Corrupción en Chile: los "gastos reservados" del gobierno

["Nello Margiotta" <animarg at tin.it>]

18 de febrero del 2003
La Tercera


En enero de 2002 el entonces jefe de gabinete de Insulza [Ministro del
Interior] le reveló al juez Zepeda que Interior le pagaba con gastos
reservados al analista ["de inteligencia" Lenín Guardia, hoy preso por una
serie de "crímenes del oficio"]

Con este antecedente se le restringen las posibilidades a La Moneda de
argumentar ante el juez Carlos Aránguiz que los gastos reservados son
secretos y que informar sobre ellos sería incurrir en un delito [como si la
posible comisión de crímenes se pudiera ocultar invocando la ley - un
argumemto que no es ajeno a "la cultura de la dictadura" que impera en el
país y que han adoptado en su manejo a las espaldas de la ciudadanía "los
hijos políticos de Pinochet" actualmente en el gobierno].

El magistrado se encargó ayer de inquietar aún más al oficialismo al señalar
que "en la medida en que se está investigando un delito, estos fondos dejan
de ser reservados".

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La advertencia de Tombolini a La Moneda sobre la intención del juez

Desde hace un mes que La Moneda sabía que el ministro en visita Carlos
Aránguiz estaba investigando el uso de fondos reservados, a través de
mensajes enviados por el ex subsecretario de Transportes Patricio Tombolini,
procesado por cohecho en el caso coimas.

En el interrogatorio del 6 de enero en Rancagua, el juez mostró un
persistente interés por conocer el origen de los depósitos mensuales que
recibía el ex subsecretario.

Ese día el magistrado le consultó a Tombolini por el origen de unos
depósitos mensuales de $ 1.600.000 que registraba su cuenta corriente en los
tiempos en que era funcionario público.

Aunque el procesado personero podría haberse escudado en las leyes que
impiden hablar sobre el origen de esos fondos, para despejar cualquier duda
respecto de que podía tratarse de una coima, le dijo a Aránguiz que eran
gastos de representación y, de acuerdo con su información, se originaban en
fondos reservados de la Cancillería.

Aránguiz, que antes había obtenido una respuesta parecida de Cruz cuando le
preguntó por los sobresueldos, obtuvo así el argumento para comenzar a
investigar esa área tan sensible para el gobierno.

En la citación del jueves 6 de febrero, el magistrado volvió a interrogar a
Tombolini sobre el tema, inquiriendo detalles sobre qué persona le
depositaba el dinero.

Cuatro días después abrió una causa por malversación de caudales públicos y
envió un oficio al Ministerio de Hacienda recabando antecedentes sobre todos
los gastos reservados del gobierno.

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El juez del caso coimas, Carlos Aránguiz, tocó esta semana una de las hebras
más sensibles de La Moneda: los gastos reservados del gobierno. Bajo el
delito de malversación de caudales públicos, el magistrado rancagüino abrió
el lunes pasado una nueva causa para investigar el uso de tales fondos para
el pago de sobresueldos de altas autoridades durante la actual
administración.

Tras reuniones de alto nivel encabezadas por el Vicepresidente José Miguel
Insulza, en Palacio adoptaron la misma estrategia utilizada cuando a
mediados de diciembre pasado el ex ministro Carlos Cruz admitió que recibía
una remuneración extra proveniente de los gastos reservados: resaltar el
carácter secreto de éstos y el impedimento legal que tienen los funcionarios
públicos para dar a conocer sus usos específicos.

Sin embargo, Aránguiz se encargó ayer de agregar un motivo más de
preocupación al gobierno al señalar que el argumento de La Moneda -esgrimido
primero por el ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, y luego por Insulza
de que no se pueden dar a conocer los gastos reservados porque sería
incurrir en un delito- constituye "un error parcial".

En esa misma línea, un episodio ocurrido en enero de 2002 en el marco del
caso Lenin Guardia derriba por completo la línea de defensa esbozada el
jueves por Eyzaguirre, en orden a que los fondos reservados no se pueden
informar. También echa por tierra el argumento de Insulza de que "hablar de
gastos reservados sería cometer un delito".

Primeras negativas

El lunes 14 de enero de 2002 fue un día tenso para La Moneda.

Guillermo Miranda, jefe de gabinete de Insulza, fue citado a declarar por
segunda vez ante el ministro de fuero Jorge Zepeda, a cargo del caso de las
cartas-bomba enviadas a la embajada de Estados Unidos y a la oficina del
abogado Luis Hermosilla en septiembre del 2001.

El objetivo del magistrado era dilucidar una contradicción entre los dichos
del personero y los del ex analista de inteligencia Lenin Guardia.

Desde que cayó detenido, en noviembre de 2001, Guardia utilizó un arma que
dejó en una incómoda posición a La Moneda: le reconoció al juez que era un
informante pagado del Ministerio del Interior.

Pese a que en un comienzo el gobierno negó insistentemente tener vínculos
con los responsables, las investigaciones del ministro Jorge Zepeda fueron
develando lo contrario.

La posición de Palacio se hizo insostenible cuando el analista reveló que a
pocos días del atentado sostuvo una reunión con Guillermo Miranda en el
Hotel Carrera. Un hecho que obligó a los ministros políticos a reconocer que
mantenían contactos "informales" con Guardia.

El nerviosismo palaciego se intensificó el 9 de enero de 2002, cuando Zepeda
interrogó durante una hora a Miranda en La Moneda. Según consta en un
cuaderno secreto del expediente, el entonces jefe de gabinete de Insulza y
hoy como director de área de la OIT en México negó cualquier relación con el
cuestionado analista.

Tras la diligencia, el magistrado se trasladó de inmediato a la ex
Penitenciaría para cotejar su testimonio con el del ex agente, descubriendo
serias contradicciones. En una jugada estratégica, esa misma noche citó al
funcionario de gobierno para un nuevo interrogatorio. Día: 14 de enero.
Lugar: Corte de Apelaciones.

La confesión de Miranda

Tras una serie de análisis internos, en La Moneda se determinó que Miranda
podía reconocer que los informes de Guardia eran cancelados con dineros
provenientes de los gastos reservados de la cartera de Interior. Ante
Zepeda, el personero socialista no sólo admitió que Lenin Guardia mantenía
una relación permanente y remunerada con esa secretaría de Estado. Como
confirman altas fuentes de gobierno, Miranda admitió que entre abril y
septiembre del 2001 se le pagó con cargo a fondos reservados $ 500 mil
mensuales a cambio de informes sobre política, algunos de los cuales eran
entregados personalmente en la casa de Insulza.

En la oportunidad, La Moneda evitó referirse a las nuevas revelaciones. El
viernes pasado, en tanto, La Tercera intentó comunicarse con el
Vicepresidente y se le dejó un recado, pero no fue posible ubicarlo.

La investigación de Zepeda -en la cual declararon por oficio el ex vocero de
gobierno Claudio Huepe, el subsecretario del Interior Jorge Correa y el
Presidente Lagos, concluyó el 24 de septiembre del 2002, con la condena en
primera instancia de Guardia y López Candia a 10 años y 300 días de presidio
como autores de delitos terroristas, que tenían por objetivo crear un clima
de inseguridad en el país para que aumentara la necesidad de servicios de
inteligencia.

La revelación de Miranda cobra vigencia hoy a raíz de la investigación del
ministro Aránguiz sobre el pago de sobresueldos con gastos reservados. Esto,
luego de que el ex subsecretario Patricio Tombolini reconociera que las
remuneraciones extra que recibía provenían de fondos que maneja la
Cancillería (ver recuadro).

Con el episodio del caso Lenin Guardia, contenido en el cuaderno secreto del
expediente, el gobierno tendría un margen menor para poder responderle al
magistrado que los gastos reservados no pueden ser informados, porque su
secreto está resguardado por ley.

El magistrado no descarto que cite a declarar a secretarios de estado
Juez Aránguiz dice que si hay delito, fondos reservados deben ser revelados

El juez Carlos Aránguiz se encargó ayer nuevamente de encender las luces de
alerta en La Moneda, al afirmar en Rancagua que lo señalado primero por el
titular de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre y luego por el Vicepresidente José
Miguel Insulza, en cuanto a que dar a conocer los gastos reservados es un
delito, constituye un "error parcial".

Esto, porque "los fondos reservados, en la medida en la que se está
investigando un delito, dejan de ser reservados en una parte". Sin embargo,
el magistrado señaló que prefiere creer que esos dichos son sólo
"conjeturas" y cosas "que se dicen al pasar".

Frente a las complicaciones que su nueva investigación estaría acarreando a
La Moneda, Aránguiz se disculpó precisando que "yo no puedo evitar las
consecuencias de lo que es el cumplimiento de mi deber" y agregó que ésta
"no debiera causar inquietud a nadie porque lo único que yo estoy haciendo
son investigaciones puntuales, acotadas respecto a hechos que tienen
aparencia de delitos".

Aunque muchos en el gobierno pensaron que luego de inhabilitarse en el
escándalo MOP-Gate, el ministro Aránguiz se limitaría a investigar el caso
coimas y dejaría de ser una amenaza para el Ejecutivo, ni los más pesimistas
podrían haber aventurado que menos de 20 días después el magistrado
intensificaría su amenaza a La Moneda con dos investigaciones que pueden
convertirse en problemas igual o superiores a los que generó el caso Gate.
Desde fines del 2002 los pasos del juez han sido causa de inquietud para La
Moneda y si la atención hacia ellos decreció a principios de febrero,
nuevamente el gobierno debe seguirlos detenidamente, porque volvieron a ser
tan impredecibles como entonces.

Aránguiz no ha desechado ninguna de las líneas investigativas, abiertas en
los testimonios de los procesados, que apunten a zonas estratégicas del
gobierno, como las indagaciones acerca de Gate debido a que uno de sus
procesados, el ex subsecretario Patricio Tombolini, recibió dinero de esa
empresa de servicios externos del MOP. Entonces atacó un ministerio estrella
del Presidente Lagos y mandó a prisión a Carlos Cruz, hombre de confianza
del Mandatario, que lleva más de un mes en la cárcel. El 20 de enero la
intensidad del problema decreció, pero Aránguiz quedó con las manos libres
para seguir removiendo "las piedras que pueden estallar en la cara", como
definió estos antecedentes con sus cercanos en vísperas de tomarse unos días
de descanso.

Al alcance tenía la causa 56.288, abierta el 18 de noviembre pasado, el
mismo día que también inició el sumario sobre Gate, que indagaba el uso de
fondos reservados en el Ministerio Secretaría General de Gobierno durante
1994, cuando su titular fue el procesado diputado PPD Víctor Manuel
Rebolledo. Para llegar a estos hechos se sirvió del testimonio del ex jefe
de gabinete de Carlos Cruz, Alejandro Chaparro, entonces colaborador del
desaforado parlamentario en una campaña electoral interna del PPD, donde
ambos apoyaron la candidatura de José Auth a la secretaría general del
partido. El cuaderno fue caratulado como malversación de fondos, pues
presuntamente Rebolledo habría ofrecido a militantes de su tienda, en una
reunión en el sur donde también estuvo Chaparro, dinero de los fondos
reservados a cambio de apoyar la candidatura de Auth. "Que los fondos
reservados sean utilizados para fines particulares al menos constituye una
malversación", comentó una fuente que conoce la dirección de las
diligencias. Tanto para Rebolledo como para Chaparro, ambos procesados en
investigaciones del magistrado, el delito no ha prescrito si el juez halla
indicios suficientes para una nueva encargatoria de reo.

Enviado por Instituto Cono Sur
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Nello

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