COLOMBIA: Activistas renuncian a protección estatal

["Nello Margiotta" <animarg at tin.it>]

Constanza Vieira

BOGOTA, 1 sep (IPS) - Unos 50 líderes sociales y defensores de derechos
humanos de Colombia se plantaron frente a la sede del gobierno para pedir al
presidente Alvaro Uribe explicaciones sobre la persecución oficial a su
activismo.
Los activistas renunciaron este lunes a las medidas de seguridad que el
Estado les proporciona para proteger sus vidas, blanco de fuego cruzado en
el conflicto colombiano de cuatro décadas.

Se trata de escoltas, autos blindados, chalecos antibala, celulares y
teléfonos inalámbricos.

"¿Para qué queremos un auto blindado si tenemos 118 sindicalistas
 detenidos?", argumentó a IPS Domingo Tovar, director de derechos humanos de
la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la principal del país.

"¿Para qué queremos escoltas, si durante el gobierno de Uribe nos han
asesinado a 49 sindicalistas?", agregó.

Otros 23 líderes sociales han sido muertos desde la asunción de Uribe, en
agosto de 2002.

Y en el mismo periodo, el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia
Política del jesuita Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) y
de Justicia y Paz registró además 792 ejecuciones extrajudiciales, 160
desapariciones forzadas, 144 casos de tortura y 573 amenazas de muerte.

Noventa por ciento de los asesinatos de sindicalistas son cometidos por los
paramilitares de derecha, según la CUT, y Tovar responsabiliza de la mayoría
de los casos restantes a organismos de seguridad del Estado.

Las guerrillas izquierdistas y la delincuencia común también figuran entre
los presuntos asesinos.

En el primer año del gobierno de Uribe, cientos de hombres y mujeres fueron
detenidos en grandes redadas en distintos puntos de Colombia y presentados
ante la prensa, sin juicio previo, como personas que apoyan a las
guerrillas.

De acuerdo al Banco de Datos, desde julio de 2002 hasta el 30 de junio, se
produjeron 2.546 detenciones arbitrarias.

Cuarenta y siete por ciento de los detenidos en los primeros ocho meses de
la administración Uribe son campesinos, dirigentes sociales y políticos de
oposición, líderes de comunidades desplazadas, sindicalistas, estudiantes o
activistas de derechos humanos.

A estas personas se les abre un proceso penal "por su actividad social o por
el simple hecho de habitar zonas 'sospechosas' para las autoridades",
sostuvo el independiente Colectivo de Abogados José Alvear.

"Queremos garantías para el derecho de asociación, de defensa de los
derechos humanos y de oposición política. No estamos pidiendo nada que esté
por fuera de la Constitución", explicó Tovar.

Una hora y media después de iniciado el plantón, el gobierno hizo saber que,
por orden de Uribe y del vicepresidente Francisco Santos, se crearía una
comisión gubernamental para atender las denuncias sobre falta de garantías.

Habían convocado al plantón organizaciones de defensa de derechos humanos,
la asociación de familiares de desaparecidos y los sindicatos de
trabajadores del petróleo, la minería, la industria de alimentos, de
maestros, de jueces, de profesores universitarios, bancarios y de la salud.

También organizaciones campesinas, y los sobrevivientes del Partido
Comunista y de la Unión Patriótica, coalición de izquierda cuyos militantes
fueron exterminados en los años 80 y 90, incluyendo dos de sus candidatos
presidenciales.

Algunas de las medidas de protección fueron impuestas al Estado colombiano
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, ambos parte de la Organización de los
Estados Americanos (OEA).

En otros casos, fueron aplicadas por los últimos gobiernos a través del
Ministerio del Interior.

Las medidas cautelares ordenadas por la OEA son obligatoras para Colombia,
con el fin de preservar la vida de los afectados e investigar penalmente las
situaciones denunciadas.

Pero, según los dirigentes protegidos, estos mecanismos no son
complementados con investigaciones que enjuicien y sancionen a los
responsables.

En la madrugada del 24 de agosto, 600 soldados y policías allanaron las
casas de Cajamarca, Tolima, en el centro de Colombia. Aunque portaban 34
órdenes de captura, se llevaron detenidas a 56 personas.

El diputado Hugo Zárrate, del izquierdista Polo Democrático, dijo que en la
redada fue sacado de misa y puesto preso un ex secretario parlamentario, con
cincuenta años en la actividad lechera, paralítico y muy conocido en la
zona. También fue detenido el sacerdote del pueblo.

Los 16 presos sin orden de captura fueron liberados día y medio después,
mientras cuatro fiscales averiguaban si tenían antecedentes, según
Zárrate. "Aquí se están llevando a la gente por sospecha", denunció ante la
cámara baja del parlamento.

"La detención de cerca de 42 activistas sociales y defensores de derechos
humanos en Saravena, departamento de Arauca (fronterizo con Venezuela), 28
de los cuales permanecen bajo arresto, parece ser parte de una campaña para
minar el trabajo de sindicalistas y activistas de derechos humanos", sostuvo
el miércoles la organización Amnistía Internacional (AI).

AI advirtió que los activistas araucanos "están enfrentando una estrategia
militar-paramilitar coordinada, con el fin de etiquetarlos como subversivos,
a ellos y a sus organizaciones, exponiéndolos a procedimientos judiciales
arbitrarios y a un ataque violento de los grupos paramilitares" de derecha.

Entre los detenidos de Saravena están José Murillo, presidente del comité
local de derechos humanos, y Alonso Campiño, vicepresidente regional de la
CUT y miembro del mismo comité.

Las detenciones ocurrieron después de que el comité denunciara "la presencia
de grupos paramilitares operando en connivencia con las fuerzas de seguridad
en Saravena", sostuvo AI, con sede en Londres.

Arauca es el departamento más militarizado de Colombia en proporción a su
población.

Estados Unidos financia con 98 millones de dólares la creación y
entrenamiento de una brigada del ejército para proteger la economía
petrolera araucana, explotada por las compañías Occidental y British
Petroleum.

"Se han cometido mucho abusos", pero "las medidas gubernamentales obedecen a
un programa de defensa y seguridad nacional", dijo a IPS el senador
oficialista Jairo Clopatofsky, presidente de la Comisión de seguridad y
defensa nacional de la cámara alta.

Clopatofsky saludó la creación de la comisión de diálogo, expresó su
solidaridad con los manifestantes y aseveró que el Senado se propone "
estudiar con el gobierno cada una de las medidas que ha venido tomando, así
como las capturas injustas o no que haya podido haber".

Las medidas cautelares abarcan a comunidades enteras, como las etnias
embera-chamí y embera-katío, así campesinos de Arauca, del sudoccidental
Cauca y el nororiental Catatumbo, al Comité de Solidaridad con los presos
políticos, decenas de sindicatos y congresistas.

Además, la Corte Interamericana ordenó a Colombia proteger a los miembros de
la Asociación de Familiares de Desaparecidos y a los habitantes de la
Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en el noroccidente del país.

Los habitantes de San José se niegan a participar en la guerra y no apoyan a
ninguno de sus protagonistas armados.

Uribe rechaza la neutralidad de los civiles, pues éstos tienen obligación
de "alinearse al lado de las instituciones y el ejército para derrotar el
terrorismo".

En opinión de una jurista del Colectivo de Abogados José Alvear, "las
medidas cautelares sí sirven. Su efectividad política en términos de
disuasión de los asesinos es más que comprobada".

En el marco de unas 80 medidas cautelares impuestas por los organismos de
derechos humanos de la OEA, "solamente" resultaron asesinadas dos personas y
dos fueron desaparecidas.

Pero la jurista no puede dar su nombre. Sobre los miembros del Colectivo de
Abogados, receptor este año del premio internacional de derechos humanos
Martin Ennals, también penden amenazas de muerte.