PERU:Polémica por denuncia de esterilización forzosa

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Abraham Lama

LIMA, 25 jul (IPS) - El ministro de Salud de Perú, Fernando Carbone, se
pronunció este jueves por profundizar la investigación del programa de
control de la natalidad del ex presidente Alberto Fujimori, acusado en un
informe oficial de promover la esterilización forzosa de más de 200.000
personas.

Según la investigación presentada al Congreso por Carbone, 10 por ciento de
506 personas entrevistadas admitieron haberse sometido voluntariamente a la
esterilización, pero el resto sostuvo que no entendió la explicación sobre
la intervención quirúrgica.

El programa de control de la natalidad de Fujimori, que gobernó entre
1990-2000, fue elogiado en 1998 por la Organización Mundial de la Salud y
respaldado por el Banco Mundial y la Agencia de Cooperación para el
Desarrollo de Estados Unidos.

Su resultado fue la reducción del crecimiento demográfico peruano de más de
tres por ciento a 1,7 por ciento, meta alcanzada en 1998.

De acuerdo con la investigación divulgada por Carbone, entre 1996 y 2000 se
efectuaron 215.000 ligaduras de trompas a mujeres y más de 16.000
vasectomías a hombres.

Funcionarios del Ministerio de Salud realizaron la encuesta luego de que el
primer ministro Luis Solari dijera que se estudiaba una indemnización para
las mujeres que denunciaran haber sufrido daños físicos o psicológicos como
consecuencia de las esterilizaciones quirúrgicas.

"La encuesta fue efectuada a numerosas mujeres que se presentaron
voluntariamente a testimoniar, y tenemos los informes de cada uno de sus
casos. Ellas dijeron que no denunciaron antes por temor a perder la ayuda
alimentaria que les proporciona el Estado", dijo Carbone este jueves en una
entrevista del Canal 6 de televisión.

"El programa de control de natalidad de Fujimori utilizó procedimientos
negativos, como el convertir las metas de intervenciones quirúrgicas
anticonceptivas que debía alcanzar el Sistema Nacional de Salud en cuotas de
esterilizaciones", sostuvo.

Las cuotas impuestas al ministerio por presión de Fujimori fueron
distribuidas a los médicos del sistema, muchos de los cuales incurrían en
irregularidades para cumplirlas, agregó.

El ministro, un católico conservador, admitió su oposición a los programas
de control de natalidad, pero aseguró que su ministerio no obstaculiza la
difusión de los métodos anticonceptivos, una política iniciada durante el
gobierno de Fujimori.

Medios de prensa nacionales e internacionales que divulgaron el miércoles el
informe de Carbone ante una subcomisión parlamentaria que investiga el
programa de paternidad responsable de Fujimori, se refirieron a un presunto
crimen de genocidio cometido por el ex mandatario, exiliado en Japón.

"No utilicé el término genocidio ni dije que las mujeres fueron obligadas a
aceptar ligaduras quirúrgicas, esa es una expresión empleada por el
congresista Héctor Chávez. Pero creo que debe ser investigada la forma como
se llevó a cabo la campaña promovida por Fujimori", dijo Carbone.

El ministro de Salud durante el gobierno de Fujimori, Marino Costa Bauer,
dijo a IPS que el programa de paternidad responsable se propuso reducir la
mortalidad materno-infantil, que en consecuencia bajó sensiblemente.

"La acusación de genocidio es muy grave, implica una política de exterminio
contra una comunidad étnica, cuando el resultado fue el contrario, porque
redujimos la tasa de mortalidad materno- infantil", se defendió Costa Bauer.

"Se trata de una acusación de propósito político doble: por un lado
incriminar a Fujimori y a sus ministros, y por otro satanizar los programas
anticonceptivos para revertirlos", añadió.

"Todas las intervenciones quirúrgicas fueron realizadas en hospitales y
centros oficiales de salud, por personal responsable", dijo uno de los
médicos que trabajó en el programa de Anticoncepciones Quirúrgicas
Voluntarias, que no quiso dar su nombre.

"Si la acusación fuera honesta y no tuviera intenciones políticas tendrían
que acusarnos de complicidad criminal a los médicos que participamos en el
programa", apuntó el médico.

Son "inexactas las declaraciones del ministro de Salud, quien menciona
200.000 mujeres afectadas, cifra que no corresponde a ninguna investigación
seria que se haya hecho sobre el tema", sostuvo este jueves el Centro de la
Mujer Peruana Flora Tristán, organización que denunció en 1997 las
irregularidades del programa de esterilizaciones.

La organización feminista consideró preocupante que "dentro de las
recomendaciones que se establecen en el documento, se mencione la de retirar
las anticoncepciones quirúrgicas voluntarias de la oferta de
anticonceptivos".

Se trata de "una alternativa científicamente probada e inocua, y su
eliminación como método anticonceptivo reconocido oficialmente afectaría a
las poblaciones más pobres", y "constituiría una práctica de privilegio,
realizada solo en el sector privado", agregó el comunicado divulgado por el
Centro Flora Tristán.

"El Estado no debe promover prácticas de control de la natalidad, ni
impedirlas. El Ministerio de Salud sigue ofreciendo información y servicios
sobre procedimientos de regulación de la natalidad", dijo el ministro
Carbone.

"Se realizaron más de 200.000 esterilizaciones quirúrgicas y sólo se conocen
18 casos de muerte en complicaciones posteriores no precisadas, un
porcentaje muy bajo en términos internacionales", sostuvo la dirigente
feminista y periodista del Canal 6, Rosa María Palacios, durante la
entrevista a Carbone.

Palacios recordó que una encuesta a 5.600 mujeres esterilizadas, efectuada
en 1998 por el gobierno de Fujimori y controlada por la Defensoría del
Pueblo "y algunos organismos internacionales", reveló que "más de 90 por
ciento de las mujeres (entrevistadas) habían aceptado voluntariamente" la
intervención.

"Habrá que ver cómo se hizo dicha encuesta. Así como se ofrecía alimentos y
regalos a las mujeres de los estratos más pobres para que aceptaran ser
esterilizadas, tal vez se las convenció con similares promesas para que
respondieran que estaban a favor de dichas esterilizaciones", replicó el
ministro