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Latinoamèrica
BOLIVIA: SE AVECINA NUEVA BATALLA POR EL TIPNIS
Indignados y, sobre todo, engañados se sienten los indígenas que
el año pasado marcharon hacia La Paz para evitar que una carretera
atraviese el corazón del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro
Sécure (TIPNIS).
BRASIL: ORGANIZACIONES INDÍGENAS Y CAMPESINAS SE
UNEN POR DEMANDAS AGRARIAS HISTÓRICAS. Al comienzo de esta
semana, campesinos y organizaciones indígenas se reunieron en Brasilia,
capital federal del país, para luchar por sus demandas históricas
presentando a la sociedad un manifiesto en que critican el modelo de
desarrollo brasileño y reafirman los ejes centrales de su lucha.
HAITI; PLATAFORMA ORGANIZACIONES REVELA
VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS PRACTICADAS POR LA MINUSTAH DESDE 2004. El
informe señala que cada vez más la actuación de la Minustah en
Haití es blanco de críticas severas por parte de la sociedad haitiana.
Esto puede ser constatado al recordar las innumerables manifestaciones de
la población y de la sociedad civil organizada pidiendo el retiro de los
militares
DESARROLLO A LA CHILENA. EL CASO DE LA
REGIÓN DE ATACAMA Lejos de representar un modelo de desarrollo,
el patrón de acumulación chileno, que ha posibilitado alcanzar elogiadas
cifras en el ámbito macroeconómico, tiene como principal puntal a la
desregulación laboral y la desprotección ambiental, junto a la baja carga
impositiva al gran empresariado, en especial a la "inversión
extranjera”.
Latinoamérica
BOLIVIA: SE AVECINA NUEVA BATALLA POR TIPNIS
Ricardo Herrera, desde Santa Cruz
![TIPNIS.jpg]() Dirigente indígena Adolfo Chávez muestra la firma de
los representantes de 15 comunidades del TIPNIS que rechazan la carretera.
(Foto: Ricardo Herrera)
Indignados y, sobre todo, engañados se sienten los
indígenas que el año pasado marcharon hacia La Paz para evitar que una
carretera atraviese el corazón del Territorio Indígena y Parque Nacional
Isiboro Sécure (TIPNIS).
Su molestia está dirigida hacia el presidente Evo
Morales, gestor de la nueva Ley 222 de consulta a los habitantes del
TIPNIS, que fue promulgada el 9 de febrero, a través de la cual se busca
la aprobación de los habitantes del TIPNIS para reanudar el polémico
camino en dicha reserva natural. Esta norma elude la Ley 180 de protección
del TIPNIS, que fue consensuada con ellos en octubre del 2011, que prohíbe
la construcción de cualquier tipo de carretera por el parque y establece
la intangibilidad de ese territorio.
Los indígenas preparan una nueva marcha hacia La Paz para
marzo próximo y esperan que se les unan otras organizaciones sociales del
país, anunció Adolfo Chávez, presidente de la Confederación de Pueblos
Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB), organización que lideró el año
pasado la marcha en defensa del parque.
"No aceptamos la nueva ley y estamos dispuestos a llegar
hasta las últimas consecuencias, porque se han violentado los derechos de
los pueblos indígenas del TIPNIS, ya que la consulta previa debió hacerse
antes de que se iniciaran las obras y se firmaran los acuerdos con la
empresa brasileña OAS [que ejecuta el proyecto], como establece la
Constitución Política del Estado desde el 2009, y no ahora, que ya están
en plena construcción de los tramos 1 y 3”, dijo Chávez a Noticias
Aliadas.
El líder indígena insistió en que no se oponen a la
construcción del camino de 177 km que unirá Villa Tunari, en el céntrico
departamento de Cochabamba, con San Ignacio de Moxos, en Beni, en el
nororiente; lo que objetan es que el tramo 2 atraviese la mitad del
parque, porque temen que provoque deforestación y la invasión de colonos
productores de hoja de coca a esa región en la que habitan más de 60
comunidades de origen yuracare, chimán y moxeño.
El TIPNIS es una de las zonas más importantes de la
orografía de Beni, porque infiltra, recarga y distribuye aguas a un sector
de ese departamento. Además es una de las cinco aéreas protegidas de
Bolivia que también tienen la condición de ser territorios indígenas. Allí
conviven más de 400 especies de aves y peces de gran importancia para el
ecosistema de la región.
Marchas y contramarchas
El 15 de agosto del 2011 cerca de 700 indígenas iniciaron
en Trinidad, capital de Beni, la Marcha de los Pueblos Indígenas del
Oriente, Chaco y Amazonia. Apoyados también por el Consejo Nacional de
Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), de la zona andina del país, los
manifestantes establecieron una plataforma con 16 demandas, donde la
principal era el rechazo a que la carretera atravesara el TIPNIS.
El 25 de setiembre, cuando los marchistas se encontraban
en la región de Chaparina, cerca de la población nororiental de Yucumo, la
Policía intervino brutalmente el campamento donde descansaban, lo que
provocó el rechazo generalizado de diversos sectores y organizaciones del
país. Luego de 65 días de caminata, la marcha llegó hasta la ciudad de La
Paz y tuvo un multitudinario recibimiento de la población.
Presionado por las circunstancias, el 25 de octubre el
presidente Morales firmó la Ley 180 o ‘ley corta', como también es
conocida, que establecía que ninguna carretera pasaría por el TIPNIS e
incluyó el concepto de intangibilidad, bastante restrictivo por
insistencia del gobierno, porque prohíbe hasta proyectos ecoturísticos que
estaban siendo aplicados por algunas comunidades.
Sin embargo, a fines de diciembre del año pasado, el
Consejo Indígena del Sur (CONISUR), que representa a más de una decena de
comunidades del TIPNIS, inició una marcha a favor de la construcción de la
carretera señalando que contribuiría a mejorar el acceso de sus pueblos a
la salud y educación. Sectores opositores a Morales y representantes de la
CIDOB dijeron que detrás de ese reclamo estaba la mano del gobierno que
buscaba la forma de contrarrestar la "ley corta”, que todavía sigue
vigente.
La "contramarcha” motivó que autoridades gubernamentales
y el CONISUR propusieran la Ley 222 para consultar a los pueblos indígenas
del TIPNIS acerca de la carretera y que fue aprobada por la Asamblea
Legislativa gracias a la mayoría con la que cuenta el oficialismo.
Compromisos con constructora
"En nuestro país, que se dice indígena, se violan
nuestros derechos. El presidente lo que firma con la mano lo borra con el
codo al día siguiente. Nos cierra las puertas y minimiza a los indígenas
de las tierras bajas. Por ejemplo, hasta ahora no se ha determinado
quiénes fueron los responsables de la intervención policial a la marcha”,
reclama Yudith Rivero Burgos, vicepresidenta de la Confederación Nacional
de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB).
La dirigente, de origen chimán, asegura que la
insistencia del gobierno por construir la carretera es porque debe cumplir
con compromisos establecidos con la empresa ejecutora y con los
productores de coca que viven en las comunidades aledañas al parque y que
habrian formado parte de la marcha del CONISUR.
"No existen productores de coca en el CONISUR; lo que
pasa es que los hermanos de la CIDOB han tratado de hacer quedar mal a la
marcha y a mi persona. Nosotros vamos a bajar y consultar a todas las
organizaciones del TIPNIS y no vamos a ir a hablar con una persona o un
dirigente. Ni les daremos plata como ellos lo están haciendo. Nosotros
vamos a reflexionar con las bases para preguntarles si quieren morir
pobres o superarse, porque al no tener caminos no hemos tenido acceso a la
educación y la salud”, afirma Gumersindo Pradel, líder del CONISUR que se
ha comprometido a apoyar la organización de la consulta.
Por su parte, la CIDOB formó tres comisiones que
visitaron las comunidades del TIPNIS desde el 30 de enero para buscar
respaldos a la Ley 180 y asegura que 32 de las 35 que han visitado se
oponen a que la vía caminera atraviese el parque.
La nueva norma ha establecido un plazo de 120 días —que
se cumple en junio— para la realización de la consulta. El procedimiento
todavía no ha sido definido porque no existe una normativa de consulta
previa, pero el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Wilfredo
Ovando, declaró a la radioemisora Red Patria Nueva, que la consulta será
de acuerdo a los usos y costumbres de los pueblos indígenas que habitan el
TIPNIS.
Cabe indicar que las instancias de decisión en dicha
región son a través de las reuniones de corregidores, que son los
encargados de aplicar las leyes en provincias y cantones y de los
cabildos, que consisten en reuniones públicas en la que participan todos
los habitantes de la comunidad y se pronuncian sobre asuntos de interés
colectivo.
De acuerdo al último Censo Nacional del 2001, el TIPNIS
alberga a 12,388 habitantes. Sin embargo, organizaciones no
gubernamentales estiman que la población llega a casi 15,000.
ADITAL - Servicio Informativo sobre América
Latina y el Caribe producido por Comunicaciones Aliadas
BRASIL: ORGANIZACIONES INDÍGENAS Y CAMPESINAS SE UNEN POR
DEMANDAS AGRARIAS HISTÓRICAS
Natasha Pitts
![mujeres.jpg]() Al
comienzo de esta semana, campesinos y organizaciones indígenas se
reunieron en Brasilia, capital federal del país, para luchar por sus
demandas históricas. En la tarde de ayer (28), en acto público realizado
en el Plenario 15 de la Cámara de Diputados, las organizaciones han
presentado a la sociedad un manifiesto en que critican el modelo de
desarrollo brasileño y reafirman los ejes centrales de su lucha.
Durante el Seminario Nacional de Organizaciones Sociales
del Campo, celebrado los días 27 y 28, líderes de más de 10 organizaciones
campesinas e indígenas se reunieron para discutir la necesidad de
intensificar y unificar la lucha en defensa de la reforma agraria, los
derechos territoriales y la producción de alimentos saludables.
Según Rosângela Piovizani, integrante de la Vía
Campesina, organización campesina presente en países de Asia, África,
América y Europa, el taller se celebró para discutir cómo hacer para que
el Gobierno Federal asuma responsablemente problemas como la reforma
agraria, las deudas rurales y la educación en el campo.
"Hay gran descontento, porque en los últimos años no hay
recursos para la agricultura familiar campesina, pero si hay recursos para
el agro-negocio y las exportaciones. Unidas en torno a una agenda
unificada, las organizaciones del campo van a actuar intensamente para
reivindicar demandas sobre cuestiones que funcionaron mal, como la
educación en el campo, el aumento en la aplicación de pesticidas, el
incentivo al agro-negocio, así como la misma reforma agraria que no
avanzó, porque no hay voluntad política para realizar las expropiaciones y
hacer nuevos asentamientos”, argumenta criticando.
En el manifiesto elaborado durante el Seminario Nacional,
las organizaciones participantes también critican el modelo de producción
de commodities, productos agrícolas funcionales al latifundio y, por
consiguiente basados en la expulsión de las familias del campo.
"El Brasil vive un proceso de retorno al sector primario
de la economía (re-primarización) , basada en la producción y exportación
commodities agrícolas y no agrícolas (minería), esta economía, es incapaz
de financiar y promover un desarrollo sostenible y satisfacer las
necesidades del pueblo brasileño," señala.
Centradas en la lucha contra la mercantilización de los
bienes naturales, la concentración de la tierra y su control por
extranjeros, el uso excesivo de agroquímicos, la violencia en el campo, la
criminalización de los movimientos sociales, líderes y luchas sociales y
otros problemas que afectan el campo, las organizaciones campesinas e
indígenas, reafirman que su lucha continuará orientada a un desarrollo
sostenible y centrada en la soberanía alimentaria y territorial.
Esta lucha está orientada por cuatro ejes centrales, que
son: Reforma Agraria profunda y de calidad, garantía de los derechos
territoriales de los pueblos indígenas y quilombolas y de las comunidades
tradicionales; desarrollo rural con distribución de la renta y de la
riqueza y el fin de las desigualdades; producción y acceso a alimentos
saludables y conservación del medio ambiente, estableciendo procesos que
aseguren la transición a una agricultura agroecológica; y garantía y
ampliación de los derechos sociales y culturales que permitan calidad de
vida, continuidad de la vida rural y permanencia de los jóvenes en el
campo.
La cooperación debe venir no sólo de los parlamentarios y
sectores de Gobierno. Las organizaciones sociales esperan también el apoyo
y la adhesión de otras organizaciones y movimientos sociales, de
personalidades y la sociedad en general, ya que las cuestiones
reivindicadas tienen consecuencias en la vida de miles de brasileros y
brasileras.
El Seminario Nacional de Organizaciones Sociales del
Campo contó con la participación de la Asociación de pueblos indígenas de
Brasil (Apib), CÁRITAS Brasileira, Consejo Indigenista Misionero (Cimi),
Comisión Pastoral Tierra (CPT), la Confederación Nacional de Trabajadores
Agrícolas (Contag), Confederación Nacional de los Trabajadores en
Agricultura Familiar (Fetraf), Movimiento de los Afectados por Represas
(MAB por sigla en portugués), Movimiento Campesino Popular (MCP),
Movimiento de Mujeres Campesinas (MMC), Movimiento de Pequeños
Agricultores (MPA), Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra
(MST) y de la Vía Campesina Brasil.
Adital
HAITI: LA PLATAFORMA DE ORGANIZACIONES REVELA
VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS PRACTICADAS POR
LAMINUSTAH DESDE 2004
Natasha Pitts
![Haiti.jpg]() Recientemente, la Plataforma de Organizaciones Haitianas de
Derechos Humanos (POHDH) divulgó el informe La Minustah y la violación de
los Derechos Humanos en Haití mostrando el fracaso y los perjuicios
causados por la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de
Haití, que desde 2004 ocupa el país con el pretexto de garantizar la paz,
instalar un estado de derecho y ofrecer seguridad.
El informe señala que cada vez más la actuación de la
Minustah en Haití es blanco de críticas severas por parte de la sociedad
haitiana. Esto puede ser constatado al recordar las innumerables
manifestaciones de la población y de la sociedad civil organizada pidiendo
el retiro de los militares.
No por casualidad el pueblo pide que los ‘cascos azules'
-como se conoce a los soldados- emprendan la retirada. El informe de la
Plataforma de Organizaciones Haitianas revela que el clima de inseguridad
creció después de la llegada de las tropas y recuerda que la introducción
y propagación del cólera fueron obras de los militares de la Minustah.
El documento también cita las atrocidades cometidas por
los militares, sobre todo en los barrios más pobres, como Cité Soleil, Bel
Air y Martisant, ya que hay registros de operaciones donde mataron,
hirieron, maltrataron y destruyeron bienes privados. De febrero de 2004 a
diciembre de 2006, sólo en la región metropolitana de la capital, Puerto
Príncipe, 74 personas fueron muertas en las intervenciones de la Minustah.
En otros departamentos también fueron catalogadas violaciones de derechos.
La POHDH cita el ahorcamiento de general Gilles en el Cabo Haitiano, la
violación de Johny Jean en Port-Salut y la de Roody Jean en Gonaives, y el
asesinato de Widerson Gena, que fue victimado cuando participaba en una
manifestación en Verettes.
Ni siquiera la policía está libre de los desmanes de los
militares. La POHDH descubrió casos de violencia e intento de violación
contra agentes de la policía por parte de soldados. Uno de los casos
ocurrió el 29 de mayo de 2008. El policía Luckinis Jacques, de la
comisaría de Cité Soleil, fue violentado por agentes de la Minustah. Lo
mismo ocurrió el 6 de agosto de 2008 con los policías Donson Bien-Aimé A2
y Ronald Denis A3, también de la comisaría de Cité Soleil. Hace cerca de
un año, del 13 al 14 de marzo, el policía Orline Mérilan sufrió un intento
de violación por parte de Muhammad Naseem, también miembro de la Misión.
La Plataforma de Organizaciones Haitianas asegura que en ninguno de los
casos se realizaron procedimientos para castigar a los culpables y ofrecer
reparación a las víctimas.
Además de todo el mal que la permanencia de los militares
provoca a la población, la POHDH señala que la Minustah se lleva una suma
extraordinaria de dinero. "El costo de su operación deja presagiar un
antagonismo flagrante entre la voluntad de crear la estabilidad de Haití
en vista del desarrollo socio-económico del país y la del enriquecimiento
de los actores internacionales, dejando tirados en la miseria a una gran
proporción de la población”, critican.
Los muchos casos comprueban que la actuación de la
Minustah en el país viola normas nacionales e internacionales de
protección a los derechos humanos, entre ellas la Declaración Universal de
DDHH, de la cual Haití es signatario, y que en su artículo tercero define
que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la
seguridad.
Por esta suma de motivos, la Plataforma recrimina la
permanencia de los militares en el país. "(...) ningún cambio real se
efectuó a nivel del aparato judicial que fomenta todavía la impunidad y la
violación de los Derechos Humanos. Numerosas personas siguen siendo objeto
de arrestos ilegales y arbitrarios con prisión preventiva prolongada,
mientras que los criminales de gran porte como Jean-Claude Duvalier siguen
gozando de la impunidad”, critican, comprobando que los ocho años de
Minustah en Haití no trajeron beneficios a la población o para el país.
La Plataforma de Organizaciones Haitianas de Derechos
Humanos hace un llamado y pide a los países que se dicen amigos de Haití
que apoyen no los proyectos extranjeros, sino las iniciativas nacionales
inspiradas en las necesidades prioritarias de la mayoría de la población
haitiana.
ADITAL - Traducción: Daniel Barrantes – barrantes.daniel at gmail.com
Nota: (1) Para más antecedentes sobre desarrollo durable y
enclave minero moderno, ver Cademartori, J. (2007) El Impacto de la
Inversión Extranjera 1990-2000 sobre el Desarrollo Durable de la Región
Minera de Antofagasta (Chile)
DESARROLLO A LA CHILENA. EL CASO DE LA REGIÓN DE
ATACAMA
Raúl H. Contreras Román*
![12]() Las
contradicciones económicas que hacen nata en la realidad chilena,
parecieran confirmar las teorías que la euforia globalizante neoliberal y
su ortodoxia, expulsaron de las universidades y borraron de los libros y
del lenguaje político, académico y social. Es necesario volver a entender
la riqueza en relación con la pobreza y viceversa. Pensar la desigualdad
no como un detalle o una posible contraindicación de nuestro modelo, sino
que como un fenómeno intrínsecamente relacionado con éste y su éxito
macroeconómico.
Lejos de representar un modelo de desarrollo, el patrón
de acumulación chileno, que ha posibilitado alcanzar elogiadas cifras en
el ámbito macroeconómico, tiene como principal puntal a la desregulación
laboral y la desprotección ambiental, junto a la baja carga impositiva al
gran empresariado, en especial a la "inversión extranjera”. Este patrón ha
permitido que varios chilenos se empinen en las selectas listas de los
mayores multimillonarios a nivel mundial y que las más grandes compañías
multinacionales proyecten en Chile grandes negocios en todos los rubros.
La simbiosis de un sistema profundamente liberal en lo económico con uno
extremadamente conservador en lo político, asegurará además la estabilidad
política en el marco de todas las garantías brindadas al empresariado en
dictadura, ratificadas y ampliadas en la eterna transición.
Basta echar una miradita al centro sur para ver que el
mentado crecimiento y dinamismo económico, aportados por el sector
agroindustrial, forestal y salmonero, ha convivido con la pobreza y la
pauperización de gran parte de la población; en especial en la región de
la Araucanía que, concentrando parte importante de la producción forestal
en sus territorios, continúa siendo la más pobre del país. Ir un poco más
al sur y mirar lo que quedó después del auge de la empresa del salmón que
tanto transformó los paisajes, las normas de propiedad y las relaciones
socioculturales de la gente de la X Región, pero que en nada aportó a
transformar su carencia. Escuchar a la gente de Aysén, la región con mayor
crecimiento económico regional del 2011, pero con una de las cifras más
altas de desigualdad del país, donde los trabajadores tienen un ingreso
promedio menor al nacional en un contexto de alto costo de la vida, que
reduce de manera significativa la capacidad de compra de sus salarios.
La región de Atacama, que durante los últimos dos años
muestra un sostenido crecimiento que ha repercutido en un aumento de la
actividad económica sobre el 10% y de la construcción en más del 30%, es
también evidencia de la contradicción. Para cualquiera que desconfíe un
poco de las cifras y que tenga ojos para mirar más allá del parque
automotriz y la expansión del retail: Chañaral, Diego de Almagro, Huasco,
Tierra Amarilla o el propio Copiapó; son comunas pobres o por lo menos de
pobreza equipada, aquella maquillada por el acceso al consumo
especialmente de mercancías tecnológicas para emular el american way of
life, aunque sea mediante la compra de imitaciones chinas. En esta región
cerca de 20 mil personas viven en situación de indigencia, mientras tanto
que el porcentaje de los que viven en la calle es casi dos veces el
promedio nacional.
El boom del alto precio del cobre, no sólo ha ayudado a
aumentar el número de 4x4 que circulan por las polvorientas calles de la
Región de Atacama, sino que ha cubierto con el velo del éxito económico a
la región, volviéndola atractiva para la migración interna y
transformándola en la niña bonita del modelo chilensis de desarrollo.
Probablemente, la aplicación de la próxima CASEN revierta las cifras de
pobreza e indigencia de la región, mas esto será transitorio tal y como lo
es el crecimiento de los últimos dos años.
La pobreza de la región es y será proporcional a la
desmesurada extracción de riqueza de las empresas mineras transnacionales
y de sus asociados nacionales. Los salarios que reciben hoy los
trabajadores y todos los asalariados de la minería (incluidos técnicos,
profesionales, administrativos y gerentes), pese a ser elevados si se les
compara con el sueldo mínimo, representan en Chile en general, menos del
7% de las ganancias del sector. La desigualdad entre lo que se llevan y lo
que queda, se reproduce con más crudeza si tomamos el caso de los
trabajadores de la región no directamente relacionados con la minería, los
pescadores artesanales, los pequeños agricultores o los temporeros de la
uva, que además de recibir ingresos muy por debajo del promedio regional
($613.392, el segundo más alto de Chile), tienen que asumir un alto costo
de la vida, en especial en los alimentos y en el sector inmobiliario,
inflados por los ingresos mineros.
El desarrollo de la región de Atacama, al igual que la de
gran parte del norte minero de Chile, es definido como un desarrollo no
durable. Esto no es dado únicamente por la vocación primaria exportadora
de la economía, basada en la minería, sino que también y sobre todo por la
importancia trascendental del capital extranjero en la economía regional.
La nula diversificación de la producción y la ausencia de valor agregado a
la exportación, repercuten en que la participación de los actores locales
sea secundaria y pocas veces trascienda al trabajo o a la prestación de
servicio. El velo de éxito económico que actualmente cubre a la región, es
aquel que le muestra como un enclave minero moderno, en que gran parte del
equipamiento responde a las necesidades específicas del sector y a su
sobre explotación del recurso, ligado a la entrada desregulada de capital
privado transnacional y al alto precio del cobre. Pero ¿qué parte del velo
quedará cuando la minería deje de mostrar el dinamismo que hoy muestra?
¿Qué quedará en las ciudades de la región, si gran parte de los servicios
están pensados en la minería transnacional y son de propiedad de actores
no regionales?(1).
La contradicción se profundiza si pensamos que el
desarrollo regional no sólo no es durable, sino que tampoco es
sustentable. Será esta la primera región del país que no tendrá agua para
el consumo humano, además de tener gran parte de su litoral contaminado
con las termoeléctricas y con los relaves mineros que se acumulan, como en
la costa de Chañaral, desde hace casi ya un siglo. Probablemente, en un
tiempo más podrán decir que la región ha mejorado en sus niveles de
pobreza e indigencia, pero después de eso no quedará más que el recuerdo
del auge minero, la silicosis, las costas contaminadas y las cuencas secas
de cordillera a mar.
Si Chile en general representa un caso perfecto de
crecimiento empobrecedor, el caso de la región de Atacama, pareciera ser
el mejor ejemplo para comprobar en tiempo real el auge y la caída de un
modelo agotado, que no sólo se extingue así mismo sino que puede extinguir
todo a su paso.
Nota: (1) Para más antecedentes sobre
desarrollo durable y enclave minero moderno, ver Cademartori, J. (2007) El
Impacto de la Inversión Extranjera 1990-2000 sobre el Desarrollo Durable
de la Región Minera de Antofagasta (Chile)
*Antropólogo chileno – ADITAL
RTF: http://archive.attac.org/attacinfoes/attacinfo644.zip
PDF:
http://archive.attac.org/attacinfoes/attacinfo644.pdf
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