Messico Las organizaciones de derechos humanos advierten del riesgo de acciones paramilitares en Chiapas

["Nello Margiotta" <animarg at tin.it>]

20 de enero del 2003
Ricardo Martínez Martínez
Rebelión

La existencia de los grupos paramilitares en Chiapas y la impericia de las
autoridades gubernamentales para aplicarles la ley, ponen en riesgo la paz :
Fray Bartolomé de las Casas, Miguel Agustín Pro Juárez y Acción de los
Cristianos por la Abolición de la Tortura.

Organismos civiles de derechos humanos alertaron sobre la posibilidad de
acciones paramilitares en la reserva de la biosfera de Montes Azules ante la
creciente tensión de los últimos días.

Esta situación se da a consecuencia de la decisión del gobierno federal de
desalojar a las comunidades indígenas asentadas en la zona, dijeron
representantes de los centros de derechos humanos Fray Bartolomé de las
Casas y Miguel Agustín Pro Juárez, así como de la organización Acción de los
Cristianos por la Abolición de la Tortura (ACAT).

En entrevista por separado, los defensores de los preceptos humanos
coincidieron en que la existencia de los grupos paramilitares en Chiapas y
la impericia de las autoridades gubernamentales para aplicarles la ley, pone
en riesgo la paz en el estado de Chiapas.

En la zona de Montes Azules, Fernando Valadez, representante de la sección
ACAT-México, aseguró que desde el levantamiento zapatista en 1994, "la
reserva biológica ha sido un objetivo militar y el gobierno ha tratado por
todos los medios de tener allí un desalojo. Las operaciones que se realizan
por parte de paramilitares en ese lugar son con el fin de crear caos, tratar
de infiltrar a las comunidades zapatistas, y apoyar a las fuerzas armadas
regulares". Acotó: "otro de los objetivos es la cooptación política de
civiles".

Por su parte, Edgar Cortez, representante del Centro Pro, dijo que la
decisión de desalojo por parte de la administración de Vicente Fox, es un
elemento de alto riesgo que posibilita la acción de grupos paramilitares.
"Yo creo que cualquier acción y particularmente los desalojos por la fuerza
en Montes Azules pueden desencadenar diversos actos de violencia y, por
supuesto, representa un caldo de cultivo de posibles actuaciones de los
grupos paramilitares".

En tanto, Patricia Gómez, integrante del Centro Fray Bartolomé de las Casas,
advirtió que el riesgo de acciones paramilitares en Montes Azules es
latente. " Nos parece que sí hay condiciones para elevar los enconos y
desencadenar acciones de paramilitares a consecuencia de un proceso de
diálogo truncado, la no aceptación de las demandas indígenas y la decisión
de desalojar."

Paramilitares en Montes Azules

En la reserva biológica operan grupos ilegales patrocinadas por autoridades
gubernamentales desde 1995, dijo la represente civil, quien tiene
documentado la existencia de paramilitares en los municipios de Las
Margaritas y Ocosingo.

Con base en la información recaba por su organización, Patricia Gómez reveló
que durante el año 2001 se fortaleció la agrupación considerada como
paramilitar:
Organización Para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos
(OPDDIC), la cual es dirigida por el actual diputado local priísta, Pedro
Chulín. Su objetivo es "contrarrestrar en la zona al movimiento del Ejército
Zapatista de Liberación Nacional", apuntó.

En agosto de 2002 hubo muertes sospechosas de milicianos zapatistas en los
municipios de Altamirano, Ocosingo y Chilón, "las cuales son consideradas
como presuntas ejecuciones". Estos actos de violencia son planeados y
sistemáticos, señaló Patricia Gómez. "Los actores materiales realizaron los
actos de manera muy furtiva, clandestina por lo que resulta muy difícil
comprobar el móvil, pero la línea en común es que las muertes fueron de
milicianos del EZLN."

Responsabilidad gubernamental

Los defensores de los derechos humanos afirmaron que la responsabilidad de
la actuación de los grupos ilegales armados vinculados con autoridades,
recae fundamentalmente sobre el gobierno federal. Edgar Cortez sostuvo: "el
tema paramilitar debiera ser una responsabilidad claramente del ámbito
federal" y prosiguió:
"no hay que olvidar que hace algunos meses durante el año pasado se cerró la
Oficina Especial de Investigaciones sobre Grupos Armados Ilegales, que
dependía de la Procuraduría General de la República (PGR), sin que se haya
conocido un informe público sobre el resultado de las pesquisas." El
representante de Centro Pro dijo que las investigaciones suponen una
estrecha colaboración de las instancias de procuración de justicia, tanto
federal como local.

Fernando Valadez responsabilizó al presidente Vicente Fox de cualquier
acción militar o paramilitar contra la población de Montes Azules ya que "él
(Vicente Fox) es el jefe de las fuerzas armadas y también de todo lo que
esté por debajo." Acusó a los gobiernos federal y estatal de no hacer nada
para aplicar la ley contra los grupos paramilitares. "Ni Vicente Fox ni
Salazar Mendiguchía han tocada a las fuerzas paramilitares que operan bajo
la estrategia de Guerra de Baja Intensidad (GBI) y con operaciones
psicológicas y de desgaste contra las comunidades".

Creciente la Militarización

Patricia Gómez mostró su preocupación sobre la creciente militarización en
el estado, ya que desde 1995 a 1999 crecieron los campamentos de trece a 86
puestos.

Recordó que en la entidad sureña existen por lo menos seis grupos
paramilitares: Paz y Justicia, Los Chinchulines, Máscara Roja, el Movimiento
Indígena Revolucionario Antizapatista (MIRA), Alianza San Bartolomé de los
Llanos y Tómas Munzer.

El paramilitarismo tiene el objetivo de eximir de la responsabilidad al
Ejército, "de una serie de arbitrariedades y atropellos que cometan contra
la población civil", resaltó por su parte Fernando Valadez.
"Operan -enfatizó- para dividir a las comunidades, cometer crímenes y
reprimir de manera selectiva."

Edgar Cortés del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez
resaltó que la temática de los grupos paramilitares es uno de los varios
pendientes en el proceso de lucha contra la impunidad, concretamente en
Chiapas.

Llamado a las autoridades

Los representantes de los organismos civiles fijaron tres puntos para la
distensión del conflicto. "las autoridades deben agilizar investigaciones
eficaces sobre la participación de los grupos paramilitares; los
funcionarios encargados de la vigilancia y protección de la reserva de la
biosfera de Montes Azules, tienen que garantizar el respeto a los derechos
humanos de los pobladores de la zona y desistirse de los desalojos; y el
gobierno federal debe abrir causes al proceso de diálogo en Chiapas, luego
de que gobierno no respetó los Acuerdo de san Andrés firmados con el EZLN",
apuntaron.

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Nello

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