Fw: [ATTAC] INFORMATIVO 622 - DEUDA, EUROBONOS Y EUROPA
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- From: "nello margiotta" <nellomargiotta55 at virgilio.it>
- Date: Mon, 3 Oct 2011 15:06:44 +0200
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From: Attac
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Sent: Monday, October 03, 2011 1:01 PM
Subject: [ATTAC] INFORMATIVO 622 - DEUDA, EUROBONOS Y
EUROPA Latinoamérica COLOMBIA:TIERRA
CONCENTRADA, MODELO FRACASADO El Informe de
Desarrollo Humano (IDH) 2011 del PNUD pone el dedo en la llaga: pocos son los
dueños de la mayoría de las tierras en Colombia, principal causa de que el país
tenga uno de los peores índices de distribución de la riqueza global. El Estado
ha fallado en su modelo de desarrollo agrario. ECUADOR LIDERA
PROPUESTAS PARA NUEVA ARQUITECTURA FINANCIERA INTERNACIONAL. Suramérica está dando
lecciones de solidez a los países del Norte del mundo afectados por una crisis
de sus deudas soberanas, dijo el canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, durante
la presentación del informe anual del gobierno. ARGENTINA:
EXTRANJERIZACIÓN Y MODELO AGROPECUARIO: DOS CARAS DE LA MISMA MONEDA.
La
“nacionalidad” de los terratenientes en nuestro país no hace la diferencia entre
los cientos de miles de hectáreas de las mejores tierras que tienen el italiano
Benetton, el húngaro Soros o los argentinos Bunge y Born y Amalia Lacroze de
Fortabat. Latinoamérica COLOMBIA.TIERRA
CONCENTRADA, MODELO FRACASADO
El Informe de
Desarrollo Humano (IDH) 2011 del PNUD pone el dedo en la llaga: pocos son los
dueños de la mayoría de las tierras en Colombia, principal causa de que el país
tenga uno de los peores índices de distribución de la riqueza global. El Estado
ha fallado en su modelo de desarrollo agrario. La conclusión del IDH
2011 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) fue contundente
en determinar que la principal talanquera para el desarrollo humano en Colombia
es la alta concentración de tierras en pocas manos. El Informe afirma que
el 52 por ciento de la gran propiedad está en manos del 1,15 por ciento de la
población, algo que termina por verse reflejado en el denominado coeficiente de
Gini (que mide la desigualdad entre ricos y pobres) que indica que en materia de
concentración de tierras en Colombia es de 0,85, un número alto si se tiene en
cuenta que la escala va de 0 a 1. El índice general para Colombia es de 0,58,
uno de los peores del mundo. El diagnóstico del
PNUD señala que el modelo de desarrollo agrario que se ha venido aplicando en
Colombia en las últimas décadas solo ha favorecido aún más la concentración de
tierras. Después de la apertura económica, la lógica de “más mercado y menos
Estado”, sumado al debilitamiento de las instituciones y al control de
territorios por parte de los grupos armados ilegales dejaron como resultado una
estructura agraria inequitativa. “Toda la estructura de tenencia de la tierra y
estructura agraria que tiene el país impiden y dificultan el desarrollo humano”,
reza el informe. La tierra en
Colombia, además, se ha convertido en un bien especulativo que se acumula para
obtener rentas sin ningún esfuerzo productivo. Es símbolo de riqueza, estatus, y
prestigio social, algo que no ocurre en otros países. Eso explica en parte las
luchas que se han dado por tenerla y es una de las razones por las cuales no han
prosperado las reformas agrarias que se vienen intentando desde los años 30 del
siglo pasado. Colombia es
rural Uno de los mitos que
se derrumban con el informe es que Colombia es un país urbano, pues casi la
tercera parte de la población es rural (en vez de un cuarto como lo dijo el
censo de 2005), que señala que 75,5% de los municipios colombianos son rurales y
representan el 94,4% del territorio,
según el nuevo índice de ruralidad construido por los investigadores. Por
eso, si Colombia quiere modernizarse debe solucionar primero el conflicto
agrario. El informe explica
que el país si bien tiene un potencial de 21,5 millones de hectáreas, solo
cultiva el 22,7 % de las tierras aptas (4,9 millones de hectáreas). En cambio,
hay una ‘ganaderización’ de la tierra en Colombia, pues 39,2 millones de
hectáreas están destinadas para pastos, rastrojos y malezas, de las cuales 31,6
están usadas en ganadería bovina, donde hay menos de una cabeza de ganado por
hectárea. Ese territorio es
10,6 millones más grande que el de las tierras aptas destinadas para producción
de alimentos. Esto resulta paradójico porque Colombia es de los pocos países del
mundo, junto con Brasil que dispone de tierras para expandir su frontera
agrícola. Los conflictos por el
uso de tierra para ganadería, agricultura, minería o para fines de conservación
requieren una pronta solución. El narcotráfico es un elemento adicional que
incide en el conflicto agrario de manera especial en Colombia y que se ha
traducido en el despojo y desplazamiento de los habitantes rurales del
país. El informe cifra el
despojo de tierras en 6,6 millones de hectáreas, es decir, el 12,9 por ciento de
la superficie agropecuaria; de las cuales se han recuperado 495.493. De ese
total, el 73 por ciento corresponde a minifundios y propiedades pequeñas de
hasta 20 hectáreas. Como consecuencia, en
los últimos 13 años, unos 3,6 millones de personas han sufrido el desplazamiento
forzoso, el 65 por ciento de ellas menores de 25 años y el 14 por ciento con
menos de 4 años. Así mismo se midió
qué tan democrática ha sido la sociadad rural colombiana, en medio del conflicto
armado que la agobia, vinculándose su carencia con una mayor pobreza de los
habitantes. Según un modelo
aplicado por los investigadores, se encontró que en las poblaciones en donde
hubo menos alternancia política y pesisitó el control de las elecciones por
parte de un solo grupo o partido político, hubo más necesidades básicas
insatisfechas, más miseria y más precariedad en los
servicios. Razones para la
esperanza El informe llega en
un momento crucial, en que el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos se
embarca en la aplicación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, y justo
cuando se está creando una nueva Ley de Desarrollo Rural que busca complementar
la de las víctimas y generar oportunidades para que los campesinos tengan un
futuro económico en el campo. El PNUD propone una
"reforma rural transformadora" para cambiar esa estructura inequitativa y
democratizar la tenencia de la tierra. Esto no significa que todas las grandes
propiedades deban ser desconcentradas, sino aquellas que no están siendo
utilizadas de forma adecuada, como muchas de las que están dedicadas a la
ganadería extensiva. La clave está en un reordenamiento territorial que permita
la transformación que necesita el país. Este es un acto,
sobre todo, de voluntad política. El informe le dice al gobierno que no está
solo, que se apoye en una red de investigadores, académicos y pensadores y
propone acuerdos entre el Estado y la sociedad civil, abogar por la seguridad
humana, la inclusión de los grupos minoritarios y la generación de confianza de
la población hacia las instituciones. Tomado de http://www.semana.com/nacion/tierra-concentrada-modelo-fracasado/164796-3.aspx ECUADOR LIDERA
PROPUESTAS PARA NUEVA ARQUITECTURA FINANCIERA
INTERNACIONAL
Cristiano Morsolin
“La región está dando lecciones de
crecimiento y solidez al llamado mundo desarrollado. ¡Cómo han cambiado los
tiempos! ¿Qué será del Fondo Monetario Internacional que hace como cuatro años y
medio que no nos visita?”, dijo el ministro en un discurso en la Asamblea
Legislativa. Patiño agregó que “si alguna convicción recorre Latinoamérica en
estos días es que la respuesta a la crisis económica mundial tiene que hacerse
coordinada y regionalmente”, y en ese sentido destacó el papel que puede cumplir
la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). Según el canciller, desde ese grupo
Ecuador se plantea impulsar el Banco del Sur, el Fondo del Sur y el Sucre
-unidad de intercambio de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América
(Alba) -, que definió como herramientas para la “defensa de los recursos
financieros y la estabilidad de la región”. “La integración
regional es la salida” es el planteamiento de Pedro Páez, quien encabeza la
oficina ecuatoriana de Nueva Arquitectura Financiera Regional y es uno de los
impulsores de mecanismos tales como el SUCRE, el Banco del Sur y la alternativa
sudamericana al FMI. Alerta Perú conversó con el funcionario ecuatoriano en el
marco de la Asamblea de la Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y
Derechos (LATINDADD), que se ha realizado a mitad de agosto en La Paz
(Bolivia). Páez destacó el buen
funcionamiento del Sistema Unitario de Compensación Regional (SUCRE), una suerte
de moneda virtual que sirve para reemplazar al dólar en los intercambios
comerciales de los países miembros de la ALBA. “En el caso de Ecuador está
cubriendo un tercio del volumen intra-ALBA”, destacó Páez, indicando que este
mecanismo está siendo utilizado por los Estados, el sector privado y sectores de
la economía popular y cooperativa. “Por ejemplo, hace seis meses una
transnacional ecuatoriana que produce llantas hizo una exportación a Bolivia, y
un trámite que le hubiera costado 587 dólares se redujo a 57”, explicó. Esto se
produce gracias a los ahorros en el tipo de cambio y a un mecanismo de
integración de los Bancos Centrales que hace innecesario el recurrir a los
créditos de exportación, cada vez más caros debido a la
crisis. “Más allá de toda la
propaganda en contra del SUCRE, que ha dicho todo tipo de barbaridades, este es
un mecanismo muy pragmático que permite un ahorro significativo de costos”,
señaló Páez, destacando además que se está promocionando su utilización “a nivel
de las unidades de la economía popular, las cooperativas, las cajas de ahorro,
las pequeñas empresas, las comunidades indígenas”. Páez consideró que el SUCRE
permite un intercambio más horizontal que no tiene que depender de las grandes
empresas, de los grandes bancos ni del Estado. En cuanto al Banco
del Sur, al que definió como un “banco de desarrollo de nuevo tipo”, Páez
destacó que el mismo “ya tiene la firma de los siete presidentes y han sido
ratificado por cuatro parlamentos: Venezuela, Ecuador, Bolivia y Argentina.
Estamos esperando a los otros países hermanos para empezar juntos”. Sin embargo,
Páez indicó que “hay urgencias, por la explosión de la crisis financiera que
obliga a tomar acciones mas rápidas”. El funcionario propuso crear un
fideicomiso que permita empezar una serie de proyectos lo antes
posible. Páez insistió en que
entre las funciones del Banco del Sur estará “minimizar el uso del dólar sobre
la base de la utilización de las monedas nacionales y eventualmente la moneda
regional”. Esto permitiría “préstamos de desarrollo sin que todo sea
endeudamiento en dólares”, con lo que “la presión sobre el sector externo de la
economía disminuye”. Por último, el
funcionario consideró una “locura” lo que ocurre con las Reservas
Internacionales de los países de América Latina. “Tenemos 700 mil millones de
dólares en reservas de los Bancos Centrales, la mayoría en EEUU donde está el
foco de infección y el riesgo de perder capital es grande, y con remuneraciones
(intereses) cercanas al 0%”. Páez señaló que “la alternativa es crear
instituciones financieras adecuadas que permitan tener una liberación de esos
recursos hacia la inversión productiva”. “Es más que suficiente para sostener
con nuestros propios recursos un proceso sostenido de inversiones productivas”,
señaló, aunque indicó que para ello es necesario contar con una alternativa
regional al Fondo Monetario Internacional, propuesta en la que también está
trabajando la Comisión que preside ( http://alertaperu.lamula.pe/
). ALAI-AMLATINA
(29.09.11). EXTRANJERIZACIÓN Y
MODELO AGROPECUARIO: DOS CARAS DE LA MISMA MONEDA
Fabiana Arencibia La “nacionalidad” de
los terratenientes en nuestro país no hace la diferencia entre los cientos de
miles de hectáreas de las mejores tierras que tienen el italiano Benetton, el
húngaro Soros o los argentinos Bunge y Born y Amalia Lacroze de
Fortabat. La presentación por parte del gobierno
nacional del “Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial (PEA) 2020” casi
al mismo tiempo que el proyecto de “Protección al dominio nacional sobre la
propiedad de tierras rurales” (más conocido como ley de tierras) son parte de la
consolidación de un modelo productivo agroexportador sojero y
extractivo. Los beneficiarios
solo se diferencian por su nacionalidad pero, en ambos casos, son propietarios
de grandes extensiones de las mejores tierras de nuestro país y van camino a que
se les habilite la posibilidad de seguir ampliando sus ganancias y la extensión
de sus territorios. Por medio de la ley
de tierras, como ya dijimos en otro artículo (1), se les legalizará los cientos
de miles de hectáreas que poseen en zonas estratégicas por sus recursos
naturales (agua, petróleo, minerales, biodiversidad). Esto es así ya que el
proyecto del Ejecutivo no toca derechos adquiridos, aun cuando las hayan
comprado a precio vil y con prebendas de los poderes políticos de turno. En el
caso del PEA llevará a consolidar “su” modelo agrario productivo (modelo sojero
de producción y exportación). Los perjudicados
serán los de siempre: campesinos y pueblos originarios que sufren el paso de las
topadoras que los expulsan de sus territorios. También pobladores que padecen
los efectos de los agrotóxicos utilizados para sacarle a la tierra más de lo que
por naturaleza quisiera dar. Algunos datos pueden
contribuir a mostrar que, en materia de tierras, no importa el lugar de
nacimiento. En el 2000, los
primeros cuatro terratenientes del país eran el italiano Luciano Benetton (hoy,
el mayor terrateniente de Argentina); el húngaro George Soros, propietario de
Cresud; y los argentinos Juan y Jorge Born (Bunge & Born) y Amalia Lacroze
de Fortabat. En conjunto eran propietarios de dos millones de hectáreas, una
extensión similar a la superficie de Bélgica. En el 2008, Eduardo
Basualdo, investigador de FLACSO, realizó una investigación sobre quiénes eran
los que tenían por entonces más de 20.000 hectáreas en la provincia de Buenos
Aires. Cinco grupos económicos (Bunge & Born, Loma Negra de Lacroze de
Fortabat, Bemberg, Werthein y el ingenio Ledesma de la familia Blaquier) eran
propietarios de casi 400 mil hectáreas y 35 grupos agropecuarios reunían poco
mas de 1 millón y medio. (2) Como vemos,
extranjeros y coterráneos que encabezan grandes empresas, se reparten las
mejores tierras tanto por su fertilidad como por las riquezas que encierran
sobre la superficie y debajo de ella. El Plan Estratégico
Agroalimentario y Agroindustrial (PEA) tiene como meta ampliar la producción
agropecuaria de 100 a 160 millones de toneladas de granos, extender la
superficie sembrada de 34 a 42 millones de hectáreas, y aumentar las
exportaciones agroalimentarias en un 145 por ciento. “Esto se haría,
evidentemente, a costa de nuevas tierras, que son frágiles como las del Chaco y
Formosa, Santiago del Estero o Jujuy, de la expulsión de unidades familiares
campesinas, de la deforestación y de todos los desastres ambientales
(inundaciones, deslaves, agotamiento de los suelos) resultantes de esta
extensión de la frontera agrícola”, afirma Guillermo Almeyra, historiador, ex
profesor de la UNAM y actual columnista del periódico La Jornada de
México. ¿Cuánto de “plan”, de
“estratégico” de “alimentario” y de “industrial” tiene el
PEA? “Es un plan que no
tiene planeamiento. Se definen metas y objetivos, pero no se han fijado las
estrategias y las políticas para alcanzarlas”, afirmó la historiadora y
especialista en geopolítica Elsa Bruzzone, en el programa Los Locos de Buenos
Aires, de FM La Tribu. “No se puede elaborar un plan de estas
características si primero no se ha resuelto el tema de la tenencia de la tierra
y de la concentración de la misma. ¿Sobre qué tierras se va a avanzar? En este
plan ¿dónde está la soberanía alimentaria? La soberanía alimentaria la dan los
pequeños productores, los campesinos y no los grandes pulpos que manejan todo;
los grandes grupos económicos que son los que tienen concentrada la tierra y
todo el proceso de comercialización, desde la semilla hasta que el producto
llega a las góndolas”, agregó. Para Tomás Palmisano,
politólogo e integrante del Grupo de Estudios Rurales del Instituto Gino
Germani, el PEA es una intensificación del actual modelo de agronegocio. “De
hecho, lo dice literalmente”, afirmó en una nota del mismo programa
radial. “Según explica este
plan, no hay una caída de la soja sino una disminución relativa de su peso en
relación con el resto de los granos. Hoy casi un 60 por ciento de la superficie
granaría argentina está dedicada al cultivo de soja. Y el plan no está
proponiendo dar un paso atrás con eso o al menos
detenerlo”. Respecto al
incremento de 10 millones de hectáreas que plantea el PEA, Palmisano comentó que
“esas tierras se presentan como vacías pero son tierras ocupadas por comunidades
campesinas y por pueblos originarios que ya están en litigio por el avance
sojero y por la extranjerización”. El aspecto
“alimentario” que dice tener este plan es, en realidad, agricultura pensada para
el mercado externo, no solo para la producción de derivados de la soja que son
alimento para el ganado de los países hacia donde se exporta, sino para la
producción de biodiesel como paradigma de la industrialización del
agro.
Respecto a la
participación de las universidades, encuentra que “hay un monopolio completo de
las que están vinculadas a la agronomía, a la economía y al agronegocio. Y una
participación enorme de las cámaras empresarias y de exportación. Grobocopatel
fue una de las personas que literalmente propuso pautas de este plan”, afirmó
Palmisano. Damián Verzeñassi,
Subsecretario Académico da la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad
Nacional de Rosario, afirmó en nota publicada por Rosario 12: “La presentación
celebrada y aplaudida de 160 millones de toneladas para el 2020 anuncia la
continuidad de la agricultura dependiente de la química tóxica, de commodities y
transgénicos. No es alimento para argentinos (...) La agricultura industrial es
una manera de producir combustibles, no alimentos”. Diversos referentes
de organizaciones campesinas opinaron también acerca de este
plan. Benigno López,
integrante del Movimiento Campesino de Formosa (MOCAFOR), afirma que el plan
mantiene a la soja como el principal cultivo y opina que el incremento de las
hectáreas sembradas “conociendo a quienes hoy tienen el manejo del modelo
agropecuario, eso se hará eliminando a las posesiones de los campesinos y los
indígenas. (…) Esto significa la desaparición de los pequeños productores y de
los pueblos originarios”. Por su parte, el
Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) alertó en un documento sobre la
profundización del modelo agropecuario y sobre el aumento de los desalojos, de
los desmontes y de la utilización de los agrotóxicos. “Aumentar a 160 millones
de toneladas de granos, forrajeros y no alimentarios, es sumar otras diez
millones de hectáreas a las 20 millones que se cultivan de soja transgénica. Y
no tiene otra forma de hacerse que a partir de los desalojos de las familias
campesinas”. No es casual que el
gobierno haya presentado el proyecto que dice pretender frenar la
extranjerización de la tierra casi conjuntamente con este plan. Tierras para
todos…los pooles de siembra, las transnacionales que comercian granos y los
terratenientes. Un plan continuista, sojero, extractivo y
agroexprotador. (1) Las cosas por su
nombre (2) Los 35
grupos agropecuarios eran: Gómez Alzaga-Balcarce-Larreta,
Duhau-Escalante-Avellaneda, Pereyra Iraola-Anchorena, Beraza, Duggan,
Santamarina, Santamanina-De Alzaga, Galli-Lacau-Rossi, Lafuente-Mendiondo,
Lalor, Ballester-Tronconi, Paz Anchorena, Beamonte, Blaquier, Ochoa-Paz,
Guerrero, Harriet, De Apellaniz, Anchorena Zuberbühler, Inchauspe, Sansot-
Vernet Basualdo, Pueyrredón, Defferrar, Duhau Nelson, Bullrich, Pereda-Ocampo,
Zubiaurre, Herreras Vegas, Arrechea, Harriet, Lalor-Udaondo, Fuchus Facht,
Colombo-Magliaro, Ayerza-García-Zuberbühler y Lanz. - Fabiana Arencibia -
Red Eco, Argentina http://www.redeco.com.ar/nv/index.php?option=com_content&task=view&id=6571&Itemid=130 RTF: http://archive.attac.org/attacinfoes/attacinfo622.zip PDF: http://archive.attac.org/attacinfoes/attacinfo622.pdf SUSCRIPCIÓN Y DES-SUSCRIPCIÓN A “El Grano de Arena” o CAMBIO DE MAIL: http://list.attac.org/wws/subscribe/attac-informativo Para obtener un número anterior entrar en http://list.attac.org/wws/arc/attac-informativo Edición Susana
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