URUGUAY:30 años de golpe y casi ningún responsable

["Nello Margiotta" <animarg at tin.it>]

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Darío Montero

MONTEVIDEO, 26 jun (IPS) - Uruguay recordará este viernes 30 años del último
golpe de Estado sin tener tras las rejas a culpables de los crímenes
cometidos en los 12 años que le siguieron y con la mayoría de sus jóvenes
sin poder identificar hoy a ningún dictador de esa época.
La ley que alejó de la justicia a militares y policías acusados de delitos
contra la humanidad y la escasa presencia de la historia uruguaya posterior
a 1957 en los planes de estudio de educación primaria y secundaria están
entre las causas centrales de esa desinformación en los menores de 30 años.

Setenta por ciento de consultados entre 18 y 29 años en un estudio de la
privada Universidad Católica no supieron nombrar a ningún dictador del
periodo.

Sin embargo, para los uruguayos nacidos antes del 27 de junio de 1973 aún
resulta difícil olvidar las marchas militares que invadieron las radios ese
día desde las 5.30 de la madrugada o las imágenes de televisión, en riguroso
blanco y negro, de tanques del ejército cercando la sede del Congreso
legislativo.

Precisamente, la disolución del parlamento por orden de los jefes de las
Fuerzas Armadas en connivencia con el presidente Juan María Bordaberry,
elegido democráticamente en 1971, fue el hecho distintivo del golpe de
Estado en Uruguay respecto de lo ocurrido en las décadas del 60 y 70 en el
resto de América del Sur.

El derrocamiento de la democracia en 1964 en Brasil, en 1971 en Bolivia, en
septiembre de 1973 en Chile y en 1976 en Argentina fue y sería tarea
exclusiva de militares, más allá del apoyo o el pedido expreso de sectores
civiles, en particular ligados al poder económico.

La condición de autogolpe cívico-militar "a la uruguaya" fue la marca en el
orillo de ataques al sistema democrático perpetrados más tarde en otros
países de América Latina, como el encabezado en 1992 en Perú por Alberto
Fujimori, surgido de las urnas en 1990 y destituido 10 años después por el
Congreso.

Pero si fuera de fronteras el golpe a lo Bordaberry dejó huella indeleble,
la sociedad de este país de 3,3 millones de habitantes encuentra más difícil
abordar lo ocurrido entonces, con sus causas y consecuencias económicas y
políticas y la secuela de exilio, secuestros, torturas y asesinatos.

Unos 160 uruguayos resultaron desaparecidos, la mayoría en Argentina, a los
que se agregan muertos, centenares de exiliados y casi 6.000 presos
políticos sólo en 1976, una de las proporciones más altas del mundo respecto
de la población, según informes de la época de Amnistía Internacional, con
sede en Londres.

Además, la implantación de un estado policíaco y la drástica apertura de la
economía, con beneficios para el sector financiero, catapultaron la
emigración al exterior hasta superar entre 1973 y 1976 las 200.000 personas
en una población de 2,9 millones, según los historiadores Gerardo Caetano y
José Rilla.

La cuota de responsabilidad de los tradicionales partidos Colorado y
Nacional en el golpe y en la dictadura, a la cual aportaron presidentes,
ministros y funcionarios varios, y la poca confianza de sectores de
izquierda en las instituciones de entonces inciden hoy en esa falta de
interés por revisar el pasado.

A los mayores parece costarles transmitir a las nuevas generaciones lo
ocurrido durante la dictadura, los problemas económicos y la represión
colectiva que debieron soportar por más de una década, dijo a IPS Alejandro
Rial, del Departamento de Historia del Uruguay de la estatal Universidad de
la República.

Se prefiere mirar para adelante y esconder el duro pasado a los jóvenes,
añadió Rial en busca de una explicación al estudio en el que 70 por ciento
de consultados entre 18 y 29 años no supieron nombrar a ninguno de los
dictadores del periodo, Bordaberry, Alberto Demicheli, Aparicio Méndez y el
general Gregorio Alvarez.

Esa encuesta presentada en el Congreso por el sociólogo César Aguiar, en uno
de los muchos seminarios realizados esta semana, agrega que 70 por ciento de
los jóvenes entrevistados tampoco conocía que el propio Bordaberry era el
presidente en el momento del golpe y 53 por ciento no sabía precisar
siquiera el año del mismo.

Pero, pese a esos datos, la avidez por conocer aspectos generales y detalles
de los hechos históricos de la segunda dictadura del siglo XX en la llamada
hasta fines de los años 50 la Suiza de América, por su estabilidad y bonanza
económica, es cada vez mayor entre los jóvenes, apuntó Rial.

El departamento de Historia de la facultad estatal de Humanidades ha
investigado y producido en los últimos tiempos trabajos de gran importancia
para bucear en ese lapso, comenzando por "Breve Historia de la Dictadura",
editado por Caetano y Rilla apenas recuperada la democracia, agregó.

A esa tarea académica se agregan las publicaciones de entidades privadas
como las recopilaciones del Centro Latinoamericano de Economía Humana e
investigaciones de periodistas como Alfonso Lessa, con "Estado de Guerra", o
Víctor Bacchetta, con "Las historias que cuentan".

Empero, todavía resulta complejo encarar una investigación sobre la
dictadura y la situación política previa porque se dificulta el acceso a los
documentos oficiales, tanto civiles como militares, destacó Rial. Incluso a
veces se niega material de los años 50 porque tienen que ver con la guerra
fía, añadió.

Por su parte, la profesora Mariana Albistur fue categórica al indicar que es
momento de revisar el modo de enseñar la historia uruguaya, en particular
las últimas tres décadas, en la educación media.

Los planes de estudio de secundaria "no ponen énfasis suficiente en el
periodo dictatorial y tampoco se trabaja adecuadamente en este aspecto en la
formación de profesores", explicó a IPS Albistur, del Programa de Educación
Pública de los Derechos Humanos del Servicio de Paz y Justicia.

Es prácticamente imposible encontrar en los programas educativos de primaria
y secundaria conceptos como derechos humanos, puntualizó.

Los expertos consultados por IPS también indicaron que ayudó a sepultar el
asunto por años la confirmación en el plebiscito de 1989 de la ley que dejó
impune a los uniformados acusados de violaciones a los derechos humanos,
aprobada en 1987 con el curioso nombre de Caducidad de la Pretensión
Punitiva del Estado.

A pesar de que el parlamento había dejado expresamente fuera de ese amparo a
los civiles involucrados en el terrorismo de Estado desatado hasta marzo de
1985, en octubre de 2002 fue procesado y enviado a prisión por siete meses
el primer inculpado por un delito contra la humanidad.

Se trata de Juan Carlos Blanco, canciller del primer tramo dictatorial y
senador entre 1985 y 1990 del gobernante Partido Colorado, por complicidad
en la desaparición en 1976 de Elena Quinteros, quien fuera secuestrada por
fuerzas de seguridad del jardín de la embajada de Venezuela, donde intentaba
refugiarse.

Blanco quedó libre ante el cambio de carátula de desaparición por asesinato,
al aceptar la justicia como prueba de muerte de Quinteros el informe final
de la Comisión para la Paz, donde se recopilan testimonios que aseguran
falleció tras ser torturada en un cuartel de Montevideo.

La Comisión, conformada en 2000 por personalidades de todas las tendencias
políticas a instancias del presidente Jorge Batlle, reconoció en octubre por
primera vez los secuestros, torturas y asesinatos cometidos por la dictadura
y esclareció el destino de 26 de los 39 casos de desaparecidos denunciados
en el país.

La mayoría de esas personas murieron por tortura en centros clandestinos de
detención y en algunos casos "como consecuencia directa de actos y acciones
tendentes a provocar su muerte".

A pesar de este reconocimiento oficial, valorado por la oposición y
organizacones humanitarias, el procesamiento de Blanco --ahora por homicidio
pero en libertad-- es el único hasta ahora de acusados por violaciones de
derechos humanos que enfrenta la justicia, una situación sólo comparada con
Brasil.

Tampoco las Fuerzas Armadas han admitido esos crímenes y menos pedido perdón
a la sociedad, como lo hizo el general Martín Balza, jefe del ejército de
Argentina, y de forma más elíptica los militares chilenos