Perú La ley de gobiernos regionales

["Nello Margiotta" <animarg at tin.it>]

Raúl A. Wiener F.
Politika. Perú, noviembre del 2002.


Bastaría con revisar las declaraciones últimas de Pedro Pablo Kuczynski y
apreciar los sobresaltos de la CONFIEP, para confirmar la incompatibilidad
entre la idea neoliberal y la dinámica de descentralización abierta en el
país. Que importa el contenido de la ley de última hora, si el tema de las
transnacionalización de la economía es concentrar el poder lo más posible
para después imponerse sobre él, sin dejar nada suelto, y la elección de
autoridades intermedias con algún grado de poder propio y asentadas sobre
una fuerte movilización social desacomoda gravemente el esquema.
Obviamente a PPK, y al sector político económico que representa, le tiene
sin cuidado el toletole armado sobre la "participación de la sociedad
civil", reducida hasta ahora a organizaciones sociales y no gubernamentales
cuyos dirigentes reclaman un sitio permanente al lado de los nuevos
gobiernos. Y es posible, también, que lo único que les suscite la posición
del gobierno y el ministro Silva Ruete insistiendo en los artículos que no
fueron aprobados y que deberían haber conferido al Ejecutivo facultades para
intervenir las regiones si consideraban que estaban generando inestabilidad
fiscal, nombrar a los calificadores de funcionarios regionales y decidir
sobre los programas de deuda, sea una condescendiente frase: ustedes sabían
en que se estaban metiendo.

La palabra apresuramiento está dando vueltas para explicar las
insatisfacciones respecto a la ley más esperada de los últimos años. Y no
deja de impresionar que eso suceda, si se toma en cuenta los interminable
meses de cavilación de la comisión Alejos, que dudó muchas veces en
dictaminar y al final lo hizo sobre el filo de la navaja, tan sólo para
desatar el debate que hoy llena las páginas de los diarios cuando restan
escasas horas para la elección de un conjunto de nuevos gobernantes carentes
de atribuciones definidas. Más aún, no hay que olvidar que el proceso de
regionalización era un mandato de la constitución fujimorista del 93 que ha
tomado 9 años en implementarse, y la necesidad de descentralización una
reforma pendiente en 180 años de vida republicana. ¿De qué premura se
habla?. Cierto que Toledo no ha tenido convicción sobre este punto y los
transformó literalmente en una concesión a las presiones del interior del
país y al riesgo de aparecer colgado por incumplimiento de otra más de sus
grandes promesas electorales.

Durante quince meses la comisión congresal ha buscado la cuadratura del
círculo que pudiese lograr el descenso de la tensión regionalista al mínimo
y por el mayor tiempo posible, y a la vez mantener la mayor cantidad de
poder y control en el centro. Toda la terminología que rodea el proceso está
marcada de numerosos miedos: gradualismo, prudencia, madurez, seriedad,
eficiencia. Cómo si estas fueran virtudes inherentes al gobierno nacional. Y
especialmente del régimen de Toledo. La demora, por supuesto, era
vacilación. E igual ocurre con el resultado de la votación de la semana
pasada, de la cual nadie parece hacerse responsable. La ley que requiere de
otra ley correctiva, que ha sacado del silencio a la derecha centralista y
puesto en oposición a las instituciones más entusiastas de la
regionalización, es un producto nada gratuito del temor al cambio combinado
con la incapacidad de darle marcha atrás a todo el proceso.

El lío sobre la participación está funcionando aquí como excelente cortina
para no ver el centralismo supérstite dentro de la ley y las decisiones
gubernamentales (Consejo Nacional de Regionalización, limitación al
endeudamiento y creación de empresas regionales, presupuesto sin recursos
reales, etc.) y para minimizar la contraofensiva para ponerle recortes a los
nuevos gobiernos. Aparentemente si se instauraran los entes de coordinación
con la sociedad civil se tendría regiones con participación ciudadana: ¿qué
más pedir?. Pero no es así. Porque lo que va a sobrevenir el día domingo es
un cambio decisivo independientemente de quiénes sean elegidos. Y a partir
de allí será muy difícil ponerle riendas y cortapisas a lo que viene con
todo el impulso de una reivindicación esperada por años y que se resume en
que los pueblos quieren recortarle poder al gobierno de Lima y aumentar su
capacidad de decisión sobre sus destinos. En diseñar una legislación para
esto fracasaron el congreso, el ejecutivo y toda suerte de asesores
oficiales y oficialistas. Ahora las cosas van a venir de su propio peso.
Incluido una tendencia a la participación real de la gente, mediante
asambleas, comités, iniciativas legales, denuncias y no sólo a través de
representantes institucionales.

Podrán aprobar u observar la ley, poner los artículos controlistas que están
pendientes o quedarse en los que ya existen. Finalmente la nueva relación de
poderes se va a definir en los hechos. Acuérdense de Arequipa. Si va a haber
un poco de desorden al comienzo de la regionalización, que así sea. Peor es
quedarse en el viejo orden de los dominadores de toda la vida, tan bien
reflejados en las preocupaciones de don Pedro Pablo Kuczynski.

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Nello

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