CUBA:DERECHOS HUMANOS-El regreso de los fusilamientos

["Nello Margiotta" <animarg at tin.it>]

Patricia Grogg

LA HABANA, 11 abr (IPS) - Cuba aplicó este viernes la pena de muerte por
primera vez en más de dos años, al fusilar a tres secuestradores de una
lancha la semana pasada, y eso complica su situación ante la Comisión de
Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.
Esa comisión debe considerar este miércoles una moción sobre la situación de
los derechos humanos en Cuba, presentada por Costa Rica, Perú y Uruguay,
considerada "suave" en medios diplomáticos, pero cuyos términos pueden ser
endurecidos debido a las ejecuciones y a severas condenas contra disidentes
la semana pasada.

Lorenzo Enrique Copello Castillo, Bárbaro Leodán Sevilla García y Jorge Luis
Martínez Isaac fueron fusilados en horas de esta madrugada, luego de un "
juicio sumarísimo previsto en los Artículos 479 y 480 de la Ley de
Procedimiento Penal", confirmó una nota oficial de este mediodía.

"Esto significa un retroceso en cuanto la posición de no continuar con los
fusilamientos, y seguramente concitará el rechazo de la comunidad
internacional", comentó a IPS el opositor Elizardo Sánchez, quien calificó
de "lamentable" la noticia.

Sánchez, activista de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y
Reconciliación Nacional, no reconocida por el gobierno, destacó que la pena
capital no se aplicaba desde 2000, pese a que está prevista para más de un
centenar de delitos en la legislación vigente.

Varios jóvenes consultados al azar por IPS expresaron rechazo a las
ejecuciones y a la rapidez con que se realizó el proceso. "Yo creo que había
que castigarlos, pero 20 años de cárcel hubiera sido suficiente", dijo un
estudiante de 20 años.

Pero un hombre de 55 años, que sólo aceptó identificarse como Manuel, opinó
que la rigurosa sanción es explicable porque "los americanos
(estadounidenses) sólo esperan una justificación para atacar a Cuba".

Según la nota oficial, los ejecutados eran "los tres principales, más
activos y brutales jefes de los secuestradores" de la nave desviada de su
ruta en la Bahía de La Habana el 2 de abril, cuando llevaba decenas de
pasajeros a bordo, con la intención de llevarla a Estados Unidos.

El Tribunal Popular de Ciudad de La Habana condenó a prisión perpetua a
Maikel Delgado Aramburo, Yoanny Thomas González, Harold Alcalá Aramburo y
Ramón Henry Grillo, y a 30 años de cárcel a Wilmer Ledea Pérez, también
participantes en el secuestro de la embarcación.

Ana Rosa Ledea Ríos, Yolanda Pando Rizo y Dania Rojas Góngora fueron
condenadas, respectivamente, a cinco, tres y dos años de prisión por el
mismo hecho delictivo.

Todos fueron enjuiciados por delitos previstos en la Ley 93 contra Actos de
Terrorismo, del 24 de diciembre de 2001.

El grupo mantuvo la embarcación en su poder bajo amenaza de asesinar a
pasajeros que mantenían como rehenes, incluidas dos turistas francesas,
hasta la tarde del 3 de este mes, cuando un operativo policial logró reducir
a los secuestradores.

Según el comunicado, los detenidos fueron puestos a disposición de la
justicia dos días después y juzgados "con pleno respeto de las garantías y
derechos fundamentales de los acusados".

El juicio concluyó el martes, y los condenados a muerte apelaron "de
inmediato" ante el Tribunal Supremo Popular, máximo organismo judicial del
país, que celebró rápidamente un nuevo juicio y ratificó esas sentencias.

Como establece la legislación vigente, las condenas fueron sometidas a la
consideración del Consejo de Estado, que las ratificó luego de analizar el
caso "durante horas", de acuerdo con la nota oficial.

Ese organismo, encabezado por el presidente Fidel Castro, tiene carácter
colegiado y es el supremo representante del Estado cubano según la
Constitución.

El Consejo tuvo en cuenta lo probado de los hechos que constituyeron el
delito, así como "la gravedad y los peligros potenciales que implicaba, no
sólo para la vida de personas inocentes, sino también para la seguridad del
país", indicaron las autoridades.

El 19 y el 31 de marzo habían sido secuestrados y desviados hacia Estados
Unidos sendos aviones que realizaban vuelos internos.

El jueves, fuerzas policiales frustraron lo que pudo ser un nuevo incidente
aéreo de esa naturaleza, al capturar a un grupo armado que arrebató un fusil
AK-M a un soldado que hacía guardia en instalaciones de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias.

Las autoridades alegan que esos hechos fueron parte de un "plan siniestro de
provocaciones" tramado en Estados Unidos con el "único propósito de crear
condiciones y pretextos para agredir" a Cuba, que "será defendida al precio
que sea necesario".

El canciller cubano Felipe Pérez Roque destacó el miércoles que en los
últimos siete meses se produjeron siete secuestros de aeronaves, en un
intento de usar "la emigración ilegal para desestabilizar" al país.

"Creemos que hay un plan consciente cuya meta final es dar al traste con los
acuerdos migratorios que han venido funcionando entre ambos países (Cuba y
Estados Unidos) por una década", comentó.

Esos convenios fueron firmados en 1994 y 1995, con la intención declarada de
que la migración fuera legal, ordenada y segura. Pero miles de personas
abandonan la isla en forma irregular, se acogen a la Ley de Ajuste Cubano
aprobada por Estados Unidos en 1965, y obtienen residencia en ese país al
año de haber pisado su territorio.

El gobierno de Fidel Castro arguye que la Ley de Ajuste estimula los viajes
clandestinos en frágiles embarcaciones a través del estrecho de La Florida.

Ante la ola de secuestros de medios de transporte, el propio jefe de la
Sección de Intereses (oficina diplomática) de Estados Unidos en Cuba, James
Cason, hizo saber a la población cubana de 11,2 millones que los
involucrados en hechos de ese tipo serán sancionados a fuertes penas en su
país.

"Cualquier individuo de cualquier nacionalidad, incluidos los cubanos, que
secuestre un avión o embarcación para dirigirse a Estados Unidos será
procesado con toda la fuerza del sistema legal norteamericano", dijo Cason
en un mensaje difundido en la prensa estatal de la isla.

En febrero de 1999, una reforma del Código Penal incluyó a delitos con
agravantes de narcotráfico, robo con violencia y corrupción de menores entre
los que pueden ser castigados con la pena de muerte.

Pero a mediados de noviembre de 2000, Castro señaló públicamente que un
grupo de juristas analizaba alternativas a esa condena.

"Tenemos otras ideas que nos permitirán un día, y por nuestra propia
decisión, abolir la pena capital. Y no por tener más amigos o menos amigos,
sino porque queremos conocer a los seres humanos", dijo el mandatario cubano
en esa ocasión.

En diciembre de ese mismo año, el alto comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos llamó a una moratoria en la ejecución de los
condenados a muerte en el mundo entero (FIN/2003)