Al pueblo de Bolivia: el binomio neoliberal debe irse a su





Los luctuosos acontecimientos de los días 12 al 14 de los corrientes
 revelan que el pueblo ha llegado al límite de su tolerancia. El
 impuestazo que el gobierno de Sánchez de Lozada pretendió imponer al
 país, a sangre y fuego y bajo los mandatos del FMI y las
 transnacionales, provocó una previsible y generalizada reacción que
 demuestra el agotamiento del régimen, incapaz de imponer su voluntad,
 de seguir gobernando. Sin embargo, es tal la tozudez del Presidente y
 sus seguidores que están dispuestos a hundir al país y seguir
 masacrando pueblo, antes que rectificar su política y ceder a una
 confrontación democrática. La actuación de francotiradores, que han
 asesinado a gente desarmada e inclusive a personal médico, es una
 demostración de lo que es capaz este régimen para continuar explotando
 y oprimiendo al pueblo y beneficiando a las transnacionales.

 El impuestazo ha sido derrotado y la reacción popular ha producido una
 gran crisis en las alturas del régimen que lo ha obligando a aparentes
 cambios en el poder ejecutivo, retirando algunos odiosos personajes
 que sustituye por otros operadores de la misma política. Todo indica
 que Sánchez de Lozada efectúa operaciones cosméticas y toma medidas
 distractivas que no traerán las rectificaciones exigidas por el
 pueblo. En el mensaje presidencial, del día 16, apenas ha prometido
 una reducción de ministerios y gastos superfluos y que no cobrará su
 sueldo de la planilla oficial. Esto, que fue impuesto al régimen por
 su patente inmoralidad, no solucionará los problemas de fondo y es
 sólo un gesto propagandístico para "dar ejemplo", es decir, para que
 el pueblo acepte sacrificios imposibles. Todo esto está dirigido a
 salvar la presidencia y a salvar al régimen oligárquico y neoliberal
 para continuar aplicando la política dictada por los organismos
 financieros internacionales y las transnacionales. El nuevo gabinete
 es la confirmación de lo que decimos; este equipo y todos los
 asesores, no son, sino instrumentos de quien decide la línea del
 gobierno y ese es el Presidente de la República. Las fricciones entre
 socios de la coalición y tensiones intrapartidarias son sólo mezquinas
 disputas personales por tajadas de presupuesto oficial. El nuevo
 gabinete es sólo una componenda para superar la crisis política del
 régimen pero no traerá ningún cambio importante, ninguna revisión de
 la política neoliberal.

 Eludiendo los problemas de fondo y echando una verdadera cortina de
 humo sigue tercamente preparando el momento para entregar el gas a las
 transnacionales a precio irrisorio y exportándolo por Chile, en contra
 del interés y el sentimiento nacional.

  En estas circunstancias la lucha por una solución global a los
 problemas del país debe continuar hasta un cambio de gobierno con la
 renuncia del Presidente y el Vicepresidente, la formación de un
 gobierno transitorio, conforme a la Constitución Política del Estado y
 con la convocatoria a elecciones anticipadas en un plazo perentorio.
 El gobierno transitorio se deberá ocupar únicamente de administrar las
 elecciones y aplicar medidas para afrontar la crisis que azota al
 país. El nuevo poder surgido de las elecciones debe convocar a una
 Asamblea Popular Constituyente.

 Un plan económico-financiero anticrisis deberá basarse en medidas que
 procuren una gestión soberana de la economía nacional, atención
 preferente del aparato productivo y satisfacción prioritaria de las
 necesidades más urgentes del pueblo. Las medidas principales que
 además se convierten en plataforma de lucha del pueblo son las
 siguientes:

  1.- Elaboración de un Presupuesto General de la Nación participativo
 que estimule la expansión del aparato productivo nacional, atienda las
 necesidades más premiosas del pueblo y reduzca drásticamente y de modo
 general el gasto fiscal superfluo.

  2.- Revisión inmediata de los contratos con las transnacionales
 petroleras para reponer una tributación del 60 al 75% hasta
 ulteriormente rescatar, para el dominio de la República, todo el
 patrimonio nacional enajenado, vulnerando la Constitución Política del
 Estado. Restitución de YPFB para su participación en todo el proceso
 de la explotación y venta de los hidrocarburos.

  3.- Declaratoria de la MORA de la deuda externa hasta lograr la
 condonación total. Conformación de un frente latinoamericano para la
 anulación total de la deuda externa.

 4.- Desarrollo de una industria petroquímica en los departamentos
 productivos (en Tarija inicialmente) y utilización del gas natural
 primero para las necesidades del desarrollo nacional y para el uso de
 los bolivianos. Cambio de la matriz energética para el uso preferente
 de gas. Exportación del gas en un proceso de integración energética
 regional con el Perú, Argentina y Chile, siempre que este país acepte
 una solución al problema marítimo. Venta a precios concordados con los
 países productores.

  5.- Incentivar el desarrollo de las fuerzas productivas nacionales
 tanto privadas como públicas. Proteger el mercado nacional en un
 proceso de integración equilibrado y justo tanto regional como
 latinoamericano. Congelar las tratativas para la instauración del ALCA
 Reorganización de la Banca Estatal.

  6.- Desarrollo alternativo agropecuario y agroindustrial planificado
 de El Chapare. Respeto a la economía familiar de la coca en las
 proporciones que se fijen con los interesados. Abrogación de la Ley
 1008. Reactivar la minería nacional aplicando las últimas
 disposiciones en la materia.

  7.- Realizar una segunda reforma agraria que entregue tierra a los
 que no la tienen, a los que trabajan la tierra personalmente o la
 poseen en cantidad insuficiente. Abrogar el D.S. 21060.

 Con esta la propuesta de emergencia elaborar un plan
 económico-financiero de largo plazo en el marco de un desarrollo
 nacional soberano.

 Llamamos a las organizaciones populares, sindicales, profesionales,
 universitarias y estudiantiles, a las gremiales, a los policías y
 militares patriotas a reforzar las directivas surgidas en la batalla y
 demandar que actúen unitaria y democráticamente, como lo exige la
 lucha del pueblo por la consecución de sus objetivos. Estas que deben
 tener una real representatividad y trabajar con mecanismos colectivos
 y democráticos. El movimiento sindical debe encontrar rápidamente
 mecanismos para su unificación en torno a una dirección transitoria
 plenamente aceptada por las bases.

 Por último es responsabilidad de la principal fuerza de la oposición
 política popular laborar en sentido de articular efectiva y
 unitariamente a las fuerzas del pueblo, superando prácticas
 hegemónicas y sectarias. Los objetivos de la lucha popular deben
 fijarse coordinada y responsablemente debiendo evitarse la
 improvisación y el cambio de tácticas sin un análisis de lo que dicta
 la situación política, la correlación de fuerzas y el estado de ánimo
 de las masas.

 La Paz, 20 de febrero del 2003

 COMITÉ DE DEFENSA DEL PATRIMONIO NACIONAL

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