GUATEMALA:Linchamientos, la justicia injusta

["Nello Margiotta" <animarg at tin.it>]

Néfer Muñoz

SAN JOSE, jun (IPS) - En los últimos seis años se cometieron en Guatemala
421 linchamientos que resultaron en la muerte de 215 pesonas, según un
informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que se divulgará en
julio.
Entre 1996 y 2002, 817 personas fueron víctimas de linchamiento, según el
informe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala
(Minugua), a cuyos datos preliminares tuvo acceso IPS.
Sólo en 2001 hubo en Guatemala 75 linchamientos con 169 víctimas, 37 de las
cuales fallecieron, según el estudio de Minugua.
"Son cifras bastante graves, pero podemos decir con certeza que son
inferiores a las reales, porque hay otros casos que no se registran. Notamos
que el fenómeno no disminuye y se ha convertido casi en un hecho cotidiano",
dijo a IPS la portavoz de Minugua, Seda Pumpianskaya.
El aumento de los linchamientos es uno de los signos más claros del
deterioro de los derechos humanos en Guatemala, sostuvo Pumpianskaya.
El fenómeno surgió después de 1996, año en que, paradójicamente, se firmaron
los acuerdos de paz que pusieron fin a 36 años de guerra civil, y es
atribuido por expertos a la cultura de violencia que legó el conflicto y a
la falta de efectividad de las instituciones democráticas.
En Guatemala, los linchamientos son cometidos en localidades alejadas de la
capital, principalmente en pueblos campesinos e indígenas. Las víctimas
suelen ser jóvenes a los que se acusa de algún delito, como violación, sin
que haya pruebas contundentes de culpabilidad.
Los funcionarios de la ONU consideran que las autoridades de Guatemala
carecen de voluntad política para frenar el fenómeno. Los pocos
procedimientos realizados contra autores de linchamientos respondieron a
presiones de la comunidad internacional.
La situación "refleja una exacerbación de ánimos luego del conflicto armado"
, dijo a IPS el director de la no gubernamental Coordinadora Nacional de
Derechos Humanos de Guatemala (Conadegua), Orlando Blanco.
La guerra civil en que se enfrentaron el ejército, guerrilleros de izquierda
y paramilitares de derecha entre 1960 y 1996 dejó como saldo 150.000
muertos.
Blanco sostuvo que, tras la firma de los acuerdos de paz, la policía y los
jueces aún no se han radicado en regiones rurales alejadas, lo que origina
un vacío de poder e impide que la justicia actúe de forma rápida y adecuada.
Las autoridades gubernamentales suelen también ser víctimas de linchamientos
debido a la escasa credibilidad de las instituciones que representan.
Los linchadores no suelen ser delincuentes habituales ni integran bandas
criminales, si bien el estudio de Minugua informa sobre casos de
linchamiento premeditado. Los incitadores tratan de que la multitud hiera a
la víctima, la ataque a golpes y la rocíe con gasolina para prenderle fuego.
Los campesinos indígenas Alfredo Can, Sergio Aparicio y Esteban Queb son
acusados de haber participado el 13 de marzo de 2001 en un linchamiento en
que murió el juez rural Alvaro Hugo Martínez, de 51 años, en el pueblo de
Senahú, a 125 kilómetros de San José.
Según las denuncias, Can, Aparicio y Queb fueron parte de la multitud
descontrolada que trató de cobrar justicia por su cuenta contra el indígena
Pedro Cacao, a quien acusaban de haber lanzado desde un vehículo en marcha a
una niña de ocho años.
Como los linchadores no encontraron a Cacao, fueron en busca de Martínez,
quien había librado de la prisión al supuesto agresor de la niña.
El juez rural, que se defendió durante 13 horas, disparó contra la multitud
e hirió a tres personas. Las balas agravaron la furia de la turba, que
arremetió contra Martínez con piedras y machetes.
El comienzo del juicio está previsto para el 2 de julio. Los acusados
podrían ser condenados a entre 30 y 50 años de cárcel.
"Esa no es la solución, los verdaderos culpables son los autores
intelectuales, es decir, los agitadores, y a esos nunca los apresan",
declaró a IPS Mario Polanco, director del no gubernamental Grupo de Apoyo
Mutuo (GAM).
Polanco, quien es uno de los principales activistas de los derechos humanos
en Guatemala, sostiene que los agitadores generalmente actúan para responder
a diversos intereses políticos.
"Lo que hay que hacer es atacar las verdaderas causas, es decir, la ausencia
del Estado en las regiones alejadas del país", agregó.
Este especialista dijo que el gobierno debería iniciar programas profundos
de educación para generar confianza en la población sobre la función de la
administración pública.

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Nello

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