VENEZUELA:La verdad de abril es un arma arrojadiza



José Zambrano

CARACAS, 21 may (IPS) - Los protagonistas de la crisis institucional de
abril en Venezuela se someten a maratónicas interpelaciones en el
parlamento, mientras la oposición aumenta la presión por la salida del
presidente Hugo Chávez.
El 11 de abril se produjo un golpe de Estado o un vacío de poder, según las
dos versiones en debate, luego de que centenares de miles de personas se
manifestaron en Caracas para pedir la renuncia de Chávez y la demostración
terminó con tiroteos que dejaron 17 muertos y decenas de heridos.
Grupos de generales y almirantes desconocieron la autoridad del presidente y
del alto mando, y en la madrugada del 12 de abril, Chávez quedó prisionero o
bajo custodia --de acuerdo con las tesis confrontadas-- de los militares que
se le oponían.
Ese día, a propuesta del comandante del ejército, general Efraín Vásquez, el
presidente de Fedecámaras, la principal organización de los empresarios,
Pedro Carmona, se proclamó nuevo mandatario, disolvió los restantes poderes
públicos y anunció elecciones para un año más tarde.
El 13 de abril, generales y unidades clave del ejército, la armada y la
aviación, desconocieron a Carmona y a su régimen, mientras miles de civiles
leales a Chávez tomaban las calles de Caracas, rodeaban cuarteles y bases
aéreas, y estallaban desórdenes y saqueos en distintos barrios.
El 14 de abril de madrugada, Chávez regresó triunfante al Palacio de
Miraflores, sede del gobierno, y Carmona y los oficiales que le apoyaron
fueron destituidos y se les inició juicio, en libertad vigilada.
Los cuatro días de protestas, desórdenes, saqueos y represión dejaron un
saldo de 85 muertos, todos civiles.
En abril "chocaron dos trenes" en Venezuela, según el director de la
televisora de noticias Globovisión, Alberto Ravell. Pero no hubo un vencedor
neto, por lo que ambos polos políticos, que han asfixiado el centro,
simplemente trasladaron su enfrentamiento a otros escenarios.
Gobierno y oposición discrepan en casi todo, empezando por el reparto de
culpas y la salida posible para la crisis. Entre sus escasas coincidencias
se cuenta la exigencia de conocer la verdad y castigar a los culpables de
las muertes de los cuatro fatídicos días.
Hubo consenso en conformar una Comisión de la Verdad, lo que aprobó el
parlamento sin mayores dificultades, pero su integración se dificulta por
las exigencias de partidos y organizaciones no gubernamentales acerca de su
carácter, funciones, financiamiento y una ley que garantice su
independencia.
El parlamento creó además una comisión para discutir los hechos de la
segunda semana de abril que se ha dedicado a interpelar a los protagonistas,
a veces por 10 horas.
Sin diputados ni fuerza política ni interpelados ajenos a la polarización en
torno de Chávez, estas sesiones son un torneo verbal de acusación y defensa
que más que la verdad sobre hechos argumenta posiciones tomadas.
La verdad de abril se ha convertido así en un arma arrojadiza entre
políticos oficialistas y de oposición, y de militares que se insubordinaron
contra Chávez y los que se mantuvieron leales. Por añadidura, Globovisión y
la televisora del Estado transmiten en vivo y en directo las
interpelaciones.
Las radioemisoras y los periódicos, la mayoría de los cuales sostiene una
línea editorial de abierta oposición, extraen de cada interpelación lo que
les parece más atractivo y le dedican espacios muy destacados. Los
interrogatorios parlamentarios se han convertido en una suerte de catarsis
nacional.
Acostumbrados al uso intenso de los micrófonos por parte de políticos,
periodistas y analistas de oficio, los venezolanos observan, a veces
atónitos, a los generales, almirantes y coroneles que exponen sus argumentos
y que opacan a los interpelados civiles.
Así, en el fondo, las interpelaciones marchan a contravía de lo pedido por
el secretario general de la Organización de Estados Americanos, el
colombiano César Gaviria, quien abogó poque en Venezuela "cese la
deliberación de los militares en asuntos de política".
Varios de los generales y almirantes interpelados claramente dijeron,
mirando a las cámaras, que saben que en esos mismos momentos se les está
escuchando atentamente en bases y cuarteles.
El primer interpelado, el 2 de este mes, fue Carmona, quien "habló mucho y
no dijo nada", según resumió el diario Ultimas Noticias. Carmona se negó a
informar nombres, fechas, reuniones o acompañantes, y tras él todos los
opositores han sostenido la tesis de vacío de poder.
Del lado chavista o constitucionalista desfilaron el vicepresidente José
Vicente Rangel, el alcalde del oeste de Caracas, Freddy Bernal, el ex
ministro del Interior, Ramón Rodríguez, su sucesor, Diosdado Cabello, y el
gobernador del sudoccidental estado de Táchira, Ronald Blanco.
También afirmaron que hubo un golpe de Estado el ministro de Defensa,
general Lucas Rincón, el comandante del ejército, general Julio García, el
ex jefe de la policía política, general Carlos Aguilera, el jefe de la Casa
Militar, general José Vietri, y los también generales Francisco Belisario y
Eugenio Gutiérrez, de la Guardia Nacional.
Del lado opositor acudieron los alcaldes del este de Caracas Leopoldo López
y Henrique Caprile, la periodista Patricia Poleo, el ex presidente del
monopolio petrolero estatal Guaicaipuro Lameda, y el jefe de la policía
metropolitana Henry Vivas.
Entre los militares que desobedecieron a Chávez o se sublevaron se han
presentado el general Vásquez, ex comandante del ejército, el jefe de las
escuelas del ejército, general Néstor González, el ex viceministro del
Interor, general Luis Camacho y el ex jefe de operaciones de la aviación,
general Pedro Pereira, y el general Manuel Rosendo.
También asistieron el ex inspector de la armada, almirante Héctor Ramírez ,
y el ex jefe de operaciones de esa fuerza, almirante Daniel Comisso.
Los oponentes a Chávez, civiles y militares, han sostenido que como el
presidente renunció se produjo un vacío de poder respecto del cual
intervinieron mandos castrenses.
El nudo gordiano está en supuestas órdenes de Chávez para activar planes
represivos y los disparos contra manifestantes -- tanto opositores como de
los miles de seguidores del presidente que el 11 de abril rodeaban su
palacio--, que llevan al reparto de culpas por el derramamiento de sangre.
Hasta ahora no hay términos medios. El gobierno acusa a los insurrectos de
preparar una conspiración o de plegarse a ella, y de utilizar una marcha
opositora --en el tercer día de una huelga general-- como pretexto para
activar un golpe de derecha con fuerte respaldo de los medios de
comunicación.
La oposición acusa al gobierno de cerrarse al diálogo y de encender el odio
en la población, amén de dictar órdenes de movilización militar con fines
represivos y de emboscar a los manifestantes pacíficos con sus pistoleros.
Como soporte, unos y otros presentan cada vez más documentos, testimonios y
sobre todo, vídeos y grabaciones de audio. El catártico espectáculo que
reemplaza, por ahora, a una búsqueda rigurosa de la verdad criminal, deberá
concluir dentro de una semana.
Para entonces, se habrán destapado nuevas cartas en la puja por el poder
político en este país petrolero. La oposición insiste en recortar el mandato
y se buscan fórmulas para una consulta electoral que evite un nuevo y, según
se teme, mucho más sangriento "choque de trenes"

Nello

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