Argentina: ratificata la nullita' delle leggi che garantirono l'impunita' durante la dittatura

["Nello Margiotta" <animarg at tin.it>]

DERECHOS HUMANOS-ARGENTINA:
Impunidad acorralada

Marcela Valente

BUENOS AIRES, 9 nov (IPS) - Un tribunal de apelaciones de Argentina
ratificó, el viernes, la nulidad de las leyes que en los años 80 dejaron en
libertad a un millar de militares y policías que violaron los derechos
humanos en la última dictadura (1976-1983).

La Cámara Federal de Argentina, segunda instancia de apelación, ratificó el
fallo que había declarado "nulas" esas normas.

"Este es un golpe de la justicia argentina contra el terrorismo, en un
momento en que se oyen voces destempladas que reivindican métodos del
terrorismo de Estado para justificar nuevas amenazas", declaró al conocer el
fallo el presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS),
Horacio Verbitsky.

El CELS, organización de derechos humanos fundada en 1976, había pedido, en
una causa contra los apropiadores de una menor durante la dictadura, que se
ampliara la querella a los responsables del secuestro y desaparición de los
padres de la joven.

María Victoria Poblete fue secuestrada en 1976 cuando tenía apenas ocho
meses, junto con sus padres, el chileno José Poblete y la argentina
Gertrudis Hlaczik, torturados y luego desaparecidos. La niña fue apropiada
por el teniente coronel Angel Landa, hoy procesado.

En febrero, el juez federal Gabriel Cavallo aceptó al CELS como parte
querellante en ese caso, y en marzo, en un fallo considerado histórico,
dictaminó la nulidad de las leyes llamadas de "punto final" y "obediencia
debida" que ampararon a los acusados de secuestrar, torturar y desaparecer a
los padres de María Victoria Poblete.

Los implicados, los ex policías Juan Antonio del Cerro y Julio Simón,
apelaron la decisión de Cavallo ante la Cámara Federal por considerar que
ninguna persona puede ser juzgada retroactivamente por delitos de los que ya
fue exonerado, argumento común a fines de los años 90.

Pero esa justificación fue variando con los años. Como explicó Verbitsky en
marzo cuando conoció el fallo de Cavallo, las cuestiones de derecho penal
nacional han sido superadas por el derecho internacional, que se inclina por
rechazar argumentos que permitan dejar impunes delitos contra la humanidad.

El avance de las causas judiciales fuera del país contra militares
argentinos (en Alemania, España, Francia, Italia o Suecia), además de la
detención del ex dictador chileno Augusto Pinochet en Londres para su
extradición a España y su procesamiento luego en Chile, seguirían esa
tendencia.

Los tres jueces de la Cámara Federal coincidieron este viernes en confirmar
la nulidad de la controvertida ley de punto final, sancionada en 1986, y la
de obediencia debida, de 1987 respectivamente, para el caso Poblete
exclusivamente.

La Cámara sostuvo en el fallo que "en el contexto actual de la
constitucionalidad de los derechos humanos, la invalidación de las leyes de
punto final y de obediencia debida no constituye una alternativa sino una
obligación".

En Argentina, donde no existe un tribunal constitucional, cada juez tiene
derecho a pronunciarse a favor de la nulidad de una ley en casos concretos,
no en todos. De cualquier manera, el CELS tenía esperanzas de que este
fallo, en caso de ser confirmado ahora por la Corte Suprema de Justicia,
siente un precedente.

Cada caso debería realizar el mismo recorrido, incluso los de militares
beneficiados con las leyes de amnistía sobre los que pesa pedido de captura
internacional por procesos iniciados en el extranjero, pero que pueden
circular libremente por territorio argentino, donde las leyes los protegían.

Las leyes de punto final y obediencia debida fueron derogadas en 1999 por el
Congreso legislativo, que las consideraba un mal recuerdo de un pasado en
que los gobiernos de la democracia recién recuperada se veían amenazados por
sublevaciones militares.

Pero la derogación no tuvo efecto sobre los militares y policías
beneficiados.

Verbitsky, conocido en Argentina por su trabajo periodístico, celebró este
viernes que la Cámara haya declarado que "las leyes de impunidad son inválid
as e inconstitucionales" y que, por lo tanto, "no pueden ser un obstáculo
para que se haga justicia contra delitos contra la Humanidad", explicó.

En Argentina, la dictadura fue responsable del secuestro y desaparición de
al menos 11.000 personas. Los ex comandantes de las Fuerzas Armadas,
condenados por estas violaciones de derechos humanos, fueron indultados a
principios de los años 90, poco después de la liberación de sus subordinados
por las leyes de amnistía.

Pero la tarea de las Abuelas de Plaza de Mayo, organización formada para
recuperar a los menores desaparecidos --ya lo lograron en 70 de los más de
400 casos--, permitió el regreso a prisión de tres ex comandantes
considerados responsables del secuestro, robo y cambio de identidad de los
menores.

En el marco de una de las causas impulsadas por Abuelas de Plaza de Mayo,
por la desaparición de Victoria Poblete, el CELS presentó su reclamo contra
los responsables de la desaparición de sus padres.

Estos procesos eran iniciados por los familiares de las víctimas para
conocer el destino final de sus deudos, aunque sin posibilidades de condenar
y encarcelar a los responsables.

Pero el fallo de Cavallo y su ratificación por la Cámara Federal podrían
representar un resquicio cada vez más amplio de nuevos procesos contra
militares que secuestraron, torturaron y asesinaroan a opositores y a otros
ciudadanos por la sola sospecha de filiación izquierdista.

"La justicia argentina puso las cosas en su lugar al establecer que bajo
ninguna circunstancia se puede justificar la violación a los derechos
humanos, y que en un estado de derecho los responsables de semejantes
atrocidades deben ser sometidos a la justicia", remarcó Verbitsky.



Nello

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