao Paulo y Rio de Janeiro. Su
origen se remonta a la dictadura de Getulio Vargas (1930-1945).

Esos registros de la dictadura encontrados en oficinas de las DOPS permiten
hoy conocer los procesos, acusaciones, testimonios e informaciones que
constan en fichas personales. Sedes de esa repartición policial brasileña,
además, son mantenidas como símbolo de la dictadura y algunas, como la de
Sao Paulo, fueron convertidos en centros culturales.

En cambio, la sede de la repartición secreta de la policía de la provincia
de Buenos Aires sirve ahora de lugar de trabajo de la Comisión Provincial
por la Memoria, donde investigan el material unos 20 especialistas desde
hace más de dos años.

Esos archivos secretos fueron encontrados en esa misma sede luego de que
fuera disuelta la oficina de inteligencia en 1998.

El equipo de la Comisión también está compuesto por expertos en informática
de la estatal Universidad Nacional de La Plata, encargados de la
conservación y digitalización del archivo, que aún está en plena tarea para
que se pueda acceder a los documentos mediante palabras clave.

Otro grupo está conformado por antropólogos, historiadores y comunicadores
sociales designados por la Comisión para realizar el relevamiento de todos
los documentos, el mapeo y la desclasificación.

La historiadora Funes, miembro del segundo grupo, aclaró que "no hay
registros de delito común" en los archivos sino lo que la policía
consideraba "delito social, político o subversivo", que incluye la normal
actividad de estudiantes, artistas, trabajadores, sindicalistas o líderes
religiosos.

"La persecución sobre la sociedad civil es un rasgo constante" entre los
documentos encontrados, y en este sentido mencionó como un ejemplo la
censura en áreas de cultura. "Es muy impresionante ver las listas de obras
de teatro que debían censurarse", reveló Funes.

La experta comentó, además, que en los años de la guerra fría, la Dippba
registraba el movimiento de entrada y salida de escolares a las oficinas de
las embajadas de países de Europa oriental que formaban parte del bloque
liderado por la hoy desaparecida Unión Soviética.

Los mismos espías dejaban constancia de que los menores iban a las sedes
diplomáticas a buscar folletos con información por solicitud de los
maestros, que les pedían alguna investigación sobre esos países.

Funes remarcó que el archivo tiene "valor ético, político, jurídico e
histórico". "Desde el punto de vista histórico se encontró la colección de
propaganda política más grande que haya existido en el país, secuestrada a
los perseguidos".

Hay volantes, afiches y documentos más complejos de sindicatos, federaciones
estudiantiles o partidos políticos, que los propios actores no conservaron.

Los archivos podrán ser consultados sólo en 2004, cuando se finalice la
tarea de organización de la información, con una prioridad para las personas
que sean damnificadas por la última dictadura militar (FIN/2003)