BRASIL:Lula en la encrucijada de previsión social

["Nello Margiotta" <animarg at tin.it>]

Mario Osava

RIO DE JANEIRO, jun (IPS) - Luiz Inácio Lula da Silva cumple seis meses como
presidente de Brasil en medio de tormentas que preludian la crucial votación
parlamentaria de un proyecto de reforma del sistema de previsión social.
Ese proyecto, que implica reformar la Constitución, es la iniciativa más
polémica que ha lanzado el gobierno, y su aprobación puede debilitarlo
políticamente, aun si abre, como afirman sus defensores, mejores horizontes
para las cuentas públicas y favorezca por ello el crecimiento económico.

El 8 de julio empezará una huelga por tiempo indeterminado de empleados
públicos contra el proyecto, que golpea duramente sus beneficios
previsionales y divide tanto al gobernante Partido de los Trabajadores (PT),
de izquierda, como a la Central Unica de Trabajadores (CUT), dos
organizaciones fundadas por Lula a comienzos de los años 80.

"El gobierno nos impone esta confrontación. Queremos que retire el proyecto,
no hay cómo negociar modificaciones", dijo a IPS el presidente de la
Federación Nacional de Auditores Fiscales de la Previsión Social, Flavio
Pires de Campos.

Esa organización es uno de los 33 sindicatos y asociaciones de funcionarios
que declararon la guerra a la iniciativa de reforma y piensan unirse en una
central sindical propia, apartándose de la CUT, que apoya la propuesta
gubernamental con algunas modificaciones.

El gobierno central, los estaduales y los municipales suman unos siete
millones de funcionarios, o sea casi un décimo de la población
económicamente activa del país, y la cuarta parte de los trabajadores con
contrato formalizado.

Las manifestaciones de rechazo, iniciadas el 11 de este mes en un acto que
reunió a 20.000 empleados públicos en Brasilia, se suceden en todo el país
con apoyo de algunos dirigentes locales de la CUT y algunos parlamentarios
del PT, ahora amenazados de expulsión por oponerse a la orientación
partidaria.

Los miembros del Poder Judicial tampoco aceptan los cambios propuestos por
el Poder Ejecutivo. Fiscales y jueces de tribunales superiores, incluso de
la Corte Suprema, reclaman un régimen previsional específico que mantenga
sus derechos actuales.

"Esa posibilidad está descartada", aseguró el ministro de Previsión y
Asistencia Social, Ricardo Berzoini.

El proyecto gubernamental extingue, para los futuros funcionarios, el
sistema que permite acceder a una jubilación equivalente al sueldo del
último mes en actividad, un "privilegio que no existe en ningun otro país
del mundo" según autoridades y economistas que consideran indispensable la
reforma.

Si se aprueba el proyecto, las jubilaciones del sector público no podrían
ser mayores de 2.400 reales, o sea unos 830 dólares, el tope vigente para
las del sector privado. Los funcionarios que deseen ganar más cuando se
retiren deberían realizar ahorros en fondos de pensión, cuya creación será
facilitada por el gobierno.

Además, aumentaría siete años la edad mínima de retiro, a 55 años para las
mujeres y 60 para los hombres, y se cobraría a los empleados públicos ya
jubilados que ganen mas de 1.058 reales (365 dólares) una contribución a la
previsión social de 11 por ciento, considerada inconstitucional por muchos
juristas.

En la actualidad se discuten normas de transición para los actuales
funcionarios, que les permitirían jubilarse con un beneficios intermedios
entre los vigentes y los propuestos, mayores cuantos más años hayan
trabajado con el actual régimen.

Eso busca atender situaciones como la del propio De Campos, quien tiene 50
años y podría jubilarse a los 53 con el sistema vigente, pero si se aprueba
la reforma, sólo podría hacerlo en diez años.

El riesgo de perder derechos provoca en la actualidad una "carrera a la
jubilación" de quienes ya cumplieron los años mínimos de edad y contribución
exigidos para retirarse.

Es posible que se jubilen por esa causa cerca de 10 por ciento de los
actuales funcionarios del gobierno nacional, afectando en especial a las
universidades, advirtió Campos.

Pero la reforma de la previsión social es necesaria para reducir gastos
estatales, aseguró a IPS el economista Raul Velloso, experto en finanzas
públicas.

Berzoini calculó que la aprobación del proyecto permitiría ahorrar unos
7.250 millones de dólares en los próximos siete años, con la posibilidad de
eliminar el déficit del sistema previsional dentro de 25 a 30 años.

Ese ahorro sería relativamente pequeño pero muy importante para el gobierno,
obligado a un gran esfuerzo para abatir el déficit fiscal, y además tendría
"efecto multiplicador" en la economía, opinó Velloso.

Sustituir "una trayectoria de elevación de gastos, vigente desde hace muchos
años, por una de crecimiento menor, restauraría la confianza, permitiendo
bajar los intereses y favoreciendo el crecimiento económico", alegó.

Esos argumentos son rechazados por quienes se oponen a la reforma
previsional y acusan al gobierno de sacrificar a sus funcionarios para
solucionar el problema del déficit fiscal, provocado especialmente por las
altas tasas de interés pagadas sobre la deuda pública.

"Una verdadera reforma previsional exige muchos años de debates con la
sociedad, como ocurrió en Italia, Francia y otros países europeos",
contrastando con sólo seis meses de elaboración en Brasil, comentó Campos.

Lula, Berzoini y otros ministros insisten, sin embargo, en que no sólo hay
que corregir el desequilibrio en el sistema previsional, sino también una
profunda desigualdad, ya que, en promedio, las jubilaciones de empleados
públicos son en la actualidad seis o siete veces mayores que las de
trabajadores del sector privado.

Esa desigualdad es más acentuada en el caso de los funcionarios del Poder
Judicial, cuyas jubilaciones son cerca de 20 veces mayores que las del
sector privado