El Gobierno de Argentina anuncia el fin de las pensiones de privilegio

["Nello Margiotta" <animarg at tin.it>]

FRANCESC RELEA | Buenos Aires (El Pais)
El Gobierno argentino anunció ayer la próxima derogación de las leyes que
regulan las controvertidas jubilaciones de privilegio que benefician a 9.263
ex funcionarios con un coste anual para el Estado de 486,2 millones de pesos
(223 millones de euros). Alfredo Atanasof, ministro de Trabajo, confirmó el
inminente envío al Congreso del proyecto de ley que modificará los regímenes
especiales.

La reforma, que no tendrá carácter retroactivo, introducirá un nuevo cálculo
de los haberes jubilatorios según los años trabajados y las aportaciones
realizadas, y fijará un tope de 3.100 pesos para las jubilaciones especiales
del futuro.

Hay casos que hasta ahora han beneficiado a altos funcionarios del actual
Gobierno, como el ministro de Justicia, Jorge Vanossi, porque fue
subsecretario del Interior en la época del general Lanusse, a principios de
los años setenta. El ministro tiene simplemente suspendidos los haberes de
una jubilación que empezó a percibir a los 33 años.

Será la octava vez que se intentan eliminar las jubilaciones de privilegio,
uno de los aspectos más irritantes del desgobierno en las cuentas públicas.
La justicia ha aducido sistemáticamente la doctrina de los derechos
adquiridos como algo intocable.

El propio presidente, Eduardo Duhalde, ha reconocido que no es sencilla la
derogación con efecto retroactivo y ha recordado que en su etapa de
gobernador de la provincia de Buenos Aires la Corte Suprema rechazó un
proyecto de ley para suprimir los regímenes especiales.

En pleno debate sobre las jubilaciones de privilegio, ha estallado el caso
del juez Enrique Bacigalupo, afincado en España desde 1976 y actual miembro
del Tribunal Supremo, que ha estado percibiendo haberes especiales desde
1987 por haber ocupado durante dos meses la Procuración General del Tesoro
durante el Gobierno del peronista Héctor Campora. Tras el golpe militar de
1976, Bacigalupo se exilió en España, donde inició una brillante carrera
judicial hasta llegar al más alto tribunal. A los 49 años de edad empezó a
recibir una jubilación de privilegio de 3.500 pesos tal y como le permitía
la ley.

La noticia ha provocado reacciones encontradas en Argentina. El abogado
constitucionalista Daniel Sabsay calificó el caso de 'vergonzoso y
paradigmático de lo que ocurre en Argentina', mientras que el ex diputado
Ramón Torres Molina señaló que en Argentina hay problemas muchos más graves,
como 'la deuda externa, la evasión impositiva o la falta de control
aduanero'.


Nello

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