Venezuela: La Universidad Venezolana en pie de lucha cotnra el fascismo

["Nello Margiotta" <animarg at tin.it>]

Carta Profesoral al Consejo Universitario de la Universidad de Carabobo

Rebelión


Valencia, Venezuela, 10 de enero de 2003.

Ciudadanos

Rector Ricardo Maldonado

Y demás miembros del Consejo Universitario

De la Universidad de Carabobo.




Nosotros, profesores de la Universidad de Carabobo, muy respetuosamente nos
dirigimos ante este Consejo para someter a su consideración los
planteamientos siguientes, en las deliberaciones y toma de decisión respecto
al reinicio de las actividades académicas y administrativas de la
institución en este mes de enero del año en curso.
1. Desde el 10 de diciembre del 2001, la comunidad nacional e internacional
ha visto con preocupación las actuaciones de algunos sectores de la sociedad
venezolana empeñados en la desestabilización de las instituciones
democráticas y la ruptura del hilo constitucional. En los últimos meses, los
venezolanos hemos sido testigos de una manipulación inédita de la
información por parte de los medios privados de comunicación; sufrimos la
violencia del golpe de estado del 11 de abril, la represión desatada durante
los dos días posteriores al derrocamiento del gobierno legítimamente electo
por nuestro pueblo y el llamado abierto a la insurrección cívico-militar
desde Altamira, con sus réplicas, como por ejemplo en la redoma de Guaparo
en la ciudad de Valencia. Presenciamos la convocatoria a un fallido paro
patronal sin fines reivindicativos, el sabotaje contra la industria
petrolera, la coacción ejercida por la banca privada al ver alejarse la
posibilidad de controlar los fondos de pensiones de los trabajadores
venezolanos; además de toda una serie de manifestaciones de irracionalidad
política, que han desembocado en muertes, desabastecimiento, pérdida de
empleos, y que ahora parecen llegar a su último extremo con este intento de
paralización de las escuelas y las instituciones de educación superior del
país.
2. Nosotros, docentes de la Universidad de Carabobo, queremos expresar
nuestra convicción de que la educación es un derecho esencial del ser humano
y que la actual coyuntura política del país, por más delicada que sea, de
ningún modo justifica la supresión de su disfrute por parte de la infancia y
la juventud venezolanas. Ni siquiera en naciones azotadas por la guerra,
como es el caso de la vecina Colombia o de la más distante Palestina, los
educadores han dejado de cumplir con su tarea. Mucho menos justificable es
este despropósito en Venezuela, donde la paz, aunque se ha visto amenazada,
aún es posible entre nosotros y es nuestro deber consolidarla, como modo de
convivencia fundamental entre todos los sectores de nuestra sociedad.

Es oportuno recordar que El Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, suscrito el 16 de diciembre de 1966 por los estados
miembros de la Organización de las Naciones Unidas, establece en su artículo
13:

"1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda
persona a la educación. Convienen en que la educación debe orientarse hacia
el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad,
y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades
fundamentales. Convienen asimismo en que la educación debe capacitar a todas
las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer
la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre
todos los grupos raciales, étnicos o religiosos (...)

2. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, con objeto de
lograr el pleno ejercicio de este derecho: c) La enseñanza superior debe
hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada
uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación
progresiva de la enseñanza gratuita."

Del mismo modo, la Constitución de la República es clara en la definición
del carácter estratégico de la educación como misión de Estado, al
consagrarla como uno de los más importantes derechos del pueblo venezolano
en sus Principios Fundamentales. En efecto, en su Artículo 3 establece: "El
Estado tiene como sus fines esenciales la defensa y el desarrollo de la
persona humana y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la
voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz,
la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del
cumplimiento de los principios, derechos y deberes consagrados en esta
Constitución.

La educación y el trabajo son los procesos fundamentales para garantizar
dichos fines".

La Universidad Pública tiene como responsabilidad fundamental velar por el
estricto cumplimiento de esta misión que le confiere el Estado Venezolano a
la labor educativa. Cercenar este derecho a nuestra juventud, significaría
ponerse de espaldas a la responsabilidad que la sociedad venezolana delegó
en las manos de quienes dirigen los destinos de nuestras instituciones de
Educación Superior.

3. Queremos también manifestar nuestro apego al cumplimiento de la tarea
encomendada a la universidad venezolana en el artículo 2 de la Ley de
Universidades, el cual señala que: "Las Universidades son Instituciones al
servicio de la Nación y a ellas corresponde colaborar en la orientación de
la vida del país mediante su contribución doctrinaria en el esclarecimiento
de los problemas nacionales". Hoy más que nunca, el país requiere del aporte
intelectual y moral de los universitarios para la comprensión objetiva de la
dinámica política, social y económica en la que estamos inmersos, así como
de nuestra contribución en la clarificación de los objetivos y estrategias
idóneos para el fortalecimiento de los valores democráticos y el desarrollo
productivo, con justicia social, de la nación. Paralizar la universidad, en
este instante, significaría mutilar la inteligencia de la sociedad
venezolana justo cuando ésta más la necesita para la construcción de los
caminos conducentes a la paz, la tolerancia, el diálogo y el progreso
integral de nuestro pueblo.




4. Asimismo queremos expresar nuestra inquietud por la participación de
algunos miembros de este Consejo, entre ellos las titulares del
Vicerrectorado Administrativo y la Secretaría, en las actividades de
proselitismo político llevadas a cabo por la organización Red Democrática
Universitaria; pues es un hecho público y notorio, según se ha podido
constatar a través de informaciones y declaraciones aparecidas en los medios
de comunicación social de la región, su adscripción a las directrices
nacionales de la denominada Coordinadora Democrática.

Respetamos el derecho que los asiste, como ciudadanos de la sociedad
democrática en la que vivimos, de afiliarse a la corriente política,
filosófica o religiosa de su preferencia. Sin embargo, siendo que la
Coordinadora Democrática ha asumido públicamente, desde el pasado 2 de
diciembre, la promoción de un paro nacional en algunos sectores de la vida
económica del país con el propósito de forzar la remoción de su cargo del
ciudadano presidente de la República, y que esta misma organización
desempeñó un rol protagónico en el efímero golpe de estado del pasado mes de
abril de 2002, el cual fue firmemente repudiado por la comunidad nacional e
internacional y especialmente por la Organización de Estados Americanos por
su carácter violatorio de los acuerdos hemisféricos para la vigencia de la
democracia y los preceptos establecidos en la Constitución Nacional;
consideramos oportuno solicitar la inhibición de todos los miembros del
Consejo Universitario adscritos a la mencionada Red Democrática
Universitaria, en la toma de las decisiones referentes al reinicio de las
actividades académicas y administrativas, por considerar que las posiciones
políticas que han asumido como militantes de esta organización en la
promoción del paro nacional antes descrito, les impiden decidir con
imparcialidad y objetividad sobre la conveniencia o no de la continuidad de
las labores de enseñanza en nuestra máxima casa de estudios.




5. A principios del pasado mes de diciembre, varios de nosotros consignamos
un documento solicitándoles a las Autoridades Universitarias que asumieran
la defensa de la institucionalidad democrática y mantuvieran a nuestra Alma
Mater en pleno funcionamiento. La respuesta, hasta el momento, ha sido un
doble discurso de puertas abiertas y universidad clausurada. Por ello, hoy
consideramos nuestro imperioso deber enfatizar, ante todos los miembros de
esta comunidad académica, el papel histórico que la Universidad venezolana y
latinoamericana ha desempeñado en la afirmación de los derechos civiles y en
la orientación teórica y material del progreso social de nuestros pueblos.
Desde los orígenes de nuestra vida como repúblicas independientes, en los
que sobresale la labor pionera de Don Andrés Bello como fundador y primer
rector de la Universidad de Chile, hasta la gesta patriótica de los
universitarios venezolanos de 1928 y 1936, en la génesis de la conciencia y
las instituciones democráticas forjadas durante nuestro accidentado siglo
XX, la Universidad ha sido vanguardia en la defensa de las libertades
públicas, la justicia social y la soberanía integral de nuestro pueblo.

Señores consejeros: La memoria de las generaciones venideras no nos
perdonará si, en esta hora crucial de nuestra historia, la Universidad de
Carabobo se coloca, por voluntad de sus autoridades, en un camino distinto a
la defensa irrestricta de la institucionalidad democrática y los supremos
derechos a la educación, la libertad de pensamiento, la convivencia pacífica
y la justicia social, conquistados a través de las luchas libradas por
decenas de generaciones de venezolanos desde el más temprano origen de
nuestra nacionalidad.




6. En consecuencia, solicitamos formalmente ante este honorable Consejo
Universitario, el reinicio inmediato de las actividades de docencia,
investigación y extensión, tanto a nivel de pregrado como de postgrado, que
rutinariamente se cumplen en el seno de la Universidad de Carabobo.






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Nello

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