Bolivia encara semana con inestabilidad política y social

["Nello Margiotta" <animarg at tin.it>]

LA PAZ, 23 abr (AFP) - El gobierno del presidente de Bolivia, Hugo Banzer,
se aprestaba a vivir este lunes una intensa semana caracterizada por la
inestabilidad política y el conflicto social, producto de la crisis
económica, que podría obligarle a adoptar medidas precautorias como el
estado de sitio.

Con un vigoroso pedido de una de las principales formaciones de oposición
política, liderada por el ex presidente liberal Gonzalo Sánchez de Lozada
(1993-97), para que recorte en un año su mandato presidencial, Banzer
enfrenta ahora la protesta de indígenas en La Paz que reclaman atención a
sus demandas sociales.

Una caminata de cientos de productores de coca hasta la sede del gobierno
boliviano, que podría fortalecerse con el apoyo de indígenas, obreros,
estudiantes, empleados y trabajadores en paro descontentos por la situación
económica, parecía destinada a desencadenar una de las peores crisis
sociales del año.

Al mando de unos mil hombres, el diputado socialista Evo Morales, líder de
unas 30 mil familias del Chapare, donde la administración Banzer eliminó en
los últimos tres años unas 38 mil hectáreas de plantaciones ilegales
destinadas a la droga, realizó una larga caminata de 400 km, para reclamar
por mejores condiciones de vida.

La drástica destrucción de las plantaciones de coca no trajo aparejada una
política de sustitución alternativa y menos la apertura de mercados en el
exterior para la exigua producción de banano, palmito y piña (ananá), según
Morales.

La política gubernamental de coca-cero agravó además la situación de la
depauperada economía del país que dejó de percibir en el trienio al menos
500 millones de dólares provenientes del circuito de la droga, de acuerdo a
datos oficiales.

Con un país en crisis, donde 7 de cada diez bolivianos sufren algún grado de
pobreza y un crecimiento del Producto Interno Bruto de apenas el 2,37% el
pasado año, el descontento social y político va en ascenso.

Como una forma de presionar al gobierno para que acelere las soluciones a la
crisis, las organizaciones sindicales y cívicas convocaron a un cabildo
popular para "que decida qué tiempo da al gobierno para que atienda las
demandas (del pueblo) o finalmente qué tiempo le va a dar al gobierno para
que se vaya (el presidente Hugo) Banzer del palacio Quemado", sede del
Ejecutivo boliviano, explicó Morales.

Desde otro flanco, el dirigente aymara Felipe Quispe, líder de los indios
bolivianos, decidirá estos días si cumple su amenaza de ordenar un bloqueo
de carreteras a partir del próximo 1 de mayo.

"No es importante para mí que se vaya Banzer (del gobierno) si no derrotar
al sistema" capitalista, que combatió a principios de la década de los 90 a
punta de fusil, cuando comandaba la guerrilla indianista Ejército
Guerrillero Túpac Katari (EGTK), desarticulada ferozmente al cabo de un año
de su aparición, puntualizó Quispe.

Con las armas depuestas y luego de casi un lustro de cárcel, el 'Mallku'
(cóndor, jefe supremo en lengua nativa), protagonizó entre octubre y
noviembre del año pasado, un bloqueo de carreteras durante un mes, que cortó
el ingreso de alimentos a La Paz y el comercio de ultramar por los puertos
de Chile y Perú.

Para levantar la medida, el gobierno accedió a discutir 50 puntos de un
amplio petitorio, de los cuales "45 están resueltos".

El gobierno de Banzer -integrada por una variopinta coalición de
conservadores, populistas y socialdemócratas- cedió además terreno en
febrero último a presiones del empresariado boliviano para renegociar su
mora con instituciones bancarias, dándoles franquicias de importante
beneficio.

En medio de la agitación social, el ex presidente Sánchez de Lozada, que
durante su mandato transfirió las principales empresas del Estado a manos de
consorcios internacionales en una novedosa forma de privatización, reclamó
la dimisión de Banzer, pedido que le valió el aislamiento de otras fuerzas
políticas y el rechazo de la embajada de Estados Unidos en Bolivia.

La demanda del ex jefe de Estado, que contrasta con los preceptos de la
Constitución Política, se basó en acusaciones de altos niveles de corrupción
en el gobierno y en la encrucijada en que se encuentra la economía, con
preocupantes niveles de recesión.

Con tres procesos de reactivación económica inconclusos y muchas promesas
incumplidas a los sindicatos, la administración Banzer advirtió que si las
protestas van en ascenso y si el caos se apodera del país no tendrá más
remedio que ordenar un estado de sitio, que limita las libertades
constitucionales de los individuos.
Una medida similar, adoptada en abril del año pasado para contener la
convulsión social, fracsó en apenas quince días en medio del descontrol
social.


Nello
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