PERU:Continúan disturbios en Arequipa

["Nello Margiotta" <animarg at tin.it>]

Abraham Lama

LIMA, 17 jun (IPS) - Las protestas contra la privatización de dos empresas
de electricidad continuaron este lunes en Arequipa, la segunda ciudad de
Perú, pese al estado de emergencia y la intervención militar dispuestas el
domingo por el gobierno de Alejandro Toledo.
El estudiante Edgard Pinto murió este lunes a consecuencia de las lesiones
que sufrió durante los disturbios del fin de semana en la meridional ciudad
de Arequipa, en los que unas 100 personas resultaron heridas.
El gobierno suspendió el derecho de reunión e impuso un toque de queda entre
las 22.00 y las 5.00, hora local. Unos 700 soldados y 1.000 policías
patrullan las calles de esta ciudad de 750.000 habitantes.
Durante la jornada de este lunes las calles permanecieron desiertas en
algunas zonas por la huelga general convocada por el Frente Amplio de
Defensa de Arequipa, aunque continuaron las marchas de protesta, así como
barricadas y quema de neumáticos en muchas esquinas.
"Las amas de casa se han sumado a las demostraciones masivas haciendo sonar
sus ollas (cacerolas) desde sus casas. Desde esta mañana el ruido de los
cacerolazos recorre como olas la ciudad de un extremo a otro", dijo la
periodista arequipeña Ursula Rondón.
El alcalde de Arequipa, Juan Manuel Guillén --quien preside el Frente Amplio
de Defensa-- y 23 alcaldes de localidades de varios departamentos de la
región meridional cumplieron este lunes el quinto día de huelga de hambre
contra los planes privatizadores del gobierno de Toledo.
El interventor militar, general Oscar Gómez, aseguró que no hubo arrestos ni
detenciones y que sus efectivos sólo actúan en defensa de los edificios
públicos y locales comerciales.
"Tampoco haremos nada contra los medios de prensa, que podrán seguir
emitiendo sus opiniones sin ninguna censura ni presión de nuestra parte",
dijo Gómez.
"Los militares están escaldados por las acusaciones de haber violado los
derechos humanos durante el gobierno del ex presidente (Alberto) Fujimori
(1990-2000) y no creo que estén dispuestos a arriesgarse a ser acusados más
tarde. Solo harán lo que las autoridades civiles les pidan por escrito",
comentó el abogado arequipeño Eduardo Zapater.
"El canal 4 de televisión y radio Melodía siguen informando de las protestas
callejeras y difundiendo los comunicados del frente de defensa, pese a haber
sido señalados por el ministro del Interior, Fernando Rospigliossi, como
propagandistas de la violencia", dijo Rondón.
Los disturbios se desataron el viernes, un día después que las empresas
públicas de electricidad de Arequipa, Egasa y Egesur, fueron adquiridas por
la corporación belga Tractebel, por 167 millones de dólares, en una subasta
pública en la que no hubo otros oferentes.
La venta se llevó a cabo pese a un pronunciamiento contrario de la justicia.
La mayoría de la población y el gobierno de la ciudad se opusieron a la
privatización desde que esa posibilidad fue anunciada por el gobierno de
Fujimori.
El ahora ministro de Justicia, Fernando Olivera, denunció el año pasado que
la justicia de Bélgica investigaba a Tractebel, acusada de pagar sobornos
para obtener contratos.
Las protestas relativamente pacíficas del viernes fueron duramente
reprimidas por la policía, que utilizó las granadas de gases lacrimógenos
como proyectiles contra los manifestantes, causando heridas a casi un
centenar de personas.
La represión y las declaraciones de Rospigliossi, quien aseveró que un
minúsculo grupo se opone a las privatizaciones, agravaron la tensión y la
violencia de las protestas, que el sábado incluyeron la toma del aeropuerto
local y el incendio de varios edificios públicos.
Los dirigentes del Frente Amplio de Defensa rechazaron la promesa del
presidente Toledo --anunciada el domingo por televisión-- de invertir 85
millones de dólares, casi la mitad del dinero de la privatización, en "obras
sociales" para la ciudad.
El alcalde Guillén dijo que no dialogará con representantes del gobierno
central mientras se mantengan el estado de emergencia y la suspensión de los
derechos constitucionales en su ciudad.
"Proponemos un referéndum para que el gobierno de Lima compruebe que más de
90 por ciento de la población de Arequipa no acepta la privatización de
Egasa y Egesur. Mientras tanto, que se suspenda la venta. No hay otro camino
de conciliación", sostuvo Guillén.
El ex presidente Alan García (1985-1990), líder del opositor Partido Aprista
Peruano, sugirió crear una comisión mediadora integrada por legisladores de
los partidos de oposición, para poner fin al enfrentamiento.
"El problema no es sólo de rechazo a la privatización de una empresa de
servicio público, tema siempre sensible, sino también de la deshonestidad
política que significa que un presidente transgreda la promesa que formuló
en su campaña electoral", dijo el líder aprista.
García recordó que Toledo suscribió en marzo del año pasado un documento
ante el alcalde Guillén en el que se comprometía a no privatizar las
empresas ahora vendidas.
Ese documento fue distribuido por el legislador opositor Arturo Valderrama
durante la subasta ganada por Tractebel.
"Es extraña esta insistencia y apuro en un contrato vulnerable, no solo
porque no cumple con el requisito legal de tener tres postores (oferentes)
como mínimo, porque los otros declinaron, sino porque hay pendiente un
pronunciamiento judicial al respecto", dijo García






Nello

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