ECUADOR:.Arde el norte por huelga y represión

["Nello Margiotta" <animarg at tin.it>]

da ATTAC
Kintto Lucas

Una alcaldesa del norte de Ecuador lanzó un angustioso pedido de
auxilio ante la sangrienta represión militar de una huelga causada por
el tendido de un oleoducto en la selva amazónica."Por favor, ayúdenos,
por favor, ayúdenos, siguen baleando mi ciudad. Ahí cayó herido un
compañero de la alcaldía", gritó a través del teléfono Guadalupe
Llori, alcaldesa de Coca, capital de la nororiental provincia de
Orellana. La conversación de Llori con IPS era elocuente, pero se
interrumpió unos minutos. Al restablecerse, la alcaldesa informó que
los pobladores, enardecidos por la represión militar, habían
incendiado las oficinas de la Empresa Eléctrica de la localidad.

Dos niños y dos adultos murieron entre el martes y este jueves por la
represión, según versiones extraoficiales. Unas 40 personas fueron
detenidas por el ejército, mientras que en diferentes centros de salud
de Orellana han sido atendidas más de 300 personas heridas por los
militares. El ministro de Gobierno (Interior), Marcelo Merlo, negó que
la represión haya producido muertos y acusó a los gobiernos locales y
organizaciones que realizan la protesta de chantajistas por exigir
compensaciones a OCP Limited. "Hay civiles heridos de bala. Los
helicópteros lanzan bombas lacrimógenas contra la población.

La provocación está indignando a la gente que había salido a protestar
en forma pacífica. Es necesario que la gente en Quito sepa la verdad
de lo que está pasando acá", afirmó Llori. Orellana y la provincia de
Sucumbíos, fronteriza con Colombia, exigen al gobierno de Gustavo
Noboa que presione a la empresa OCP Limited, constructora del
Oleoducto de Crudos Pesados,para que entregue 10 millones de dólares
con el fin de destinarlos a obras sociales como compensación por los
daños que causará la obra. Los pobladores han cortado carreteras,
tomaron pozos petroleros y ocuparon el aeropuerto de Coca, capital de
Orellana, y oficinas de la empresa aérea TAME en Nueva Loja, capital
de Sucumbíos. Según información gubernamental, la protesta causó la
suspensión de operaciones de 62 pozos petroleros y una refinería, lo
cual ocasionó 2,21 millones de dólares de pérdida a las compañías
petroleras.

 El gobierno ecuatoriano declaró el estado de emergencia el 22 de este
mes en Sucumbíos y el día 23 en Orellana, cuando la protesta acababa
de comenzar, con la excusa de proteger la frontera luego de la ruptura
del diálogo de paz entre el gobierno colombiano y las insurgentes
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Sin embargo, Noboa afirmó
el 25 de este mes que la declaración de emergencia respondía a la
huelga. Llori explicó que los gobiernos locales y organizaciones de la
sociedad civil que realizan las protestas están abiertos al diálogo
pero exigen que antes se levante el estado de emergencia y la
represión. "No podemos dialogar mientras nos están cayendo las bombas
encima y quieren llevar presas a las autoridades locales que
participamos en el paro", dijo la alcaldesa, sobre quien pesa una
orden de captura impartida por el comandante de la IV División del
Ejército Amazonas, general Jorge Miño, a cargo de los operativos. Los
intentos de los organizadores de la protesta para dialogar con Miño el
miércoles y este jueves fueron infructuosos, aseguró Luis Bermeo,
prefecto (gobernante provincial) de Sucumbíos.Mientras, la presencia
militar en Orellana aumentó este jueves. El militar también ordenó la
detención de varios periodistas y la clausura de la radioemisora La
Jungla, a la que acusó de incitar la protesta.

Otras tres radioemisoras locales, Stereo Cumandá, Alegría y Municipal,
fueron obligadas por los militares a no divulgar información sobre la
represión, afirmó la presidenta de la Comisión Ecuménica de Derechos
Humanos, Elsie Monge. En febrero del año pasado, pobladores,
indígenas, campesinos, comerciantes y autoridades locales de Orellana
y Sucumbíos realizaron una huelga similar para exigir obras de
vialidad y electrificación, pues muchas carreteras carecen de asfalto
y la distribución de energía está restringida a ocho horas diarias.

El gobierno se comprometió a realizar en tres meses las obras
necesarias para solucionar los problemas de ambas provincias, de las
cuales se ha extraído en 20 años 60.000 millones de dólares de
petróleo, según cifras oficiales, y donde 90 por ciento de los
habitantes viven en condiciones de pobreza. Pero ha pasado un año y el
gobierno no cumplió sus compromisos. Los representantes provinciales
anunciaron una nueva huelga con las mismas exigencias y en apoyo a los
pequeños y medianos agricultores que fueron afectados por la caída del
precio del café. "Estamos exigiendo que cumplan con los compromisos
asumidos el año anterior y fomenten la producción en la provincia",
dijo a radio La Luna de Quito el prefecto Bermeo. El gobernante de
Sucumbíos afirmó que, mientras las promesas siguen sin cumplirse, se
permite la construcción de un oleoducto que causará graves daños
ambientales y dará miles de millones de dólares de ganancia a las
compañías petroleras, sin que exista una mínima compensación. "La
situación de los campesinos es angustiosa. La mayoría son pequeños
productores de café que ha disminuido abruptamente su precio, y no
reciben subsidios para comprar fertilizantes o créditos que los apoyen
para mejorar la producción", afirmó el gobernante.

Los campesinos de Orellana luchan para mejorar su producción y no
verse obligados a cultivar coca, dijo a IPS Pedro García, un
agricultor de la provincia. "Queremos seguir plantando café o algún
otro producto rentable, pero para eso necesitamos créditos, subsidios,
carreteras para sacar la producción. Si no, terminaremos plantado
coca",como ha ocurrido en Colombia, Perú y Bolivia, sostuvo.

García explicó que se acercaron "personas extrañas" que pagan por la
coca cinco a seis veces más que lo que obtienen por el café. "La coca
es un cultivo más resistente, nos dan todo lo necesario para plantar,
nos pagan cinco a seis veces más que el café, retiran la producción de
nuestras fincas. Si el gobierno no nos ayuda, nos está empujando a
plantar coca", aseguró García.

Muchos campesinos de Sucumbíos instalados junto a la frontera con
Colombia perdieron su producción porque sus cultivos resultaron
afectados por la fumigación de plantaciones de coca en territorio
colombiano con el químico glifosato.

Los organizadores de la huelga propusieron que una comisión integrada
por diputados de diversos partidos, quienes ya se reunieron con el
presidente Noboa, constaten en persona la situación en Orellana y
Sucumbíos y abran el diálogo con el gobierno, que se niega a negociar.

La diputada Nina Pacari, integrante de la comisión, sostuvo que la
represión ordenada por el gobierno y las declaraciones agresivas de
funcionarios como el ministro Merlo solo provocan más resentimiento.
"No es posible que se tilde de chantajistas a pobladores de dos de las
provincias que contribuyen desde hace años con un alto porcentaje del
presupuesto del Estado, mientras su gente vive en la pobreza.

Las declaraciones del gobierno son injustas e inhumanas", concluyó
Pacari. Las dos provincias permanecen bajo estado de sitio y toque de
queda y quienes violan las restricciones son sometidos al Código Penal
Militar.

Nello

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