URGENTE ADHESIONES...NO PASARAN!!




RECHAZO TERMINANTEMENTE LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN EL ART. 45 BIS, TER Y QUÁTER DE LA LEY Nº 19.798 (LEY NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES) Y AL DECRETO Nº 1.653/04 POR VIOLAR LOS DERECHOS DE OPINIÓN, COMUNICACIÓN, INFORMACIÓN, PRIVACIDAD E INTIMIDAD AL PERMITIR QUE SEAN INTERCEPTADAS Y DERIVADAS LAS TELECOMUNICACIONES PARA SER UTILIZADAS POR LA SECRETARIA DE INTELIGENCIA DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN ARGENTINA.
 
AMIGO: SIEMPRE TIENES LA OPCION DELETE-BORRAR-REMOVER SI NO QUIERES RECIBIR  MI INFORMACION. ESTO HACE AL DERECHO UNIVERSAL DE LAS PERSONAS, NO NECESITAMOS DE POLITIQUERIA DICTATORIAL

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Sent: Wednesday, June 15, 2005 3:39 PM
Subject: Barreal , Calingasta en TV - DIFUNDIR

       LAS MARCHAS DE BARREAL, CALINGASTA, POR TELEVISIÓN

 

Dos programas distintos y un pueblo expresando su disgusto y su esperanza

 

El próximo viernes a las 18, por Argentinísima Satelital, podrán verse, una vez más,  imágenes de las marchas de Barreal, en el departamento sanjuanino de Calingasta, con carteles y cánticos populares a favor del agua y contra las explotaciones mineras a tajo abierto, cianuro y otros compuestos tóxicos. Es la segunda emisión del programa “Cuestión Ambiental” que también edita la revista mensual  y se emite por radio El Mundo de lunes a viernes,  y  es además la segunda oportunidad donde se trata el tema plebiscito en Calingasta. El pueblo movilizado exige que se respete su voluntad y se le permita opinar en las urnas el día 3 de julio próximo, fecha de la consulta anunciada por el municipio acerca de permitir o no las explotaciones mineras a tajo abierto con cianuro o cualquier otro compuesto químico. El programa se repetirá el domingo por el mismo canal abierto.

 

TN ECOLOGÍA también ofrecerá imágenes de las movilizaciones diarias en Barreal, el día sábado en su tradicional emisión. El programa como es sabido, se repite el domingo, una nueva  oportunidad para que el pueblo de Calingasta vea su esfuerzo reflejado en marchas alrededor del casco céntrico,  exigiendo que el gobernador José Luis Gioja  respete la decisión democrática de ciudadanos sanjuaninos que quieren  expresarse en las urnas. La ordenanza municipal permite la generosa consulta popular sobre un tema relevante para el presente y futuro de la región.

 

Podemos advertir que todas las radios de Buenos Aires, en distintos programas de noticias matinales y vespertinos, dedican parte de su tiempo a explicar la cuestión  minera y el virtual enfrentamiento de un pueblo de 8.000 habitantes, en la cordillera andina de San Juan, contra un gobernador decididamente comprometido con las transnacionales mineras.

Para mayor consulta: Javier Rodríguez Pardo: machsepa21 at yahoo.com.ar  

Celular: 02965 15417785

 

 

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Sent: Thursday, June 16, 2005 6:21 AM
Subject: No a la minería Desde Jacobacci piden que se le envien URGENTE adhesiones institucionales y/o personales :  
 
autoconvocadosjacobacci04 at yahoo.com.ar  y/o por fax a Radio Nacional 02940-432614. La adhesión sería al texto de la Asamblea publicado en esta nota.

No a la minería con el uso de agua mezclada con tóxicos en la Patagonia
 

Asamblea de Autoconvocados de Río Negro, Chubut, Neuquén y Patagones por el No a la minería con el uso de agua mezclada con tóxicos en la Patagonia. La provincia de Río Negro se suma a las muchas regiones del continente que rechazan este tipo de proyectos de explotación minera a cielo abierto.
 
A LA OPINION PUBLICA
 
Esta Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Río Negro, Chubut, Neuquén y Patagones valora la decisión del señor Gobernador de la Provincia de Río Negro Dr. Miguel Saiz de rechazar uno de los proyectos para extraer oro con uso de cianuro y mercurio en la provincia, y lo invita a promover su decisión en el resto de las Provincias de la Patagonia y de la República Argentina.
 
Determinado tras el análisis del informe que la empresa Aquiline presentara sobre el impacto ambiental del proyecto minero de Calcatreu, la decisión gubernamental pone énfasis en un aspecto, como es el uso de cianuro y otras sustancias tóxicas. Con esto parecería responder a una inquietud meramente"ambiental" que tal vez supone de la Asamblea.
 
Nuestras objeciones, vale aclarar, van mucho más allá de ese obvio rechazo a la contaminación. Desde hace tiempo venimos sumando evidencias y argumentos mucho más profundos referidos a consecuencias sociales, culturales, sanitarias, productivas, económicas y comerciales que hubiera representado para el pueblo rionegrino este tipo de emprendimiento. Por otra parte, el gobernador tampoco anuncia la anulación de 56 proyectos de una docena de empresas con pretensiones extractivas de oro y plata tan o más grandes como el de Calcatreu.
 
La decisión del gobernador, aunque centrada en la amenaza del cianuro, acompaña con una medida concreta el pronunciamiento de rechazo que fuera declarado por las municipalidades de Sierra Colorada, Ramos Mexía, El Bolsón, por la intendencia de Ingeniero Jacobacci, y las agrupaciones políticas ARI, Partido Humanista y también, momentos antes del anuncio gubernamental, por el bloque del Partido Justicialista y un legislador del Partido Provincial Rionegrino, quienes difundieron un comunicado con similares apreciaciones, reconociendo además el papel protagónico de las fuerzas sociales que rechazan el saqueo y la contaminación.
 
La provincia de Río Negro se suma así a las muchas regiones del continente que rechazan este tipo de proyectos de explotación minera a cielo abierto con uso de cianuro, como Esquel y la comarca andina en Chubut y Rio Negro, Calingasta en San Juan, Alpachiri en Catamarca, Valle de Uco en Mendoza, Jáchal en San Juan, Argentina, Vallenar en Chile, Tambogrande en Perú, Cantón Cotacachi en Ecuador, San Luis de Potosí en México, Montana en Estados Unidos, San Marcos en Guatemala, Valle de Siria en Honduras, por citar algunos.
 
Ya no mas investigación satelital en la detección de los metales ni irrupción de empresas, foráneas o no, en la rapiña del oro; ya no más agotar y envenenar el agua destruyendo la naturaleza; ya ni que pensar en la molienda seca de montañas rionegrinas a fin de trasladar la roca y lodos tóxicos para envenenar otras provincias, y por fin: ya no más mentiras, hostigamiento y división social del sector minero que, con el amparo de leyes ilegítimas, antepone sus intereses a los del pueblo argentino.
 
La medida del gobierno de Río Negro significa un gran avance, pero falta un enorme trecho por recorrer. La amenaza de transformar a la Patagonia en un mero depósito de recursos naturales extraídos a bajo costo, con una suma imprevisible de consecuencias y conflictos asociados, sigue intacta y exige el máximo grado de alerta y compromiso político.
 
Nos permitimos señalar cuales son los puntos que creemos necesarios atender con suma urgencia, atendiendo cuestiones de corto, mediano y largo plazo. La lista que presentamos es necesariamente incompleta y será ampliada cada vez que sea posible y necesario.
 
Tomando en cuenta la palabra del Gobernador y los legisladores entendemos que es una responsabilidad ineludible promulgar una Ley prohibiendo toda posibilidad de que avance éste o cualquier otro sistema de minería con el uso de agua mezclada con tóxicos en la Provincia de Río Negro, y que suspenda definitivamente las autorizaciones de cateos e impidiendo la etapa de exploración, dados los gravísimos daños que ocasionan al medioambiente, como lo demuestra sin duda alguna el caso del proyecto Pascua-Lama y cerro Veladero. Tal Ley deberá ser sancionada, en lo posible por unanimidad, ANTES de las elecciones de octubre.
 
Asimismo es imprescindible denunciar y rechazar, por ser sencillamente coloniales, las leyes "nacionales" que protegen ese tipo de negocios en gran escala, como por ejemplo la Ley de Inversión Minera 24.196, la Ley de Ordenamiento Minero 24. 224, la Ley del Acuerdo Federal Minero 24.228, la Ley de Financiamiento y Devolución del IVA 24. 402, la Ley de Estabilidad Fiscal y Cambiaria 24.196, la Ley de Amortización Acelerada 24.196, la Ley de Excenciones de Aranceles y Tasas Aduaneras (Ley de Inversiones Mineras - Resolución 112/2.000, la Ley de Deducciones por Gastos de Conservación del Medio Ambiente de la Ley de Inversiones Mineras y de Exención de Ganancias (Ley de Inversiones Mineras), la Ley de Regalías (Ley de Inversiónn Minera 25.161 - Art. 22 Bis, la Ley de Exención del Impusto a la Ganancia Mínima Presunta (Ley de InversiónMinera), Ley de Capitalización de los evalúos de Reservas Mineras (Ley de Inversión Minera), Ley de Devolución Anticipada y Financiamiento del IVA, Ley deExención de Contribución sobre la Propiedad Minera, Ley de Gravámenes Provinciales y Municipales - Acuerdo Federal Minero Ley 24.228, Ley de Reembolsos por Puertos Patagónicos 23.018 y su modificatoria Ley 24.490, Ley de Exención de Retenciones a las Exportaciones, Ley de Exención del Impuesto al Cheque Decreto 613/2.001, Ley de Deducción del 100% del Impuesto a los Combustibles Líquidos, Ley de Transferencia al Exterior de Capital y Ganancias en cualquier momento y sin pagar cargas o impuestos sobre dichas transferencias. Las empresas mineras No Deben Liquidar Divisas, están autorizadas a NO ingresar al país el 100% de lo producido por sus exportaciones.
 
Igualmente exigimos el rechazo público -y por medio de legislación apropiada y jurídicamente vinculante- del llamado "tratado de integración minera Chile-Argentina", por ir en contra de los intereses y los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de los pueblos de ambas naciones. El territorio designado por aquellos "representantes" de la década anterior como un gigantesco "distrito minero" es una cruel burla, publicitada como un "progreso" y "crecimiento", que solo se verifica en estadísticas sesgadas y beneficia a un puñado de empresas nacionales e internacionales.
 
Invitamos a que este rechazo se haga con el mapa respectivo a la vista del público y por los medios de difusión, leyendo las condiciones "pactadas" entonces para dejar en claro a toda la población la suma de razones por las cuales debe caducar inmediatamente.
 
La intervención de empresas mineras en nuestro sistema educativo, sea por donaciones, planes de estudio, currículas, clases especiales, seminarios, etc, es inadmisible. Esa es actividad política para defender selectos bolsillos disfrazada de relaciones públicas.
 
Una de las amenazas asociadas a la actividad minera en gran escala (la minería que rechazamos, no la otra) es la de la privatización del agua. El agua en este país, en esta región y esta provincia debe quedar como recurso social inalienable.Tampoco los servicios asociados a su control y monitoreo podrán ser privatizables.
 
Exigimos la participación directa en organismos que deciden sobre proyectos que afecten el ambiente, al trabajo y la producción a corto y largo plazo. Rechazamos la contratación de ONGs privadas y/o de centros de investigación financiados por intereses extractivos para asesorar a la Legislatura, al Poder Judicial o al Ejecutivo en cuestiones que, a pesar de ser presentadas como "técnicas", son eminentemente políticas y requieren de procesos de participación social e interpretación más profunda. Los estudios de impacto ambiental, con rarísimas excepciones, son insuficientes. Las audiencias públicas, especialmente por no ser vinculantes, responden a una limitadísima idea de lo que significa "participación".
 
Invitamos a los señores legisladores a promulgar una Ley que otorgue a los rionegrinos las mismas prerrogativas impositivas y de libre importación de maquinarias, equipos, insumos y otros beneficios que fueron otorgados para beneficiar a la minería química en gran escala, pero esta vez destinadas a promover nuestra propia ciudadanía en la adquisición de útiles y maquinarias para la extracción y procesamiento industrial de los productos minerales, ganaderos, laneros, frutícolas u hortícolas históricamente extraídos y comercializados en bruto, a fin de adicionarles aquí un mayor valor agregado laboral, industrial y comercial.
 
Nuestro rechazo a la minería no es una preocupación trivial pintada de verde. Defendemos el trabajo y la pronta recuperación y/o control directo de medios de producción en manos rionegrinas. Es por eso que nos solidarizamos sin reservas con los trabajadores del emprendimiento rechazado. Quienes los contrataron o prometieron empleos sabían, pues así lo publicita el sector en general a sus accionistas y potenciales inversores, que esta es una actividad riesgosa, de corto plazo (siete años el proyecto Calcatreu), y que puede encontrarse con cambios políticos y legales.
 
La empresa tiene responsabilidad como promotora de los enfrentamientos en Jacobacci y de un golpe de estado contra la intendenta, que también lo es, por elevación, hacia el gobernador y cualquier político que se disponga a cumplir con la voluntad popular contra los grandes intereses mineros; aquí se juega si la sociedad -y también los políticos- son rehenes de las multinacionales mineras o se pueden liberar de ellas.
 
Desde esta Asamblea creemos que el reclamo de los trabajadores es legítimo, que es lógico que exijan y se movilicen. El gobierno, que es quien decide las políticas económicas, debe hacerse cargo de la situación, debe generar trabajo para todos, para los 30 trabajadores de la empresa y para todos los que no tengan trabajo en Jacobacci.
 
El Gobierno no puede jugar al distraído, como si el gesto ambiental fuera suficiente. Los funcionarios que promovieron y promueven la minería son responsables de que las cosas llegaran hasta donde llegaron, ellos no pueden decir que se enteraron del cianuro hace 4 días, cuando los vecinos y diversas organizaciones locales, nacionales e internacionales lo vienen informando desde hace años. Fueron los funcionarios del Gobierno de Río Negro quienes permitieron que la empresa ofreciera canjear espejitos de colores sobre la necesidad de la gente.
 
Es hora de caminos diferentes, de soluciones concretas,. Ahora que trabajen organizaciones sociales, técnicos independientes, funcionarios con vocación de servicio. Ahora que se rebajen los impuestos de las actividades productivas y que se modifiquen las estructuras corruptas que intentan mantener la desigualdad.
 
NO ES NO - NO AL ORO - AGUA ES VIDA
 
INFORME DE LA ASAMBLEA DE AUTOCONVOCADOS DE RIO NEGRO, CHUBUT, NEUQUEN Y PATAGONES POR EL NO A LA MINERIA CON EL USO DE AGUA MEZCLADA CON TÓXICOS EN PATAGONIA
 
Presentado en Ingeniero Jacobacci, el día Martes 7 de Junio del año 2005
 
Solicitan envio de Adhesiones
 
Desde Jacobacci piden que se le envien URGENTE adhesiones institucionales y/o personales a
autoconvocadosjacobacci04 at yahoo.com.ar y/o por fax a Radio Nacional 02940-432614. La adhesión sería al texto de la Asamblea publicado en esta nota.
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Latinoamérica: EEUU y la amenaza andina
(Por Gustavo González)


IPS. Latinoamérica. Recibido de Guillermo Riguera, corresponsal de Prensa Indígena, 13 de Junio.- La subregión andina es el área más candente por el protagonismo político de los movimientos indígenas en Bolivia y Ecuador, pero también por la incidencia en el mundo aborigen de fenómenos como el conflicto armado interno y el narcotráfico, sobre todo en Colombia, aunque también con expresiones en Perú y la propia Bolivia.

Siempre en torno a Los Andes, organizaciones mapuches del sur de Chile y de Argentina radicalizaron en los últimos años sus demandas de tierras y exigen formas de autonomía y resguardos de su cultura y su entorno ambiental, amenazados por inversiones mineras y forestales, a menudo de empresas transnacionales favorecidas por los gobiernos.

“Las naciones indígenas y originarias ejercen y conservan una profunda esencia democrática en su organización y decisiones, pero las transnacionales son responsables de promover la exclusión de los grupos mayoritarios y empujan a la violencia que podría traducirse en la lucha armada”, dijo en Bolivia el líder aimara Juan de la Cruz Vilca.

En Bolivia, 70 por ciento de los 9,2 millones de habitantes se identifican con pueblos autóctonos, y el movimiento indígena reivindica hoy junto a otros sectores la convocatoria de una Asamblea Constituyente para “refundar la república” y reconocer la autodeterminación de unas 36 naciones originarias, agregó de la Cruz Vilca.

El ex presidente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia acusó a las empresas petroleras extranjeras de promover las demandas de autonomía de Santa Cruz, Tarija, Pando y Beni, departamentos de la región oriental donde están las ricas reservas de gas natural del país.

Luis Macas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), dijo que informes como el del NIC “responden a una mirada excluyente del mundo, como la que tiene el Gobierno de Estados Unidos y defienden ideológicamente intelectuales como Mario Vargas Llosa”.

Se estima que 40 por ciento de los casi 13 millones de ecuatorianos son indígenas. La Conaie tiene como brazo político a Pachakutik (Movimiento de Unidad Plurinacional Nuevo País), que en 2002 acompañó en sus siete primeros meses al Gobierno de Lucio Gutiérrez, depuesto de su cargo el pasado 20 de abril.

“Si no existiese la Conaie, que encauza la lucha indígena de forma pacífica, la pobreza en que viven nuestras comunidades y el pueblo ecuatoriano en general podría ser caldo de cultivo para el surgimiento de organizaciones que quisieran cambiar la realidad social de forma violenta, pero eso no ha ocurrido”, explicó Macas.

“No somos una amenaza para el mundo y tampoco para ellos (Estados Unidos). Al contrario, somos una esperanza, una alternativa que tiene el género humano”, apuntó Feliciano Valencia, coordinador de Derechos Humanos de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, al suroccidente de Colombia.

Los chamanes “lo habían advertido, que se venían tiempos muy difíciles, que hay una nube negra sobre nuestros territorios y que eso presagiaba muchas desgracias”, comentó el dirigente, para quien en Colombia ya se aplican políticas de persecución a los movimientos sociales e indígenas que se adelantan al “Global Trends 2020”.

El pueblo nasa, al cual pertenece Valencia, cuenta con unos 150 mil comuneros y es la segunda etnia mayoritaria de Colombia, donde existen 90 pueblos indígenas que suman cerca de dos por ciento de la población de 42,3 millones de habitantes del país.

Aunque la Constitución de 1991 dio autonomía a los indígenas en sus resguardos (reservas territoriales), ésta no se cumple por las ocupaciones continuas de tierras de militares y grupos armados, comentó el dirigente, quien también denunció las fumigaciones sobre cultivos de coca y amapola y la explotación de recursos naturales como otras formas de atropellos a los pueblos originarios.

El viceministro de Planificación de Chile, Jaime Andrade Huenchucoy, principal encargado gubernamental de asuntos indígenas, dijo que en su país no hay situaciones que configuren un cuadro de desestabilización o terrorismo como el del informe del NIC.

José Santos Millao, uno de los consejeros mapuches de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena de Chile, comentó a que los servicios de inteligencia estadounidenses atribuyen “suspicaz o tontamente” tendencias terroristas a la rebeldía de los pueblos autóctonos para tergiversar sus legítimas demandas.

En Chile, 6,4 por ciento de la población de 15,2 millones se identifica
como indígena en seis etnias, aunque otros cálculos elevan su incidencia real a diez por ciento, mientras en la vecina Argentina los pueblos originarios comprenden entre 1,5 y dos millones en una población de 37 millones. En ambos países la etnia mayoritaria es la mapuche.

Los conflictos comenzaron con la llegada de las transnacionales para explotar minerales, hidrocarburos, bosques y recursos acuíferos. “Estados Unidos intenta que la reacción del pueblo mapuche de defensa de la tierra sea un problema de seguridad interior de nuestros países”, indicó a Mauro Millán, líder de la Organización Mapuche Tehuelche de Argentina.

En declaraciones de Rafael González, portavoz del Comité de Unidad Campesina de Guatemala, apuntó que “luego del 11 de septiembre (de 2001) y los atentados (en Nueva York y Washington) a todos los que criticamos el sistema establecido se nos compara con terroristas” por parte del Gobierno de George W. Bush.

Para el antropólogo Pedro Ciciliano, de la Universidad Nacional Autónoma de México, el proyecto del NIC es exagerado y contiene errores propios de la inteligencia de Estados Unidos con base en informaciones sesgadas. “Los indígenas pueden ser considerados una amenaza, pues están pobres y empujan por sus reivindicaciones, pero no representan un peligro terrorista”, dijo el antropólogo.

En Brasil, donde 400 mil indígenas representan 0,2 por ciento de la población, es absurdo atribuir a sus reclamos connotaciones desestabilizadoras, dijeron a Jairo da Silva, vicecoordinador del Consejo Indígena del estado de Roraima, norte del país, y Paulo Maldós, asesor político del Consejo Indigenista Misionero, vinculado a la Iglesia Católica.

Para Maldós, los indígenas latinoamericanos viven una “reconstrucción étnica”, incluso en países como Chile, lo cual se explica porque el descenso del movimiento obrero ha sido reemplazado por un protagonismo en el campo, como en Bolivia, donde los mineros, antaño fuertes, son sustituidos hoy por los campesinos cultivadores de coca.

En cuanto a la diversidad étnica, “lo que verdaderamente desestabiliza es la actitud cerrada de algunos estados, como el chileno, de no reconocer esa plurietnicidad y no generar mecanismos que permitan que se exprese”, apuntó el abogado Aylwin•


Transgénicos
Las ratas de Monsanto
SILVIA RIBERO*

 

14 DE JUNIO DE 2005

Desde
México DF (México)

 

El pasado 22 de mayo, el diario The Independent informó sobre un estudio secreto de Monsanto que mostraba que un grupo de ratas alimentadas con maíz transgénico de esa multinacional sufrió cambios en órganos internos y en la sangre. En México, la Secretaría de Salud (Ssa) aprobó este maíz para consumo humano desde 2003.

El estudio revelado da cuenta de un experimento que compara los efectos en dos grupos de ratas: unas alimentadas durante 13 semanas con una dieta alta en maíz Mon 863 (un tipo Bt) y otras con el grano convencional. El informe de mil 139 páginas muestra que los roedores que comieron el producto transgénico sufrieron anormalidades en los riñones y en la composición sanguínea, padecimientos ajenos a los otros animales sujetos a experimentación.

Debido a las repercusiones en importantes diarios de Europa y muchos otros en el mundo (la noticia salió, por ejemplo, en la portada de Folha de Sao Paulo, uno de los principales diarios de Brasil), Monsanto dijo que haría público el informe. Pero sólo han circulado boletines de prensa y un resumen de 11 páginas de dicho documento. El resto, según la firma, "contiene información empresarial confidencial que podría ser utilizada por la competencia".

En México, quizá porque no es un tema relevante -solamente es el centro de origen del maíz y la población consume este grano de forma masiva- o quizá porque hay demasiadas ratas o demasiados amigos de Monsanto, la noticia fue ignorada por las autoridades y escasamente difundida por los medios.

Sin embargo, varios especialistas consultados por el diario británico coinciden en que los datos son alarmantes, ya que los cambios en la sangre podrían indicar que ha habido daños al sistema inmunológico u otros desórdenes, tales como tumores en crecimiento. Michael Antoniu, experto en genética molecular de Guy’s Hospital Medical School, declaró que los hallazgos descritos en el resumen son "altamente preocupantes desde el punto de vista médico", y afirmó estar "impresionado por la cantidad de diferencias significativas que encontraron" en el experimento.

Para Monsanto, en cambio, los cambios registrados son "insignificantes" y deben ser atribuidos a "variaciones normales entre ratas". Además, alega, el maíz Mon 863 ha sido aprobado en varios países, y agrega cínicamente que "si cualquier crítico de la biotecnología tuviera dudas sobre la credibilidad de los estudios, debería haberlas expresado a los reguladores".

México es uno de los países a los que se refiere Monsanto. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) de la Ssa aprobó la liberación del Mon 863 al consumo humano desde el 7 de octubre de 2003. Al año siguiente, Greenpeace denunció que la instancia gubernamental citada no hace evaluaciones científicas propias, sino que se basa en las que le entregan las empresas productoras de transgénicos. Si la Cofepris tuvo acceso al estudio de la empresa, ¿cuáles fueron sus conclusiones y en qué las basó? ¿O sencillamente le bastó la interpretación de la trasnacional de que las anormalidades reportadas son problemas de las propias ratas?

Monsanto arguye que el evento Mon 863 fue analizado por la Agencia de Seguridad Alimenticia Europea (EFSA); que ésta conoce la totalidad del informe y lo recomendó a la Comisión Europea (que no aprobó el Mon 863). Lo que la firma no cuenta es que dicha agencia contrató primero al doctor Arpad Pusztai, reconocido experto en genética molecular y en este tipo de experimentos, haciéndolo firmar una declaración de confidencialidad, que aquél signó pensando en que su texto sería luego publicado por la agencia. Pusztai encontró "una lista inmensa de diferencias significativas" entre los dos grupos de roedores, además de hacer críticas severas a la metodología y las conclusiones del estudio de la empresa.

A la EFSA no le gustó el Informe Pusztai, que coincidía con el de otros expertos europeos que habían obtenido antes una versión censurada del texto, como Gilles-Eric Seralini, de la Universidad de Caen. Para este y otros de sus colegas, el Mon 863 podría tener efectos nocivos y no debería llegar nunca a la cadena alimentaria. La agencia, empero, descartó esta alerta y buscó en su lugar a "científicos" que coincidieran con Monsanto. Luego publicó una recomendación favorable.

Al parecer, ser científico independiente de las multinacionales, población preocupada por su salud, campesinos que quieren que su maíz no se contamine con elementos tóxicos y millones de otros ciudadanos que decimos no a los transgénicos por estas y muchas más razones, no son elementos que deban tenerse en cuenta para la EFSA, la Ssa o los legisladores que votaron la mal llamada Ley de Bioseguridad. Con Monsanto les alcanza.

 

La Jornada

 

Silvia Ribero
Investigadora del Grupo ETC


----- Original Message -----
From: infomoreno
Sent: Thursday, June 16, 2005 4:40 AM
Subject: InfoMoreno Nº 105

AGUAYMEDIOAMBIENTE
  ¿Más beneficios?
  Por la diputada Luciana Monteagudo y otros
 

Resumen: En el marco de la renegociación del contrato con la empresa Aguas
Argentinas, y ante la irrisoria decisión de otrogar aún mayores beneficios
a las privadas, pasando por alto la ley 25.561, alrrededor de 50 diputados
de distintas corrientes, entre los que se encuentran Lucrecia Monteagudo, Mario Cafiero,
Patricia Walsh, Claudio Lozano y Héctor Polino, entre otros,
y otras organizaciones sociales y políticas, presentaron el pedido de rescisión del contrato
que mantiene el Estado Nacional con la consecionaria del agua.

A los señores diputados y senadores, y a la opinión pública en general, para interiorizarlos de las razones por las cuales: No se debe seguir negociando con "Aguas Argentinas", y se debe rescindir el contrato.

El Acuerdo Marco que el Gobierno Nacional acaba de firmar con Edelap y que intenta firmar también con Aguas Argentinas y GasNatural, convalida y permite todos los excesos, irregularidades e incumplimientos y nos muestra el camino -la tendencia- que se intenta llevar adelante con todas las empresas privatizadas de servicios públicos.

Se trata de un acuerdo y no de la firma de un contrato, pues este recién se comenzaría a discutir ahora, para ponerlo en vigencia en los primeros meses de 2006. De esta manera se desconoce la Ley 25.561 de Emergencia Económica, que no permite el aumento de tarifas si antes no se discute todo el contrato. Pero no sólo permite el aumento de tarifas, sino que otorga una serie de beneficios a favor de dichas empresas -pese al reprobable comportamiento de las mismas desde su privatización- a saber: Un aumento del 28% en los ingresos específicos de la empresa, una revisión tarifaria integral para el 2006, nuevos mecanismos de ajuste atados a la inflación, pagos de multas a largo plazo, en cuotas semestrales y plazos de 8 y 10 años a partir de la firma del nuevo contrato en el 2006, la suspensión, no anulación , de los juicios contra el Estado, un incremento promedio del 15% para las industrias y grandes usuarios en forma retroactiva al 1° de mayo, ajustes para los clientes residenciales para el 2006, ajustes cada seis meses de la tarifa si se verifica una variación superior al 5% y una revisión extraordinaria cada vez que sus costos se eleven mas de un 10%. Como corolario, se aflojarán por un año los "niveles de calidad" del servicio sin obligarlos a hacer inversiones, las que quedarán a cargo, en parte, de los usuarios, y del fondo fiduciario que paga todo el pueblo argentino.

Se trata de no tocar ni los contratos ni los marcos regulatorios que permitieron que se llegara a la crisis del gas, la electricidad, el agua y las cloacas por los incumplimientos, las siderales ganancias y el endeudamiento, y de que el Estado se haga cargo ahora, quitándole la responsabilidad a partir del presente a dichas empresas, y permitiendo que sigan haciendo sus grandes negocios.

EL ARREGLO CON "AGUAS ARGENTINAS"

Esto no hace más que demostrar que se mantiene la misma política de los últimos 10 años, que tanto se criticó y que se prometió cambiar. Así lo demuestra la noticia aparecida en el diario "Clarín" del 15 de mayo pasado, en su pagina 6 : "Aguas y el Gobierno buscan firmar un acuerdo antes de fin de mes" (...) "Implicaría ajustes tarifarios de hasta 40% en dos años.Y también una fuerte renegociación de la deuda de la compañía, buscando reducirla a la mitad. El Estado financiaría las nuevas redes de agua y cloacas."
En otra parte, sigue el diario: "Se esta trabajando intensamente -dijo el ministro Roberto Lavagna" (...) "En el Gobierno esperan poder firmar una carta de intención antes de fin de mes." "La discusión es clave: el Ejecutivo ya logró sellar acuerdo con una eléctrica (Edelap), esta a punto de firmar con una gasífera (Gas Natural) y con Aguas cerraría un abanico de peso para poner sobre la mesa en la discusión con el FMI, además, hay que cumplir con los deseos de la empresa francesa Suez."

¿TRAERÍA CONSECUENCIAS LA RESICIÓN DEL CONTRATO CON "AGUAS ARGENTINAS"?

Numeral 14/3, rescisión por incumplimientos:

En los medios de comunicación se lanzan todo tipo de argumentaciones sobre las negociaciones que se deben hacer con la empresa Aguas Argentinas para el mantenimiento del contrato, y no caer en las consecuencias que derivarían de optar por su rescisión. De esta manera, aseguran crear un clima donde la única salida aparente, es la renovación de los contratos. En todos los casos se trata de tapar tanto los perjuicios que esta empresa le produjo a la población durante todos estos años con sus incumplimientos y abusos a los usuarios -hoy clientes para ella-, como de desconocer la existencia del numeral 14/3 del contrato de concesión, que por dichos incumplimientos da lugar a la rescisión inmediata del mismo.

Para comprar los medios de difusión a través de la publicidad, para que no se escuche la protesta generada por los métodos empleados por la empresa para imponer su forma de enriquecerse a costa del sacrificio de la población, invirtió, desde la concesión hasta nuestros días, 28 millones de dólares; y hoy, pese a ser una empresa monopólica -lo que significa que no podamos abastecernos a través de otra- sigue haciendo lo mismo.

SI LA DEVALUACIÓN LOS PERJUDICO, NO PODEMOS OLVIDAR.

Se trata de una empresa que está haciendole juicio al Estado Nacional a través del CIADI por sentirse perjudicada, pese a que las cláusulas del Marco Regulatorio y del Contrato siempre fueron a favor de la misma, permitíendoles excesivas ganancias -que luego enviaron al exterior- falta de inversión, endeudamiento para realizar obras, e incumplimiento permanente de las mismas, razones que nos llevaron a esta situación.

ALGUNOS INCUMPLIMIENTOS Y ARREGLOS CON LOS GOBIERNOS DE TURNO Y EL ENTE REGULADOR

Respecto de las tarifas: Para acceder al contrato, la empresa se comprometió a no aumentar las tarifas en los primeros 10 años y, en la medida que se abaratara a través de la aplicación de nueva tecnología, rebajarla. Pese ello, y a través de distintas renegociaciones con los funcionarios de turno, las aumentó en un 88% y las dolarizó, pese a que la ley de convertibilidad no lo permitía.

Desbalance hídrico: Es directamente responsable de la situación de desbalance hídrico de Capital Federal y los 17 partidos del Gran Buenos Aires de la concesión, a través del transporte de agua de superficie del Río de la Plata como única fuente de abastecimiento. Al mismo tiempo se les ha entregado el agua subterránea (acuíferos) para utilizarla en su beneficio, al obligarnos a consumir el agua del río y cegar nuestras perforaciones. Falta de expansión de la red de agua potable y cloacas, pese al compromiso asumido, en lugar de hacer un 50% y 50%, realizó el 85% de agua y el 15% de cloacas por redituarle una mayor ganancia. En los primeros 5 años, a través de un modelo matemático y de simulación, debía estudiar la situación ambiental y resolverla, no lo hizo. Se dedicó a realizar obras que le dieran mayor ganancia mas rápidamente.

Obras de infraestructura: El pago de dichas obras estaba a cargo de los usuarios de la zona donde se la realizaba; ante la protesta que generó esta situación, se transformo en Servicio Universal y Medio Ambiente (SUMA), a cargo de todos los usuarios. Sobre un promedio de 2.500.000 clientes significó una entrada de 120 millones de pesos dólares al año; luego, se pasó dicho importe a la tarifa, sin comprometer ninguna contraprestación.

El Fideicomiso que se va a aplicar para realizar las nuevas obras sale del aumento de 3,9% anual otorgado en el acuerdo del 9/01/2001 y de 2002, o sea de los propios usuarios.

Pese a esa entrada de dinero, en el conurbano se trata de realizar la obra por cuenta de terceros, con préstamos del Banco Provincia, a pagar por los usuarios, declarándola de interés público y aplicando la Ordenanza 165, con peligro de perder su propiedad aquellos que no puedan pagar.

Facturación. Por medida de terreno y superficie cubierta: Debe pagar por el hecho de pasar la cañería por delante de la casa aunque no haya suministro de agua. En caso de suministrarla y cortarla, el usuario debe seguir pagando el 50%; Esto le confiere al régimen tarifario el carácter de confiscatorio.

Estas cláusulas están dentro del contrato y del marco regulatorio, por lo que la empresa está haciendo juicios para cobrar esas boletas que han sido permanentemente impugnadas.

Existe otra cláusula en el contrato y marco regulatorio por la cual es obligatorio conectarse y cegar los pozos, la cual nunca se tomó en cuenta para iniciar los juicios para su cumplimiento; de llevarse a la justicia se hubiera manifestado su ilegalidad, pues de acuerdo a estudios hechos por la Defensoría del Pueblo Nacional, no se puede aplicar el Artículo Nº 35 de la Ley 13.577 de O.S.N. para una empresa privada que tiene al agua como un objeto de venta, cuando esta no la suministra.

Obras no realizadas o trasladadas: Cuarta cloaca máxima y planta de afluentes de Berazategui; debía estar concluida en 1998 y se los autorizó a realizarla recién en el 2018.

COMO SERÍAN LOS NUEVOS CONTRATOS: ¿ MAS DE LO MISMO?

Y ahora nuevos contratos a través de nuevos aumentos, al poner la menor cantidad de dinero, dejando que de eso se ocupe el Estado a través del fondo fiduciario -que lo paga la población con el aumento de tarifas- y del pedido de préstamos al mismo, llevando ellos sus intocables ganancias.

Según noticias de los diarios de hace unos meses, desmentidas en todo momento, pero que ahora se confirman "dispondrían de un 20% de incremento este año y un 20% el año próximo; se abriría un segundo fideicomiso por parte del Gobierno por 650 millones de pesos repartidos en tres años, y de la deuda de 500 millones de dólares a bancos, tratarían de recortar un 30%, haría una ampliación accionaria de un 20% y por el 50% restante reclamarían un préstamo al Estado."

SI LAS PALABRAS DEL PRESIDENTE SE AJUSTAN A LOS HECHOS, NO SE DEBE SEGUIR NEGOCIANDO CON LA EMPRESA

En relación a la pulseada entre el Gobierno y las concesionarias de servicios privatizados, el Presidente, al inagurar las sesiones del Congreso, manifestaba: "El gobierno defenderá con uñas y dientes los derechos del pueblo argentino" (...) "Sabemos los formidables intereses que están en juego y no nos va a temblar el pulso para tomar decisiones".

Nuestra propuesta es: una empresa de gestión social y popular que administre el agua como un derecho humano y no como una mercancía, y la responsabilidad del Estado en su funcionamiento.

Ante la participación de organismos internacionales y representantes de gobiernos extranjeros presionando para la renovación de estos contratos, se han realizado varias reuniones entre algunos diputados y representantes de organizaciones de usuarios y consumidores, propiciando las siguientes medidas: 1) Pedido de sesión especial de la Cámara de Diputados para tratar este problema; 2) Pedido de entrevista de los diputados con el Ministro Julio De Vido. 3) Conferencia de prensa para dar nuestra opinión al respecto. Existe un proyecto de Ley por la caducidad de la concesión y distintos pedidos de informes y propuestas de cómo resolver la situación de dicha empresa para el bien de nuestra población.