Los salvadoreños logran una aplastante victoria popular contra la privatización de la sanidad



Dieter Drüssel

El pasado 14 de noviembre, una gran movilización social logró una victoria
contundente frente al gobierno del presidente Francisco Flores. Esta se
inicio primeramente a nivel parlamentario con el apoyo de los pequeños
partidos de centro y derecha a a favor de la propuesta de ley elaborada por
los sindicatos del gremio de salud y el FMLN, el partido ex-guerrillero, en
contra de la privatización de los servicios sanitarios en el sector público.
Los partidos sabían que que cualquier otra acción hubiera significado un
"suicidio político" ante las elecciones municipales y legislativas de marzo
del 2003.

Este mismo día, varias marchas se desarrollaron en San Salvador y las
ciudades del interior, junto con 18 bloqueos de carreteras nacionales. Por
la noche, fuego artificiales alumbraron el cielo de muchos pueblos
celebrando la victoria tal y como acostumbraba la práctica guerrillera de
años pasados.

Hace tres años, una huelga de cinco meses paró el intento del gobierno de
privatizar el Seguro Social según las recetas del Banco Interamericano de
Desarrollo. El gobierno optó por un tiempo para una estrategia más
cautelosa, "concesionando" algunos servicios auxiliares y médicos a privados
y cambiando las direcciones médicas de los hospitales del Seguro por
gerentes. Al mismo tiempo, el Ministerio de Salud promovió el terreno para
la futura privatización: estantes de medicamentos vacíos sugerirían la
ineficiencia estatal. En los primeros siete meses de este año, el Ministerio
de Salud solo usó la vigésima parte del monto del presupuesto anual dedicado
a este servicio. No en vano, el Sindicato del Seguro Social STISSS
(enfermeras y personal auxiliar) ya había empezado el año pasado una campaña
de concientización junto con grupos de pobladores de los suburbios
preparando el terreno de una gran lucha contra la privatización.

Cuando en julio pasado las asociaciones empresariales presionaron al
gobierno para la privatización inmediata del Seguro Social, el conflicto ya
estaba desencadenado. La provocación mediante el despido e varios
sindicalistas ya hizo imprescindible la convocatoria de huelga.

Falla la represión

Al realizar el STISSS una huelga limitada a inicios de septiembre, el
gobierno respondió atacando con fuerzas élites de la policía las asambleas
de protesta en varios hospitales. Dirigentes sindicales fueron golpeados y
amenazados con armas de fuego. Tres hospitales capitalinos del Seguro Social
quedaron militarizados. Pero aquí cambió el panorama. Pobladores, la Alianza
Ciudadana contra la Privatización (organizaciones sociales, ONGs, sectores
religiosos y académicos) y por supuesto el FMLN se movilizaron frente a los
hospitales tomados. Y entraron en huelga escalonada, primero los
profesionales del Seguro Social, posteriormente las clínicas privadas
exigiendo una reforma integral y social de la salud pública, en contra la
privatización. Fue el inicio de un movimiento tan amplio y radical que una
estrategia de represión le hubiera acarreado altos costos políticos al
gobierno.. Estaban acercándose además los Juegos Deportivos de Centroamérica
y del Caribe, ya sacudidos por el escándalo de que la delegación cubana no
iba a asistir, debido a la negativa del gobierno salvadoreño de frenar las
actividades de una red terrorista de los CIA-cubanos bien asentada en el
país y que tenía prevista actuar contra el grupo de la isla.

Añadir a eso, la represión masiva no es cosa chiche en un país donde la
memoria de una guerilla no vencida aún está viva y hubiera posiblemente
creado situaciones tensas que iban a acabar con la pretensión oficial de
atraer las famosas inversiones extranjeras.

Marchas gigantescas, bloqueos

Acompañando la huelga escalonada de los médicos hubo un sinnúmero de
marchas. Según fuentes fidedignas, casi 100.000 personas marcharon en las
calles del exclusivo barrio Escalón de San Salvador, seguidos por aún más
personas el 9 de noviembre. Cantidades nunca vistas desde la celebración de
los acuerdos de paz diez años atrás en este pequeño país de 6 millones de
habitantes, recordando las movilizaciones de finales de los 70. En las
recientes "marchas blancas" (llamadas así por los uniformes del personal de
salud) han participado sindicalistas, universitarios, pobladoras,
campesinos, transportistas, mujeres del mercado, gente no organizada, bases
del FMLN ....

Pero la lucha no se quedó en huelga y marchas. Un instrumento muy eficaz
fueron los bloqueos masivos de los ejes de tráfico urbanos e interurbanos en
las horas tope. Una actuación similiar el 30 de octubre, provocó a los
empresarios maquileros una pérdida de más de 72'000 horas laborales. El
nuevo método de lucha les permitió a las obreras de las maquilas causar
pérdidas en la producción a los empresarios de manera "pasiva" sin exponerse
directamente a la feroz represión acostumbrada en estos centros de
modernidad transnacional. ANEP, la asociación del gran empresariado,
comprendió inmediatemente el peligro y cambió su discurso exigiendo una
pronta solución del conflicto.

Maniobra gringa-española

Fue en este momento que se dio uno de los episodios más delicados, al entrar
en el escenario el alcalde de San Salvador, Héctor Silva, con un llamado a
desmantelar la huelga a cambio de que el presidente retirara su propuesta de
privatización y formara una comisión presidida. Silva había ingresado al
FMLN unos años atrás y lidereaba un Concejo Municipal en el cual el Frente,
siendo la mayor fuerza electoral, quedó en minoría ante varias agrupaciones
centristas. El presidente respondió inmediatamente avalando las propuestas
de Silva. No por casualidad. Fue él mismo, junto con personal de las
embajadas norteamericana y española, que había ideado la maniobra de
confusión, exigiéndole a Silva como condición que se retirara de una nueva
candidatura para la alcaldía capitalina rompiéndo así las alianzas que había
forjado el Frente. El FMLN desautorizó inmediatamente la operación
declarándola una maniobra fraudulenta contra los sectores populares. Porque
no había garantía de que el presidente conocido por mentiroso, no cumpliera
su palbra una vez terminada la movilización popular. El Frente exigió que la
propuesta de ley contra la privatización, ya votada por una mayoría
parlamentaria, fuera certificada por el Presidente en vez de ser rechazada,
como iba a ser el caso efectivamente. Posición retomada por los gremios de
la salud que supieron seguir la lucha y aún aumentarla.

Confluencia de resistencias

Los bloqueos no habían caído de la nada. Durante meses, movilizaciones en
los municipios gobernados por el Frente habían bloqueado la construcción de
un anillo periférico que iba a atravezar el cinturón de pobreza alrededor de
la capital y causar desplazamientos de pobladores y daños a los mantos
acuíferos (recién el gobierno tuvo que anunciar la postergación de las
obras). La autopista era parte del Plan Puebla Panamá (PPP), un programa de
megainfraestructura transnacional para abrir el istmo al comercio
internacional, desde México hacia el sur donde se complementa con
componentes del guerrerrista Plan Colombia norteamericano. El 12 de octubre,
cerca de 20'000 campesinas y campesinos ocuparon varios puestos fronterizos
y carreteras nacionales en el marco de la resistencia continental contra la
nueva colonialización a través de planes como el PPP o el ALCA (libre
comercio americano). Rompieron así la noción acerca de que semejantes temas
eran demasiado "abstractos" para campesinos y dejaron constancia de la
eficacia de las medidas de presión mediante el corte de carreteras.

Aún persiste la huelga en el Seguro Social (pero no en el sector "nacional")
y acciones callejeras. Se trata de garantizar que la ley sea publicada en el
Diario Oficial para que entre en vigencia (los gobernantes salvadoreños
suelen jugar muy sucio), que se instale una comisión amplia con suficientes
garantías para que sus discusiones sobre una reforma integral y social del
sistema de salud no sean engavetadas y que los despedidos sean reintegrados
sin represiones. Los empresarios acudirán a los tribunales por violación a
sus derechos constitucionales de lucrarse. Los medios oficialistas y el
gobierno pintan con un odio de clase muy profundo un escenario de caos y
amenazan con descapitalizar aún más el sistema de salud.

Así que el 14 de noviembre marcó el fracaso de la ofensiva desenfrenada,
pero no el final de las luchas. Eso sí, las fuerzas transnacionales tendrán
que actuar con mucho más cuidado en el terreno de la privatización de la
salud o por ejemplo del agua. Pero los movimientos sociales tienen un
adversario poderoso organizado en la OMC. Vijay Prashad, director de
International Studies del Trinity College en Hartfort, Connecticut, calcula
que el negocio de la salud, a "liberalizarse" con las negociaciones GATS
dentro de la ronda de Doha de la OMC suma a nivel mundial 3.5 billones de
dólares.

Algunas de sus características son la alianza de varios actores sociales
(desde las campesinas hasta los médicos), la nueva conciencia de su propia
fuerza y de la vulnerabilidad del adversario (bloqueos) y la actuación del
FMLN. Después de varios años de luchas internas, este partido se ha definido
claramente al lado de las resistencias sociales acompañándolas hasta donde
ellas estarían dispuestas a ir. O sea, respetando la autonomía social, pero
aportándole. Es de destacarse que esta lucha no es, con las palabras de
Leonel González del FMLN, como "cualquier movilización social
reinvindicativa y economicista, el carácter es político, popular y de
enfrentamiento al neoliberalismo, forma parte de la resistencia de los
pueblos latinoamericanos en lucha permanente y combativa contra el
neoliberalismo". Otro elemento importante es sin duda el carácter de
desobediencia civil masiva con posibilidades limitadas de represión por
parte del gobierno.



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Fuentes: periódicos, FMLN (www.fmln.org.sv), STISSS (stisss at saltel.net ),
ONGs populares
El STISSS necesita urgentemente de apoyo político y financiero. Cta.
bancaria:
Sindicato de los Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social
510-007963-2
Banco Agrícola
Ag. Castillo Venturosa
San Salvador / El Salvador

Nota
Los y las empleadas del sector formal de la economía (estado, industria,
banca etc.), más sus familiares más cercanos están cubiertos por el Seguro
Social (estatal), financiado por contribuciones salariales y tienen acceso a
los hospitales del Seguro (17% de la población). El 3% tiene los recursos
para hospitales y médicos privados. La gran mayoría (campo, sector informal,
domésticas etc.) depende del llamado sector nacional (también estatal),
cuyos puestos de salud y hospitales presentan un cuadro horroroso. De hecho,
se calcula que solo el 40% de la población tiene acceso al sector nacional.
El resto o no tiene ningun acceso a servicios medicales o depende de la
caridad (iglesia, ONGs).

La propuesta presidencial preveía lo que llamaba "democratización" del
sistema. Financiados por el fondo del Seguro Social, oferentes privados
competirían con el Seguro en brindar los servicios y se aumentaría la
cobertura a personas del sector informal, sin que las cotizaciones serían
aumentadas. La lógica era evidente: formalmente no se privatizaría el
Seguro, pero le quedarían a sus hospitales todos los casos complicados y
costosos, quedando los privados con los casos fáciles y lucrativos. De esta
manera, quedaría desangrado financieramente el Seguro. Que los muertos de
hambre del campo o del sector informal "voluntariamente" pagarían el 10.5%
de su salario miserable

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Nello

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possible