ARGENTINA: Presionado por el FMI, el Senado beneficia a banqueros



Marcela Valente

BUENOS AIRES, 9 may (IPS) - El Senado de Argentina cedió a la presión del
Fondo Monetario Internacional (FMI), al aprobar este jueves la derogación de
la ley que permitía desde 1974 la condena de banqueros, empresarios y
funcionarios por delitos económicos.
Los senadores que se opusieron a la derogación consideraron que ésta muestra
de manera "patética" la subordinación de Argentina a los organismos
multilaterales de crédito, y sostuvieron que la dirigencia política se aísla
de la mayoría de la ciudadanía por temor a quedar aislada del mundo.
La derogación de la Ley de Subversión Económica, para la que resta ahora el
voto de la Cámara de Representantes, era una de las tres principales
condiciones del FMI para iniciar la negociación de un acuerdo financiero con
Argentina, que atraviesa la más grave crisis económica, política y social de
su historia.
La segunda exigencia es la aprobación de una nueva ley de quiebras, un
proyecto que comenzó a ser debatido por la Cámara de Representantes esta
misma semana. La tercera es la firma por las provincias de un compromiso
para reducir 60 por ciento de sus gastos y abstenerse de emitir bonos para
pagar salarios públicos.
La mayoría de los senadores había acordado modificar la ley de subversión
económica y no derogarla, como pedía el FMI. El presidente Eduardo Duhalde
aceptó los reparos de los legisladores y apoyó la decisión de modificar la
ley y mantenerla en vigencia, con el fin de no absolver a banqueros ya
procesados.
Si el proyecto es aprobado por la Cámara de Representantes, se transformará
en ley, y entonces automáticamente deberían quedar desprocesados o en
libertad, los investigados por causas que estén fundamentadas en la
existencia de esta normativa.
La Ley de Subversión Económica permitió a la justicia federal investigar y
procesar a banqueros que facilitaron la fuga de miles de millones de dólares
en 2001, lo que empujó luego al gobierno a restringir el retiro de depósitos
bancarios por parte de los ahorradores para evitar la quiebra masiva de
bancos.
Estas restricciones, denominadas "corralito" significaron la confiscación
del ahorro de millones de argentinos que aún procuran recuperar sus
depósitos.
Mientras, el gobierno analiza con banqueros la posibilidad de mantener la
confiscación hasta septiembre y obligar a los ahorradores a canjear sus
depósitos por bonos a tres, seis y 10 años de plazo.
La jueza federal María Servini advirtió que si la derogación se sanciona
dejará en libertad al procesado banquero Carlos Rohm "en la puerta del
Congreso" legislativo. Otros jueces preveían citar a declarar como imputados
a decenas de banqueros, incluso del exterior, al amparo de la Ley de
Subversión Económica.
La vicedirectora del FMI, Anne Krueger, expresó en Washington su esperanza
en que esta semana quedara derogada esa ley y modificada la actual ley de
quiebras, que hoy mantiene suspendidos los plazos para la ejecución de las
garantías hipotecarias.
No obstante, de manera sorpresiva, la mayoría de senadores, temerosos de que
también naufragara la modificación de la ley, se volcó en la madrugada de
este jueves por la derogación y la incorporación de parte de los delitos que
perseguía en el Código Penal.
El juez en lo penal económico Julio Cruciani consideró que la derogación "es
más grave que una amnistía", norma que tiene un alcance amplio.
En cambio, al quedar sin efecto la Ley de Subversión Económica, quedarán en
el olvido los delitos cometidos exclusivamente por el sector financiero, "
que se ha quedado con el dinero de todos nosotros", dijo.
No todos los senadores oficialistas estaban de acuerdo con la modificación
de la norma y, por añadidura, rechazaban la idea de que el FMI condicionara
un virtual acuerdo a la anulación de una ley que castiga la corrupción de
empresarios y banqueros.
El FMI critica la corrupción pero, al mismo tiempo, exigía la derogación de
una ley que permitía combatirla, sostuvo en ese sentido el senador Jorge
Yoma, quien pertenece, al igual que Duhalde, al Partido Justicialista.
Legisladores justicialistas informaron que el jefe de gabinete de Duhalde,
Alfredo Atanasof, llamó este jueves de madrugada por teléfono al jefe de la
bancada de senadores de su partido, José Luis Gioja, y le exigió en nombre
del presidente que se aprobara la modificación de la Ley de Subversión
Económica "como fuera".
Así, los senadores justicialistas cercanos a Duhalde reflotaron un proyecto
minoritario presentado por partidos provinciales que formulaba la derogación
de la ley, que logró la mayoría de los votos.
"La derogación de esta ley expresa de manera patética la debilidad del
gobierno y del conjunto de las instituciones ante la presión de los
organismos internacionales de crédito", sostuvo este jueves el senador
Carlos Maestro, de la Unión Cívica Radical, que votó contra el proyecto.
"¿Quién puede creer que los argentinos necesitan de manera urgente la
derogación de esta ley para salir de una crisis brutal que los mantiene
preocupados por la suba de precios, la falta de empleo, la pobreza y la
confiscación de su dinero?", se preguntó la senadora opositora Vilma Ibarra.
"Se legisla mirando al FMI y no al pueblo argentino, que ya tiene más de 16
millones de pobres", advirtió Ibarra.
La votación, de 32 votos por la derogación contra 30 en contra, representa
una media sanción para el proyecto. Pero el escándalo que se desató el
Senado, enfrentado ahora a jueces y millones de ciudadanos, deja en duda el
futuro de la ley en la Cámara de Representantes

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