El Gobierno tendrá en cuenta los derechos humanos al autorizar las ventas de armas

[rossana <rossana at comodinoposta.org>]

"Il governo spagnolo, d'ora in poi, prima di autorizzare la vendita e le 
esportazioni di armi dovrà verificare l'uso a cui sono destinate, per 
evitare che vengano impiegate in attività illegali o per commettere 
violazioni dei diritti umani. Lo prevede il nuovo progetto di legge sul 
commercio bellico che dovrebbe essere approvato oggi dal Consiglio dei 
ministri, in risposta ad una mozione approvata all'unanimità dal 
parlamento il 13 dicembre del 2005, nella quale si chiedevano 
all'esecutivo maggiori garanzie sull'applicazione del codice di condotta 
dell'Ue in materia di esportazioni di armi. Come segnala il quotidiano 
"El Pais", il provvedimento rimesso oggi al governo non ha carattere 
tassativo, in quanto si limita a chiedere delle "verifiche" alle 
autorità, senza però vietare esplicitamente l'esportazione di armi in 
paesi in cui potrebbero essere usate "in modo contrario al rispetto dei 
diritti umani per scopi di repressione interna o per esacerbare 
conflitti latenti".

El Gobierno "deberá tomar en consideración", a la hora de autorizar, 
denegar, suspender o revocar las licencias de exportación de armas y 
material de doble uso, civil y militar, las violaciones de derechos 
humanos en el país de destino o la posibilidad de que estas ventas 
sirvan para perturbar la paz o la estabilidad. Sin embargo, estos 
factores no serán determinantes, pues también se tendrán en cuenta 
otros, como "los intereses generales de la defensa nacional y de la 
política general del Estado". Así figura en el anteproyecto de ley sobre 
el control del comercio exterior de material de defensa y doble uso que 
el Consejo de Ministros tiene prevara conocerá todas las operaciones y 
isto aprobar hoy, viernes, y al que ha tenido acceso EL PAÍS.

El anteproyecto es consecuencia del acuerdo unánime aprobado por el 
Congreso el 13 de diciembre de 2005, que instaba al Gobierno a remitir 
al Parlamento, en el plazo de un año, un texto que elevara a la 
categoría de ley la actual normativa sobre transferencia de material 
militar, policial y de doble uso y garantizara la transparencia en la 
información oficial sobre este tipo de ventas. El acuerdo parlamentario 
reclamaba además garantías de que el procedimiento de autorización de 
estas operaciones "se base en la aplicación estricta y la interpretación 
escrupulosa de los criterios del Código de Conducta de la Unión Europea 
en materia de exportaciones de armas".

El texto elaborado por el Gobierno no es tan taxativo. Su artículo 12 
señala que la autorización o denegación de licencias "deberá tener en 
consideración la existencia de indicios racionales de que el material de 
defensa, el otro material o los productos y tecnologías de doble uso 
puedan ser empleados en acciones que perturben la paz, la estabilidad o 
la seguridad en un ámbito mundial o regional, puedan exacerbar tensiones 
o conflictos latentes, puedan ser utilizados de manera contraria al 
respeto debido y dignidad inherente al ser humano, con fines de 
represión interna o en situaciones de violación de derechos humanos, o 
puedan vulnerar los compromisos internacionales de España".

Este listado se corresponde con las directrices del Código de Conducta 
aprobado por la UE en junio de 1998, a pesar de lo cual el artículo lo 
cita a continuación como criterio a tener en consideración, al igual que 
las contenidas en el documento de la OSCE (Organización para la 
Seguridad y Cooperación en Europa) sobre armas pequeñas y ligeras de 
noviembre de 2000. Pero no son factores determinantes, pues han de 
ponderarse junto a otros como "los intereses generales de la defensa 
nacional y de la política exterior del Estado". La revocación de una 
licencia de exportación sólo es automática, según el mismo artículo, "si 
se incumplieran las condiciones a las que estuvieron subordinadas y que 
motivaron su concesión o cuando hubiere existido omisión o falseamiento 
de datos por parte del solicitante".

Tal como preveía el acuerdo parlamentario, la ley consagra la obligación 
del Gobierno de enviar semestralmente al Congreso las estadísticas sobre 
exportaciones de armas y la del secretario de Estado de Comercio de 
comparecer anualmente ante la Comisión de Defensa del Congreso para 
informar sobre las mismas. Respecto al detalle que deben tener dichas 
estadísticas, uno de los caballos de batalla de los últimos años, el 
acuerdo del Congreso señalaba que el proyecto de ley debía dar 
"indicaciones detalladas sobre la información mínima que debe contener 
el informe oficial [...] y que debe estar en consonancia con las mejores 
prácticas en materia de transparencia de otros países de la Unión Europea".

El artículo 11 del proyecto señala, por su parte, que la información 
facilitada al Congreso deberá indicar, "al menos, el valor de las 
exportaciones por países de destino y categorías de productos, las 
denegaciones efectuadas, los cambios legislativos y las actuaciones 
españolas en los regímenes internacionales relacionados". Se trata de la 
misma información que ya se remite actualmente al Congreso, salvo en el 
caso de las denegaciones, pues ahora sólo se facilita su número y del 
texto podría deducirse que en el futuro se deberá ofrecer información 
más detallada. No se informará, en todo caso, sobre las operaciones 
concretas autorizadas y menos con carácter previo, como reclamaban 
algunos grupos.

La concesión de las licencias seguirá en manos de la Junta 
Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa 
y de Doble Uso (Jimddu), integrada por representantes de los 
departamentos de Industria, Asuntos Exteriores, Defensa, Economía e 
Interior, "con categoría mínima de director general". Sus informes serán 
no sólo preceptivos sino también vinculantes, algo a lo que se opuso 
Defensa durante la elaboración del texto.

Las resoluciones serán dictadas por el secretario general de Comercio 
Exterior del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, salvo las 
relativas a armas o productos de doble uso introducidos en zonas o 
depósitos francos, que corresponderán al director de Aduanas de la 
Agencia de Administración Tributaria. La Administración podrá retener el 
armamento en tránsito por territorio español por las mismas razones que 
llevarían a denegar su exportación (agravamiento de conflictos, 
violación de derechos humanos, intereses generales de la defensa 
nacional, etc.).

Para poder exportar o importar este tipo de material será preciso estar 
inscrito en el Registro Especial de Operadores, que ya funciona en base 
a un decreto de 2004. Antes de proceder a la inscripción, "deberá 
comprobarse si existe algún documento que atestigüe la participación en 
actividades ilícitas del solicitante u operador o si no está garantizada 
la capacidad del mismo para un control efectivo" del destino último de 
sus productos. De la obligación de inscribirse en el registro quedan 
exentas las policías autonómicas y locales, que deberán pedir no 
obstante licencia para cada operación concreta.

España exportó en 2005 material de defensa por valor de 420 millones
EL PAÍS - Madrid

La industria militar española exportó durante el año 2005 material de 
defensa por valor de 419,45 millones de euros, según el informe remitido 
a mediados de este año al Congreso de los Diputados por la Secretaría de 
Estado de Turismo y Comercio.


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