"CON LAS TIERRAS NO SE JODE" ENVIAR ADHESIONES- GRACIAS



 
LOS CINCO GOBERNADORES PATAGONICOS ARGENTINOS DEBERAN RESPONDER SOBRE "FUNDACION PATAGONIA-USA"...ó acaso quieran tener á bien averiguarlo los PODERES LEGISLATIVOS??... EL PUEBLO QUIERE SABER DE QUE SE TRATA!!

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Sent: Thursday, September 08, 2005 11:13 AM
Subject: Chubut, Uso de la Tierra, reenviar adhesiones

Estimados:
El siguiente documento expresa la indignación de un grupo de vecinos y organizaciones respecto al uso y tenencia de la tierra  que se está dando en nuestra REGION CORDILLERANA DEL CHUBUT.
SOLICITAMOS SU ADHESION A:
tierrasybosques at yahoo.com.ar
 
La idea es para fin del mes de setiembre de 2005 hacer un encuentro o Foro de debate en la región. GRACIAS.
 
Convocándonos en un colectivo consciente que quiere dar el debate de fondo para revertir lo injusto y propiciar un futuro digno para todos, no sólo para algunos.
“Tengo las manos vacías de tanto dar sin tener, pero las manos son mías” dice un canto flamenco.
Asumir el movimiento que ellas pueden generar es la tarea que nos llama
 
El documento sale con las siguientes adhesiones:
- Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Esquel - Chubut - -Cefidoc - -Proyecto Lemú - PasCetera -  SER
y varias firmas de vecinos...
 
CONCENTRACIÓN DE TIERRA EN POCAS MANOS EN CHUBUT
¿LA CONQUISTA DE LOS BOSQUES CORDILLERANOS?

 
El Pueblo cordillerano de Chubut ve con INDIGNACIÓN la situación que se está dando respecto al uso y tenencia de la tierra en nuestra región y el acelerado acaparamiento de extensiones con gran valor, que diversos sectores de una nueva pretendida “burguesía provincial” están haciendo, mediante el abuso de los vacíos o contradicciones legales existentes y el aprovechamiento de la precaria situación de tenencia de los antiguos pobladores –en su mayoría mapuches y criollos. A esta incipiente burguesía provincial se le suman también los grandes o medianos capitalistas de otra nacionalidad o “argentinos”, quienes ven como un “campo de orégano” la posibilidad de tener su propio paraíso en el sur del mundo, algunos para disfrutarlo y “conservarlo” y otros –los más- para sacarle una gran tajada especulativa en el mediano y largo plazo.
 
ALGUNOS DATOS INTRODUCTORIOS
No es menor el dato que refiere a aproximadamente un millón de hectáreas la superficie con bosque nativo en los departamentos cordilleranos. Si consideramos que un 40% de esa tierra es fiscal, con distintas situaciones de ocupación y tenencia, estamos hablando de que la torta que se quieren repartir algunos “señores” es de algo así como 400 mil hectáreas. Y no de desierto precisamente.
 
Desde hace muchos años y a través de muchas leyes y decretos las tierras y bosques cordilleranos, como así también sus primeros habitantes fueron objeto de las más variadas arbitrariedades. A partir de 1994, la nueva Constitución Provincial –en su artículo 105- reconoce el dominio del bosque nativo por parte del estado provincial pero permite que mediante una ley general el mismo se pueda enajenar o vender. El siguiente artículo –el 106- dice que la provincia debe deslindar las zonas de reserva para ser afectadas a Parques Provinciales o  zonas intangibles, y reivindica sus derechos sobre los Parques Nacionales y su forma de administración. En las zonas de reserva regula el poblamiento y el desarrollo económico.
Ahora bien, durante la gestión radical que duró hasta diciembre de 2003, varios fueron los intentos para avanzar sobre la reglamentación del artículo 105, es decir, enajenar los bosques, mientras otros sectores de la sociedad reclamaban como medida más transparente y de política de estado que antes de posibilitar esa “enajenación” , se reglamente el artículo 106.
Los modos e intenciones que tuvo la Comisión Interpoderes no lograron convencer a la población de que las leyes que se proponían iban a beneficiar al conjunto y tuvieron que guardar el violín en la bolsa, al no poder legitimar lo que de hecho ya varios particulares estaban haciendo.
Al asumir la gestión del Gobernador  Das Neves comenzó un nuevo reacomodamiento de determinados sectores de poder –fundamentalmente vinculados a la burguesía terrateniente- y se incorporaron nuevos actores al reparto, como ser algunos empresarios exitosos y las empresas inmobiliarias. Aprovechando las grandes “contradicciones” legales se comenzó a avanzar en una nueva forma de concentración de la tierra.
 

DAVID Y GOLIAT
Dos argumentos se contrapusieron en este proceso: por un lado los terratenientes –representantes del poder ruralista- que plantean la titularización de sus tierras pero separando el suelo (tierra) del vuelo (bosque), aprovechando la obsoleta legislación vigente-, de manera de poder pagar la tierra a valor fiscal aún cuando el valor real que tiene por contener bosque es mucho mayor y el posterior aprovechamiento económico/inmobiliario que realizarían sería un “negocio redondo”. Entendemos que esta postura, es sólo el preámbulo de otras estrategias subsiguientes que este sector y otros que operan bajo la sombra de sus argumentos- se plantean para quedarse con todo. Para maquillar esta idea argumentan que los pobladores antiguos tienen derechos adquiridos, cosa que nadie puede negar, aunque en realidad lo que menos les interesa es el beneficio hacia los pequeños productores y pobladores que mantienen una economía de subsistencia, y mucho menos aún la función social de la tierra y de los bosques en particular.
 
Por otro lado, los sectores que confluyen en la idea de que las tierras y los bosques son un bien de todos los habitantes; no son susceptibles de apropiación privada y que es posible generar un uso cultural, ambiental, económica, social y políticamente sustentable propician fundamentalmente la idea de que el Estado provincial se reserve para sí, sin excluir los derechos de los antiguos pobladores –muchos de ellos preexistentes al estado provincial- y para las generaciones venideras el dominio de la tierra y los bosques con fin social. Con esta postura y no sin esfuerzos, se logró imponer una especie de “no innovar” mediante el decreto 712/04 que impedía la privatización de las tierras con bosques. Ni lerdos ni perezosos, el sector que detenta el poder no solo provincial logró revertir ese decreto e imponer todas las excepciones que necesitaban para avanzar en sus operaciones mediante el decreto 74/05.
 
MUNICIPALIZAR PARA PRIVATIZAR
Dado que en las últimas décadas la provincia no tuvo la previsión estratégica de hacer reserva de ciertas extensiones de tierra con bosque linderas a los ejidos municipales cordilleranos, éstas fueron incorporadas a dichos ejidos, quitando en esos casos la intervención del sospechado Instituto Autárquico de Colonización (IAC), y librando al “buen criterio” de los gobiernos de turno la privatización de las mismas. Sumado a los actores históricos, hoy los municipios – a falta de ideas de desarrollo sustentable- se constituyen en el nuevo actor que permite el remate del patrimonio de todos.
 
LA MIGRACIÓN: UN FENÓMENO PROVOCADO
Al fenómeno existente de migración del campo a la ciudad, marcado en una disminución promedio del 20 % de la población rural, según las estadísticas oficiales,  en los municipios cordilleranos durante los últimos 30 años, que muchos pobladores encarnaron ante la falta de oportunidades reales en su terruño;  se le sumó la avidez de estos sectores que mediante variadas triquiñuelas se fueron apoderando de muchas de las zonas más ricas de la cordillera.
 
Considerando el criterio de explotaciones agropecuarias del Censo Nacional Agropecuario 2002 y tomando en cuenta que en el total de los departamentos cordilleranos hay alrededor de 2000 productores distribuidos en las 6 millones de hectáreas existentes, de las cuales 1 millón tienen bosque, podemos armarnos nuestro propio mapa de la concentración de la tierra: sólo un 3 % de los productores (con más de 20 mil hectáreas cada uno) concentra el 40% de la tierra, mientras que el 70% (con explotaciones de menos de 2 mil 500 hectáreas), sobrevive en el 10% de la tierra. El resto se reparte en explotaciones de entre 2 mil 500 y 20 mil hectáreas, con lo que si sumamos a los sectores que más concentran (entre 2 mil 500 y más de 20 mil hectáreas) tenemos que el 90% de la superficie está en el 30% de las manos.
 
EL AGUA: UN BIEN NO NEGOCIABLE
El otro factor estrátegico de nuestro pueblo que hoy está en peligro de ser privatizado es el AGUA. Si sólo contamos el millón de hectáreas que tenemos con bosque nativo y excluimos la zona de la estepa, podemos observar que la décima parte corresponde a masas de agua. Este dato podría resultar irrelevante si no existieran los antecedentes de desvíos de ríos y arroyos, endicamiento de lagos, canalización desmedida, etc. que varios propietarios han hecho a lo largo de la historia y que hoy continúan haciendo. Menos relevante es aún si consideramos que varias de las tierras hoy apropiadas o en vías de apropiación por parte de estos señores están ubicadas nada menos que en nacientes de cuencas o en lugares neurálgicos para el control hídrico y ecosistémico.
Si ya hoy es sumamente difícil acceder a los espejos de agua, cuyas costas son controladas casi feudalmente por ¨sus poderosos propietarios¨, ¿cuánto más lo será cuando la mayoría del control territorial esté en manos de ellos? ¿qué poder de policía podrá ejercer el Estado cuando los señores sean los dueños de toda la comisaría?
 
LO QUE VENDRÁ
Lejos de pretender hacer predicciones ingenuas, como pueblo cordillerano nos planteamos el desafío de asumir el pleno derecho que tenemos de definir nuestra forma de vida actual y futura.
Desde allí nos preguntamos si tendremos el valor de frenar este nuevo latrocinio y la respuesta la hallamos en nuestra propia historia reciente en que supimos autoeducarnos para frenar todas las iniciativas ladronas que en la provincia nos propusieron bajo el fetiche del progreso (llámense basurero nuclear, minería contaminante, represas, mega emprendimientos turísticos, frigoríficos de pingüinos, o lo que sea), por un par de puestos de trabajo. Dicen que sólo el pueblo salvará al pueblo. En eso creemos y en eso estamos, convocándonos en un colectivo consciente que quiere dar el debate de fondo para revertir lo injusto y propiciar un futuro digno para todos, no sólo para algunos; como lo están haciendo los foros de las otras provincias patagónicas, ya que no es casual que les esta pasando lo mismo que a los chubutenses. “Tengo las manos vacías de tanto dar sin tener, pero las manos son mías” dice un canto flamenco. Asumir el movimiento que ellas pueden generar es la tarea que nos llama.
 
Nota: los organismos y personas que adhieren a este documento se comprometen a la generación de un espacio colectivo multiactoral para la búsqueda de acciones que logren parar esta pretendida conquista y a revertir el proceso de concentración e injusto uso de la tierra en que nos encontramos.

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Sent: Thursday, September 08, 2005 7:19 AM
Subject: Salta: también por Justicia, Tierra y Libertad!

Publicado originalmente en el sitio web de Salta Libre el 2 de septiembre.
Se confirmó lo que publicó Salta Libre
 
El gobierno ya no debate, divide y elige la polémica
 
Insiste con el Referendum por los Lotes 55 y 14
 
(Informe semanal: actualizado al 03-09-05) El tema de la entrega de las tierras y el cuestionado referéndum sobre los Lotes 55 y 14, causó revuelo la semana que pasó. El eje del la división, el debate y la polémica se trasladó a Salta. El lunes el Gobierno se movilizó rápidamente convocando a ciertos medios de prensa. El Ministro de la Producción Sergio Camacho se refirió al tema en el Centro de Convenciones desplegando mapas y reafirmando la decisión de Romero de someter a Referéndum en octubre. Acusaron también a la Iglesia Anglicana y a organismos internacionales de querer apoderarse de tierras salteñas. En tanto el Defensor del Pueblo Ricardo Scoles sostuvo en Salta que: "el referéndum es un planteo esquizofrénico y es totalmente inconstitucional".
Francisco Pérez
El debate generó otras críticas como: "Es una trampa y un disparate" y "El gobierno quiere un cheque en blanco de las tierras en conflicto". 
 
"El problema del referéndum es saber cómo y cuánto se le entrega a cada uno, "ante esta situación se jugaría un cheque en blanco, porque lo único que ocurriría es que la provincia entregue las tierras a su gusto y placer".
El lunes, miercoles y jueves hubo movilización de las partes en conflicto en Salta. Los funcionarios del Grand Bourg apresuraron una conferencia de prensa con un informe oficial sobre el tema. Tampoco ocultaron acusaciones sobre los intereses extranjeros que estarían en juego por las tierras. "Vemos con tristeza el abierto interés de organismos nacionales e internacionales", dijeron.
Adelantaron además que recién después de las elecciones, las partes podrían volver a sentarse para seguir analizando la decisión sobre la base del resultado. Tales afirmaciones confirmarían el caracter de que el proceso es vinculante. Secretario de Estado: Dr. Raúl Romeo Medina dijo a la prensa que "detrás de los indigenas salteños hay intereses internacionales y, específicamente ingleses, que no quieren dejar de recibir fondos para seguir publicando libros y lucrando a costa de las capmunidades salteñas. Para concluir repitió un curioso argumento que fue lanzado por el Chaqueño Palavecino. Relacionó el conflicto con el caso de Las Malvinas, diciendo que "hay mucha sensibilidad respecto al tema de los intereses ingleses en los lotes 55 y 14, porque en la zona vive un familiar del cacique Vilca Condorí, que fue muerto en la guerra contra los Ingleses".
Operar y dividir para ganar
Hace dos semanas Salta Libre brindó dos informes especiales sobre las denuncias de la operación de división que lleva adelante el Gobierno. El jueves se pudo confirmar los argumento de las notas. En diversos medios televisivos, Camacho y Medina, develaron esas intenciones, al cuestionar públicamente la representatividad indígena de la Fundación Lakha Honhat que preside el cacique Francisco Pérez. Como una contrafigura plantearon la dicotomía entre los indígenas de la zona. En este sentido el gobierno "bendijo" abiertamente al cacique Indalecio Calermo asegurando que "Calerno es el único y máximo representante de la comunidad Wichí en los lotes 55 y 14 y remarcaron que este hecho deja a la vista que existen profundas divisiones existentes entre las comunidades. Respaldando el referéndum expresaron también que "ya son muchos los indígeneas y criollos que nos piden les entreguemos las tierras y se realicen obras públicas en la zona".
El gobierno ignoró el debate
Sin la participación de los funcionarios (estaban invitados, pero no concurrieron), en la sede de la UNSa, y luego en la Fundación Salta, se realizaron jornadas informativas y el debate público trató el tema: "Los Lotes 55 y 14: Democracia, Derechos Indígenas y Referéndum".
El el debate del jueves estuvo destinada a discutir y esclarecer la situación de los lotes 14 y 55 y sobre el llamado a referendum planteado por el gobierno provincial en forma coincidente con las elecciones legislativas de octubre en el departamento Rivadavia, al Norte de Salta.
La jornada se relizó en la UNSa, Campo Castañares, de 9 a 17, con la participación de integrantes de comunidades indígenas, representantes del CELS, organismos gubernamentales nacionales, INAI, Secretaría de DDHH de la Nación y Defensoría del Pueblo.
En este sentido el funcionario nacional Ricardo Scoles recordó que "desde hace varios años se estaba analizando la entrega de los lotes 14 y 55, con la participación de Lhaka Honhat, el CELS, la Defensoría del Pueblo de la Nación y la Secretaría de Derechos Humanos, pero Salta dio un paso al costado en el diálogo sin dar ninguna explicación.
"Quieren robarles la propiedad"
El Defensor del Pueblo, Scoles subrayó: "Un solo artículo del convenio 169 dice que deberá impedirse que personas extrañas a esos pueblos, puedan aprovecharse de las costumbres o del desconocimiento de las leyes por parte de sus miembros, para robarse la propiedad, la posesión o el uso de las tierras pertenecientes a ellos".
Asimismo, indicó que el artículo es muy claro, sólo hay que tener la voluntad de cumplirlo en serio y de llevarlo a cabo de la mejor manera posible, para que sea consensuado y se pueda convivir como una comunidad intercultural sin problemas".
Apoyo de Pérez Esquivel
El Debate Público en la Fundación Salta, contó con la presencia de: Morita Carrasco, asesora para temas indígenas del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), docente e investigadora de la UBA; Pablo Ceriani, abogado del CELS, Francisco Pérez, integrante de la organización Lhaka Honhat, Dip. Provincial del (PO) Pablo López; Antonio Dell Elce y Ricardo Scoles de la Defensoría del Pueblo de la Nación.
Durante la sesión sobre este caso, que tiene un planteo jurídico en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se leyó un documento de apoyo enviado por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, repudiando el referéndum y pidiendo a la Justicia una decisión definitiva sobre el tema.
Cheques en blanco
El abogado Martín Avila, representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en el caso de Lotes 32 y 33, como así también los Lotes 55 y 14, señaló que se hizo una presentación a la Secretaría de Medio Ambiente, respecto a la audiencia pública que se había llevado a cabo, en la cual se pidió la nulidad absoluta de dicha audiencia. Solicitó la aplicación del convenio 179, que establece que antes de realizar cualquier tipo de actividad se debe consultar a las comunidades y en sus idiomas.
Avila, afirmó que el estado nacional a través de distintos organismos presentó una nota al Gobierno de la Provincia solicitando que se tomen las medidas necesarias para suspender la realización del referéndum. Indicó también que el problema no es el hecho que se entreguen o no las tierras, el problema es saber como y cuanto se le entrega a cada uno, "ante esta situación se jugaría un cheque en blanco, porque lo único que ocurriría es que la provincia entregue las tierras a su gusto y placer".
Asimismo, explicó que "las tierras están habitadas por la comunidad Wichi ancestralmente" y recién en el año 1975 apareció un criollo en el lugar, es decir "si algún criollo vive ahí, no pasan de los 120 años, lo que quiere decir que los aborígenes llevan milenariamente antecedentes mayores a cualquier tipo".
Avila, señaló que la Comisión Asesora Honoraria dictaminó, antes del año 1996, que se tenían que otorgar aproximadamente 300 mil hectáreas para los indígenas, 130 mil para aborígenes y 70 mil para una reserva ecológica, pero los intereses económicos siempre tuvieron una velocidad altísima ante la violación de los derechos de la gente.
Por otra parte, dijo que confía en la acción original que interpuso el CELS ante la Corte de Justicia de la Nación demandando, al estado nacional y a la provincia, como una medida cautelar. "El procurador general de la nación ya se expidió declarando la competencia de la Corte de Justicia. Posiblemente en los próximos 15 días pueden haber novedades al respecto", finalizó.
Trampa y un disparate
"El referéndum es una trampa y un disparate inconstitucional", dijo el abogado Pastor Torres, quien participó de las Jornadas de Debate sobre los lotes 14 y 55, resaltó que "cuando los electores del departamento Rivadavia tengan que elegir entre el sí y el no, se volcarán por el primero, más aún los aborígenes, que son los verdaderos dueños". "La sorpresiva decisión del gobierno provincial de llamar a referendum, en el transcurso de un pedido prórroga de 30 días, automáticamente rompió el proceso amistoso de la Mesa de Diálogo entre las partes".
El letrado indicó que el referéndum es tramposo, porque el Gobierno Provincial no aclara la metodología con que se van a entregar las tierras, entonces se desconoce si la entrega será comunitaria, o en caso contrario cual será la dimensión de terreno que se les otorgará particularmente.
Asimismo, señaló que la inconstitucionalidad aparece cuando se convoca al referéndum con sólo dos opciones, porque en el caso que ganara el "no", el Gobierno no entregaría las tierras que pertenecen por ley a los habitantes de la zona, lo cual significa un "disparate total". Además, manifestó que en el caso que el "sí" resulte ganador, se realizarán obras de infraestructuras, lo cual está vedado en al constitución de la Provincia, porque no se puede convocar por temas presupuestarios a un referéndum, por lo que estarían infringiendo la ley".
Personerías jurídicas a discreción
Como ya lo denunció Salta Libre el gobierno está entregando personerías juríticas a discreción. A raíz de este tema, desde INAI, organismo gubernamental nacional, que trata sobre problemática Indigena en Argentina, se dio a conocer la propuesta del gobierno de Salta de unificar en un convenio las personerías jurídicas provincial y nacional que reconoce derechos y preexistencia de las comunidades indígenas que habitan en la provincia y el país.
El INAI, (Instituto Nacional de Asuntos Indigenas) que ya cuenta en su concejo con caciques que operan para el gobierno de Salta, se realizaría la consulta a las distintas comunidades indígenas de Salta.
Desde que se implementaron las personerías provinciales - conformadas como asociación civil, sin reconocimiento de preexistencia - se han radicado infinidad de denuncias e irregularidades en el INAI que afectan a las personerías provinciales, dijeron funcionarios del organismo estatal.
Para las comunidades Indígenas Kollas de Papachacra, La Falda, Pucallpa y el Mesón: "Las personerías provinciales se usan con fines partidarios a nuestras espaldas, no dándolos a conocer lo que se gestiona, la personería provincial margina y somete a seguir apoyando a lideres políticos, mientras que las otorgadas por nación nos permite trabajar en forma abierta y transparente en cada comunidad, la personería nacional no discrimina a nadie, si algo se consigue se comparte en forma abierta, lo que no sucede en las personerías otorgadas por la provincia de Salta".
Las comunidades indígenas Kollas agrupadas en la Unión de Comunidades aborígenes Victoreñas (U.C.A.V.) que congrega a 22 comunidades rechazarían la propuesta del gobernador salteño.
Advertencia de Kirchner
El presidente Néstor Kirchner advirtió a Juan Carlos Romero que debe abortar el Referéndum y que el tema tiene "rango constitucional".
La maniobra del gobierno provincial podría gatillar una condena al país de la Corte Interamericana de Justicia, que hasta el momento siempre falló a favor de los derechos indígenas y en contra de los gobiernos que los conculcan.
En un recuadro de tapa el diario Página 12 del domingo pasado se publica una clara advertencia del presidente Néstor Kirchner al gobernador Juan Carlos Romero: La Rosada le advirtió al salteño que el tema tiene rango constitucional, es "cuestión federal" y no algo a votar en una provincia". La condena será al país, no a la Provincia o a Romero. Un fallo de tal magnitud de la CIDH a la Argentina por violar los derechos de los indígenas -resolución que Kirchner ya ve venir por la torpeza y terquedad del gobierno provincial- afectará la imagen del gobierno nacional a nivel mundial y más aún a nivel Pan Americano. No hablará nada bien de un gobierno que se dice progresista y defensor de los Derechos Humanos.
El gobieno de Romero no cesa en su intento de entrega e insiste en fraccionar territorios indígenas y repartirlos entre los criollos, donde figuran testaferros, ex-funcionarios, punteros políticos y folcloristas famosos; violando los derechos constitucionales de sus legítimos dueños. La nómina de quienes sería los criollos futuros dueños de la tierra está oculta y no se da a conocer. Uno de los bendecidos declarados es Lucio Rojas, beneficiario de la "loteada romerista". El ex-intendente de Santa Victoria Este, le dijo a Clarín que su pariente, el Chaqueño Palavecino es su vecino. El cantor de "Chaco Mío" a su vez apareció en El Tribuno aplaudiendo la entrega de títulos provisorios a varios de sus parientes, entre los que figura también el apellido Balderrama.
 


ALBERTO FERNÁNDEZ Y SU OSCURO PASADO
LO QUE OCULTA EL MINISTRO

    El Banco de la Provincia de Buenos Aires (Bapro) es una preocupación del Banco Central desde los días de Pedro Pou al frente de la autoridad monetaria. Las exigencias de Pou al Bapro de que concretara un plan de reencuadramiento, fue el disparador del despido de Pou, acontecimiento que unificó al PJ y a la UCR bonaerenses, en una prueba ‘piloto’ de lo que más tarde resultaría víctima Fernando De la Rúa.
    La permanencia del Bapro en la agenda del Banco Central explica el interés de Alberto Fernández, jefe de Gabinete de la Nación, para que Néstor Kirchner le renueve el mandato a Alfonso de Prat Gay.
    También el interés, reciente, de allegados a Julio De Vido, ministro de Planificación, en conocer los detalles del banco bonaerense y, además, cual fue el rol de Alberto Fernández en la creación del denominado ‘Grupo Bapro’, aunque es imposible saber cómo cumplirán con su misión sin involucrar a Alberto Abad, hoy todopoderoso titular de la Afip, otro protagonista del Banco de la Provincia de Buenos Aires y sus subsidiarias.
    El Bapro también provocó, el 6 de enero, que Graciela Ocaña asumiera como interventora del Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, responsable de la obra social Pami. La negociación que lideró Alberto F., y que aceptó el presidente Kirchner, fue posterior a que Ocaña husmeara alguna documentación sobre la evolución del Grupo Bapro que recibió de ex dirigentes sindicales de los trabajadores bancarios.
    En uno de los errores informativos más notables de la política argentina reciente, Alberto F. suspiró aliviado cuando Graciela Ocaña abandonó la oposición. Alberto F. debió verificar si otro juego de documentación fue a parar a manos de Elisa Carrió, quien desde entonces realiza una investigación bastante importante acerca de lo ocurrido con el Grupo Bapro, y esto ha incluido el rastreo de transacciones con casas bancarias offshores, ubicadas en el Mar del Caribe.
    El Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires teme que, durante la próxima campaña proselitista, el Bapro resulte un problema y por eso el matrimonio Duhalde se ha empeñado en designar, como jefe de los fiscales provinciales, a María del Carmen Falbo.
    Aún se recuerda en la ciudad de La Plata el impacto que provocó uno de los ex gerentes del Banco Provincia, Héctor Ferraro, cuando testimonió que el ex presidente de la entidad, Rodolfo Frigeri, y el directorio a su cargo, dispusieron -con la autorización y conocimiento del entonces gobernador Eduardo Duhalde-, el otorgamiento de los créditos de la ‘cartera comercial’ (superiores, cada uno a los US$200.000), que entre 1991 a 1999 superaron los US$350 millones, y pasaron a la categoría de ‘incobrables’.
    Ferraro prestó testimonio ante los fiscales de Investigaciones Complejas de La Plata, Esteban Lombardo y Carlos Argüero, quienes también escucharon a otros ex gerentes detenidos, Raúl Ernesto García y Alberto Frandsen.
    Ferraro afirmó que tanto Duhalde como Frigeri conocían la deficiente situación del Banco. Ahora Falbo –supuestamente de la confianza de Hilda Beatriz González de Duhalde- es la jefa de los fiscales Lombardo y Argüero, entre otros.
    Esto fiscales encuadraron el caso como “peculado, fraude por abuso de confianza, autorización indebida y administración infiel”, y el juez mantuvo esas calificaciones.
Pero hay cuestiones que Falbo no podría impedir, en especial si se tratara de cuentas en el exterior, y de posibles delitos federales.
    También Alberto F. ha escuchado que hay información ‘en el aire’ desde el día en que Carrió murmuró, luego de un ataque verbal del jefe de Gabinete de la Nación: “Que ese no hable porque voy a comenzar a hablar de Gerenciar”.
    Alberto Fernández fue, sucesivamente, director de Sumarios y subdirector General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía de la Nación en tiempos de Juan Vital Sourrouille, con Raúl Alfonsín en la Presidencia de la Nación.
    Por alguna razón –como abogado no era ni reconocido ni prestigioso- fue propuesto por Jorge Gándara, secretario Legal y Técnico del Palacio de Hacienda, un ingeniero vinculado a la Unión Obrera Metalúrgica y que, durante los ‘90 hizo fortuna vendiendo sus servicios de consultoría a obras sociales; hasta ubicó a su 2da. mujer, Alejandra Rafuls, en la consultoría de prensa y comunicación de Víctor Alderete cuando éste fue interventor de la obra social de los trabajadores bancarios y, luego, titular del Pami.
    En 1989 Alberto F. juró como Superintendente de Seguros de la Nación, integrando el equipo económico de Miguel Roig / Néstor Rapanelli, que comenzó con Carlos Menem, gracias a varias sugerencias: desde Guido Di Tella a Juan Bautista Yofre.
    En 1991, cuando Domingo Cavallo arribó a Economía, lo confirmó, por sugerencia de Horacio Tomás Liendo, su secretario Legal y Técnico. Liendo y Alberto F. iniciaron una relación muy provechosa para ambos, según se comentó en su momento en el Palacio de Hacienda. Cavallo también obtenía los beneficios de cualquier novedad que aconteciera en el tema ‘seguros’.
    A la vez, Alberto F. no escatimó en las inversiones que impulsaran su propio futuro político y social. Por su labor en la desregulación del mercado asegurador fue distinguido como uno de los 10 Jóvenes Sobresalientes, junto a Gustavo Béliz, Martín Redrado y Julio Bocca.
    Y tejió nuevas relaciones. Alberto F. consiguió la protección de Carlos Sánchez, un ‘comodín’ de Cavallo, quien lo hizo su viceministro; luego, en forma simultánea, secretario de Comercio e Inversiones y titular de la Dirección General Impositiva, apenas explotaron las contrataciones escandalosas a IBM que se llevaron a Hugo Gaggero, quien llegó a la DGI porque Cavallo quiso preservarlo del derrumbe del directorio del Nación.
Más tarde, Sánchez reemplazó a Rodolfo Frigeri en la presidencia del Banco de la Provincia de Buenos Aires, y le abrió las puertas a Alberto F., quien tenía muchas ideas para diversificar los negocios, invocando los privilegios que le otorga al banco el muy antiguo Pacto de San José de Flores que sólo Carlos Pellegrini puso en su lugar.
    En 1996, Alberto F. desarrolló para Duhalde un muy cuestionable grupo de empresas estatales que se denominó Grupo Bapro porque todas tenían como accionista y gerenciador al Banco de la Provincia de Buenos Aires.
    El rol de Alberto F., y los aportes que realizó al entonces gobernador, lograron tanta satisfacción en Duhalde que éste le pidió, en 1998, que se hiciera cargo de la administración financiera de su campaña presidencial.
    Cuando Alberto F. gestionaba las finanzas de la fórmula Duhalde-Ortega, ocurrieron los hechos que luego investigó la Procuración de México como ‘caso Inversiones del Sur’ (el ingreso del cártel de Juárez a la provincia de Buenos Aires, a través de Mercado Abierto Bank, de Aldo Ducler, muy cercano a Ramón Bautista Ortega). Documentos secuestrados a narcotraficantes mencionaron la donación de US$ 1 millón a la campaña de Duhalde Presidente, que administraba Alberto F.
    El periodista argentino-estadounidense Andrés Oppenheimer escribió, en su libro sobre la corrupción y el lavado de dinero en Latinoamérica: “(...) el director de la Fundación Duhalde-Presidente, Alberto Fernández, me confirmó que Ducler era un tipo muy cercano a Palito, el número dos de su equipo económico y uno de los recaudadores de la campaña, antes que se uniera con la campaña de Duhalde. Es probable que Ducler hubiera recaudado fondos para Ortega a través de la Fundación Sudamericana”.
    De esa etapa duhaldista-antimenemista, Alberto F. arrastra la relación con Kirchner, Eduardo Valdéz, Julio Bárbaro, Esteban Righi, Carlos Tomada, Ignacio Chojo Ortíz, y algunos otros que, en octubre de 1998, fundaron el Grupo Calafate.
    Duhalde le encomendó a Alberto F. pactar con Cavallo el respaldo a la candidatura de Carlos Ruckauf en la provincia, que parecía que perdía frente a la Alianza. El resultado del acuerdo fue que a Sánchez lo reemplazó otro ex colaborador de Cavallo: Ricardo Gutiérrez, quien había sido director de Papel Prensa por Carlos Menem. Papel Prensa era controlada por Grupo Clarín, y esto permitió el ingreso del Grupo Bapro a Prima, la empresa informática de Clarín. En el “sistema Bapro” también estaban Alberto Abad y
    Alberto Iribarne. Los 3 Albertos resultan una clave en el poder K.
    En el año 2000, Alberto F. fue elegido legislador de la Ciudad de Buenos Aires integrando la lista ‘sábana’ del partido Acción por la República, un grupo de ambiciosos oportunistas que conducía Cavallo y que tuvo una alianza transitoria con Nueva Dirigencia, de Gustavo Béliz, llamada Encuentro por la Ciudad.
    Si Duhalde había perdido su candidatura a la Nación y Cavallo la suya al Gobierno de la Ciudad, había que buscar otros horizontes y así fue como Alberto F. estrechó su relación con un gobernador que lo escuchó y no ocultaba sus pretensiones: Néstor Carlos Kirchner.
    El plan de ampliar y diversificar los negocios del Banco de la Provincia de Buenos Aires comenzó cuando Rodolfo Frigeri aún era el titular de la entidad. La relación Duhalde-Frigeri, por alguna razón no prosperó y cuando Duhalde fue senador nacional a cargo de la Presidencia de la Nación, no convocó al ya diputado nacional Frigeri a integrar el Ejecutivo Nacional.
    Provincia Seguros había iniciado sus actividades en 1993, a partir de la reorganización de la Sección Seguros de la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires, cuyos antecedentes se remontaban a 1961.
    A la vez, el Bapro incursionó desde 1992 en el mercado de administradoras de fondos de jubilación y pensión asociándose al Grupo Santander en Orígenes AFJP, hoy 100% del Banco Río SCH.
    El Banco de la Provincia de Buenos Aires posee el 99,95% de las acciones del Grupo Bapro -el restante 0,05% está en manos de la Fundación Banco de la Provincia de Buenos Aires-. El Grupo Bapro es una sociedad holding con actividades de inversión y financieras mediante la participación accionaria en otras sociedades, que se formalizó en 1997, y el 8 de octubre de 1998, mediante Resolución Nº 2.214, recibió una ampliación de capital dispuesta por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que le transfirió las tenencias accionarias y aportes irrevocables del banco en las siguientes sociedades:

• Provincia Seguros S.A.,

• Orígenes AFJP S.A.,

• Orígenes Seguros de Retiro S.A.,

• Orígenes Vivienda S.A.,

• Provincia Seguros de Vida S.A.,

• Provincia ART S.A.,

• Provincia Servicios de Salud S.A.,

• Provincia Leasing S.A.,

• Provincia Bursátil,

• Provifondos,

• Provincia Valores,

• Bapro Inversión Directa S.A.,

• Bapro Mandatos y Negocios S.A.,

• Bapro Informática y Comunicaciones.

• Bapro Medios de Pago S.A.,

• Bapro Mandatos y Negocios

• Bapro Turismo S.A.,

• Gerenciar Proyectos y Administración S.A.,

• Génesis Seguros de Retiro,

• Nahuelsat SA,

• Emprendimiento Recoleta S.A./ Buenos Aires Design.

    A Duhalde le interesaba el modelo porque levantaba la bandera de la no privatización y podía asignar negocios en forma discrecional. Alberto F. fue vicepresidente del Grupo Bapro entre 1996 y 2000, presidente de Gerenciar S.A., de Génesis Seguros de Retiro, y de Provincia Salud.
    Alberto F. realizó, por entonces, muchas operaciones inmobiliarias de Gerenciar: desde la compra de inmuebles propiedad de Gatic S.A., ubicados sobre la porteña avenida Santa Fé, por la suma de US$ 4,5 millones, en junio de 1996; a la compra del emblemático inmueble en el partido de Florencio Varela, (Pcia. de Bs.As.), ‘la rotonda de Alpargatas’, propiedad de Alpargatas Calzados SA , en US$ 10,0 millones.
    Ninguna de esas operaciones sumó valor al Bapro que, es necesario recordarlo, terminó necesitado de un rescate multimillonario que realizaron los contribuyentes bonaerenses.
    Sin embargo, por su labor en el Grupo Bapro, Alberto F. recibió en 1998 el premio Security al Empresario del Año, lo que provoca muchas dudas sobre la credibilidad de los premios Security.
    La operatoria en esos años es la que fascina tanto a De Vido como a Carrió, situación paradojal porque, a su vez, De Vido y Carrió se encuentran enfrentados judicialmente luego de que Carrió denunciara a De Vido por su presunta participación en negocios no transparentes de la pesquera Conarpesa.
    Durante las gestiones Justicialistas de Eduardo Duhalde y Carlos Ruckauf, la entidad estatal provincial bonaerense otorgó cerca de 22.600 créditos por el equivalente a US$ 2.400 millones, de los cuales la mayoría fueron pesificados en la devaluación asimétrica que Duhalde envió al Congreso y éste sancionó en febrero de 2002.
    De esos $ 2.400 millones, $ 1.850 millones, es decir el 75%, tienen alta probabilidad de incobrabilidad o son 100% incobrables. Esta situación dejó en cesación de pagos al Provincia, imposibilitado de devolver sus depósitos, y lo transformó en un necesitado del ‘corralito’ y ‘corralón’.
    Pero De Vido debería andarse con cuidado. Bapro Seguros tenía una relación patagónica importante: Vanguardia Compañía Argentina de Seguros S.A., que presidía Juan Carlos Lagar, con sede legal en Ameghino 642, Río Grande, provincia de Tierra del Fuego. Lagar fue conocido para los apodados ‘pingüinos’.
    En el mercado asegurador siempre se ha considerado irreparable la documentación perdida en cierto siniestro que ocurrió en la sede austral de Vanguardia, compañía que luego solicitó su autoliquidación.
    No es la única contingencia ocurrida en el mercado asegurador. Alberto F. debe recordar el robo de la documentación que ocurrió en el despacho del juez federal Jorge Urso, oportunidad en que desaparecieron los casetes de las escuchas telefónicas sobre tráfico de influencias entre funcionarios del Gobierno nacional, el ex Instituto Nacional de Reaseguros y ejecutivos de aseguradoras privadas.
    El INdeR era denunciado de exigir sobornos en sus liquidaciones domésticas (nunca ocurrieron denuncias por el verdadero negocio del ex IndeR: sus negocios en el exterior). Las denuncias provocaron que varios aseguradores buscaran a Luis Moreno Ocampo como abogado.
    En un extraordinario pase de bando, Moreno Ocampo terminó contratado por Domingo Cavallo para investigar, desde el INdeR la relación de sus ex clientes con el Estado nacional. En medio de la conmoción por los acontecimientos del INdeR, Alberto F, consideró oportuno vincular a las pesquisas a la Superintendencia de Seguros.
    En esos días, en alguna ocasión Alberto F. anticipó, en diálogo ‘al aire’ con un periodista radial –hoy empresario de medios, amigo suyo- qué aseguradora debía investigarse, y esto provocó enormes revuelos en el mercado.
    Luego, Alberto F. emigró al Bapro. Se ignora por qué Jorge Todesca, ex presidente de Bapro Seguros, nunca cuestionó las decisiones de Alberto F. como sí lo hizo, por ejemplo, José Raúl Herrera, otro ex presidente de Provincia Seguros, fundador del Centro de Estudios del Seguro en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y ex superintendente de Seguros de la Nación.
    En esos años, el Grupo Bapro cerró negocios por cifras millonarias pero sin una modelo de rentabilidad.
    Acerca de lo que hoy día ocurre con el Banco de la Provincia de Buenos Aires, y que ha provocado la actividad de los ‘sabuesos’ de De Vido, hoy intenta ceder a un fideicomiso $ 5.600 millones en bonos para cumplir con las normas de valuación de títulos públicos que establece el Banco Central (BCRA) y consolidar su situación patrimonial. La operación implicaría que el único accionista de la entidad –la provincia de Buenos Aires–, tome un crédito con un organismo multilateral y destine esos fondos al fideicomiso.
    En marzo de 2003, el BCRA difundió la Comunicación A 3911, que obligó a los bancos a utilizar el valor presente de los títulos, estimada según una tasa de descuento que fija la propia autoridad monetaria y que es inferior a la de mercado, para que el Patrimonio Neto del sistema no resulte perjudicado.
    Como los Bogar devengan 2% anual, y la tasa de descuento que establece el BCRA es superior, contabilizarlos según el valor presente implicaría una fuerte reducción del patrimonio. Por eso, la entidad no cumplió con la A 3911.
    El Bapro que, vía la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la Argentina (Abappra, entidad que integra el Bapro) pidió al BCRA la suspensión de la norma, y luego el Bapro reiteró el pedido, a título individual. Desde la gestión del ex presidente del Bapro,
    Ricardo Gutiérrez, la entidad incumple con la A 3911 para que no merme su patrimonio neto. En parte, la renovación del mandato de Prat Gay parece vinculada a un compromiso suyo, vía Alberto F., se dice, para resolver el problema del Bapro.
    La Legislatura de la Provincia de Buenos Aires ‚ único accionista de la entidad‚ creará un Fondo Sostén del Valor de los Bonos Garantizados, que el banco tiene en cartera y suman más de $ 8.000 millones.
    Para financiar el Fondo se prevén aportes del Gobierno, de cualquier fuente que se establezca. La idea es que el Bapro gire a la Provincia sus utilidades hasta las sumas necesarias para que el Gobierno haga frente a los aportes necesarios para cubrir inicialmente $ 1.500 millones.
    Puro maquillaje contable para una entidad que se encuentra muy mal luego de las gestiones de Duhalde, Ruckauf y Felipe Solá.
    ¿Cuánto dinero lleva aplicado el Banco Central al Banco bonaerense? ¿Cuánto dinero le ha costado el Bapro a los contribuyentes bonaerenses, quienes a la vez, soportan elevados impuestos provinciales? En cualquier caso, más de $ 10.000 millones.
    En tanto, ocurre un debate en el partido opositor ARI: ¿Hay que cargar ahora sobre Alberto F. y el Bapro, tal como lo propone el presidente del bloque de diputados nacionales, Eduardo Macaluse, o es mejor esperar a la campaña electoral, como sugiere la fundadora del partido, Elisa Carrió?

Urgente24


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