Resurgen diferencias entre gobierno y sindicatos en Bolivia



LA PAZ, 22 may (AFP) - Las diferencias entre los sindicatos y el gobierno
afloraron otra vez este lunes en una reunión de evaluación de los avances
del convenio que hace quince días puso fin a casi cuatro semanas de
protestas sociales en Bolivia, constató un periodista de la AFP.

Dirigentes cívicos y sindicales acusaron al gobierno del presidente Hugo
Banzer de incumplir los acuerdos alcanzados el pasado 3 de mayo, argumento
rebatido por los representantes del Ejecutivo.

El dirigente de la cívica Coordinadora Nacional Unica de Movilizaciones
(Comunal), Oscar Olivera, resumió la actitud oficial en las últimas dos
semanas indicando que les aseguraron "que todo está determinado, (que) nada
se puede cambiar".

Junto al diputado socialista Evo Morales, líder de las protestas sociales
que entre el 9 de abril y el 3 de mayo conmovieron el país, Olivera se quejó
por la función "contraria a la población" que cumplen las autónomas
superintendencias de regulación sectorial, "afines" a los intereses de los
inversionistas extranjeros.

"Queda la percepción de que las superintendencias lo único que hacen es
defender las inversiones de las empresas privadas y que en absoluto
defienden los intereses de la población que está harta y cansada con ver
cada vez más una elevación permanente de las tarifas de servicios básicos y
(que) no haya absolutamente nadie que pueda defender la economía popular",
protestó.

El dirigente, que en abril de 2000 encabezó un movimiento cívico que
revirtió la privatización del agua en la ciudad central de Cochabamba,
advirtió que "estos temas podrían provocar" otra escalada de protestas
sociales en el corto plazo.

"Es un tema que queremos alertar al gobierno, al Ejecutivo y las
superintendencias de que si no hay una atención mínima, si no hay una
explicación lógica, sencilla y coherente a la gente, creo que estos temas
van ser en el futuro problemas graves, serios, porque se nota que hay un
ambiente de descontento absoluto con relación a las tarifas, a los
servicios", apuntó.

Por su lado, Morales, líder de unas 30.000 familias de cultivadores del
Chapare (otrora emporio de la droga), que por espacio de una semana
mantuvieron en abril último cortada la principal carretera de Bolivia en
oposición a la política antidrogas de Banzer, dijo que pese a la firma del
convenio no se avisora solución a los problemas sociales.

"No se resuelve el problema del desempleo y la pobreza. Esta es nuestra
enorme preocupación", clamó.

El dirigente campesino pidió por los pequeños deudores de la banca privada,
acorralados por los intereses penales y las órdenes judiciales de embargo de
sus bienes, y demandó que el Estado alivie sus aflicciones.

Morales denunció que pese al acuerdo de pacificación suscrito por La Paz y
los sectores en conflicto, "la represión continúa, las detenciones
continúan" de dirigentes campesinos. También acusó a la Embajada de Estados
Unidos y al gobierno de La Paz de corromper el Poder Judicial para forzar
acusaciones contra dirigentes sindicales.

Convertido en el más férreo opositor de la administración Banzer, del modelo
de libre mercado y del proceso de capitalización (privatización) de las
empresas estatales, consumado durante el gobierno del ex presidente Gonzalo
Sánchez de Lozada (1993-1997), advirtió que "la Comunal se reunirá (y) no se
descartan movilizaciones si no hay atención concreta" al petitorio social.

Por intermedio del ministro de la Presidencia, Marcelo Monasterios, el
Ejecutivo admitió, de su parte, que existen demandas sociales insatisfechas
generadas hace tiempo, pero precisó que no pueden ser atendidas en el breve
plazo.

"No podemos dejar a un lado que hay realidades que son incuestionables
(pero) no las podemos cambiar en 48 horas. Eso es imposible", esgrimió.

Refiriéndose a los compromisos asumidos por el Estado con inversionistas
extranjeros, el alto funcionario subrayó que "hay un contexto que limita
nuestro desenvolvimiento y no sólo en el ámbito nacional, sino (también) en
las esfera internacional".

Reconoció que hay problemas que afligen a las grandes mayorías. "Sí estamos
convencidos. No podemos dejar a un lado lo que está ocurriendo, lo que
estamos viendo, lo que estamos palpando y sintiendo (pero) el pueblo tiene
que reconocer que es imposible que en una gestión de gobierno se solucionen
problemas que han estado sobre la mesa durante 70 años", afirmó.


Nello
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