VENEZUELA: Compromiso contra la violencia política

["Nello Margiotta" <animarg at tin.it>]

Humberto Márquez

CARACAS, 18 feb (IPS) - El gobierno y la oposición política de Venezuela
firmaron este martes un compromiso contra la violencia, primer logro del
secretario general de la OEA, César Gaviria, quien conduce desde hace 100
días la mesa de negociación y acuerdos entre las partes.

Mediante la "Declaración contra la violencia, por la paz y por la
democracia", de ocho puntos, las partes enfrentadas declararon este martes
su compromiso de desmontar el clima de agresividad que ha signado el
panorama político del país en los últimos años, y su apego a la Constitución
y las leyes.

"Rechazamos la intemperancia verbal, las recriminaciones mutuas, el lenguaje
hiriente y cualquier retórica que de alguna manera estimule la
confrontación", sostuvo el documento.

Se propuso, en cambio, "un lenguaje de respeto mutuo, tolerancia,
consideración por las ideas ajenas, y supremo aprecio por la vida y por la
dignidad humana".

El grupo tripartito conformado por la OEA (Organización de Estados
Americanos); el estadounidense Centro Carter y el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), conduce la mesa en busca de una salida
"pacífica, democrática, constitucional y electoral" a la crisis política.

El grupo había llamado reiteradamente a "desarmar los espíritus", "bajar el
tono" y "moderar el lenguaje" del discurso político.

Otro tanto hizo el Grupo de Países Amigos de Venezuela, en el que están
representadas desde enero las cancillerías de Brasil, Chile, España, Estados
Unidos, México y Portugal.

El segundo punto de la declaración firmada este martes manifestó que "la
violencia, en cualquiera de sus modalidades, practíquela quien la practique
y cualquiera sea su origen, es absolutamente injustificable y por ello
condenable".

Por tanto, "emplazamos a todas las autoridades y organismos administrativos
y jurisdiccionales competentes a actuar sin contemplaciones para investigar
y sancionar la pérdida de vidas humanas", agregó el texto.

La violencia política causó en el último año unas 80 muertes y centenares de
heridos. Durante los desórdenes vinculados al fracasado golpe de Estado de
abril de 2002 murieron 61 personas, según el no gubernamental Programa
Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos.

En manifestaciones o actividades de seguidores del oficialismo y de la
oposición, otras 10 personas murieron en Caracas y sus alrededores, y varios
dirigentes campesinos han sido asesinados en el interior del país.

La declaración de este martes rechazó las manifestaciones de violencia,
intolerancia, agravio u ofensa para dirimir diferencias políticas.

Seis delegados del gobierno y seis de la opositora Coordinadora Democrática,
firmantes del documento, exhortaron al pueblo venezolano a "cesar o
proscribir toda actitud directa o indirecta de agresión, amenaza,
hostigamiento o violencia", y reclamaron que trabajen por ello iglesias,
sindicatos y demás organizaciones sociales.

Manifestaciones opositoras son interceptadas por seguidores del presidente
Hugo Chávez, mientras autoridades y jefes de las Fuerzas Armadas no pueden
concurrir a restaurantes o lugares públicos en zonas residenciales de clase
media sin ser rodeados por vecinos que golpean cacerolas, gritan e insultan.

El punto de más difícil consenso de la declaración fue el referido a los
medios de comunicación. El texto reclamó a las empresas periodísticas que
"promuevan la paz, la tolerancia y la convivencia" en sus mensajes y
programas, y que cumplan y ejerzan deberes y derechos constitucionales y
legales.

Los medios de comunicación privados militaron a favor de la oposición
durante la huelga contra Chávez de diciembre y enero, reemplazando la
publicidad comercial por propaganda política contra el gobierno.

El oficialismo hizo lo propio, utilizando la televisión y las radioemisoras
del Estado.

Los firmantes se obligaron a "mantener y mejorar el trabajo de la mesa" de
diálogo, que "con esta declaración acerca la posibilidad de una salida
electoral", dijo a IPS el dirigente de la oposición socialcristiana Humberto
Calderón.

Como último punto, los delegados comprometieron su trabajo en "los temas
conexos", como el establecimiento de una Comisión de la Verdad que
esclarezca los hechos de abril de 2002, y el desarme de la población
reclamado por la oposición, según la cual grupos de civiles seguidores del
gobierno portan ilegalmente armas.

"La mesa había comenzado por lo último y con la declaración de este martes
regresamos a lo primero, y se abre el camino para que podamos discutir
cualquier cosa", estimó el vicepresidente José Vicente Rangel.

Rangel se refirió así a la insistencia opositora en encontrar una salida
electoral a la crisis política, mientras el latiguillo de la mesa señala una
solución "pacífica, democrática, constitucional y electoral".

Para Andrés Cova, representante de los sindicatos opositores en la mesa,
"con este acuerdo se podrá encontrar una salida electoral en el mediano
plazo".

La oposición quiere que la Constitución sea enmendada para declarar
terminado el periodo de gobierno de Chávez, que debería concluir en 2006, y
convocar a nuevas elecciones este mismo año.

Tras la firma de los representantes de las partes, encabezados por Rangel y
el delegado opositor Timoteo Zambrano, firmaron el documento Gaviria,
Francisco Díez, del Centro Carter, y Antonio Molpeceres, representante del
PNUD en Venezuela. Los delegados se hicieron luego fotografiar en grupo.

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Nello

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